La noticia más relevante en estas últimas semanas, relacionada con el proceso de paz,  provino de parte del exjefe negociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Iván Márquez que en una carta firmada también por uno de los líderes militares más reconocidos en esta guerrilla, Oscar Montero, alias El Paisa y después de un prolongado silencio, finalmente fijan posiciones frente al proceso de paz sin definir claramente si siguen en el mismo o si ahora se plantean otros escenarios de actuación.  Eso no queda claro en la comunicación fechada el 22 de septiembre, cuyos destinatarios son los miembros de las Comisiones de Paz del Congreso que los habían conminado a que se pronunciaran tras un viaje a la zona de Miravalles en el Departamento del Caquetá, de la cual salieron estos dos jefes guerrilleros. Tampoco se sabe dónde se encuentran y no dejan claro si acudirán al llamado que les hizo en las últimas semanas la JEP para que se reporten, aunque en el caso de Márquez éste se pronunció a través de su abogado. Lo que indicaría que por ahora se mantiene en esa jurisdicción.

Ahora vamos al contenido de la carta. Después de señalar que el Acuerdo de Paz fue destrozado por depredadores sin alma, señalan que “nuestro sueño sigue siendo la paz de Colombia”. Para luego agregar que son tres los principales obstáculos del proceso, en lo cual digamos de entrada que no les falta razón. El primer problema que señalan es la inseguridad jurídica, seguido de las modificaciones al texto original de lo convenido y el incumplimiento de aspectos esenciales del Acuerdo.

La inseguridad jurídica tocó techo con la detención de Jesús Santrich con fines de extradición “mediante montaje judicial urdido por el Fiscal General, el embajador de los EEUU y la DEA”. Y no les falta razón pues días después de esta comunicación el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en respuesta a los requerimientos de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP,  que lo conmino para que trasladara las pruebas que el día que ordenó la detención de Santrich había dicho delante del entonces presidente Juan Manuel Santos y en rueda de prensa, que las pruebas que comprometían a Santrich con el supuesto envío de 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos eran contundentes.

Ahora en la comunicación a la JEP no afirma que son contundentes sino que dice que él ya entregó las pruebas y que no tiene más pues dice que las otras pruebas reposan en la Corte Judicial de los EEUU que pidió la detención y la extradición de Santrich. Así que a la JEP no le quedará otro camino que decidir con las enclenques pruebas que le trasladó la Fiscalía o solicitar a la Corte de New York que lo solicita que envíe las pruebas que dice tener contra Santrich. Lo que podemos concluir es nuevamente la irresponsabilidad de Martínez Neira acosado por múltiples problemas que se derivan de los conflictos de interés en investigaciones judiciales relacionadas con procesos judiciales en los cuales él tomó parte en el pasado como abogado litigante de alguna de las partes. Los dos más significativos son los casos de Odebrecht y las investigaciones en contra del concesionario de Hyundai en Colombia, Carlos Mattos, a lo que se agregan las denuncias por no declarar ingresos y bienes que tendría en España, señalamiento hecho en las últimas semanas por el reconocido periodista Gonzalo Guillen.

Las modificaciones al Acuerdo Final

En primer término señalan las modificaciones que sufrió la JEP en su paso por el Congreso y en la revisión que hizo la Corte Constitucional de las leyes aprobadas para que entrara en funcionamiento. El más  grave  y en eso también les cabe razón consistió en que la JEP que debería investigar y juzgar a todos los actores involucrados en el conflicto ya no es para todos los involucrados en el mismo, pues, una decisión del Congreso que fue ratificada por la Corte Constitucional sustrajo a los llamados terceros responsables, esto es, a los empresarios, agentes políticos del Estado y en general a los llamados determinadores o autores intelectuales civiles, de esa jurisdicción, lo cual es contrario al Acuerdo Final. También les cabe razón cuando afirman que la Ley de Procedimientos de la JEP fue aprobada unilateralmente sin tener en cuenta para nada la opinión de la Comisión de Seguimiento y Verificación del cumplimiento de los acuerdos, CSIVI, que de acuerdo con lo convenido debería revisar previamente todos los proyectos que buscaban desarrollar los acuerdos.

Finalmente, en la carta que estamos comentando señalan que lo esencial del Acuerdo de Paz de La Habana ha sido traicionado. El Congreso anterior hundió la Reforma Política y las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz. No se aplicó plenamente la amnistía; todavía quedan guerrilleros presos. Cinco años después de lograr el primer Acuerdo Parcial no hay titulaciones de tierras, ni fondo de tres millones de hectáreas para los que no la tienen, ni nada que signifique dignificación de la vida en el campo. La sustitución está empantanada porque el fiscal no permite el tratamiento penal diferencial para los campesinos cultivadores y mujeres pobres, y porque no hay formalización de la propiedad de la tierra ni proyectos económicos alternativos. El mismo personaje ha saboteado el funcionamiento de la Unidad Especial de lucha contra el paramilitarismo imponiendo con ello que más de 15 mil imputaciones de paramilitarismo y de apoyo económico a esas estructuras criminales, que según Memoria Histórica han asesinado a 100 mil colombianos, duerman engavetas en la Fiscalía el sosegado sueño de la impunidad. También estos señalamientos son ciertos.

Finalmente señalan que el error mayor que cometieron en la negociación fue haber firmado primero la Dejación de Armas sin haber acordado antes los términos de la reincorporación económica y social de los guerrilleros. Esa es,  agregan, la causa de los problemas que hoy afrontan los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ETCR, por incumplimientos del Estado. Hoy a los guerrilleros los están matando uno a uno en medio de la indiferencia de las autoridades, e igual sucede con los líderes sociales cuyo sacrificio parece no tener fin. Tengan en cuenta que hasta el sol de hoy no se ha producido ningún desembolso para financiar proyectos productivos en los Espacios  Territoriales. Que alguien nos diga a qué bolsillos fueron a parar los recursos del post conflicto, colocados tan generosamente por los países donantes.

Terminan su carta señalando que su principal preocupación es cómo sacar la paz de Colombia del abismo de los acuerdos fallidos a la que fue arrojada con desprecio.

La radiografía que estos jefes guerrilleros hacen del proceso a manera de evaluación y quizás de justificación sobre su abandono de las zonas de reincorporación, plantea la difícil situación por la que atraviesa el proceso de paz y el desarrollo e implementación de los Acuerdos firmados y aprobados por el Congreso el 26 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá. Quizás lo que no evalúan en esa comunicación es la variante de las limitaciones políticas impuestas por el triunfo del No el plebiscito del 2 de octubre de 2016 y luego el triunfo de Iván Duque en las elecciones del 17 junio del 2018.

Los obstáculos y los cambios que se señalan efectivamente sucedieron y sobre el futuro del proceso se agregan los derivados del triunfo de la derecha uribista que se opuso a los Acuerdos lo  que hará más difícil aún su cumplimiento, pues, el propio gobierno de Duque alega no tener recursos para su implementación y a ello ha agregado el nombramiento de funcionarios que en el pasado reciente fueron críticos acérrimos del proceso como la abogada Claudia Ortiz nominada para ponerse el frente de Agencia Nacional de Desarrollo Rural, que es la encargada de manejar el fondo de tierras para la paz y la titulación de siete millones de hectáreas a sus propietarios campesinos que no cuentan con la debida formalización de sus títulos. ¿Cómo alguien que ha combatido férreamente los Acuerdos de Paz  puede llevar adelante tan compleja tarea?.

También se ha criticado el nombramiento de Andrés Augusto Castro Forero al frente de la Unidad de Restitución de Tierras Despojadas, quien proviene de ocupar durante 9 años  el cargo de Secretario General de Fedepalma, el gremio que agrupa y representa los intereses de los grandes empresarios de este sector que ha sido acusado de  nexos con grupos paramilitares y con despojadores de tierras.  ¿Qué garantías brindara a las víctimas de despojo que ha tenido a palmicultores como los principales sospechosos de promover esas prácticas contra las familias campesinas despojadas de sus parcelas de forma violenta? 

A lo anterior se agrega la presentación de proyectos como el radicado en el Congreso  por María Fernanda Cabal que busca favorecer a los despojadores de tierras reformando la ley 1448/2011 que creo tanto la Unidad de Restitución como los procedimientos para su restitución o la presentación por parte de la vocera del partido del presidente Duque, Paloma Valencia,  del Centro Democrático, de un proyecto que busca debilitar aún más a la JEP creando unas salas especiales para la investigación y el juzgamiento de los militares cuyos magistrados serían elegidos por el presidente de la República.  

Pero además en la misiva no se define con claridad el camino que proponen para enfrentar las enormes dificultades del proceso de paz. La mayoría de los antiguos guerrilleros y la mayoría de sus jefes, hoy agrupados en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, se han pronunciado inequívocamente por continuar en el proceso a pesar de sus enormes dificultades. Eso es lo que no clarifican Márquez y Montero en su comunicación. Pienso que continuar en el proceso pese a las enormes dificultades  es el camino acertado. La lucha por el cumplimiento de los Acuerdos se deberá librar en la sociedad civil y en el Congreso de la República a la vez que se batalla con la comunidad internacional para que los Acuerdos de Paz se cumplan. En eso no debe haber,  a mi juicio, ambigüedades.

Bogotá octubre 4 de 2018.  

Pedro Santana Rodríguez

Director Revista Sur