Uno de los problemas cruciales en Colombia aún no resuelto, a pesar de las reformas intentadas, aprobadas y puestas en marcha durante los últimos treinta años, es el de la justicia y los elevados niveles de impunidad, el atosigamiento del aparato judicial para responder por el reclamo de la sociedad que exige a los operadores judiciales una pronta y debida justicia, la crisis de los sistemas penales, la crisis de los centros penitenciarios y los problemas de inseguridad ciudadana que se viven en nuestras principales ciudades. El fracaso rotundo de la justicia para enfrentar la gran criminalidad y la impunidad casi total para llevar a juicio a los criminales de cuello blanco. El sistema judicial colombiano fue diseñado para favorecer a los más altos personeros del establecimiento económico y político. Se establecieron fueros para los más altos funcionarios públicos y para los más altos oficiales de la Fuerza Pública que hace casi imposible la investigación de responsabilidades por conductas criminales para ellos. Por ello una reforma a la justicia es una necesidad. Pero no la que quiere el uribismo y el presidente electo, Iván Duque, sino para resolver el principal problema que la carcome y la deslegitima: la impunidad.

Pero también estos problemas se viven y con mayor crudeza, en extensas zonas rurales en dónde es precaria o nula la presencia del Estado lo que ha llevado a afirmar que en Colombia hay mucho más territorio y mucha más sociedad que Estado para referir que en buena parte de Colombia no existe una presencia del Estado si se entiende por dicha presencia la existencia de entidades públicas no solo de la Fuerza Pública sino de las entidades encargadas de garantizar los derechos a la salud, a la educación, a la construcción de vías de comunicación y a la integración social y económica de grandes extensiones del país en que viven millones de personas, que no han sido integradas ni al mercado de bienes y servicios y mucho menos al goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales de una sociedad moderna y democrática.

Allí, en esa periferia del país han crecido poderes fácticos ligados a economías legales pero también ilegales. En esas zonas de frontera agrícola se ubican principalmente cultivos de uso ilícito como los sembradíos de coca y amapola, y se desarrolla ampliamente y sin ningún control del Estado la minería ilegal. Es en estos territorios que se ha mantenido la retaguardia estratégica de las guerrillas, el poder de las bandas y organizaciones surgidas del narcotráfico que recurren a las armas para ejercer dominio sobre la sociedad y sobre el territorio. Allí tenían asiento los frentes de las desmovilizadas FARC-EP, en unos 230 municipios ejercían presencia y control militar del territorio.

A pesar de las advertencias y propuestas para que el Estado hiciera presencia y asegurara el dominio territorial, lo que debería haberse hecho de común acuerdo con las FARC no se hizo. Se planteó y así quedó consignado en los acuerdos que deberían ponerse en marcha 16 planes de desarrollo con enfoque territorial para cubrir 170 municipios en que ejercían dominio militar esas guerrillas, poner en marcha un plan de sustitución de cultivos, un proceso de redistribución y de formalización de la propiedad, la construcción de bienes públicos como puestos de salud, escuelas, vías de acceso para integrarlos a los circuitos económicos y al mercado nacional, una representación política para que las organizaciones de la sociedad civil allí presentes tuvieran 16 curules en la Cámara de Representantes, y también por supuesto la presencia de entidades de justicia, puestos electorales para que los ciudadanos residentes allí puedan participar en las decisiones políticas, en fin, un plan para integrar y asegurar esos territorios.

En esos territorios a lo largo de los años se ha creado un poder estatal local profundamente penetrado por las economías ilegales. Los poderes políticos locales entrecruzan intereses nacionales con poderes ilegales ligados al narcotráfico y a las economías ilegales que dominan allí. Los poderes nacionales conviven con esos poderes facticos mafiosos. Los toleran y en muchas ocasiones esos poderes mafiosos han penetrado profundamente a los aparatos de la Fuerza Pública que tienen presencia allí. Organizaciones políticas nacionales, y dentro de ellas ocupa un lugar muy destacado el partido Centro Democrático de Uribe, pero no es el único, también el partido Cambio Radical y en menor medida los partidos Conservador, Liberal y el partido de la U, han tejido alianzas y hacen presencia en estos territorios a través de clanes familiares que entrelazan estos intereses locales con los poderes regionales en los cuales dominan y a su vez establecen las alianzas con los poderes nacionales. Hasta cierto punto representan esos intereses locales ante los poderes públicos nacionales. A cambio ofrecen a los poderes mafiosos y a las economías ilegales protección para sus actividades, impunidad para sus delitos y aún para sus crímenes.

