El presidente Donald Trump amenaza con retirar la ayuda económica a Honduras y a otros países centroamericanos si no cesa el flujo de migrantes hacia Estados Unidos. En realidad, somos muchos los que pensamos que lo que se presenta como ayuda no ha hecho otra cosa que empeorar la situación social y política de la región. Durante décadas, Estados Unidos dio todo tipo de apoyo a sangrientas dictaduras militares; pero aún teniendo en cuenta solamente los últimos veinte años, vemos que son las corporaciones y los intereses financieros de Estados Unidos los que han salido beneficiados con la supuesta ayuda.

Esta situación está muy bien descrita por Naomi Klein en su libro “La Doctrina del Shock” (1). En octubre de 1998 el huracán Mitch azotó Honduras, Guatemala y Nicaragua dejando más de nueve mil muertos e incalculables pérdidas materiales. Dos meses después, el Congreso de Honduras aprobó leyes que permitieron la privatización de aeropuertos, puertos marítimos y carreteras, así como planes acelerados de privatización de la compañía estatal de teléfonos, la compañía nacional de electricidad y parte del sector de abastecimiento de agua; echó abajo también avanzadas leyes de reforma agraria, lo cual facilitó a empresarios extranjeros la compra y venta de propiedades, y aprobó una ley de minas que bajó radicalmente el nivel de los estándares medioambientales y permitió expulsar familias de sus hogares cuando éstas estorbaban la instalación y desarrollo de empresas mineras. Acciones semejantes tuvieron lugar en los países vecinos. Tanto el Banco Mundial como el FMI condicionaron su ayuda, de aproximadamente 47 millones de dólares, a la privatización de las telecomunicaciones. En poco tiempo, casi todo pasó a manos privadas, principalmente extranjeras y, por supuesto, a precios muy por debajo de su valor en el mercado. La empresa San Francisco International Airport, por ejemplo, compró los cuatro aeropuertos de Honduras.

Durante los últimos años de la administración Obama los fondos asignados para la ayuda económica a Centroamérica crecieron vertiginosamente en respuesta a una crisis migratoria que amenazaba con tomar grandes proporciones. En el caso de Honduras, de 305 millones de dólares en 2014 pasó a 560 en 2015 y a 750 en 2016. De estos 750 millones de dólares asignados por el gobierno de Estados Unidos a la APP (“Alliance for Prosperity Plan”) en el año fiscal 2016, casi la mitad se canalizó a través de CARSI (“Central American Regional Security Iniciative”).

Desde el año 2010 CARSI funciona como programa independiente; antes era una rama de la Iniciativa Mérida, especie de Plan Colombia para México, América Central, República Dominicana y Haití. En 2009 un golpe de Estado en Honduras derrocó al presidente Zelaya. Con la remilitarización de la seguridad en Honduras, Guatemala y El Salvador, se adoptó el sistema de reprimir los delitos con encarcelamientos masivos (2). Con fondos de CARSI, Estados Unidos creó en estos tres países unidades militares transnacionales llamadas TAG (“Transnational Anti-Gang”) y llevó a cabo planes acelerados de construcción de cárceles, de acuerdo a un informe del “Congressional Research Service” (3). La construcción de prisiones se acompañó de la criminalización y privación de libertad de amplios sectores de población. Las empresas constructoras de centros penales tienen el lema de que “toda cárcel que se construye se llena”. En varios países centroamericanos la ayuda de CARSI sirvió para construir cárceles de máxima seguridad.

Como era de esperar, el desarrollo de las instalaciones penitenciarias en Honduras, con financiamiento y asesoría estadounidense, se vinculó a la criminalización de los indígenas que resistían la privatización de sus tierras comunales, y de los activistas en contra de la destrucción de los medios de vida del campesino para satisfacer los intereses extranjeros de producción de biocombustibles.

