Este domingo 26 de agosto los colombianos estábamos convocados a las urnas para votar una consulta de iniciativa popular alrededor de siete preguntas relacionadas con el combate a la corrupción. Sobre un potencial electoral de 36’421.026 ciudadanos/as que constituyen el censo electoral se requería que un 33% de esta cifra, 12’ 140.132, concurriera a las urnas para que la Consulta superara el umbral y fuera aprobada. Finalmente contabilizado el 99% de los votos concurrieron a las urnas 11’673.166 ciudadanos/as un 32,05% del total, con lo cual se estuvo a 467.176 votos de lograr esta cifra. De esta manera, formalmente la Consulta Popular contra la corrupción no fue aprobada, en un país signado por niveles muy altos de abstencionismo en que las tasas de participación son bajas. En la segunda vuelta presidencial del pasado mes de junio la tasa de participación llegó al 53% del potencial electoral siendo excepcionalmente alta a pesar de una abstención del 47%. La abstención en esta ocasión fue muy alta, un 67,05%.

Pese a esta realidad que reflejan las cifras de participación, los resultados electorales de la Consulta Anticorrupción produjeron efectos políticos muy significativos puesto que dan continuidad a la irrupción de las ciudadanías libres que llama el candidato de la izquierda Gustavo Petro y que constituyen por primera vez en la historia reciente del país una seria amenaza al bloque tradicionalista oligárquico que ha dirigido el país a lo largo de cerca de 200 años de historia republicana, solo con breves periodos reformistas. Esta expresión  se manifestó en las elecciones parlamentarias del 11 de marzo del presenta año en donde las fuerzas alternativas y de cambio lograron una significativa representación en el Congreso de la República en donde cuentan con un 22% del Senado de la República y con una representación de cerca de un 10% en la Cámara de Representantes. Así mismo se expresaron en la primera vuelta presidencial en que los candidatos del centro y la izquierda, Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Humberto de la Calle, obtuvieron un poco menos de 10 millones de votos, el 53% del total de la votación. Una errónea decisión de una parte del Centro político, que decidió votar en blanco y no hacerlo por el candidato de la izquierda, no permitió que ese avance tuviera continuidad y al final el candidato de la derecha, Iván Duque Márquez ganó la disputa presidencial con un 53% del total de la votación en donde el candidato de la izquierda Gustavo Petro obtuvo finalmente el 42% del total de los votos con un voto en blanco del 4%.

Así pues, esta consulta popular movió un parte muy significativa del electorado representado en esos 11’673.166 ciudadanos/as que concurrieron a las urnas sin más aliciente que su determinación decidida de lucha contra la corrupción que se roba los recursos públicos en más de 50 billones de pesos, cerca de 13.000 millones de dólares cada año, según cifras de la Contraloría General de la República.  

La consulta hay que verla entonces más como un hecho político de irrupción del movimiento ciudadano que pese a no contar con los medios de comunicación que no hicieron una pedagogía adecuada de lo que esta consulta representaba, en donde no hubo como tradicionalmente ocurre en Colombia ni compra de votos ni medios de transporte gratuitos el día de las elecciones. Tampoco hubo incentivos estatales como la certificación electoral que la da el derecho a los electores de contar con media jornada laboral compensatoria por haber concurrido a votar. Todo el establecimiento político tradicional se abstuvo de hacer campaña, no hubo financiamiento para la misma. Todos, sector privado empresarial y sector público, mayoritariamente, jugaron a la derrota de la consulta por la vía más fácil que era la de lograr que no se pasara el umbral para que la consulta fuera vinculante. Un aparte del establecimiento político tradicional a la cabeza de la cual se puso el expresidente Uribe que abiertamente impulso una campaña en contra de la consulta, con mentiras como siempre lo ha hecho, pero en esta ocasión faltando al compromiso público que había asumido de apoyar la consulta con una condición que no se hiciera el 16 de junio día previo a la segunda vuelta presidencial, puesto que según él de hacerlo en esa fecha distorsionaría el resultado de las elecciones presidenciales. Así lo dijo en el Senado de la República y allí asumió su respaldo. Ganadas las elecciones por su candidato, el hoy presidente de la República, Iván Duque, sin ningún rubor Uribe se bajó de dicho compromiso y emprendió una campaña en que uno de los argumentos centrales fue la denuncia de los altos costos que ella significaba, unos 300 mil millones de pesos, que según él era para satisfacer los egos de sus promotores y adversarios la exsenadora Claudia López, la senadora Angélica Lozano y  el excandidato presidencial y hoy senador de la República, Gustavo Petro. En esa reculada contó, con la complicidad de los grandes medios de comunicación.

