En Colombia, el régimen hace esfuerzos denodados por elevar a primer plano de preocupación la situación en Venezuela y su desenlace, en el cuál el gobierno de Iván Duque de manera irresponsable se ha alinderado con los gobiernos de la extrema derecha y con el gobierno de Trump en sus esfuerzos por desestabilizar aún más al gobierno de Nicolás Maduro que se debate en una crisis profunda no solo por el bloqueo económico y la beligerancia política de sus contradictores sino por el fracaso de un modelo rentista cuya base casi única de sustento es la explotación de sus recursos naturales y en primer plano de la explotación petrolera, pero también, preso de una enorme corrupción y por el cierre de espacios democráticos para una oposición que tampoco atina pues de manera irreal plantea una salida sin el chavismo que por lo visto tiene a por lo menos la mitad de población del país. La salida en Venezuela debe respetar la soberanía nacional para que los venezolanos encuentren alternativas que les permita resolver la enorme polarización política en la que se encuentra el país.

El Gobierno de Duque sin medir consecuencias se ha alinderado de manera beligerante y activa en contra del Gobierno de Maduro reconociendo al auto proclamado presidente, Juan Guaidó sin ninguna base legal o constitucional. La crisis de abastecimiento de alimentos y medicinas no es un invento, es real. Como también es real la emigración de la población venezolana. A Colombia han llegado cerca de un millón de venezolanos cifra que podría aumentar si hay una intervención militar en el vecino país que hay que condenar y a la cual debemos oponernos los demócratas de Colombia y de Latinoamérica. Hay que apoyar de manera decidida la propuesta de México y Uruguay de construir un diálogo con la mediación de estos y otros países para encontrar salidas negociadas en Venezuela.

Al tema de Venezuela y su crisis y al intervencionismo guerrerista del Gobierno de Iván Duque se ha sumado el tema del terrorismo a raíz del atentado perpetrado el pasado 17 de enero a la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá con el saldo ya conocido de 22 muertos y cerca de 80 heridos. El atentado perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, hizo trisas las posibilidades de avanzar hacia una paz completa y arrasó a su paso con la mesa de negociaciones con este grupo insurgente. Como hemos señalado en otros textos estos dos temas quieren ser puestos por Duque en el centro de la agenda política pues constituirían una estrategia adecuada para detener o debilitar, por lo menos, el ascenso de las movilizaciones populares y de los estudiantes universitarios y de ésta manera lograr influir en la coyuntura electoral de Octubre de este año en que se elegirán 32 gobernadores departamentales, el Alcalde de Bogotá y otros 1.212 alcaldes municipales en todo el país. Se quiere además detener el avance de las fuerzas independientes y de oposición que han mostrado un ascenso sostenido tanto en las elecciones parlamentarias de marzo de 2018 como en las elecciones presidenciales en primera y en segunda vuelta presidencial.

Violencia, crisis de la descentralización y corrupción el contexto de las elecciones regionales

Como indicamos en un reciente artículo son múltiples los factores de contexto en el cual se realiza la campaña electoral que formalmente arrancó a finales de octubre del año 2018. ⁱ Allí destacamos tres elementos que ahora queremos ampliar y complementar con otros problemas de crucial importancia. En primer término la ventaja de los partidos tradicionales que cuentan con grandes volúmenes de recursos de parte de empresas contratistas quienes donan ingentes sumas de dinero para esas campañas y a cambio esperan ser bien retribuidos con jugosos contratos por parte de los candidatos ganadores en las gobernaciones y las alcaldías municipales una vez posesionados.

Como se señaló en las elecciones de 2015 y de acuerdo con una reciente investigación de la Misión de Observación Electoral, MOE, 485 donantes a campañas políticas recibieron contratos públicos de departamentos y municipios por valor de 169 mil millones de pesos. El 65% de los 2.410 contratos otorgados a los financiadores de las campañas fueron adjudicados a dedo lo que fácilmente se podría interpretar como retribución a la donación hecha en campaña. Solo el 34% restante fueron licitación pública, subastas y concurso de méritos. Así pues los partidos tradicionales mayoritariamente cuentan con mucho dinero para financiar sus campañas en detrimento de opciones independientes y de oposición en dichos territorios.

