Desde 2015 familias pobladoras de Zacate Grande tratan de complementar sus ingresos con un terreno que han adecuado para que los turistas puedan dejar sus vehículos. Sin embargo, la represión ordenada por terratenientes de la zona contra estas iniciativas va en aumento.

La situación de los pobladores del caserío costero de Puerto Sierra, en el sur de Honduras, se hace cada vez más difícil. La esperanza de poder complementar sus escasos ingresos a través de un pequeño proyecto de atención a turistas se vio nuevamente frustrada en abril pasado, mientras una nueva oleada de amenazas y demandas judiciales pone en riesgo la vida y el futuro de decenas de pobladores organizados.

Zacate Grande: antecedentes del conflicto

En el caserío de Puerto Sierra, colindante con Playa Blanca, una de las 11 comunidades de la península de Zacate Grande en el sur de Honduras [1], la vida no es fácil. La situación económica de las familias es muy precaria y las personas sobreviven fundamentalmente de la agricultura y la pesca. La inmensa mayoría de las familias de Zacate Grande no poseen el dominio pleno de los terrenos donde viven desde hace décadas, sino la posesión efectiva de dichos inmuebles [2].

Limpiar un predio abandonado y acondicionarlo como estacionamiento vehicular para las personas que en temporada de verano visitan las playas, fue entonces una forma para complementar los escasos ingresos. A partir del 2015 los veraneantes comenzaron a llegar a parquear sus vehículos. Las cosas iban bien hasta que el terrateniente Jorge Luis Cassis Leiva decidió demandar por usurpación y daños a algunos dirigentes comunitarios involucrados en el pequeño proyecto.

Tras guardar prisión durante más de cien días, Abel Pérez y Santos Hernández fueron sentenciados a 5 años y un mes. Actualmente están esperando la audiencia de Casación (lean aquí el reportaje completo de Alba Sud sobre el caso).

Una situación muy similar es la que vivieron recientemente otros pobladores de Puerto Sierra. María Veneranda Cruz, Oneyda Cárdenas Flores, Jessica Cruz Cárcamo y Jacinto Hernández Cruz fueron acusados, por el mismo Cassis Leiva, de haber derribado un muro que él hizo construir para delimitar su propiedad y que, de hecho, cercaba el caserío impidiendo el acceso a sus viviendas a más de 60 familias.

En agosto del año pasado, la jueza del Juzgado de Letras de lo Penal de Amapala dictó sobreseimiento definitivo para María Venerada Cruz, de 64 años, y auto de formal procesamiento en contra de los otros tres pobladores. Asimismo, amplió el requerimiento fiscal en contra de Abel Pérez, Santos Hernández y María Concepción Hernández, girando orden de captura por daños continuados y agravados (lean aquí el reportaje completo de Alba Sud sobre el caso).

Aumento de la criminalización

La ofensiva criminalizadora contra sectores organizados de Zacate Grande, que defienden el derecho de la población a tener una vida digna y que ven al turismo como una oportunidad para las comunidades y su gente, no sólo no ha parado, si no que se ha intensificado. Así lo explicó Abel Pérez, nuevo presidente de la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), en declaraciones a Alba Sud:

A.P.- Como todos los años, iniciando la Semana Santa, un grupo de pobladores de Puerto Sierra se dispuso a atender a los veraneantes que llegaban a visitar las playas y que buscaban un lugar donde parquear sus autos. De repente apareció Jorge Luis Cassis con varios empleados y comenzaron a bloquear la entrada del parqueo y a amenazar a los turistas con demandarlos si entraban al predio. En especial, uno de estos hombres armados amenazó a la compañera María Veneranda. Le dijo que, si el señor Cassis no la había matado, él sí lo iba a hacer. Incluso sus hijas, Saturnina y Margarita, sufrieron amenazas de parte del presidente del patronato de Playa Blanca, quien está casado con una de las empleadas de Jorge Luis Cassis.

 - ¿Qué pasó después?

