En Colombia queremos salir de la guerra; a Venezuela la quieren meter en ella. Sectores poderosos (internos y externos) que han vivido del conflicto armado se han confabulado para regresarnos al pasado. Ellos se opusieron y sabotean el proceso de paz porque éste puso la Verdad como elemento central a fin de colocar en igualdad de condiciones a todos los actores que cometieron crímenes y delitos en el marco de la guerra irregular. Y la verdad para ellos no significa tanto la cárcel como el riesgo de perder poder económico y político.

No es difícil identificar quienes son ellos y porqué actúan como lo hacen. Quienes están comprometidos con los crímenes cometidos por el paramilitarismo ya sea como actores directos o como terceros colaboradores, no les interesa la Verdad. Ellos tienen mucho qué perder. Y quienes están interesados en escalar el conflicto regional quieren someter nuevamente a Cuba, presionan de frente y por debajo de la mesa para convertir a Colombia en la punta de lanza contra Venezuela, y preparan abiertamente la guerra en la región.

Usan la amenaza de guerra para desgastar a las fuerzas de la paz que se resisten a sus planes bélicos. Tratan de acorralar a la oposición que se ha jugado por la paz: le niegan la personería jurídica a la Colombia Humana, le quitan curules claves en el Congreso como la de Mockus y Ángela Robledo a Alianza Verde, persiguen con falsas acusaciones a los dirigentes, y finalmente recurren a la calumnia y al complot al acusarlos de estar coaligados con el gobierno de Maduro para desestabilizar las instituciones colombianas, infiltrar los movimientos sociales (Minga), debilitar su gobernabilidad y hasta atentar contra la vida del presidente Duque.

En esa dirección el Canciller Carlos Holmes Trujillo en el Grupo de Lima afirmó ayer (03.05.2019) que hay “intervencionismo” sobre la gobernabilidad en el país y señaló que hubo “asesorías del régimen ilegítimo de Maduro infiltradas en la Minga”, que mantuvo cerrada la vía Panamericana durante varias semanas, hace un mes. Dijo, además, que están documentadas reuniones de delegados de Maduro con sectores políticos, que no especificó, “para diseñar estrategias que atenten contra la estabilidad social en Colombia”.

Ya han mostrado que no les interesa la continuidad y consolidación del proceso de paz con las Farc. Van a seguir torpedeando a la JEP hasta que logren la impunidad para los agentes y funcionarios del Estado y terceros (políticos y empresarios nacionales y extranjeros que colaboraron con los crímenes del paramilitarismo), y están provocando y forzando a los militantes de la Farc para que regresen a la guerra. Les interesa generar el caos y el desorden en todos los frentes, mostrar a la oposición colombiana como subversiva (al estilo de lo que es la oposición venezolana) y seguir sembrando el odio y el miedo entre la población.

El proceso de paz y la geopolítica

La burguesía globalista representada en Colombia por Santos sabía que los terratenientes despojadores de tierras no iban a transar. Creyó que al desarmar a la “guerrilla más antigua del mundo”, se podría desencadenar un proceso que obligara a los sectores enfrentados a mirar hacia adelante y “mejorar” los acuerdos para superar diferencias. Pero, no logró debilitar la fuerza política de quienes adversaban los acuerdos, y, por el contrario, con su “demagogia pacifista” (alentada y compartida por las Farc), los fortaleció al grado que recuperaron el gobierno.

Y aquí hemos llegado. Hoy han aparecido nuevos aliados de los terratenientes despojadores. Un sector minoritario de la sociedad estadounidense (neocons latinos de Florida), amparado y a la sombra de Trump, intenta utilizar a la facción política que representa los intereses de esos terratenientes, como punta de lanza para derrocar por la fuerza al gobierno de Venezuela, y, por ahí derecho, “recuperar” a Cuba y a Nicaragua, sin importarles (o tal vez, sea su plan) la desestabilización generalizada del continente americano y de las Antillas.

Todo lo que se juega detrás del saboteo a la JEP, la extradición de Santrich, el papel urdidor e intrigante del Fiscal, las presiones de Trump sobre Duque utilizando el tema de las drogas, todo ello y mucho más, sirve para debilitar la institucionalidad colombiana a fin de colocar al gobierno actual al servicio incondicional de la estrategia de guerra de los Pence, Pompeo, Bolton, Abrams, Rubio, etc. Lo mismo intentan hacer en Brasil. Y lo grave, es que lo están logrando porque los intereses de esos grupúsculos de fanáticos conservadores coinciden en el corto y mediano plazo. Su discurso contra todo progresismo los unifica y potencia.

El grave problema que tienen consiste en que la oligarquía transnacional, o sea, la burguesía globalista, no está interesada en ese tipo de estrategia y de conflictos armados. Esa oligarquía es imperial-colonialista pero no al viejo estilo “nacional”. En Colombia, aspira a consolidar el “proceso de paz” para abrir nuevos espacios de inversión transnacional, y con relación a Venezuela, se aguantan al gobierno de Maduro (como a tantos dictadores) dado que en su debilidad les ha entregado casi toda la riqueza de ese país.

Esa burguesía financiera global juega tras bambalinas. Usa a Trump como un bravucón y tolera los ejercicios de los “neocons latinos” de Florida, pero sabe que desencadenar un conflicto armado internacional por las riquezas de Venezuela, no es lo que más le conviene a la “estabilidad” de la economía global en este momento en que los indicadores muestran una enorme fragilidad en el mundo, aunque en los EE.UU. la economía tenga coyuntura de crecimiento excepcional.

No obstante, el peligro que las fuerzas guerreristas comprometidas en esa aventura logren desatar un “ejercicio parcial y localizado”, “tipo Contras”, no se puede descartar. En realidad, no hay quien financie una guerra de grandes dimensiones porque los riesgos son muy grandes y nadie –por ahora– está dispuesto a correrlos. Eso se demostró el pasado 23 de febrero en el “Concierto de ayuda humanitaria” en Cúcuta donde solo recaudaron 3,2 millones de dólares.

Resumiendo, el peligro de una confrontación de gran impacto en el corto plazo no es real. Pero, en ambos países se utiliza ese riesgo para desinformar, engañar más a los pueblos y destruir la poca soberanía que tienen ambos países. Por ello, las fuerzas democráticas deben unirse y actuar. Se debe desenmascarar a quienes utilizan la amenaza de la guerra para dividir y dominar, y derrotar a las fuerzas conservadoras y reaccionarias que se han convertido en un obstáculo para el avance autónomo y democrático de los pueblos.

Un pacto amplio contra la guerra

Tanto en Colombia como en Venezuela se requiere un Gran Pacto Político entre las fuerzas políticas de cada país para garantizar un ambiente de paz que permita que la población de cada Nación logre resolver los problemas acumulados durante las últimas décadas y se derrote la intervención de gobiernos extranjeros en los asuntos internos de nuestros países. Son tareas concordantes e íntimamente relacionadas.

Mientras en Colombia se permita que los EE.UU. utilicen al presidente Duque para impulsar el llamado “cerco diplomático” contra el gobierno de Venezuela, el gobierno del presidente Maduro se verá obligado a apoyarse en otras potencias como Rusia y China para equilibrar el tablero geopolítico que se ha formado en torno a la situación del vecino país. Así, se crea un ambiente de tensión que es aprovechado por fuerzas oscuras para desestabilizar la región.

En Colombia existen sectores políticos que les interesa tensionar esa situación, no porque en les interese la violación de los derechos humanos, la democracia y la tranquilidad del pueblo venezolano, sino porque han sido sirvientes de los EE.UU., y necesitan generar un clima de guerra para destruir el proceso de paz, acabar con la JEP y asegurar la impunidad para importantes políticos, altos funcionarios del Estado, militares y empresarios nacionales y extranjeros que cometieron numerosos crímenes en el marco del conflicto armado.

En Venezuela el gobierno de Maduro es el principal beneficiado con esa situación dado que la injerencia declarada del gobierno de los EE.UU. y de los países que hacen parte del llamado Grupo de Lima le sirve para ocultar a su pueblo los errores cometidos en el manejo económico que llevó a la destrucción del aparato productivo, que ha sido la principal causa para que el gobierno haya perdido el respaldo de las mayorías, y creado las condiciones para que fuerzas de la oposición busquen –torpemente– el derrocamiento forzado del gobierno.

Para lograr ese Pacto Político se necesita con urgencia que las fuerzas democráticas de cada país consoliden fuerzas que no se alinderen con los polos opuestos enfrentados, logren constituirse en una corriente de opinión que sirvan para presionar con fuerza y contundencia a quienes quieren aprovechar esa confrontación y polarización para imponer agendas e intereses ajenos, y mantener distraída y desinformada a la población frente a los graves problemas relacionados con la soberanía, la economía productiva, el empleo, la protección del medio ambiente y demás temas vitales para cada país.

En Colombia esa coalición de fuerzas ya se expresó con el rechazo a las objeciones presentadas por Duque a la Ley Estatutaria de la JEP. Incluye a congresistas y sectores de los partidos alternativos (Verde, Polo, Colombia Humana, MAIS, UP) pero también a Cambio Radical, la U y Liberales. Ahora que el gobierno a través de su Canciller Trujillo ha dado el paso de acusar a “sectores políticos” de estar concertados con Maduro para atentar contra la institucionalidad colombiana y contra la vida de Duque, ese “Pacto contra la guerra” debe ser conformado con toda la urgencia y contundencia que el momento lo requiere.

Duque ha dado un paso “tipo Guaidó”, es hora de cobrárselo.

Popayán, 4 de mayo de 2019

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