Aquel célebre anatema no fue quiasmo ni aforismo pero invocaba la ironía en clave de eslogan de campaña. Decía así: "Erman toma, y se le nota". Corrían los '90 y la city porteña, indiferente y bulliciosa, se disponía a escoger al grupete de políticos profesionales que deberían sustituir a los anteriores en la tarea de estafar, por otros cuatro años, sueños y proyectos de "la gente".

El mentado Erman de aquella fórmula elegida por un periodista menos célebre ayer que lo que ha devenido hoy era Erman González, un riojano a la medida de aquel presidente Menem hoy escondido en una banca del senado para eludir la cárcel merecida por delitos muy calificados, como ese de hacer volar un pueblo entero para que no se supiera que él, como Presidente, no había trepidado en venderle armas a una de las partes en una mediación en la que él mismo era el mediador.

El otro que acompañaba a Erman en la fórmula para acceder a una diputación por el distrito capitalino era Miguel Ángel Toma, que aún hoy luce como un rubio y juvenil mozalbete, que no por eso deja de contar con un pasado denso en la gestión de temáticas puntuales vinculadas al espionaje y a las armas.

Erman toma y se le nota quedó para el recuerdo y para el chascarrillo hecho anécdota, pero este Toma no toma ni tampoco toma nota del paso del tiempo, y de tanto en tanto acude al llamado de la sangre para perpetrar el atávico rito del diversionismo ideológico mezclando, en porciones semejantes, prejuicios y mentiras con antojos y extravíos, que con todo eso construye la derecha sus programas trágicos.

Este presidente que un malhadado día fue votado por una mayoría de víctimas que hoy se quejan de lo que votaron, acaba de mostrar, otra vez, de su flor un gajo: quiere (todavía no se sabe si podrá) sacar los militares a la calle para llevarlos a la frontera degradados a polizontes perseguidores de abigeos. Y aquel Miguel Ángel Toma le dice a un periodista de TN que no hay de qué quejarse, porque Néstor y Cristina hicieron lo mismo. Y a los pocos días, otro periodista de otro operador mediático, coincidió con Toma. Dijo así: "No sólo el general César Milani puso al Ejército al servicio de un partido político y él mismo se hizo cargo de la inteligencia interna; también el mismo Ejército de Milani y de Cristina se hizo responsable del operativo militar en las fronteras llamado Escudo Norte. Esta función estaba taxativamente prohibida" (Joaquín Morales Solá, La Nación, 29/7/18).

Haciendo a un lado eso de que el ejército estuvo al servicio del Frente para la Victoria en 2011-2015 -porque se trata de una exageración retórica-, tanto el periodista (M. Solá) como el ex funcionario (Toma) ignoran o mienten cuando afirman que Escudo Norte, en 2011, es la prueba de que Cristina hizo lo mismo que ahora está pretendiendo hacer Macri. Pero aun cuando dijeran la verdad, su dictamen llevaría implícito este fundamento: si los demás hicieron mal ayer, nosotros podemos hacer lo mismo hoy. Pero el caso es que ni Néstor ni Cristina hicieron lo mismo que Macri está queriendo hacer hoy.

Escudo Norte fue un complemento de Fortín I, el primero de 2011 y el segundo de 2007. Ambos eran políticas públicas de los gobiernos de entonces para combatir el narco, el contrabando y la trata. En 2011 también se lanzó Fortín II en simultáneo con Escudo Norte y como su complemento. En los tres casos se trataba de la integración al sistema de vigilancia del espacio aéreo (a cargo de las fuerzas de seguridad) de toda la logística que tanto el Ejército como la Fuerza Aérea tuvieran disponible en ese momento. Pero se trataba de apoyo logístico de esas fuerzas militares a las fuerzas de seguridad y esas fuerzas militares tenían taxativamente prohibido (por leyes que aún rigen) derribar aviones o detener sospechosos. El área operacional de las fuerzas conjuntas era el Noroeste y el Noreste argentinos.

