§             Prevalece una cultura laboral deficiente en la que se normaliza la explotación

§             Se ha avanzado en identificar a víctimas de trata sexual; pero no de trata laboral

§             La población migrante, “en condiciones de mucha vulnerabilidad”

Polaris Project, organización no gubernamental, sin fines de lucro, ha publicado el Diagnóstico - Trata de personas con fines laborales en México, que pone en evidencia la falta de estadísticas actualizadas y sistematizadas sobre este fenómeno delictivo, considerado por agencias internacionales como una ‘forma moderna de esclavitud’.

El estudio también saca a relucir una notable cultura de la impunidad, legislación inadecuada, debilidad institucional y violación generalizada de derechos fundamentales.

Lo que originalmente era un reporte interno, el Diagnóstico pretende explorar el terreno en México y orientar las medidas de prevención y protección en los casos de trata con fines laborales.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sostiene que la prevalencia de víctimas de trata en América Latina y el Caribe es de 3.1 por cada 1,000 habitantes. De los cuales, el 90% son explotados por personas o empresas particulares.

A falta de cifras –y acorde a la tasa referida de la OIT–, en el Diagnóstico se infiere que en México, con 122 millones de habitantes (en cálculos a 2016), el número aproximado de personas sometidas a trabajos forzosos –incluyendo la explotación sexual– podría alcanzar los 379,047 casos.

Andrea Gálvez, Enlace de Polaris para México, explicó que el objetivo de este reporte es “hacer visible el problema, establecer una dimensión y cuando no se pueda, señalar porqué. Pensando que en una posterior publicación ya se hayan dado los pasos necesarios para subsanar este elemento cuantitativo”.

Fundada en 2002, Polaris Project, con sede en Washington, D.C., tiene como misión combatir las modernas formas de esclavitud. Desde 2007 cuenta con una Línea Directa Nacional en Estados Unidos para denunciar y brindar apoyo a las víctimas del delito de trata.

En entrevista, Gálvez estimó que “la Línea Nacional contra la Trata en la Unión Americana, ha sido de enorme ayuda para tener números e identificar dónde está el problema. Esto le permite a Polaris hacer recomendaciones puntuales y sustentadas en datos. Lo que este Diagnóstico quiere es eso: transitar el camino de los números en el caso de México. No porque lo cualitativo no sea importante, sino porque cuando tienes lo cuantitativo, las autoridades no pueden seguir cerrando los ojos”.

La trata de personas, en sus diferentes expresiones, puede entenderse como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”, según el artículo 3, inciso a), del Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños, mejor conocido como Protocolo de Palermo.

México ratificó su adhesión a este instrumento desde diciembre de 2003 y, en consecuencia, se promulgó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delitos en 2012.

– ¿Por qué no se puede conocer el número de víctimas de trata laboral en México?

– No lo podemos saber por cuestiones estructurales. Es un crimen difícil de cuantificar. Un delito que pocas veces es denunciado porque las personas no se identifican como víctimas de trata. Se reconocen como víctimas de otros delitos, pero no de trata.

Otra de las razones es la falta de capacidad institucional para responder a esta dimensión de la trata. En los últimos treinta años se ha avanzado mucho en la dimensión sexual. Se cuenta con instituciones, protocolos y medidas para sensibilizar a la sociedad con el objeto de identificar a víctimas de trata sexual; pero la trata laboral no es tan visible. En el caso particular de México, prevalece una cultura laboral deficiente en la que se normaliza la explotación, con el beneplácito de las autoridades, la sociedad y del mismo trabajador.

– ¿No hay una metodología para recabar los datos?

– No hay un sistema adecuado de recopilación de datos desagregados que permitan claramente identificar los actores, métodos de reclutamiento, explotación o perfiles de las víctimas. Esa es una de las responsabilidades de la autoridad que no ha sabido implementar adecuadamente.

– ¿Tiene fallas la Ley en la materia?

– Tenemos un problema de diseño institucional. La Ley General de Trata no está debidamente aplicada en todos los estados del país. Algunos no tienen una fiscalía especializada en trata. Otros tienen fiscalía especializada en trata de delitos sexuales y no contemplan la dimensión laboral en absoluto.