Y en parte lo lograron, pero, con lo que no contaban era con la irrupción de esas ciudadanías libres que se vienen expresando de manera persistente desde los últimos años alrededor de la paz y los Acuerdos con la guerrilla para su desarme y reinserción y más recientemente en las elecciones parlamentarias y en las elecciones presidenciales. Pese a no pasar el umbral la importante votación lograda por la consulta fue un mensaje claro al país y sobre todo a las clases dominantes. Se requiere de una política pública y de unas reformas efectivas de combate al saqueo del erario público que se traduce en impunidad para los corruptos, en obras públicas de baja calidad, en el robo de los recursos destinados para la salud y para la alimentación de los niños y en coimas para los corruptos que no pagan por los delitos de robo y malversación de los recursos públicos. Allí esté el origen de este resultado. La clave para la profundización de la democracia está en la ciudadanía, está en los movimientos ciudadanos libres y autónomos. Mientras el centro y la izquierda entiendan esto vendrán nuevos logros y nuevas movilizaciones ciudadanas.

Un pacto político para la lucha contra la corrupción

El primer resultado de los efectos políticos de la Consulta popular fue que movió el tablero político y la agenda pública. El presidente de la República, Iván Duque,  quien tímidamente había manifestado su respaldo expresando que votaría la consulta sin determinar cómo votaría, sin mover el aparto del Estado a favor de la misma, separándose eso sí de las orientaciones de su jefe y mentor, el presidente eterno, Álvaro Uribe, como el mismo lo califica, la misma noche del 26 de agosto en su primera alocución televisada reconoció el importante respaldo ciudadano a la consulta y señaló que él había respaldado la consulta y se comprometió a trabajar por la realización de sus propuestas. El día lunes decidió dar un paso menos retórico y más práctico. Convocó no solo a los promotores de la Consulta sino a todos los partidos con representación parlamentaria, a una reunión en el palacio de Nariño, sede de la presidencia, para sellar un pacto nacional de lucha contra la corrupción. La convocatoria fue aceptada por todos los partidos políticos mostrando madurez política sobre todo por parte de los promotores de la Consulta Popular pero también por todas las fuerzas de la oposición. Esto materializa una de las propuestas presentadas por Gustavo Petro en el curso de la reciente campaña electoral de lograr unos acuerdos mínimos entre el Gobierno y la Oposición que él llamo Acuerdo sobre lo fundamental rememorando la propuesta del líder de la derecha tradicional colombiana, Álvaro Gómez, que plateaba que frente a asuntos cruciales del país había que trabajar por unos acuerdos mínimos que hicieran posible la convivencia y el trabajo común frente a los mismos. La reunión se celebró en la noche del miércoles 29 de agosto.

El resultado de la Cumbre Política fue la suscripción de un pacto con el compromiso de respaldar en su trámite en el Congreso  de cuatro proyectos legislativos, que ya han sido presentados por parte del presidente de la República,  que buscan la eliminación de las listas abiertas o de voto preferente en las elecciones a los cuerpos colegiados, el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral, la penalización a las empresas a quienes se demuestren actos de corrupción en sus contratos con el Estado así como la prohibición para esas empresas de contratos futuros con el Estado, la cárcel con penas privativas de la libertad efectivas que deben ser pagadas en centros penitenciarios a los condenados por delitos relacionados con la corrupción. Así mismo el compromiso de trabajar, en una Mesa de concertación que presidirá la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, en otros cinco proyectos legislativos que cubran el total de los contenidos de la Consulta anticorrupción. Logrados los consensos todos estos proyectos se presentarán de manera conjunta al Congreso de la República con mensaje de urgencia para que sean tramitados de manera rápida en el Congreso.

Así pues lo que produjo la consulta popular contra la corrupción fue la de poner en primer término el tema de la corrupción en la agenda pública y del Congreso, para responder a la materialización de mecanismos eficaces de protección de los recursos públicos que nos interesa a todos los colombianos/as.

En dicha reunión de manera acertada a mi juicio, el excandidato de la izquierda presente en la cumbre, Gustavo Petro, le propuso al presidente Iván Duque la extensión de ese acuerdo de mínimos o acuerdo en lo fundamental sobre otros seis puntos: (1) Eliminar la Comisión de Acusaciones. –Sustituirla por un tribunal de aforados del poder judicial. 2. Formar una gran Fiscalía Anticorrupción. –Fusionar las secciones de la Procuraduría General   de la Nación, que investigan sanciones disciplinarias, cuando estas contemplan delitos que investiga al igual que la Fiscalía General de la Nación. 3. Transformar la Autoridad Electoral.- Se conformará una Corte con poder judicial para delitos al sufragio y será independiente de los partidos políticos. 4. Respetar la Convención Americana.- Solo se podrán limitar los derechos políticos de los ciudadanos por decisión judicial. 5. Los recursos del Estado. – Solo serán recaudados en una cuenta única de banca Pública. 6. Pasar de una economía de rentas y dineros fáciles, a una economía basada en la producción. (Hay que quitarle el queso al ratón y el queso son los dineros fáciles).

Así pues el movimiento de las ciudadanías libres si bien no logro la aprobación de la Consulta y con ello conferirle carácter vinculante a sus propuestas, si logró mover la agenda política y pública. Su éxito a mi juicio y la profundización hacia otros puntos como los mencionados por Petro, sólo será posible si esas ciudadanías libres mantienen la presión y la movilización en las urnas y en las calles.

Bogotá 30 de agosto de 2018.           

Pedro Santana Rodríguez

Director Revista Sur