Nuestra gente llamó a la Policía. Cuando los agentes llegaron al lugar, Cassis les presentó un dizque título de propiedad y pretendió que los pobladores de Puerto Sierra abandonaran el predio. Eso vino a enardecer aún más los ánimos. A partir del miércoles 17 de abril se intensificó la llegada de turistas y fue cuando más se agudizó el conflicto. El viernes 19, al sentir la presión y las amenazas y ante el apremio de necesidades económicas básicas, los compañeros y compañeras tuvieron que llegar a un acuerdo con Cassis: cobrar dos entradas al parqueo de forma alterna. Lamentablemente, este señor y sus hombres fueron tan descarados que aprovecharon cualquier distracción de nuestra gente para cobrar a más vehículos y alterar el valor de la entrada.

Tampoco cesaron las amenazas. Afortunadamente llegaron al lugar observadores de la Red de Defensores de Derechos Humanos del Sur (REDEHSUR) y esto contribuyó a bajar la tensión. Lo que más nos indigna es que este señor, sin botar una sola gota de sudor, vino a aprovecharse del proyecto que tantos sacrificios nos ha costado. Estos ingresos que genera el turismo son fundamentales para las familias de nuestra comunidad.

- Estamos hablando de personas que sobreviven a duras penas y que hasta deben luchar contra quienes pretenden adueñarse de esta actividad.

Es totalmente absurdo. Hasta hemos escuchado rumores que su verdadero objetivo es cerrar el acceso a la playa, para luego cobrar la entrada a los turistas. No sería la primera vez que en Zacate Grande las familias pudientes de Honduras privatizan de hecho las playas de la península.

- ¿Cuántos pobladores están siendo demandados por Jorge Luis Cassis?

Santos Hernández y yo estamos esperando la audiencia de Casación donde van a decidir si confirman la pena de 5 años y un mes de prisión. También tenemos una orden de captura por el caso del muro que ha sido derribado. Para el mismo caso están siendo judicializadas tres compañeras y otro compañero.

 Nuestros abogados nos han dicho también que Cassis interpuso una nueva demanda contra las personas que estuvieron trabajando durante Semana Santa, incluyendo a María Veneranda Cruz que fue sobreseída por el caso del muro. Pensamos que podrían ser unas seis o siete personas más las que están siendo criminalizadas por el simple motivo de buscar cómo ganarse la vida de manera honesta.

- Están celebrando el 19° aniversario de la ADEPZA. Hoy más que nunca es importante estar organizados.

Son 19 años de ADEPZA y 9 años de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande. Hemos librado grandes batallas y hemos sufrido hostigamiento, represión y hasta atentados que, afortunadamente, no han dejado víctimas mortales.

Una lucha que no sólo es aquí en Zacate Grande, sino en todo el país contra un modelo que arrebata territorios y saquea bienes comunes y contra la instalación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) [3]. En la zona del Coyolito, por ejemplo, ya están anunciando la construcción de un gran edificio y la puesta en venta de apartamentos. Creo que ni juntando todo el dinero que tienen los pobladores de las comunidades de Zacate Grande llegaríamos a poder comprar uno de estos apartamentos vacacionales. La instalación de la primera ZEDE en el sur de Honduras va a conllevar más criminalización y represión. Es por eso que a esta actividad de la ADEPZA hemos invitado a otras organizaciones y movimientos para que nos hablen de sus luchas, para que intercambiemos experiencias e ideas, para que avancemos en la unidad.

 
Notas:

[1] Jocote, Coyolito, El Zope, Playa Blanca, El Ojochal, La Pintaviera, Los Langues, Los Huatales, Puerto Grande, La Flor, Novillo.
[2] Artículo 717 del Código Civil de Honduras. La posesión efectiva es equivalente a decir que tienen dominio útil del inmueble.
[3] Espacios territoriales con condiciones especiales otorgadas a inversionistas extranjeros, para implementar actividades económicas en total autonomía en cuanto a política fiscal, aduanera, laboral, judicial y de seguridad.

Fuente: ALBA SUD

Este artículo se publica en el marco del proyecto «Campaña internacional de visibilización de las vulneraciones de derechos humanos para la inversión turística en América Central» desarrollado por Alba Sud con el apoyo de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona (convocatoria Derechos Humanos 2017).