Todo esto se desprende de una Ley que es insuficiente, inadecuada y no responde al estándar internacional de la definición de la trata. No tiene todos los elementos del Protocolo de Palermo que considera las acciones, los medios y los fines.

La Ley mexicana se come los medios. Contempla las acciones y los fines; pero no tiene el elemento de los medios. Es decir, ¿cómo lo hice? Por engaños, amenazas de secuestro, con pistola o para lastimar a tu familia. Este un componente muy importante. Permite hacer la diferencia entre trata y otro tipo de crímenes.  Si no está disponible, le dificulta al juez o al Ministerio Público hacer un cuadro que realmente responda al delito de la trata.

Población vulnerable

El Diagnóstico - Trata de personas con fines laborales en México subraya que las poblaciones particularmente más vulnerables de este delito son los trabajadores agrícolas, del sector minero y la maquila; las comunidades indígenas, las mujeres trabajadoras del hogar, las personas con capacidades diferentes y aquellas con adicciones; los niños, niñas y adolescentes, al igual que la población migrante –transnacional e interna–.

“El sector agrícola es particularmente vulnerable por razones no exclusivas de México, sino como tendencia mundial” abundó Gálvez. “El movimiento obrero logró mejoras salariales, jornadas de 8 horas, aguinaldos; pero el sector agrícola no ha alcanzado beneficios. Se ha quedado al margen”.

Respecto a la población migrante, el reporte revela que “hacia el año 2000, alrededor de 90 mil migrantes centroamericanos cruzaban el territorio nacional. Actualmente, la población migrante centroamericana que cruza la frontera sur mexicana se calcula entre 350 mil y 400 mil personas cada año. Además, el 90% de los migrantes centroamericanos en Estados Unidos pasa a través del territorio mexicano. De acuerdo con el censo de 2010, en México viven 250 mil extranjeros; sin embargo, se estima que la cifra es 10 veces mayor, es decir, 2.5 millones, y por lo general en condiciones de mucha vulnerabilidad, debido –en general– a su condición migratoria irregular”.

Más adelante el documento resalta que pese a “la dificultad de establecer cifras en materia de migración irregular, si se cuenta con el número de devoluciones totales que incluyen deportaciones y retornos asistidos, según cifras de 80 353 en 2017”.

“A su vez, se estima que en los últimos 8 años, EE. UU. ha deportado alrededor de 3 millones de mexicanos al territorio nacional, solo en 2017 se registraron 166,986. Sin embargo, tal devolución de ordinario carece de medidas de reintegración social”.

La trata: modelo de negocio

“La trata es un modelo de negocio”, enfatizó Gálvez. “Polaris se ha empeñado en documentar cómo funciona para saber dónde pegar en los bolsillos de los tratantes que finalmente son empresarios. Sí sé cómo transfieren el dinero, cómo transportan a las víctimas y dónde las hospedan, me empiezo a encontrar un cúmulo de intersecciones y puntos en los que puedo incidir. Y no solo contra los tratantes, sino también contra los negocios legales que se sirven para ejercer el delito”.

Andrea Gálvez estudió Ciencia Política en la Universidad de Quebec, en Montreal, Canadá. Ha colaborado en el Sindicato de Trabajadores de Alimentos y Comercio de Canadá (UFCW, por sus siglas en inglés). Y se ha desempeñado como coordinadora de campaña para Quebec de la Alianza de Trabajadores Agrícolas (ATA), en defensa de los derechos de campesinos migrantes de origen mexicano y guatemalteco. 

“Esperamos que sea un Diagnóstico bien recibido”, añadió Gálvez con optimismo. “Tiene recomendaciones para el Gobierno federal y el Congreso de la Unión. Se requiere de una ley acorde a los tratados internaciones para hacerle la vida más fácil a los que la implementan. Sin elementos es más difícil perseguir el delito y no se puede prevenir”, finalizó.

El análisis que ahora sale a la luz está sustentando en información proporcionada por organizaciones de la sociedad civil, notas de prensa y literatura disponible. Además se complementó con entrevistas a funcionarios públicos y expertos en la materia, junto con más de 160 solicitudes de información a diferentes instancias gubernamentales.