En Colombia estamos ante un escenario de movilización social generalizada y ampliada por la reconfiguración del poder político, económico y cultural, cuyos antecedentes más inmediatos son las recientes votaciones presidenciales, las de la Consulta anticorrupción que reflejaron una amplia rebelión social contra la hegemonía oligárquica y la actual huelga universitaria que ha develado la ineptitud del gobernante de turno.

A este escenario tan conflictivo se lo puede caracterizar como una época de crisis estatal general que se expresa, en su primer momento, en la emergencia de una disidencia¹ política, ética y cultural encabezada por Gustavo Petro, como líder de la Colombia Humana, con más de 8 millones de votantes, objeto de acciones judiciales y fiscales para sacarlo del Senado e inhabilitarlo como candidato presidencial, a la manera como está ocurriendo en otros lugares de América Latina, donde se recurre a golpes parlamentarios y judiciales para anular prominentes líderes de izquierda.

El próximo miércoles 28 de noviembre está prevista una gigantesca movilización popular y universitaria contra la reforma tributaria, el engaño a la consulta anticorrupción, la crisis educativa, el sabotaje a la paz (con “trizas y risas”), la corruptela del Fiscal Martínez y el genocidio de líderes sociales y comunidades indígenas y campesinas, que no para a pesar de los planes anunciados por el Ministerio del Interior con bombos y platillos.

De igual manera se prevé realizar un paro cívico nacional el 13 de diciembre con las mismas consignas.

El colapso del Estado y su gobierno

El punto de referencia primordial de la insurrección social en camino es el colapso del Estado como pivote del régimen político. Hay una crisis estatal puesta de manifiesto en el acelerado debilitamiento del gobierno derechista de Iván Duque (su aceptación apenas si llega al 27%, cien días después de iniciado su mandato), impuesto por Uribe Vélez y el Centro Democrático, para quienes Duque debe ser “enderezado”, pues perdió el rumbo poniendo en crisis todo el aparato de dominación oligárquica.

Para determinar las dimensiones de lo que está en curso bien conviene retomar la reflexión sobre la naturaleza del Estado, su crisis, los alcances de la emergencia disidente, la constitución y potenciales de la contrahegemonía popular.

La naturaleza del Estado

Al hilo de la reflexión de García Linera², la relación-Estado debe abordarse en sus tres ejes constitutivos: como correlación política de fuerzas sociales, como materialidad institucional y como idea o creencia colectiva generalizada.

El Estado debe entenderse como una correlación política de fuerzas entre bloques y clases sociales con capacidad de influir, en mayor o menor medida, en la implementación de decisiones gubernamentales o, si se prefiere, como construcción de una coalición política dominante; por otra, como una maquinaria donde se materializan esas decisiones en normas, reglas, burocracias, presupuestos, jerarquías, hábitos burocráticos, papeles, trámites, es decir, como institucionalidad. Estos dos primeros componentes hacen referencia al Estado como relación material de dominación y conducción política³. Y, en tercer lugar, el Estado como idea colectiva, como sentido común de época que garantiza el consentimiento moral entre gobernantes y gobernados. Con este tercer componente, se entiende al Estado como una relación de legitimación política⁴.

La importancia de las creencias, como elemento fundamental en la constitución del poder político, fue lo que llevó a Émile Durkheim a ver al Estado como “el órgano mismo del pensamiento social y, sobre todo, el órgano de la disciplina moral”, lo que, sin embargo, no debe hacernos olvidar el ámbito de la “violencia organizada” como núcleo del poder estatal.⁵

Todo Estado, sostiene GL en su reflexión, es una síntesis política de la sociedad, pero jerarquizada en coaliciones de fuerzas que poseen una mayor capacidad de decisión (capital estatal-burocrático), y otras fuerzas, compuestas por grupos que tienen menores o escasas capacidades de influencia en la toma de decisiones de los grandes asuntos comunes. Después está el sistema de instituciones, de normas y reglas de carácter público, mediante las cuales todas las fuerzas sociales logran coexistir, jerárquicamente, durante un periodo duradero de la vida política de un país.

