Primer trimestre de 2019

Introducción

Muchas ideas de este texto fueron pensadas originalmente en portugués y para Brasil, en enero de 2017; ahora las repensamos en varios aspectos cruciales para referirlas a Uruguay. El tema es tanto más pertinente y actual por cuanto que a lo largo de 2019 se debatirá en Uruguay el papel de las FFAA a raíz del proyecto de nueva Ley Orgánica de las FFAA propuesta por el Gobierno, y de una propuesta plebiscitaria del Senador Larrañaga, que defiende su uso en la represión a la criminalidad interna en general.

El artículo 1 de la Ley de Defensa Nacional (nª 18.650 de 2010) dice: “La Defensa Nacional comprende el conjunto de actividades civiles y militares dirigidas a preservar la soberanía y la independencia de nuestro país, a conservar la integridad del territorio y de sus recursos estratégicos, así como la paz de la República, en el marco de la Constitución y las leyes; contribuyendo a generar las condiciones para el bienestar social, presente y futuro de la población”; a esos conceptos le agregamos en este texto la vocación latinoamericanista (con visión solidaria y de independencia en el contexto mundial) consagrada en la propia Constitución (art. 6).

Objetivo de la Defensa Nacional (DN)

La DN tiene por objetivo garantizar las bases de una organización socioambiental justa y sostenible de Uruguay, insertado en posición de miembro activo en una América del Sur (y A. Latina) en búsqueda incesante de integración solidaria y soberana.

Se entiende por socioambiental al conjunto integrado de los factores sociales y de aquellos referentes al medio ambiente.

Se entiende por sostenibilidad la capacidad de satisfacer las necesidades legítimas de las generaciones presentes sin comprometer la posibilidad de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras.

Se entiende resumidamente por DN al conjunto de actividades que hacen posible alcanzar tal orden socioambiental sostenible de forma soberana y con la mayor unidad posible de la Nación.

Amenazas actuales a la defensa nacional en Uruguay

Las principales amenazas a la defensa nacional en Uruguay son:

a) la ambición de potencias, multinacionales y grandes empresarios extranjeros sobre el territorio, los recursos naturales y los cerebros uruguayos, y la obsecuencia (cuando no sumisión en la condición de agentes) de responsables políticos o administrativos uruguayos respecto a esas potencias, multinacionales, o empresarios.

b) los grandes factores de desunión nacional que son: b1) la separación entre civiles y militares que deriva del no reconocimiento y aclaración por parte de los mandos de las FFAA de los crímenes cometidos por dichas Fuerzas durante la última dictadura cívico-militar (asesinatos, desapariciones, violaciones, torturas, robo de bebés, saqueos y apropiación de viviendas, etc.), y aun antes de su implantación formal, en el período comprendido entre 1972 y 1985, b2) la injusticia que permite que pocos sean muy ricos al tiempo en que muchos tienen poco o nada para sobrevivir, y b3) la lucha de sectores por sus propios intereses, sin preocuparse por lo colectivo y por el bien de la Nación. La actual separación entre civiles y militares necesita ser superada por una sólida formación y acción en Derechos Humanos de las FFAA (si el pueblo decide mantenerlas) y de las Milicias Populares; ambas, así como todo el pueblo, deben tener una formación de carácter permanente profundamente artiguista (basada en especial en las Instrucciones del año 13 y en el Reglamento de Tierras de 1815).

c) los factores de fragilización de la Nación, que son: la corrupción que abarca desde los altos niveles de gobierno hasta muchos actos de la cotidianidad, el conflicto entre poderes (que se agudiza cuando el Ejecutivo no tiene mayoría parlamentaria asegurada) en una democracia supuestamente representativa en la que los supuestos representantes no representan efectivamente muchas veces a los ciudadanos, la ausencia de una integración efectiva entre civiles y militares en un único Proyecto de País y de DN, la violencia y la adicción a drogas (principalmente cuando éstas son controladas por el crimen organizado), y la concentración de la tierra en pocas multinacionales y manos extranjeras (en 2019 se calcula que hasta un total del 40% de los 16 millones de hectáreas de suelos productivos con que cuenta el país están extranjerizadas), o de nacionales, y la devastación de los recursos naturales por uso socioambiental inadecuado en manos de nacionales y/o extranjeros; también contribuye a esa fragilización un contexto sudamericano y latinoamericano insuficientemente o no integrado de forma soberana, con participación protagónica de Uruguay; nuestro país, a pesar de ser pequeño, y precisamente por serlo y carecer de ambiciones de potencia, puede y debe jugar un papel mediador crucial en esa integración, papel que le está negado a otros países de la región.

Bases para responder a esas amenazas

a) Para neutralizar la interferencia de potencias, multinacionales y grandes agentes económicos extranjeros es fundamental: 1) fortalecer en todo el sistema educativo formal (desde la educación infantil hasta la Universidad) y en la educación no formal (especialmente aquella que se da a través de los medios de comunicación, las redes sociales y de las organizaciones sociales, deportivas, recreativas y/o no gubernamentales) el sentimiento del orgullo nacional soberano, en el contexto del sentimiento de orgullo latinoamericano por una A. Latina integrada solidariamente y de forma soberana; los medios de comunicación deberán dividirse en tres tercios iguales: públicos, comunitarios y privados (cuidando para que estos últimos no erijan monopolios u oligopolios regionales o nacionales), y obedecerán a la legislación de carácter comunicativo-educativo-recreativo. Esa educación tendrá los contenidos de una educación ambiental que reúna al mismo tiempo la formación para la construcción de una sociedad justa capaz de ofrecer a cada persona lo que necesita para desarrollarse plenamente como ser humano, y el celo por la preservación-regeneración de la naturaleza no humana; tal educación se basa en las tres normas fundamentales de la ética que exigen, respectivamente, que luchemos para realizar nuestra libertad individual de decisión, que realicemos esa libertad en consensos con los otros humanos, y que preservemos-regeneremos incesantemente la salud de la naturaleza humana y no humana (para evitar, en los límites de las posibilidades humanas, la degradación ecológica irreversible), 2) fortalecer el compromiso de toda la ciudadanía (y en especial de sus FFAA si el pueblo decide mantenerlas) con las tareas de contra-espionaje y de información al servicio de la DN, 3) fortalecer la capacidad de defensa militar creando las Milicias Populares previstas en el art. 85, inciso 15º, de la Constitución de la República (milicias que concebimos como de integración voluntaria y encuadradas y entrenadas por las FFAA, si el pueblo uruguayo decide mantenerlas como órgano especializado de la defensa, complementado con las mencionadas Milicias); nótese que la experiencia mundial muestra que en caso de que un enemigo logre controlar las principales ciudades del país, la única forma de resistencia victoriosa es la guerra de todo el pueblo (facilitada por la formación y entrenamiento recibidos en las Milicias Populares de los tiempos de paz), 4) castigar severamente (en base a las disposiciones ya existentes sobre los crímenes de traición a la Patria y a otros instrumentos legales que se considere necesario crear en el futuro) a cualquier uruguayo que actúe como agente al servicio de una potencia o poder extranjero (sea éste económico, político y/o militar); la pena será aún más grave cuando en esa acción se compruebe la existencia de corrupción.

b) 1. Reiteramos que la actual separación entre civiles y militares sólo comenzará a resolverse mediante la total aplicación de verdad y justicia para todos y cada uno de los crímenes cometidos por las FFAA durante la última dictadura cívico-militar, y aún antes de su instauración formal, en el período 1972-1985.

b) 2. La injusticia social gritante se resuelve, con, entre otras medidas: 2.1 haciendo una reforma agraria que ponga tierras, financiamiento, formación y asesoría técnica, y garantía de compra de la producción, en manos de todos aquellos que quieran trabajar la tierra en propiedad familiar y/o cooperativa para producir alimentos orgánicos; esos interesados pueden ser actuales o ex-agricultores, o, incluso, personas actualmente amontonadas en urbes violentas, pero dispuestas a mudarse voluntariamente al campo, para allí construir con sus familias una nueva vida decente y digna; al mismo tiempo habrá que descongestionar la periferia de Montevideo y de las capitales departamentales, re-localizando voluntariamente a las familias en pequeñas y medias ciudades situadas o construidas en locales adecuados desde el punto de vista socioambiental, dotadas de áreas verdes, y dedicadas a la producción e industrialización de alimentos orgánicos (entre otras producciones); 2.2. Promoviendo la creación de industrias y servicios urbanos cooperativos, capaces de absorber a todas las personas desempleadas (que opten por no instalarse en el campo) o deseosas de sumarse a esas iniciativas (recibiendo para tanto del Estado la formación y el financiamiento necesarios); 2.3. Ofreciendo a los jubilados y pensionistas la oportunidad (voluntaria) de contribuir a la producción nacional (en todos sus sectores) con su experiencia, al tiempo en que reciben ingresos compatibles con la contribución prestada al País. En el área económica, y para garantizar los recursos financieros necesarios para las citadas iniciativas, habrá de auditarse y disminuir significativamente el pago de la actual Deuda Pública (en especial relativa a no-residentes e instituciones financieras), que consume una considerable parte de los recursos de la Nación.

b) 3. La unión de los diversos sectores sociales será promovida incesantemente a través de la educación y de las continuas acciones conjuntas (productivas y otras) que pongan siempre al interés colectivo y nacional por encima de los intereses egoístas. Al mismo tiempo en que se aplica la política de verdad y justicia, y de forma permanente tras ese período, la unión entre civiles y militares es impulsada también por una sólida formación y acción de las FFAA en el respeto a los Derechos Humanos y en actividades productivas al servicio del pueblo y del país.

c) 1. La corrupción sistémica será erradicada mediante: 1.1 un permanente control popular ejercido por los conciudadanos sobre aquellos que tienen a su cargo alguna responsabilidad, así como por un control popular (organizado en organismos específicos) de todas las licitaciones y compras públicas (en especial de las de gran valor), así como del financiamiento recibido por cualquier organización partidaria o social, y, 1.2 el severo castigo de todos aquellos cuya participación activa o pasiva en actos de corrupción haya sido comprobada.

2. El conflicto entre los Poderes Constitucionales será erradicado (o por lo menos muy minimizado) a través de la implementación de una Nueva Democracia Participativa, en la que los ciudadanos podrán decidir en discusión y votación presencial o a través de internet sobre todas las grandes cuestiones que afecten sus vidas (como, por ejemplo, las leyes del trabajo y la jubilación, la economía y los impuestos, la educación, la salud, la vivienda, la seguridad interna y externa), y tendrán el poder de revocar el mandato de toda autoridad que no satisfaga en su desempeño (la ley definirá las formas y plazos de acción de ese poder revocatorio). Los Plebiscitos y Referendos de iniciativa ciudadana serán convocados a partir de la recogida de firmas del 5% del cuerpo electoral (respectivamente, nacional o departamental, según el tema de la consulta); esa norma será instituida por la correspondiente Reforma Constitucional sometida a plebiscito (o referendo, si la iniciativa fuese asumida por los Poderes Ejecutivo y/o Legislativo).

3. La integración permanente, armónica y solidaria entre civiles y militares se dará también: 3.1 mediante una educación permanente de unos y otros basada en la presente doctrina de DN, 3.2 por la complementariedad entre las Milicias Populares y las FFAA (si el pueblo decide mantenerlas), 3.3. Por la integración efectiva, permanente y substantiva de las FFAA y su personal (si el pueblo decide mantenerlos), y de las Milicias a las tareas de primera importancia en lo referente a la economía (en especial en la alimentación, la matriz energética y el uso-preservación-regeneración de recursos naturales), la vivienda, la salud, y la seguridad de la población y del País, y, 3.4. por la integración de los militares a la Nueva Democracia Participativa, en pie de igualdad con los ciudadanos civiles.