Un segundo factor que deben enfrentar las opciones independientes y en general todas las autoridades departamentales y municipales tiene que ver con la escasez de recursos puesto que desde el año 2001 se ha operado una recentralización de los recursos públicos mediante reformas constitucionales que disminuyeron la participación de departamentos y municipios en los ingresos corrientes de la nación. Ahora solo van a las arcas municipales y departamentales 20% del total. Pero también habría que agregar que en la mayor parte de los municipios no se hacen las reformas ni se aprueban los instrumentos para aumentar los ingresos propios dado el retraso y el peso de los propietarios de tierras que pagan muy pocos impuestos.

Y para las fuerzas de la izquierda y el centro político existe un tercer reto y es el de lograr candidaturas de Unidad alrededor de programas mínimos que pongan en el centro la inversión social, la protección del agua y el medio ambiente, los presupuestos participativos, la participación ciudadana y la protección de sus recursos naturales. Y ello pasa por mecanismos de consulta popular para que los ciudadanos decidan entre los precandidatos inscritos y de esta manera se pueda enfrentar adecuadamente y con candidatos únicos a los candidatos tradicionales de la derecha. Hay avances en esta materia como por ejemplo el Acuerdo que lograron independientes, Alianza Verde, Polo Democrático, Colombia Humana y hasta el partido FARC, que suscribieron el pasado domingo 3 de febrero un acuerdo para realizar una consulta entre cinco precandidatos para tener un solo candidato a la Gobernación en el Departamento del Putumayo. Ese es el camino. También fue la conclusión de un Taller celebrado en Dosquebradas Risaralda entre todas las fuerzas de centro e izquierda para tener un solo candidato a la Gobernación de este departamento y a las 14 alcaldías municipales.

Ahora bien a los problemas precedentes hay que agregar dos sumamente graves que afectarán y ya vienen afectando a la campaña electoral en curso. El primero es el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos y el segundo la violencia que se manifiesta en contra de candidatos y precandidatos en el proceso electoral en curso.

Según la Defensoría del Pueblo entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 fueron asesinados 431 líderes sociales en Colombia. Para Indepaz, una ONG independiente que hace seguimiento a esta problemática 566 líderes sociales y Defensores de Derechos Humanos han sido asesinados desde el 1 enero de 2016 y hasta el 10 de enero de 2019. Pese a las discrepancias en las cifras el hecho es de una magnitud muy grande. Todas las investigaciones muestran que un 56% de los asesinatos de líderes y lideresas sociales se han producido en territorios que antes eran controlados territorialmente por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en 172 municipios, que a su vez son los territorios priorizados para la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDT, y a quienes el uribismo negó la posibilidad de contar con 16 representantes a la Cámara mediante la conformación de unas circunscripciones especiales de Paz.

Una reciente investigación que buscó ahondar en los patrones de los asesinatos de los líderes sociales que fue coordinada por la Comisión Colombiana de Juristas y contó con la participación de la Universidad Nacional y otras organizaciones sociales examinó los 343 asesinatos de líderes registrados entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2018. Concluye el estudio que el asesinato de los líderes sociales en Colombia es el resultado de “una violencia metódica y no aleatoria. Desde la firma del acuerdo de Paz en noviembre de 2106 el asesinato de los líderes sociales y defensores de derechos humanos va en aumento. En este universo el estudio encontró que 118 de los casos no fueron identificados los autores, 44 fueron cometidos por paramilitares, 35 por grupos armados sin identificar, 19 por disidencias de las FARC, 15 por un civil que ha sido capturado, pero no ha sido identificado si pertenece a alguna organización, 11 por el ejército, 8 por el ELN, 4 por seguridad privada, 3 por la Policía Nacional y 2 por el EPL”. ⁱⁱ

Los motivos principales de los asesinatos de líderes tienen que ver con el control territorial, social y político de territorios en disputa que buscan controlar las rentas ilegales provenientes del narcotráfico y el control de los cultivos de uso ilícito, control de la minería ilegal, oposición a los procesos de restitución de tierras, desarrollo de megaproyectos de explotación de los recursos naturales. En Colombia hay más territorio que Estado. En cerca de 300 municipios del país no existe autoridad civil o es muy débil. Esta problemática se profundizó en estos territorios cuando las FARC que ejercían dominio territorial en ellos salió y el Estado no acudió allí para dominar territorialmente esas regiones apartadas del país. Ante este vacío llegaron actores armados ilegales para hacerse al control del narcotráfico y la minería ilegal chocando con los líderes comunales que intentan llenar el vacío y se oponen a la presencia de estos actores ilegales. Es obvio que en estos municipios del país la campaña electoral esta enrarecida y los candidatos y líderes sobre todo de las fuerzas de oposición e independientes son amenazados y los líderes sociales asesinados. Duque ocupado en los temas de Venezuela y en los grandes líos de corrupción de sus principales socios de Gobierno no atina a dar una respuesta contundente. Así que tendremos unas elecciones con no pocos riesgos de violencia en esos territorios.

Y un segundo factor es la violencia que se ejerce contra actores políticos. La primera de ella es el asesinato de 87 excombatientes de las FARC. Esta problemática es muy grave toda vez que limita el accionar político de esta fuerza que a pesar de todos los inconvenientes e incumplimientos en el proceso de Paz siguen en su empeño de reincorporación a la vida civil y a la organización de una fuerza política ahora en la legalidad.

Pero también se presenta ahora el fenómeno de las agresiones, amenazas y asesinatos de líderes políticos, servidores públicos y precandidatos a las elecciones de este próximo mes de octubre. La Misión de Observación Electoral, MOE, que hace seguimiento a riesgos por violencia política en los procesos electorales ha señalado en informe reciente que desde el mes de octubre y hasta finales del mes de enero, se han presentado 30 agresiones. Dos precandidatos a las alcaldías municipales fueron asesinados en menos de una semana. En Cerrito, Valle del Cauca, fue asesinado el 24 de enero Silvio Montaño Arango quien aspiraba a la alcaldía de dicho municipio y en San José de Uré-Córdoba, fue asesinado Jorge Herney Castrillón el pasado 30 de enero.

Así mismo fueron amenazados los precandidatos a la Alcaldía de Bogotá Claudia López y Antonio Navarro así como la excandidata a la vicepresidencia de Colombia Humana, Ángela María Robledo y el excandidato presidencial Gustavo Petro, entre otros. Los autores de estas amenazas se escudan bajo la denominación de un grupo paramilitar autodenominado Las Águilas Negras del cual no se conoce más que la sigla pues no hay registro de comandos, mandos, estructura. Parece más una razón social que una organización paramilitar.

Estos son pues los riesgos mayores que afronta el proceso electoral en curso. Se requiere avanzar en un pacto nacional para sacar las armas de la política. Pero en vez de ello el uribismo promueve que los civiles se armen como si ya no tuviéramos la experiencia de muerte tras la legalización de los grupos de autodefensa en las llamadas Cooperativas de Seguridad, CONVIVIR, que fueron la fachada de los grupos paramilitares. Duque insiste en este camino y ha hablado de poner en marcha esta política totalmente errónea de las redes de cooperantes civiles con las Fuerzas Armadas en cuyo seno hay grupos ligados a estas estructuras criminales sin que hayan sido desmantelados. Estos son entonces otros de los retos a los que se enfrentan las fuerzas de centro e izquierda en esta coyuntura.

Bogotá 7 de febrero 2019.

- Pedro Santana Rodríguez, director Revista Sur, Colombia.