La sobrepoblación en el sistema penitenciario de Guatemala, Honduras, El Salvador y otros países de América Latina, no se alivia sino se agrava con la construcción de nuevas cárceles, porque ni el CARSI ni otros programas resuelven los graves problemas sociales de la región, sino que los profundiza, y la creciente criminalización de la población marginada multiplica las tasas de encarcelamiento. En realidad, el CARSI y programas similares constituyen eficaces pantallas que ocultan la injerencia y presencia militar de Estados Unidos en los países del Sur.

Se estima que más del 60 % del presupuesto asignado a APP se destina a “medidas de seguridad”, de acuerdo con el “Council on Hemispheric Affairs” (4), ONG con sede en Washington. El destino del resto de los fondos no aparece claramente definido, todo lo cual hace pensar que la APP es solamente la continuación de las fallidas estrategias de seguridad repetidamente ensayadas en América Central. Por lo menos el 75 % de los fondos totales se precondicionan a la implementación de cambios estructurales en la legislación fiscal, comercial e inversionista de estos países.

Ante la crisis migratoria, la administración Obama no solo aumentó las asignaciones de fondos para Centroamérica, como hemos señalado, sino que su orientación dio un cambio pequeño pero significativo hacia la implementación de programas de inclusión social, aunque insuficiente y sin lograr desprenderse del tufo neoliberal. Basta, sin embargo, para que Donald Trump tenga un motivo más para recortar fondos aprobados por su antecesor. De todos modos, la ayuda oficial de Estados Unidos al desarrollo tiende a reducirse drásticamente bajo la administración Trump y, en el futuro, lo poco que quede después de restar lo dedicado a favorecer la inversión extranjera y al fortalecimiento de las fuerzas represivas, será destinado seguramente a reforzar los controles fronterizos.

El manejo de los fondos, supuestamente destinados al desarrollo, por dirigentes políticos centroamericanos, corresponde muchas veces al clásico cuento del zorro al cuidado del gallinero. ¿Cómo puede esperarse un manejo transparente de los fondos si con frecuencia estos políticos se ven envueltos en escándalos de corrupción y de violación flagrante de los derechos humanos? ¿Ignora esto el gobierno de Estados Unidos? ¿O será que la “ayuda” sirve para premiar a políticos corruptos por su obsecuencia en la satisfacción de los intereses de empresas estadounidenses?

Por razones electorales, la administración Trump anda buscando la fabricación de un culpable de la “Caminata del migrante” que partió de San Pedro Sula y de las que se aprestan a salir de otros lugares de la geografía centroamericana. Pueden acusar a Zelaya, a Maduro, a George Soros, al Papa Francisco, a los demócratas, o a quien se les ocurra; la verdad la conoce muy bien cualquier centroamericano: migran porque los expulsan la violencia y la miseria extremas; y usted y yo sabemos que éstas son consecuencias de la exclusión social inherente a la implementación de las políticas neoliberales impuestas por Estados Unidos.

Por otra parte, la cooperación incluye mucho más que una ayuda económica, sobre todo cuando es, como en este caso, magra en lo social, dirigida selectivamente a la esfera militar y represiva, y condicionada a concesiones que laceran la soberanía. La cooperación tiene que ser integral, o sea, debe abarcar políticas comerciales, financieras, culturales, acuerdo amplios para enfrentar de conjunto problemas globales como el narcotráfico, el tráfico de armas y de personas y el cambio climático, entre otros, y colocando en primer plano una política migratoria humana, justa y desprejuiciada.

La ayuda bilateral o internacional no debe tener como objetivo frenar las migraciones sino garantizar el derecho de todos los países del mundo al desarrollo, y de cada persona que habita este planeta a vivir dignamente y a no verse obligado al abandono de su familia y de su tierra natal.

Notas

Klein, Naomi: The Shock Doctrine, Picador, New York, 2007, p. 500-01.

AFP y Redacción: “Presos centroamericanos viven en bodegas humanas”, El Mundo, 24 de Julio de 2013.

U.S. Congressional Research Service: “Central American Regional Security Initiative: Background and Policy Issues for Congress”, Jan 2012.

Council on Hemispheric Affairs. “The Alliance for Prosperity Plan: a Failed Effort for Stemming Migration”, Aug. 1, 2016.