Y a mayor abundamiento, podemos agregar que el Decreto 1091/11 que estableció Escudo Norte creó una Fuerza de Tareas Conjunta para vigilar el espacio aéreo y proveer información a las fuerzas de seguridad, en particular a la Gendarmería Nacional. En aquel entonces se estableció un Centro de Comando y Control en el aeropuerto de Santiago del Estero para recibir información de los radares operados por el Ejército y para ordenar los despegues de aeronaves que debían realizar las intercepciones y/o seguimiento e identificación del presunto tráfico aéreo ilegal, comunicando de inmediato lo actuado a la fuerza de seguridad correspondiente.

Entonces, tanto Fortín I como Escudo Norte y su complemento, Fortín II, implicaban la realización, por parte de las fuerzas militares involucradas, de tareas de apoyo a las fuerzas de seguridad, en concordancia con lo que disponen tanto la actual ley de defensa nacional como la de seguridad interior. Los que digan otra cosa han de saber todo esto, pero como los ciega el odio por todo cuanto huela a kirchnerismo (con lo cual le hacen mal a la sociedad) dicen otra cosa distinta a la verdad, pues su función y vocación es apoyar cualquier cosa que haga Macri (con lo cual también perjudican al país).

El Presidente quiere llevar los militares a la frontera degradados a peseguidores de contrabandistas porque el proyecto de país que tiene en mente el Presidente es un país vendedor de granos y de carne y no uno que podría fabricar satélites y software creados, ambos, por los recursos humanos argentinos que son codiciados en el mundo.

El Presidente, en suma, opera en línea con los actores del escenario global que no quieren ni necesitan una Argentina industrial y autónoma actuando en un marco internacional multipolar, sino una Argentina débil y dependiente del centro de poder que ordena las cosas en el "hemisferio occidental", que es Washington.

Y estos actores gerencian políticamente un hemisferio occidental en el cual es hegemónico el capital bancario transnacional que, en la versión de Donald Trump, pretende consolidar para América Latina un rol subordinado a su visión global, que tiene en Rusia y en China a sus enemigos a futuro. Lo acaba de decir el NYTimes: la base china en Bajada del Agrio (Neuquén) es peligrosa porque puede no ser científica sino militar. No se ha sabido de ninguna alarma del diario de Arthur Sulzberger por las siete bases militares de EE.UU. en Colombia. El NYTimes, francamente, no tiene vergüenza, aun cuando es probable que se trate de una maniobra del "Estado profundo" estadounidense (uno de cuyos voceros es el NYTimes) para dificultar y/o condicionar a Trump en sus diálogos con China.

Una América Latina independiente resulta por completo disfuncional a tal designio imperial y como los Estados Unidos no tienen ningún programa social para el continente (en rigor, es el capital el que no tiene ningún programa social para los trabajadores), es previsible que las transferencias de ingresos desde el trabajo hacia el capital que implican los ajustes, generen resistencia popular a niveles aptos para poner en riesgo la gobernanza local en una etapa histórica en que las dictaduras militares han devenido anacrónicas y, por ende, impracticables.

Tanto los gobiernos estadounidenses como las clases empresarias propietarias de capital concentrado (bancario o productivo) y las dictaduras militares del pasado han tenido siempre en agenda una hipótesis de trabajo que, promediando los '70, se conoció como "doctrina de la seguridad nacional", la cual suponía al "enemigo interno" como objeto de sus diseños para el control militar de la sociedad en busca de aniquilar a este sedicente enemigo. En aquel entonces, la organización obrera, sindical y social, -en particular las opciones de unidad en la calle entre obreros y estudiantes-  constituyeron tal objetivo militar, por cuanto se afirmaba que en el seno de dicha organización popular vivía el enemigo de la patria sin más designio que el de arrojarla en brazos del comunismo.

