A lo que llamarón la década de bonanza económica gracias a los altos precios de las materias primas (2003-2013), habría que renombrarla como la década de la ilusión neoliberal, una verdadera tragedia cuando un país solo valoriza su patrimonio en términos económicos, buscando el lucro que principalmente beneficie a una pequeña elite; donde los medios de comunicación se encargan de insertar en la ciudadanía, un falso beneficio colectivo.

Vivimos la resaca de esa falsa ilusión, que ya tiene cinco años forzando a los gobiernos de turno en generar las condiciones (bajar estándares socio-ambientales) para retornar a esa década. Lo que al parecer hemos olvidado, es a que costo estamos insertos en esta carrera insensata. Es un error creer que nuestra economía tiene que estar obligada a mantener un crecimiento constante e ilimitado; pero además es un ecocidio pensar que lo debemos hacer a costa de la destrucción de nuestros ecosistemas; sabiendo que, por otro lado, unos pocos se benefician de esta injusticia.

Si hacemos un inventario de los impactos negativos a la tierra, aire y agua que tiene este modelo primario extractivista y a esto le agregamos la acelerada destrucción de la naturaleza que está generando los bruscos cambios en el clima por acción humana, la situación se agrava. Sin embargo, miramos a las élites que dirigen el país y todo esto parece imposible de poder detenerse; revisamos nuestro actual estilo de vida, producción y consumo y no alcanzamos a ver una salida, la mayoría de la gente no tiene idea de la escala del problema.

Desde esa alarmante crisis sistémica en que nos encontramos, no solo como país sino como planeta, es que precisamos propuestas de “nuevos” paradigmas que permitan proteger la naturaleza y su biodiversidad de manera más efectiva; superando incluso la supeditación de los derechos ambientales al beneficio únicamente de la persona humana y buscando centrar la protección en valores intrínsecos que posee la propia naturaleza, desde un mundo relacional.

En ese sentido, ya existen procesos constitucionales donde los derechos de la naturaleza han sido reconocidos como sujeto de derechos, es el caso de la Constitución de Ecuador del 2008, donde se menciona su existencia, estructura, funciones, mantenimiento y regeneración de ciclos vitales y procesos evolutivos. Estas disposiciones son complementadas por otras que establecen que toda persona, pueblo, comunidad o nacionalidad puede exigir a la autoridad el cumplimiento y protección de estos derechos.

Bolivia también aprobó una Ley Marco de la Madre Tierra y el Desarrollo Integral para Vivir Bien el 2012, y más recientemente, el acuerdo del parlamento de Nueva Zelanda para reconocer derechos al rio Whanganui y al pueblo indígena mauri de los Whanganui como su administrador legal; al igual que la Corte Constitucional de Colombia que ha otorgado derechos al rio Atrato y el Tribunal Superior de la India consagra los derechos de estar legalmente protegidos y no ser dañados a los ríos sagrados de Ganges y Yamuna.

Dentro del pensamiento occidental pensar que un rio, una montaña y toda la naturaleza puedan ser reconocidas como sujetos de derechos ha generado cierta resistencia, se piensa que es un debate ya superado o que no es necesario abrir el abanico de derechos; sin embargo que su constitucionalización y reconocimiento jurídico venga del sur es reivindicativo para una episteme excluida de la propia memoria de nuestros pueblos a través de un proceso violento de colonización cultural; solo hace falta observar las matrices culturales de los pueblos indígenas y originarios desde hace miles de años para comprobar un mundo relacional donde la vida es respetada en todas sus formas y elementos bióticos y abiótico, donde los Apus (montañas) Yakus (ríos) o Pachamama (tierra) son parte constitutiva de la misma naturaleza humana.

Por su parte, el derecho no puede seguir mirándose a sí mismo, por el contrario, necesita dialogar con otros saberes, puesto que finalmente es un mero instrumento legal y moral de reconocimiento, respeto y protección. La argumentación jurídica para su normativización es ya una realidad, son parte de las transiciones y nuestro país no debería ser la excepción; los derechos de la naturaleza precisan limitar nuestra forma de vida insostenible y tendrán que enfrentar como principal escollo a un modelo neoliberal que en buena parte es el origen de nuestros problemas.

Luis Hallazi Méndez es abogado, polítologo e investigador

@HallaziLuis