La situación de Venezuela, leída en términos geopolíticos, supone un nuevo ciclo de unilateralismo injerencista de Estados Unidos a nivel global. La nueva fase del hegemonismo busca quebrar las alianzas internacionales desarrolladas en los últimos años por China y Rusia, quienes promueven lógicas multilaterales autónomas del capitalismo monopólico financiarista, promovido prioritariamente por Washington y Bruselas, no sin contradicciones internas.

Caracas se encuentra en la actualidad en el centro de una triple disputa global: en primer término por la necesidad de recuperar el terreno perdido en la región, luego de las fracasadas políticas neoliberales aplicadas en la última parte del siglo XX y sobre todo por el “no al ALCA” de 2005 en el que a la tradición latinoamericanista se impuso la acostumbrada lógica neocolonialista acendrada en el subcontinente desde el siglo XIX.

En ese marco, la restauración brutal pretendida por el trumpismo busca limitar la tendencia creciente de multilateralismo generada desde que China logró desplegar sus fuerzas productivas. Esa interpenetración global asume un doble formato de complementación comercial y de interacción cooperativa que China, Rusia, Turquía y la India vienen desplegando en las últimas tres décadas, con el liderazgo de la primera. Esa articulación ha tenido en América Latina a Venezuela como uno de sus socios más significativos, sobre todo a partir del deterioro del precio internacional del barril de petróleo y el incremento del bloqueo generado por el Departamento de Estado.

Estos lazos se han desarrollado en un espacio que Washington continúa considerando su patio trasero, como fue definido por la doctrina Monroe, forma eufemizada de denominar a aquello que se considera un protectorado estratégico que de ninguna manera puede autonomizarse del control del Pentágono. Las razones profundas de ese esquema se vinculan al control de las materias primas, que en el caso de la cuenca caribeña venezolana resultan colosales: se trata de la reserva de petróleo certificada más grande del mundo, la segunda reserva de gas, la tercera de oro y la hipótesis de contar con los yacimientos de coltán más importantes a nivel global, mineral indispensable para la elaboración de las baterías para los próximos automóviles eléctricos, los celulares y los dispositivos electrónicos necesarios para la cuarta revolución industrial en ciernes.

La guerra comercial desatada por Estados Unidos contra China es el resultado de su creciente fragilidad económica, expuesta tanto por su déficit comercial como por su productividad tecnológica que empieza a ser disputada por Beijing en sus núcleos más dinámicos: las patentes, la innovación tecnológica y los porcentajes de inversión en ciencia aplicada y desarrollo de productos. El supremacismo trumpista es consciente del peligro que implica la alianza entre Venezuela y China. Ambos pueden articularse sinérgicamente y contribuir al desplazamiento central de Washington.

Washington pretende sostener su agenda hegemónica en tiempos en que se percibe su decadencia como tractor de la economía mundial al tiempo que China despliega sus vínculos sin imponer sistemas políticos entre sus socios ni exigir sometimientos económico-financieros. Beijing invierte en infraestructura en América Latina y África sin exigir a través del Comando Sur, el Fondo Monetario o el Banco Mundial políticas de austeridad, flexibilización laboral, reformas previsionales o extorsiones para aislar a repúblicas soberanas que pretenden elegir un camino propio de desarrollo e inclusión social.

Tanques comunicacionales

Más allá de las consideraciones políticas internas sobre la situación en Venezuela, los argumentos enunciados por Washington para cuestionar al gobierno de Maduro se refieren a tres dimensiones: la situación humanitaria, la ausencia de pluralismo y el entorno de los derechos humanos. Esos patrones, sin embargo, no son los mismos que el Departamento de Estado ha estado velando. En la actualidad los desastres humanitarios más importantes del mundo tienen sede en espacios territoriales donde Estados Unidos ha tenido un rol bélico preponderante e incluso ha contribuido a su caos o desmembramiento estatal. Los casos de Libia y Yemen son quizás los más paradigmáticos.

En Libia, luego de ocho años de guerra civil con apoyos de Estados Unidos a diferentes fracciones y bombardeos que continúan hasta el día de hoy, un tercio de la población ha abandonado el país y las instituciones han dejado de existir. Seis grupos militares, algunos financiados y entrenados por el Pentágono, se disputan el territorio mientras que las refinerías son protegidas por ejércitos privados de mercenarios contratados por las empresas multinacionales de hidrocarburos.

El modelo de Libia en Venezuela. Es posible que Estados Unidos haya obtenido un compromiso de Juan Gerardo Guaidó Márquez para la utilización futura de las reservas energéticas de Venezuela.

La monarquía absoluta saudí ha sido responsable del secuestro y descuartizamiento de un periodista opositor, Jamal Khashoggi, el último 2 de octubre, al interior del consulado árabe en Estambul sin que los referentes de Derechos Humanos de Estados Unidos hayan levantado la voz ni pedido siquiera sanciones.

El hecho fue calificado por el gobierno turco como una planificada operación ordenada por el jefe del estado saudita, el príncipe Mohammed bin Salman. El caso de Yemen es aún más acuciante: en los dos últimos años el gobierno de Arabia Saudita, con armamento provisto por el complejo militar industrial estadounidense bombardeó población civil en el sudoeste de la península arábiga generando hambrunas y la más grave situación de crisis humanitaria de los dos últimos años, sin que el Departamento de Estado tomara nota de su gravedad. Las monarquías absolutas de la península arábiga, socias y proveedoras obedientes de crudo de Washington, nunca han llevado a cabo una elección en los últimos 70 años.