Lo anterior permite ver también al Estado, plantea el autor citado, como una construcción política de monopolios legítimos sobre determinados recursos escasos de la sociedad: coerción, recursos económicos públicos y legitimación. En este sentido, dice, de la mano de Weber⁶, el Estado, es una maquina relacional que ha logrado a lo largo de la historia monopolizar el uso de la coerción publica en un determinado territorio mediante la centralización de la fuerza armada (Fuerzas Armadas, Policía), la punición de las transgresiones a los modos de convivencia social (cárceles, tribunales, códigos) y el disciplinamiento colectivo al cumplimiento de procedimientos y reglamentos (acceso y cumplimiento de las normas públicas).

Lo mismo con los otros dos monopolios que dan lugar al Estado histórico: de recursos económicos y de legitimación social⁷.

Por último, agrega, el monopolio del poder simbólico que detenta el Estado, si bien hace referencia al control de los procesos de producción de las ideas-fuerza que cohesionan a una sociedad, se trata de legitimaciones de imposiciones, de dominaciones y luchas por la imposición cuya violencia ha sido “olvidada”.

En términos estrictos, todo Estado, bajo cualquiera de sus formas históricas, es una estructura de categorías de percepción y de pensamientos comunes, capaces de conformar, entre sectores sociales gobernados y gobernantes, dominantes y dominados, un conformismo social y moral sobre el sentido del mundo que se materializa mediante los repertorios y ritualidades culturales del Estado⁸.

Los cambios en el Estado

Estas tres dimensiones o caras del mismo orden estatal, en momentos de cambio de forma y contenido social del Estado, presentan transformaciones diferentes en su profundidad y velocidad, de acuerdo al momento o etapa de la crisis de Estado que se está atravesando, afirma GL.

Cuando estos tres componentes de la vida política de un país muestran vitalidad y un funcionamiento regular, se puede hablar de una correspondencia óptima entre régimen estatal y sociedad.

Cuando alguno o todos estos factores se estancan, se diluyen o se quiebran de manera irremediable, estamos ante una crisis de Estado, manifiesta en el divorcio y antagonismo entre el mundo político, sus instituciones, y el flujo de acciones de las organizaciones civiles.

Es claro que en los momentos de estabilidad política y de estabilidad estatal esos tres componentes indicados: el Estado como correlación de fuerzas, el Estado como máquina y el Estado como idea, se definen como estables porque se mueven en un ámbito de previsibilidad y de no antagonismo radical ni de quiebre en sus componentes internos. Por lo tanto, su preservación, su transformación y su reconversión, que son también flujos de trabajo de poder, son, en cierta medida, previsibles a partir de ciertos parámetros de movimiento interno de las ideas dominantes, de la maquinalidad administrativa y de la correlación de fuerzas sociales⁹.

Es una estabilidad que emana desde el modelo de acumulación neoliberal anclado en el sistema económico, el cual al alterarse con la caída de los precios de las materias primas, los desbalances en la inversión extranjera y en la balanza comercial propaga factores de perturbación en el campo político y en los esquemas de gestión del gobierno¹⁰.

Lo que sucede en tiempos de crisis

En cambio, en tiempo de crisis estatal, cada uno de estos componentes: la máquina, la correlación de fuerzas y la idea o imaginación política, presentan ámbitos de antagonismo recurrente, inestabilidad e incertidumbre estratégica en cuanto a su funcionamiento, plantea GL. Es decir, la forma cotidiana de reconocer a un Estado en transición es la incertidumbre duradera de la vida política de una sociedad, la “gelatinosidad” conflictiva y polarizada del sentido común colectivo, la imprevisibilidad estratégica de las jerarquías y mandos de la sociedad a largo plazo (hay que enderezarlos), que bien podemos denominar crisis de Estado.