Los documentos contrainsurgentes de EE.UU. para nuestra región no se referían, en aquella época, a ninguna "nueva amenaza". Esa es una terminología que va a aparecer, al menos en lo atingente a Latinoamérica, en los albores de la globalización, es decir, a fines del siglo XX. Pero entre aquellas estrategias contrainsurgentes y las de hoy existen no sólo vasos comunicantes sino que, en rigor, puede decirse que hoy la represión -preventiva o en acto- actualiza sus postulados teniendo como antecedente y fundamento aquella desdichada doctrina de la seguridad nacional que fue una sesgada ideologización cuya expresión política sería el terrorismo de Estado.

Tanto ayer como hoy el objetivo buscado se define por la negatividad: impedir que el enemigo se forme. Ayer, esto se lograba militarizando el aparato del Estado desplazando a las formas democráticas juzgadas demasiado garantistas y, por ello, débiles para enfrentar el "enemigo interno": fue el turno de las dictaduras que actuaron contra la organización sindical y estudiantil. Hoy se arguyen nuevas amenazas como el narcotráfico y el terrorismo, a las que una propaganda tenaz procura ubicar junto a los diversos y abigarrados modos de resistencia a los ajustes neoliberales y, como esto no resulta ser una construcción mediática sencilla, se tiene siempre en agenda la opción del terrorismo plantado, que es el camino que el presidente de la Nación y la ministra de seguridad argentina intentan transitar cada vez que pueden y dentro de sus esferas de competencia: el primero definiendo vagos objetivos generales orientados a conjurar esas sedicentes nuevas amenazas y explicitando su intención de lanzar a los militares a tareas de seguridad interior; la segunda, precisando más sus andanadas verbales, en el caso, contra los movimientos sociales que "se la pasan todos los días en la calle", contra las madres (Hebe de Bonafini), contra la CTEP de Juan Grabois, contra Moyano y La Cámpora y contra todo lo que sea protesta social.

Los exabruptos de la ministra Bullrich salen así al cruce de los efectos que pueden desplegarse en el espacio público como consecuencia de las propias vulnerabilidades del programa político y "social" del gobierno y del FMI que, según la historia reciente de la Argentina lo demuestra, tendrá en diciembre próximo una prueba de fuego: los saqueos a supermercados han estado siempre precedidos por un incremento inmoral y obsceno de los comedores públicos y del trueque como forma de subsistencia, algo que en una Argentina productora mundial de alimentos no puede sino suscitar odio, resentimiento, angustia y, en última instancia, violencia. Y para esa eventual violencia se prepara el gobierno del "cambio", el gobierno de Mauricio Macri. Lo dijo la ministra Bullrich un viernes, y el domingo siguiente (es decir, 48 horas más tarde) dijo lo contrario pues le explicaron que lo que había dicho era políticamente incorrecto.

Los antecedentes "doctrinarios" del terrorismo de Estado en el marco de las dictaduras militares son elocuentes. Una de las respuestas estratégicas que implementaron los Estados Unidos frente a la recién declarada revolución cubana que derrocó a la dictadura de Batista, fue la realización de las Conferencias de Ejércitos Americanos, cónclaves castrenses donde se planificaba y coordinaba la lucha armada contrainsurgente en todo el continente. Así, la primera de estas reuniones fue celebrada en 1960 en Fuerte Amador, zona de soberanía estadounidense en el Canal de Panamá. La contrainsurgencia como objetivo estratégico fundamental de los militares latinoamericanos dirigidos por los estadounidenses, queda de manifiesto ni bien se atiende al contenido de las sucesivas CEA que se realizaron a partir de la de 1960. En el marco de la V Conferencia, realizada en los Estados Unidos en 1964, el representante argentino, general Juan Carlos Onganía, intervino desarrollando lo que después se conoció como "doctrina West Point", en virtud de la cual se declaraban legítimos los golpes de Estado cuando los gobiernos "... violen las leyes o no den solución a los problemas nacionales". Dos años después de esta declaración era derrocado Arturo Illia por el propio Onganía, quien iniciaba en nuestro país el primer ensayo de la "doctrina de la seguridad nacional". La lúgubre vuelta de tuerca final a esta última "doctrina" la dio el representante argentino ante la última CEA -celebrada en octubre de 1975 en Montevideo-, Jorge Rafael Videla, quien manifestó en esa oportunidad: "Si es preciso, en la Argentina van a morir todas las personas que sean necesarias para lograr la seguridad del país". Faltaban cinco meses para que comenzara el genocidio.