El caso de las dictaduras sangrientas de África desatendidas debido a la provisión de diamantes (en Sierra Leona) y de coltán (en la República del Congo) ha sido sólo tenidas en cuenta al interior de los Estados Unidos para producir exitosas películas en Hollywood, mientras las empresas privadas de seguridad continúan controlando el trafico legal e ilegal de dichas materias primas. Según el ex subsecretario del Tesoro de la administración de Ronald Reagan, Paul Craig Roberts, la diferencia de trato con respecto a Venezuela se debe a que “(…) tanto Maduro, como Chávez, han cometido el crimen imperdonable de representar los intereses del pueblo venezolano y no el de las corporaciones e intereses financieros de Estados Unidos”.

La ofensiva de Trump sobre Venezuela se explica además por la endeble situación política interna quien se ha lanzado a la obtención de una relegitimación de sus votantes al intentar presionar a la bancada demócrata mediante un shutdown (cierre de la administración, consistente en suspender los pagos a la burocracia gubernamental) orientado a vencer las resistencias de la oposición a financiar el muro migratorio a ser emplazado en la frontera con México.

El desprecio del gobierno de Donald Trump por la disputa democrática al interior de su país se puso en evidencia simultáneamente en relación a las reglas que rigen a la comunidad internacional.

El 26 de enero en la sede de la ONU en Nueva York, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, reclamó a los 35 miembros de la principal institución del sistema global, su Consejo de Seguridad, que aprobaran un documento de condena a Caracas. La presentación buscó legitimar una posterior invasión militar, amparada por la ONU, pero contó únicamente con el apoyo de 16 de los 35 votos. La derrota de la propuesta de Pompeo sumó 19, quienes rechazaron la “injerencia extranjera” en el país caribeño. A pesar de que ese conteo debió dar por tierra con las amenazas de invasión, la posición de Trump recrudeció en su intento de amenazar a Caracas y a quienes no avalen sus propuestas belicistas.

Abrams derecho y humano

Ese es el contexto en el que Donald Trump nombra a Elliot Abrams, dentro del Departamento de Estado, como enviado especial en el tratamiento de la situación venezolana. Abrams fue condenado en 1991 por la justicia de su país por liderar la operación conocida como Irán-Contras que proveyó de soporte bélico a Teherán en su guerra con Irak (durante los años ’80), financiada su compra con narcotráfico, con el que también se abonaban los servicios de la contra nicaragüense en guerra contra los sandinistas.[1]

Por esa misma época, Abrams fue denunciado por organismos de derechos humanos centroamericanos por proteger a las fuerzas regulares salvadoreñas enfrascadas en matanzas y represiones contra campesinos en tiempos de la guerra civil protagonizada por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. En esa oportunidad, el recientemente nombrado Abrams fue acusado de encubrir una masacre de 1.000 personas, entre ellos 200 mujeres y niños, en El Mozote, ocurrida en diciembre de 1981. En 2011, en una ceremonia en ese lugar, el entonces canciller de El Salvador, Hugo Martínez, pidió perdón por lo que llamó la “ceguera del Estado”, haciendo referencia a las complicidades del Departamento de Estado. Los crímenes fueron cometidos por el extinto Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl, promocionado por Abrams y sus subalternos como un ejemplo de profesionalidad.

En 1992 la organización Human Rights Watch (HRW) difundió un informe en el que se consignaba que “durante una audiencia en el Senado, el subsecretario de Estado para los Derechos Humanos, Elliot Abrams, astutamente distorsionó varios puntos para desacreditar las versiones públicas de la masacre (…) Abrams prodigó elogios al Batallón Atlacatl, afirmando que ese batallón ha sido elogiado en varias ocasiones por su profesionalismo y por la estructura de comando y control…”. En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció una condena contra El Salvador por esa masacre. Abrams detenta además el antecedente de haber planificado el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002 cuya duración tuvo 72 horas.

En forma paralela al nombramiento de Abrams, México y Uruguay promovían una conferencia destinada a zanjar la crítica situación mediante el dialogo. El presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó su postura de no intervención, avalando la autodeterminación de los pueblos, tal cual se consiga en la constitución de su país. Frente a esa postura, varios medios de comunicación republicanos de Estados Unidos consideraron que Obrador empieza a parecerse a Maduro.[2]

El profuso curriculum de Abrams le permitió a Mike Pompeo presentarlo como un funcionario que posee “pasión por los derechos y las libertades de todos los pueblos, situación que encaja a la perfección en la estructura del Departamento de Estado y lo convierte en un valioso aporte (…) Elliott será un verdadero activo en nuestra misión de ayudar al pueblo venezolano a recuperar la democracia y la prosperidad en su país”.  Sabe de qué habla. Ya lo practicaron en América Latina muchas veces. En el último siglo y medio han invadido o gestado/ financiados golpes de estado en la inmensa mayoría de países de la región. Consideran que América es suya. Y no les cae bien que algunos pueblos no les obedezcan.

Notas

[1] http://www.lpis.ir/uploads/the_iran_contra_connection.pdf . El caso Irán- Contras es un antecedente del comercio ilegal de armas argentinas a Ecuador, a Croacia y a Bosnia, durante la guerra de los Balcanes. Ver: Lutzky, Horacio: La explosión. Terroristas, nazis, carapintadas, políticos y traficantes: la conspiración tras los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel. Editorial Sudamericana, Buenos aires, 2017.

[2]. https://www.zerohedge.com/news/2019-01-28/mexico-starting-look-venezuela

- Jorge Elbaum es sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la). Publicado en cohetealaluna.com