Tienen tal poder que fueron capaces de detener la investigación que la Corte Suprema de Justicia emprendió contra la alianza entre políticos y grupos paramilitares que desde 1958 y hasta junio de 2017, según informe publicado recientemente por el Centro Nacional de Memoria Histórica, fueron los responsables de 100.000 asesinatos, las guerrillas fueron responsables de 35.000 en ese mismo periodo y la impunidad de todos esos horrendos crímenes supera el 95% de los casos. En el año 2006 la Corte Suprema de Justicia emprendió una investigación penal en contra de la alianza establecida entre políticos y paramilitares que popularmente se llamó como parapolítica y que llevó a la condena de 62 parlamentarios la mayoría de los cuáles pertenecía a la coalición de Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esos parlamentarios tenían acuerdos con los grupos criminales del paramilitarismo así lo comprobó la Corte Suprema de Justicia que los condenó y los despojo de su investidura de parlamentarios. En esos años, Uribe recomendó públicamente a sus parlamentarios que votaran en el Congreso los proyectos del Gobierno mientras no los llevaran a la cárcel, tal es el cinismo de Uribe.

Pues bien estos sectores se dieron a la tarea de tomarse a la Corte Suprema de Justicia lo que lograron eligiendo a los nuevos magistrados que resultaron después investigados por corrupción, me refiero a los expresidentes de la Corte Suprema Leonidas Bustos, Tarquino Pacheco, Francisco Javier Ricaurte y al Magistrado Gustavo Enrique Malo. Lo primero que hicieron fue desmontar las investigaciones de la parapolítica hasta lograr sacar de allí al magistrado auxiliar que coordinaba todo el equipo de investigación, Iván Velásquez. Desmontada la investigación dieron un paso adelante ofrecieron sentencias y actos inhibitorios contra los parlamentarios que estaban investigando y en otros procesos, como los que involucran a Álvaro Uribe, simplemente los detuvieron o no los iniciaron o no continuaron con las investigaciones. Lo que ahora investiga la justicia es justamente la venta de fallos absolutorios; estos magistrados antes señalados están siendo investigados con muchas dificultades puesto que ellos gozan de un fuero especial y solo pueden ser investigados si el Congreso de la República así lo autoriza, en cuyo caso es la propia Corte Suprema de Justicia la que deberá juzgarlos. Hasta el momento solo un magistrado ha sido despojado de la inmunidad, el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt Chaljub, que se encuentra en investigación en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia pendiente de que se inicie el juicio por corrupción.

Los retos de la justicia y las investigaciones contra Uribe

Al tiempo que se desmontó la investigación de la parapolítica en la Corte Suprema de Justicia las investigaciones sobre los nexos de la clase política con los poderes mafiosos en las regiones nunca despegó. Solo en algunas regiones y dada la presión de la sociedad civil, de la comunidad internacional y de la propia Corte Suprema de Justicia cuando adelantaba las investigaciones de la llamada parapolítica así como por las confesiones de los paramilitares en el proceso de dejación de armas que negoció Álvaro Uribe Vélez, en el año 2005, en pocas regiones se avanzó en las investigaciones penales comprometiendo en las mismas a un grupo reducido de alcaldes, gobernadores, concejales. El grueso de las responsabilidades regionales y locales de sectores políticos con los grupos de la mafia no fueron investigados pues dichas investigaciones corresponden a la Fiscalía General de la Nación que no ha actuado puesto que ella misma está profundamente penetrada por esos intereses políticos regionales que nombran a los fiscales regionales en donde ellos efectúan sus fechorías y mantienen sus negocios, también han sido frecuentes los casos de fiscales regionales que han sido hallados culpables de representar a los intereses criminales. Dos ejemplos ilustran esta situación. La Corte Suprema de Justicia condenó al exdirector seccional de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio, por su complicidad con grupos criminales de Antioquia a una pena de 15 años de presión y a una multa de 6.400 millones de pesos. Valencia Cossio fue detenido el 27 de septiembre de 2008 y en esa fecha el ministro del Interior del presidente Álvaro Uribe Vélez, era Fabio Valencia Cossio, hermano del jefe seccional de Fiscalías en Medellín. Por supuesto que el ministro no renunció por ello y fue uno de los jefes políticos de la campaña del recién electo presidente, Iván Duque Márquez.

El otro ejemplo es más reciente. El Fiscal general Néstor Humberto Martínez nombró como Fiscal anticorrupción a Luis Gustavo Moreno a quien la propia fiscalía detuvo el 27 de junio de 2017 por recibir en Estados Unidos un soborno del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, por 10 mil dólares para favorecerlo en las investigaciones que la fiscalía llevaba en su contra por corrupción. La investigación se realizó en Estados Unidos y por ello fue detenido y ahora se encuentra ante la justicia de Estados Unidos y condenado en Colombia. Moreno hacía parte de la trama de corrupción en la Corte Suprema de Justicia y según él actuaba concertado con Leonidas Bustos y con Francisco Javier Ricaurte para vender fallos a favor de parlamentarios investigados por parapolítica y/o por corrupción. Martínez Neira su jefe ni siquiera ofreció disculpas al país y mucho menos confesó quienes le recomendaron a Moreno para su nombramiento.