4. La violencia generalizada y el gran tráfico y consumo de drogas serán erradicados (y con ellos el crimen organizado) mediante una enérgica acción de autodefensa popular basada en la educación ambiental pregonada por esta doctrina de DN y apoyada por los organismos de policía (y eventualmente de las FFAA, si siguen existiendo, y las Milicias Populares). La violencia generalizada desaparece cuando toda la población tiene acceso a una vida digna (con los ingresos y apoyos institucionales necesarios para tal). El tráfico y consumo de drogas comienza a desaparecer cuando la educación hace que cada persona se niegue a consumir drogas, por el hecho de entender que las mismas no traen la felicidad, sino, al contrario, la perdición personal, familiar y social; en base a esa educación generalizada actuarán las Asociaciones de Seguridad Ciudadanas (compuestas por voluntarios dispuestos a actuar en cada barrio o zona rural), y debidamente formadas y equipadas por el Estado, y reforzadas por la acción de los organismos de Policía (y eventualmente de las Milicias y las FFAA). Toda esa acción culminará en el severo castigo de los traficantes y de los integrantes del crimen organizado en general, teniendo cuidado para que el nuevo sistema de prisiones permita (mediante actividades de trabajo y estudio en un ambiente sano, en especial en Empresas Estatales Agroindustriales instaladas en el campo) la efectiva recuperación y reinserción social de los jóvenes y delincuentes principiantes; todo el actual sistema carcelario será abolido o revisto en base a estas exigencias.

5. El uso sostenible, con preservación-regeneración de los recursos naturales, será garantizado por una educación ambiental generalizada que incluya a cada ciudadano como guardián atento y permanente de los recursos naturales del País, actuando individual y colectivamente en el seno de las instituciones y organismos existentes o que sean creados para tal fin. La matriz energética deberá seguir evolucionando (teniendo en vista el agotamiento del petróleo), para basarse enteramente en energías limpias y renovables, que ya son ampliamente predominantes en la matriz energética de Uruguay, como lo son la solar, la eólica, y la hidráulica (pero cuidando para que las mismas no tengan excesivos efectos socioambientales negativos por su uso inapropiado en mega-proyectos), y también las fuentes de biomasa y geotérmica.

6. La integración solidaria y soberana de América del Sur (y de A. Latina) se dará, con un papel muy activo de Uruguay, mediante la cooperación económica, cultural, educativa, sanitaria, ecológica, jurídica, de defensa e institucional, que apunte permanentemente al bienestar de nuestros pueblos, en ausencia de toda interferencia o dependencia de o en relación a toda potencia extra-regional. Para tanto habrá que fortalecer la acción de importantes iniciativas de integración solidaria y soberana ya existentes, como lo son el MERCOSUR, la UNASUR y la CELAC, y se crearán las instancias sectoriales que sean necesarias para profundizar y mejorar, en cada una de las áreas citadas, la referida integración, como podrían ser, en el área económico-financiera el Banco del Sur (donde deberían estar depositadas, para fines de financiamiento recíproco, parte de las reservas internacionales de los países de la región) y el intercambio en monedas nacionales y el SUCRE (para liberar nuestro comercio recíproco de la dependencia de monedas extra-regionales); en el área educativa se crearán la Universidad Latinoamericana plurinacional y el Instituto Tecnológico Latinoamericano plurinacional (para desarrollar tecnología propia y sostenible), y en la esfera comunicacional la TV y Radio Sur o Latinoamericana plurinacional, con señales abiertas en cada país de la región que quiera adherir a ese proyecto; tal integración debe incluir una Corte Penal Sudamericana (o Latinoamericana) para resolver conflictos regionales o que involucren a uno o más países de la región, sin necesidad de recurrir a Cortes con sede en otras regiones o continentes, y la elaboración de una Doctrina de Defensa Subcontinental, basada (si los vecinos así lo aceptan) en la presente doctrina. Esa acción en el área latinoamericana habrá de completarse con una política externa soberana global que refuerce la iniciativa pionera del Movimiento de Países no Alineados y de los BRICS.

La realización de varios puntos de esta doctrina de DN necesitará una nueva Constitución que habrá de surgir de una amplia discusión popular y una Asamblea Constituyente (con delegados expresamente electos para ese fin), y de la ratificación en referendo popular del texto aprobado en esa Asamblea.

Sirio López Velasco

Filósofo (Doctor y Posdoctor en Filosofía); profesor universitario durante 33 años, autor de una veintena de libros; E-mail: lopesirio@hotmail.com