Esto significa que la crisis política no es un problema meramente de gobernabilidad; no estamos, como en nuestro caso, frente a un problema de ineficiencia administrativa del Presidente Duque, que por cierto lo tiene. La crisis política rebasa la mala gestión presidencial y la mediocridad parlamentaria refundida en el clientelismo y la mermelada despojadora de los bienes públicos.

La estructura institucional del Estado está en crisis: su correlación de fuerzas, su institucionalidad, sus creencias y el “régimen de verdad” son cuestionados, debilitadas, resquebrajadas o reblandecidas por diferentes fenómenos sociales y políticos. La figura presidencial está afectada una cascada de cuestionamientos por su falta de liderazgo, por su baja gobernabilidad y su mal manejo de la administración. El país aún no sabe para dónde va su administración, según el acertado diagnóstico de Caballero¹¹ y Medellín¹². De otro lado, los ministros que tienen la función adicional a sus tareas, de ser los escuderos del mandatario y de ayudarlo siendo sus voceros en temas de agenda, no lo están haciendo: el Presidente se ve muy solo, afirma Caballero. El único ministro conocido es Carrasquilla, y su imagen y credibilidad van mal. Y, por último, se cree que las riendas del Gobierno no están en las manos del jefe de Estado y, en su lugar, se le atribuye enorme influencia, en todos los asuntos oficiales, al senador Uribe también en franca bancarrota política y judicial.

Las etapas de la crisis estatal

Toda crisis estatal atraviesa cinco etapas históricas, nos plantea García Linera, pero en estos momentos el proceso más visible tiene que ver con el momento del develamiento de la crisis de Estado, que es cuando el sistema político y simbólico dominante que permitía hablar de una tolerancia o hasta acompañamiento moral de los dominados hacia las clases dominantes, se quiebra parcialmente, dando lugar, así, a un “bloque social políticamente disidente” con capacidad de movilización y expansión territorial de esa disidencia convertida en irreductible. Es exactamente lo que reflejan la multitud conformada por los más de ocho millones de votos en respaldo a Petro y los casi 12 millones de ciudadanos que votaron por el Si en la Consulta anticorrupción.

De consolidarse esa disidencia como proyecto político nacional imposible de ser incorporado en el orden y discurso dominante, se da inicio a un empate catastrófico, que habla ya de la presencia no sólo de una fuerza política con capacidad de movilización nacional como para disputar parcialmente el control territorial del bloque político dominante, sino además, de la existencia de una propuesta de poder (programa, liderazgo y organización con voluntad de poder estatal), capaz de desdoblar el imaginario colectivo de la sociedad en dos estructuras políticas-estatales diferenciadas y antagonizadas.

También es cierto que podemos estar asistiendo simultáneamente, a una crisis del conjunto de instituciones y de estructuras de larga duración del Estado republicano. Es sabido que todo Estado tiene dos niveles de instituciones y componentes: uno, de larga duración, que permanece durante décadas y siglos, constituido por los componentes estructurales del orden estatal. Por otra parte, están los componentes de “corta duración”, que se modifican cada dos o tres décadas (Estado nacionalista, Estado neoliberal, Estado paramilitar etc.). Resulta que ahora no sólo están en cuestión los componentes de corta duración del Estado (su carácter neoliberal y paramilitar), sino también varios de sus componentes de “larga duración” de su cualidad republicana¹³.

Por lo tanto, estamos asistiendo a una doble crisis o a una superposición de dos crisis; una crisis del Estado, en sus componentes de corta duración neoliberales, y una crisis del Estado, en sus componentes de larga duración republicana liberal.

