En años recientes hemos visto con mayor claridad que quienes controlan el Estado guatemalteco constituyen una articulación de grupos de poder económico, militar, político y de crimen organizado que, aun con sus diferencias y contradicciones secundarias, logran relaciones de confluencia para gestar y dirigir las políticas fundamentales en función de sus intereses.

Grupos corporativos, políticos rentistas, grupos de militares (en activo y en retiro) y estructuras de crimen organizado han confluido en los partidos políticos que se han posicionado en cada elección con posibilidades de triunfar en la carrera presidencial y con las mayores cuotas de poder en el Organismo Legislativo. Desde allí han extendido sus vínculos de poder a otras instituciones del Estado, como la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. No obstante, los grupos que constituyen el núcleo duro y los beneficiados de larga data en estas articulaciones son aquellos que integran la clase dominante, en especial aquellos que constituyen los grupos corporativos locales y transnacionales que insistimos en llamar oligarquía.

Indudablemente, para reproducirse como segmentos dominantes utilizan todas las instituciones estatales bajo su control, así como sus propios recursos y capacidades financieras, económicas, mediáticas, militares, religiosas, políticas, jurídicas e incluso delictivas, para posicionarse con ventajas fundamentales en cada carrera electoral. Y lo hacen, además, a partir de haber logrado un consenso previo en la mayoría de la ciudadanía, en especial porque desde cada segmento económico, mediático, religioso y militar logran tejer una directriz de índole ideológica que opera orientando el voto en cada elección.

En ese sentido, por ejemplo, posicionan aquellas figuras partidarias y aquellos candidatos a partir de campañas millonarias y de espacios de opinión privilegiados en los medios de difusión masiva, en los discursos religiosos y en los espacios y relaciones de poder tanto en el ámbito nacional como local, entre otros recursos. Mientras tanto, defenestran, invisibilizan, etcétera, las candidaturas que se muestran atentatorias del statu quo, como sucede con la de Thelma Cabrera, o que pudieran representar una disputa de espacios de poder, como sucedió con candidatos como Manuel Baldizón en 2015 y Sandra Torres en la actualidad.

Es decir, van configurando un escenario y una narrativa, además de un conjunto de condiciones para una competencia favorable, para lo cual utilizan los medios de comunicación masiva de su propiedad, la inyección financiera a las campañas y el control de la mayoría de los partidos políticos, que, de manera directa o indirecta, finalmente terminan aceptando –por convencimiento o interés– sus directrices, especialmente de cara a la segunda vuelta electoral.

Ya sea que ganen con el partido o la candidatura de su preferencia o con una figura con la cual terminan transando, por una u otra vía logran sostener la política pública fundamental de su interés, por ejemplo la relacionada con la política monetaria, crediticia, cambiaria; el sostenimiento de la política de privatización y la concesión de obras públicas y servicios, y las garantías de legalidad o impunidad a sus distintas formas de acumulación de capital. En síntesis, mantienen capturado el Estado y lo orientan a reproducir un régimen político de control —aunque no sin dificultades— y un modelo de acumulación que les garantice niveles constantes y crecientes de plusvalor. Mientras esto sucede, logran sostener la exclusión de los grandes segmentos y sujetos históricamente excluidos, como ocurre con los pueblos indígenas, las clases trabajadores y las mujeres, que buscan relaciones de equidad.

Así, siendo este un momento de la disputa política por el control del Estado, las elecciones son configuradas por los mecanismos descritos —y por otros— que reproducen el consenso, es decir, una dirección política, ideológica, cultural y moral que configura un escenario para que las opciones electorales de tales segmentos dominantes sean las que finalmente les garanticen el control de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Sin duda, la hegemonía es más compleja y requiere tomar en cuenta otras variables. Sin embargo, lo que se pretende dejar plasmado en este artículo es que las elecciones ocurren sobre tales bases. Así las cosas, una propuesta alternativa se encuentra con desventajas fundamentales que, para ser salvadas, necesitan un replanteamiento de la estrategia y, como parte de esta, de la gestación de una hegemonía tal que, al llegar al momento electoral, le permita condiciones favorables para avanzar.

www.plazapublica.com.gt