La seguridad se halla al tope de la agenda en la tensa campaña presidencial que definirá el próximo presidente de Brasil el 7 de octubre.

Con niveles de violencia con un registro de 64 mil asesinatos en 2017, el asunto se torna central en el debate electoral.

Es una de las principales banderas de Jair Bolsonaro (PSL) que propone revisar el Estatuto de Desarme y reducir la imputabilidad penal a partir de los 16 años. Desde un grupo de Diputados se afirma  la necesidad de aumentar la eficiencia y eficacia de la Inteligencia en las fuerzas de seguridad del país. El petista Fernando Haddad proyecta una actuación efectiva de la Policía Federal contra el crimen organizado. Ciro Gómez (PDT), defiende la implementación de una Escuela Nacional de Seguridad Pública. El tucano Gerardo Alckmin pretende que se cree una Guardia Nacional y Marina Silva (Rede) propone el aumento de efectivos militares en función de seguridad. (Folha de Sao Paulo.25 de Setiembre de 2018, p. 1).

Para comprender este debate, nos parece necesario contextualizarlo desde una mirada latinoamericana.

En América Latina vive el 8%de la población del mundo, pero concentra el 33 % de los homicidios del mundo. La tasa regional de asesinatos es de 21,5 % por cada 100 mil habitantes, más de tres veces el promedio global, que es del 7%.Por la combinación de su gran violencia y la cantidad de población, Brasil, Colombia, México y Venezuela concentran 1 de cada 4 homicidios globales, es decir la cuarta parte de todos los que suceden en el planeta.

Estas cifras surgen del último informe del think tank sobre Latinoamérica (Igarape Institute sobre la seguridad ciudadana https://igarape.org )

Según datos de 2016 de Igarape Institute, 43 de las 50 ciudades con mayor tasa de homicidios en el mundo están situados en América Latina.

Por países, los datos son igualmente negativos para la región, 17 de los 20 países con mayor tasa de asesinatos en todo el mundo son latinoamericanos.

Otro dato preocupante: entre 2000 y 2016, más de 2,5 millones de latinoamericanos han muerto de forma violenta, la mayoría de ellos por homicidios intencionales, según el citado reporte.

El thint thank llama además la atención sobre la edad de los asesinados: la mitad de ellos tienen entre 15 y 19 años. Y además,  las encuestas de victimización indican que la violencia contra las mujeres y los niños es generalizado. En este plano, es tan llamativo, que en las encuestas surge que los ciudadanos consideran más dañina a la violencia hacia la mujer y los niños que a las menciones a la violencia callejera, el crimen organizado y la violencia de las pandillas.

En pocas palabras,  de forma urgente hay que generar políticas proactivas para fortalecer la seguridad ciudadana en toda la región y establecer prioridades, así como  invertir en medidas de prevención no policial, enfatizar en dar oportunidades laborales a grupos de riesgo, reforzar la cohesión social e invertir en tecnologías de seguridad pública pero que sean evaluadas -y no se conviertan en un negocio- para medir su rendimiento.

En el rubro secuestro, México contabiliza más de 10.000 secuestros por día en menos de seis años: seis rapto por día.

En este escenario, ya metiéndonos de lleno en Brasil, podemos afirmar que la tasa de homicidios cruzó por primera vez en su historia la barrera de 30 homicidios por cada 100 mil habitantes y en la última década se calcula que han muerto 553.000 personas por violencia intencional.

El número de asesinatos es un 26 % superior al registrado en la década anterior, lo que convierten a Brasil en uno de los países más peligrosos del mundo, según el Informe del Fórum Brasileiro de Seguranza Pública en su Atlas de la Violencia 2.018.

Solo en 2016 hubo 62.517 muertes violentas, en su mayoría jóvenes negros de entre 15 y 29 años en situación de pobreza, grupo que experimentó una escalofriante tasa de homicidios de 281 cada 100 mil habitantes.

La tasa nacional, un promedio de todo el país, casi 30 veces más que el promedio de Europa y muy por encima de sus vecinos, especialmente en Paraguay (9,29%), Argentina (6,53%) y Uruguay (8 %),  según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito  (https://www.unov.org/unov/es/unodc.html ).

El Estado más peligroso de Brasil parece ser Servir, en el nordeste, donde se registró una tasa de 64,7% cada 100.000 habitantes, seguido por Alagoas con 54,2% y Río Grande do Norte con 14,2% y Minas Gerais, con 22%, ambos en el sureste.

Por lo que podemos ver, la criminalidad y el narcotráfico se ha convertido en un riesgo en nuestra región y no podemos evadirnos o negar la situación. Abordarla urgente, desde nuestros diagnósticos y capacidades,  constituye la mejor respuesta ante el intento de la República Imperial de imponer su agenda bajo la híbrida categoría de "nuevas amenazas" en una reactualizacion militar de la doctrina Monroe de militarización de América del Sur y de policializacion de las FFAA. Ello lo desarrollamos estratégicamente en nuestro libro "Geopolitica de la Seguridad en América Latina". (Barrios, Miguel Ángel-Coordinador-, Emmerich, Norberto, Torres, Yesenia, Geopolitica de la Seguridad en América Latina.Biblos.BsAs.2.017).

Nunca como ahora tuvimos la posibilidad de que nazcan Estados criminales en América Latina. Regiones de América Central y Méjico son casos a observar.

Hemos sostenido en Geopolítica de la Seguridad de América Latina que el narcotráfico y el crimen organizado poseen los mismos atributos que un Estado: territorialidad, regulación de "leyes", la fuerza y sustentabilidad. Y por lo tanto, no es un actor económico sustentado en redes criminales, sino un sujeto político económico cuyo potencial consiste en fragmentar el territorio.

El Estado criminal es imposible sin connivencia en sectores de la política, de la justicia, de la policía y del "empresariado". Por lo tanto, no es consecuencia de una amenaza externa sino de debilidades institucionales y de ausencia de políticas claras integrales y de una corrupción sin patria.

Consideramos fundamental en una política de seguridad ciudadana, un abordaje institucional integral desde la capacitación de las fuerzas policiales en policiamiento preventivo acompañado multiagencialmente por el Estado, creación de unidades de investigación de delitos complejos, prevención local comunitaria no policial, creación de un servicio civil de inteligencia financiera.

Pero nada servirá sin una ley clara sobre el financiamiento de la política, otra sobre la regulación de la obra pública para evitar la cartelizacion, controlar casinos y juegos de azar, y penalizar el cohecho activo-activo a la persona jurídica y a la persona empresarial.

Por supuesto decirlo es fácil, pero en esta tarea se juega nuestro destino y el gran dilema de Perón: "Unidos o Dominados”, hoy es "Estado Continental o Narcodemocracias".

¡Bienvenido el debate en Brasil!

Miguel Ángel Barrios -Argentina- es doctor en educación y en ciencia política. Autor de reconocidas obras sobre América Latina.