Estos son algunos de los antecedentes que la flamante democracia argentina tuvo en cuenta a la hora de asegurar un futuro sin horror para los descendientes. Por eso sancionaron, aquellos hombres de la democracia, normativa como la ley de Defensa Nacional (23.554/88), de Seguridad Interior (24.059/92) y de Inteligencia Nacional (25.520/01), que procuran, todavía hoy, evitar el retorno a épocas cuyas secuelas aún no han sido superadas. El dato central de esa legislación es la tajante separación entre defensa y seguridad. Pero un irresponsable viene ahora -sin reparos y sin culpa y con la indiferente frialdad de los psicópatas- a intentar la destrucción de ese eficaz instrumento legal de modo de trasladar al ejército argentino a las fronteras para liberar así la fuerza represiva de unos cuantos miles de gendarmes que serán los encargados de matar o morir en unas alucinadas insurrecciones populares que deberían producirse -lo dijo la ministra Bullrich- en diciembre cuando las fiestas religiosas pongan de manifiesto la indiferente irreligiosidad de quienes viven ahítos en medio de la miseria y la privación.

En la Argentina no existe, hasta hoy, ese terrorismo que se invoca como fundamento de la militarización. Pero puede existir en la medida en que "plantar" terrorismo en el mundo ha sido y sigue siendo una política llevada a cabo en el teatro operativo (en la calle) por las inteligencias anglosajona e israelí. Desde el atentado a las torres gemelas de Nueva York hasta la denuncia del propio Donald Trump en campaña cuando acusó al senador republicano Mc Cain y al presidente demócrata Obama de ser miembros fundadores del ISIS (terrorismo islámico), las evidencias en ese sentido son inapelables. Y es posible pensar que ese fantasma ya ha sido parido como el "terrorismo" que el tándem gobierno nacional-comando sur estadounidense necesita para garantizar la militarización preventiva de la sociedad argentina con miras a desbaratar por anticipado toda resistencia a las políticas ajustadoras: la evanescente RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) es otro fantoche creado por los servicios de inteligencia aludidos para nombrarlo "terrorismo" y, de ese modo, avanzar en, a un tiempo, la contrainsurgencia preventiva y la limitación de lo que EE.UU. denomina como la creciente influencia china en Latinoamérica.

El terrorismo de Estado ha podido pasar de la potencia al acto cuando el Estado burgués se militarizó hasta el grado de las dictaduras que hemos conocido. Hasta hoy no conocíamos terrorismo de Estado en el marco de la democracia formal, y es probable y deseable que nunca lo conozcamos. Pero estas políticas gubernamentales no cierran sin represión. Hay, entonces, una tensión aquí, entre las necesidades del proyecto neoliberal y los límites que, a ese mismo proyecto, le impone la vigencia formal del derecho y de las instituciones de la democracia.

Maurice Godelier tiene dicho que "... no hay dominación sin violencia, aun cuando ésta se limite a permanecer en el horizonte". Macri ha dado la voz de orden y está amenazando con un espectro que, en la Argentina, costó treinta mil vidas y la acuñación de un significante trágico que, en todo el mundo, se empezó a escribir en castellano: desaparecido. Es esa la responsabilidad histórica que tendrá que afrontar el Presidente. Y falta saber si los militares tomarán las armas de buen grado para volver a vestirse de mayordomos de poderes que les asignan funciones delictivas o, por el contrario, optarán por la confluencia con el pueblo en busca de otra Argentina posible.

29/7/18