Es obvio entonces que se requiere una reforma a la justicia. Y lo primero que debe contemplar esa reforma es la manera en que se nombran a los magistrados de las Altas Cortes de Justicia y al Fiscal General de la Nación. No puede ser que se siga nombrando sin un escrutinio público de los nominados, sin independencia de los organismos que los postulan ni independencia de quienes los eligen. Por ello es altamente inconveniente las ideas que el Centro democrático y el nuevo presidente Iván Duque han lanzado en el pasado sobre la reforma a la justicia que básicamente son dos: crear una sola Corte de Justicia acabando con las tres Cortes que actualmente existen que son la Corte Constitucional que es el tribunal de cierre de toda la rama judicial, la Corte Suprema de Justicia última instancia en materia penal, civil y laboral y el Consejo de Estado que es el máximo tribunal contencioso administrativo.

Y la segunda propuesta directamente formulada por Uribe es la de que el Fiscal General de la Nación sea nombrado directamente por el presidente de la República. Hoy esa elección la hace la Corte Suprema de Justicia de terna que le presenta el presidente de la República. Como se colige lo que quería Uribe era acentuar aún más la dependencia de la justicia por parte del Ejecutivo para garantizar aún más los niveles de impunidad en el país. Esa reforma con el llamamiento a indagatoria de Álvaro Uribe por la Sala de instrucción 2 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no tiene ninguna presentación y creemos que ha naufragado, lo que no quiere decir que haya naufragado la necesidad de una verdadera reforma a la justicia.

Es en medio de esta crisis que la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia toma la decisión de reabrir los procesos que tiene en este alto tribunal el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El 16 de febrero al tiempo que cerraba la investigación en contra del Senador del Polo Democrático, Iván Cepeda Castro iniciado por denuncia de Álvaro Uribe Vélez desde el año 2102, porque Cepeda supuestamente habría incurrido en el delito de compra de testigos para que lo incriminaran por la organización e impulso de grupos paramilitares. La Corte encontró infundadas las supuestas pruebas allegadas por Uribe contra Cepeda y por el contrario ordenó abrir una investigación penal en contra de Uribe porque éste si habría incurrido en la compra de testigos para incriminar al senador del Polo Democrático.

Para zafarse de esta investigación según comunicado de la Corte Suprema, Uribe habría incurrido en los delitos de soborno y fraude procesal con posterioridad al 16 de febrero de 2018 en que la Corte toma la determinación de abrir investigación penal en el proceso iniciado contra Cepeda y que le resultó al revés al expresidente Uribe. La indagatoria se realizará el día 3 de septiembre del presente año. Uribe un mago de la manipulación ha querido convertir este proceso en un pulso político. Primero anunció que se retiraba del Senado para defenderse. Luego reculó retirando la renuncia y se ha ido lanza en ristre contra la Corte Suprema a la que acusa de persecución política como ya lo ha hecho en el pasado cuando este organismo judicial ha tocado sus intereses. Nada nuevo. Ahora se ha dado a la tarea de rebatir mediante videos y ruedas de prensa los argumentos y pruebas que dice tiene la Corte contra él para demostrar que es un ciudadano perseguido por la justicia. Con ello lo que quiere es trasladar junto con sus abogados el debate a los medios masivos de comunicación que le son ampliamente favorables.

La realidad sin embargo es otra. Hoy más de la mitad del país no le cree. Aunque sus barras bravas insulten y condenen a los magistrados ellos deberán obrar con base en las pruebas que han recaudado y llevarlo a juicio si esas pruebas con contundentes. El lio para Uribe es que en la Corte Suprema mantiene otros 12 procesos y esos sí por delitos más graves; sobre tres de los cuales, las masacres del Aro y la Granja en el municipio Antioqueño de Ituango y el asesinato de Jesús María Valle, abogado defensor de derechos humanos, hechos ocurridos en 1997, los jueces han pedido a la Corte que abra investigación penal por la supuesta responsabilidad de Uribe cuando era Gobernador del Departamento de Antioquia. Esos delitos fueron declarados como de lesa humanidad con lo cual no prescriben ni pueden ser indultados o amnistiados. Esos son los procesos más complicados para Uribe. Y ese es el verdadero fondo del enfrentamiento que él quiere trasladar de los estrados judiciales a la opinión pública. Amanecerá y veremos.

Bogotá 2 de agosto de 2018.

- Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur.