El pasado lunes, bajo una incómoda y fastidiosa lluvia, el oxímoron anual uruguayo cobró más potencia aun cuando una multitud marchó por la principal avenida de Montevideo, provocando que el silencio resulte más estrepitoso que los truenos que enunciaban la gravedad de la tormenta. La edición de esta “marcha del silencio” en particular, estuvo precedida por la negativa del Senado a la aprobación –por mayoría calificada- de las venias del Poder Ejecutivo para disponer el pase a retiro obligatorio de los 4 generales que actuaron en el “Tribunal de Honor” del Ejército. El mismo tribunal que escuchó y transcribió confesiones aberrantes de reconocidos genocidas sin ver mancillado honor alguno. Algo que le costó el cargo al excomandante del Ejército, hoy político, y al Ministro de Defensa y su vice. Ya tuve ocasión de expresarme sobre la concepción golpista y criminal de las jóvenes generaciones de las fuerzas armadas que avalaron los fallos de los tribunales de honor y los crímenes (con más detalles escabrosos que aquellos a los que accedió la justicia) de 3 monstruos. El flamante nuevo comandante, sostuvo que no repudiaría los crímenes cometidos en el Terrorismo de Estado porque desconocía si estaban confirmados. Para permanecer en el cargo, hizo luego viscosas rectificaciones.

La totalidad de las fuerzas opositoras con representación en el senado impidieron lograr la mayoría calificada en complicidad con los criminales y el continuismo de unas FFAA moralmente descompuestas e inútiles. Al momento de escribir estas líneas, el Frente Amplio (FA) hace un llamado a acompañar una nueva ley orgánica militar. La iniciativa es encomiable, aunque tardía y difícilmente pueda replantearse con mayor profundidad el problema de la defensa (dentro del cual, la cuestión militar es clave) hasta el inicio de un cuarto gobierno frentista en un debate amplio y profundo con la ciudadanía. Sin duda la sucesión de episodios no sólo está reflejando un cierto reempoderamiento de la casta militar producto del ascenso de las derechas a nivel regional (en el caso de Brasil con explícita reivindicación oficialista de la dictadura) e internacional, sino también una crisis en la política del FA que debe ser escrupulosamente revisada, sin trasladar todas las responsabilidades a las derechas. Hay una proporción propia de la resultante, que guarda relación con la política de la izquierda y muy particularmente con la fracasada intención del exministro Fernández Huidobro de “ganarse” a las FFAA.

Un primer paso en esta dirección lo está dando el actual ministro Bayardi, fundamentalmente con sus instrucciones de bajar el perfil público de los mandos superiores, aunque esto resulte acotadamente analgésico, destinado exclusivamente a tratar el síntoma. Más profundamente, Bayardi sostuvo en un reportaje del semanario Búsqueda que la causa de la defensa corporativa intergeneracional de los crímenes del horror dictatorial se debía al carácter endogámico de la profesión militar. Es un avance respecto al silencio precedente. Contará con datos empíricos que permitan mensurar los lazos familiares, aunque intuitivamente es algo muy probable. Sin embargo, si bien se aproxima más a las causas, tropieza con la infinidad de contraejemplos de rebeldía y diferenciación juvenil por fuera del ámbito militar. Ejemplos más extendidos que la continuidad ideológica, estética y discursiva. Y no siempre necesariamente en una dirección ética o políticamente emancipatoria, sino inclusive en contrario, pero cambios insoslayables al fin. En la entrevista sostiene que es “imposible o muy difícil romper con el relato construido sobre los hechos de la dictadura, sin romper a su vez con los vínculos de relación familiares”.

Si efectivamente es así, no creo que sean los lazos familiares los que más influyan en la cohesión discursiva, más aún cuando ésta es criminal. El comportamiento que detentan hasta los jóvenes oficiales es mafioso, es decir basado en la “omertá” que era el código de honor siciliano o ley del silencio de prohibición de informar o denunciar actividades delictivas a riesgo de represalia mortal. Había lazos familiares allí, pero no exclusivamente ni razón del sostenimiento del “código de honor”. En el “código” propio se encuentra la razón de la autosegregación, superando sin desmentir los vínculos de sangre.

La aquiescencia de las izquierdas, no ya con el tribunal de honor, sino con el significante “honor militar” y las implicancias tácitas sobre su significación explican mucho más las paradojales deudas para con los derechos humanos y el elemental principio de igualdad ante la ley que las influencias paternas. Si bien Freud, en el texto sobre Moisés sostiene que el superyó es “sucesor y subrogado” de los “progenitores y educadores” y que “continua las funciones de ellos casi sin alteración”, la propia dinámica de la cultura, la historia y la vida política con sus mutaciones, desmiente todo mecanicismo. Uruguay avanza lenta pero sólidamente en la expansión de derechos, libertades e institucionalidad pero tropieza recurrentemente con este vergonzoso obstáculo.

Un puñado de ejemplos honorables durante la dictadura, o en la propia fundación del FA (v.g. Seregni) han tendido la trampa de aceptar tal honor diferenciado, es decir la autosegregación social de la casta militar. Aquellos fueron honorables porque se opusieron al crimen, al encubrimiento y actuaron decentemente, además de sus méritos políticos. Concluyo que debe rechazarse la propia noción de honor militar, separada de la honorabilidad de cualquier ciudadano honesto, es decir, debe civilizarse e igualarse en digna respetabilidad fundada. De lo contrario, lo que autodesignan “honor” es tan sólo mafiosa podredumbre.

- Emilio Cafassi es profesor Titular e Investigador de la Universidad de Buenos Aires-