Cansancio hegemónico

La crisis del Estado en curso está indicando, además, que las hegemonías también se cansan, que es lo mismo que decir que hay momentos en que el Estado deja de ser irresistible, y que la masa se separa de los marcos cognitivos y del régimen de verdad que la llevaron a desear su realidad, tal como las elites de poder organizaban la subalternidad popular, abriendo así, como ya se ha señalado, a un periodo de crisis de Estado, pues no hay Estado que se precie de tal, que no garantice su perdurabilidad, basada en la concordancia moral entre las estrategias de reproducción de las elites gobernantes y las apetencias y tolerancias de los subalternos. Esto significa que el Estado es, ante todo, una maquinaria de producción de ideología, de esquemas simbólicos de legitimación de los monopolios del poder de un régimen de verdad. La coerción detentada por el Estado es, por tanto, sólo la última ratio de todo poder político pero, aun para serlo, debe sostenerse en la legitimidad y unicidad de su propia fuerza.

Contrahegemonia petrista

Es en tales circunstancias que el polo social popular debe consolidar una capacidad contrahegemónica, entendida ésta como liderazgo intelectual y moral sobre las mayorías sociales del país. No habrá triunfo electoral o insurrección victoriosa sin un amplio y paciente trabajo de unificación de los movimientos sociales, y una irradiación práctica, ideológica, que materialice un liderazgo político, moral, cultural, organizativo del polo social popular sobre la mayoría de las capas populares y medias de la sociedad colombiana.

Hay dos temas centrales en la lucha política que están cuestionando la estructura liberal republicana del Estado. El primero tiene que ver con la presencia de los actores sociopolíticos más influyentes del país, que son básicamente los estudiantes, campesinos, indígenas, afros y trabajadores urbanos.

Pero los actuales Movimientos sociales¹⁴ no son sólo actividades de protesta y reivindicación; por sobre todo, son estructuras de acción política, como se puede palpar en el movimiento universitario. Son políticos porque los sujetos de interpelación de la demanda que desencadenan las movilizaciones son, en primer término, el Estado y el sistema de instituciones supraestatales de definición de las políticas públicas (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, inversión extranjera).

Así, pues, en la actual coyuntura se está profundizando un creciente proceso de polarización social y política, entendida como confrontación de proyectos contrapuestos de dos miradas distintas de entender la vida, la economía, el futuro y el porvenir. Por una parte, podemos ubicar un proyecto neoconservador protofascista, que en lo económico sigue apostando a una economía abierta, globalizada, de inversión externa, de débil intervención del Estado. El otro polo apuesta por una economía más centrada en el mercado interno, con mayor presencia de un Estado productivo, y que intenta recuperar la dinámica económica de sectores tradicionales en el campo, comunidades, en el mundo urbano familiar microempresarial.

En lo político, el primero es un proyecto que apunta hacia una lectura corporativa empresarial de la política, con liderazgos de tipo tradicional de las viejas elites políticas terratenientes.

El otro apunta a un tipo de comunitarismo social.

En suma, se puede decir que estamos ante un escenario de conflicto generalizado por la redistribución del poder estatal entre sectores que tradicionalmente tenían poder, y sectores nuevos, anteriormente marginados de las estructuras decisorias del país, que ahora pugnan por hacerse cargo de la administración del Estado, es la hipótesis que se desprende del análisis de GL.

La contrahegemonía

Es por tal razón que el polo social popular debe consolidar una capacidad hegemónica, entendida ésta como liderazgo intelectual y moral sobre las mayorías sociales del país. No habrá triunfo electoral o insurrección victoriosa sin un amplio y paciente trabajo de unificación de los movimientos sociales, y una irradiación práctica, ideológica, que materialice un liderazgo político, moral, cultural, organizativo del polo social popular sobre la mayoría de las capas populares y medias de la sociedad colombiana.

Nota: La toma de Bogotá prevista para este miércoles 28 de noviembre va cobrando las dimensiones del paro cívico de septiembre de 1977. Es mucha la bronca contenida del pueblo que quiere expresarse con mucha contundencia.