Durante los dos gobiernos de Uribe (2002-2010) y los de Santos (2010-2018), el procedimiento de terror utilizado por el régimen político y sus fuerzas militares fue el de los “falsos positivos” que acabaron con la vida de casi 10 mil jóvenes ejecutados por integrantes del Ejercito para dar cumplimiento a Directivas presidenciales que generaban jugosas recompensas para sus ejecutores.

Mediante esa cadena genocida se buscó amedrentar a los sectores y movimientos sociales democráticos empeñados en el cambio del modelo neoliberal y de las estructuras políticas excluyentes controladas por las elites oligárquicas.

En los años recientes la tecnología utilizada es la del exterminio paulatino de los líderes sociales. En los meses recientes han sido acribillados más de 350 dirigentes populares.

En las últimas horas fueron asesinados Jaime Escobar, en Tumaco y Alirio Antonio Arenas en el municipio de Convención, en el Catatumbo; entre tanto, un destacado dirigente de la UP, Cesar Plata, fue objeto de un atentado que la Fiscalía y la Policía dicen, para desviar la atención, fue un intento de atraco en su residencia ubicada en el municipio de Soacha, cercano a Bogotá. Hay que recordar que desde su creación en 1984 han sido asesinados más de 6 mil integrantes de la Unión Patriótica.

De todos estos hechos el más grave es el asesinato de cerca de 35 líderes indígenas, pues estos han sido objeto de la más bestial violencia desde la época del dominio colonial español.

Feliciano Valencia, senador por el partido MAIS y quien recientemente recupero su libertad después de pagar años de cárcel por un montaje de la Fiscalía, advirtió que en lo que va corrido del año 35 indígenas han sido asesinados, se perpetro una masacre, se han registrado 217 amenazas a líderes y autoridades tradicionales; y se han presentado 23 denuncias de reclutamiento forzado por parte de los paramilitares. Asimismo advirtió que los departamentos del Cauca, Nariño y la región del Catatumbo, son los sitios donde más se presentan violaciones a derechos humanos en contra de las comunidades indígenas.

La Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, señaló hace poco, que en reiteradas ocasiones han denunciado la presencia de estructuras paramilitares como las Águilas Negras o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, adiestradas por los militares y policías, que estarían utilizando panfletos como forma de intimidar a los líderes indígenas, que posteriormente son asesinados.

Ante la gravedad de la situación, la organización indígena ONIC ha planteado al gobierno de Iván Duque la creación de una comisión conjunta, entre las autoridades gubernamentales, representantes del pueblo indígena y organizaciones de acompañamiento internacional, donde se pueda plantear una estrategia que permita salvaguardar la vida de los integrantes de los pueblos originarios para de esa manera trascender la ineficacia de los decretos y planes de prevención anunciados por el Ministerio del Interior, la Defensoría y la Procuraduría, entidades cuyos titulares hacen mucho discurso bonito pero completamente inútiles y demagógicos.

Lo cierto es que el aumento del pie de fuerza como se ha hecho en Tumaco y en el Catatumbo, no debe ser la salida para solucionar las violaciones a los derechos humanos en el territorio, y por el contrario debe ser la implementación de los Acuerdos de paz, la puesta en marcha de los planes de sustitución de cultivos de uso ilícito y la salida dialogada a los conflictos con estructuras armadas, las que permitan la construcción de paz en los territorios.