El pasado 15 de junio, el presidente Nayib Bukele anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con la República Árabe Democrática Saharaui (RADS). Al hacerlo ha dado una patada a Naciones Unidas que lleva años tratando de que Marruecos acepte la celebración de un referéndum de autodeterminación y, pasando por encima de los derechos humanos, ha decidido apoyar a la potencia ocupante que es Marruecos. Su argumento para justificar tan lamentable decisión es que El Salvador no ganaba nada reconociendo a la RADS y en cambio perdía oportunidades de negocios con la monarquía marroquí.

Pero, ¿por qué es tan grave la decisión tomada por Bukele? Hay tres hechos que permiten comprender la naturaleza de este conflicto que dura ya más de 40 años y que enfrenta al pueblo saharaui con el Reino de Marruecos.

Uno primero es que se trata básicamente de un problema de descolonización, inscrito en la agenda de la ONU desde 1963. Lo que quiere decir que este pueblo tiene un derecho inalienable a la autodeterminación y no puede ser adquirido su territorio mediante el uso de la fuerza, razón por la cual ni la ONU ni ningún país del mundo ha reconocido formalmente la legalidad de la anexión marroquí del Sahara Occidental.

El segundo hecho nos recuerda que el origen del conflicto se encuentra en la invasión militar y anexión forzada por parte de Marruecos en 1975. Esto sucedió por dos razones: a) España, como potencia colonial, prometió a las saharauis un referéndum de autodeterminación, promesa que traicionó firmando con Marruecos y Mauritania, el 14 de noviembre de 1975, la entrega del territorio; b) La monarquía alauita, en situación de crisis de legitimidad interna, impulsó la ideología expansionista del “Gran Marruecos” con el objetivo de construir un consenso nacional.

El tercer hecho es que el Frente Polisario, representante del pueblo saharaui, se vio obligado a organizar una resistencia que durante 16 años fue armada y posteriormente pacífica y diplomática. Resultado de lo cual la República Árabe Saharaui Democrática es reconocida por más de 80 estados y es miembro fundador de la Unión Africana.

Datos para contextualizar el conflicto

El Sahara Occidental fue territorio español colonizado entre 1884 y 1976. Entre los años 1960 a 1970, la mayor parte de las colonias africanas se liberaron e independizaron -excepto las portuguesas-, los territorios administrados por Sudáfrica y el Sahara Occidental, que tenía en ese momento el estatus de provincia española. A partir de 1965, la Asamblea General de la ONU adoptó diversas resoluciones encaminadas todas ellas a impulsar el proceso de autodeterminación. En ellas se reconocía el derecho inalienable del pueblo saharaui a decidir su futuro, incluida la independencia. Ello dio lugar a que en 1970 surgiera un movimiento nacionalista que comenzó a hacer presión sobre las autoridades españolas para que cumpliera con las decisiones de Naciones Unidas. En 1973 se fundó el Frente Popular de Liberación de Seguía el Hamra y Río de Oro (Frente Polisario).

Los gobiernos occidentales adoptaron reservas ante el Polisario, al que consideraron como una fuerza bajo influencia argelina. Estados Unidos tampoco deseaba la creación de un Estado débil, de carácter socialista, y comenzó a trabajar en la idea de integrar el Sáhara en Marruecos. Los cálculos geoestratégicos comenzaban a pesar decisivamente en el conflicto. Para frenar el movimiento, España ofreció un estatuto de autonomía que pusiera la administración en manos de nativos pero reservando las decisiones importantes para las autoridades españolas. El Polisario se opuso rotundamente e inició una guerra de guerrillas contra las fuerzas militares ocupantes. Tras los acuerdos con Marruecos y Mauritania de 1975, en febrero de 1976 salieron del Sahara las tropas españolas. La posición española era ya internacionalmente indefendible en un contexto de crisis terminal del franquismo. Además, para presionar más eficazmente, Marruecos puso sobre la mesa las ciudades de Ceuta y Melilla que son dos colonias bajo dominio de España.

Tras la Marcha Verde

determinante para el desenlace de la negociación fue la famosa Marcha Verde ordenada por el rey Hasán II, que condujo a 325.000 marroquíes civiles hasta el territorio saharaui, invadiéndolo, tras cortar las alambradas, facilitando de este modo la toma de posesión del mismo por los 25.000 militares que incluían semejante despliegue humano.

Tras la ocupación por la fuerza, la primera defensa jurídico-política de Marruecos fue la de argumentar que en el momento de la colonización por España el Sáhara era un territorio sin dueño y que ya existían vínculos jurídicos entre dicho territorio y el reino de Marruecos y el conjunto mauritano. El asunto fue llevado al Tribunal de Justicia de La Haya, que falló en contra de Marruecos, sentenciado que antes de 1884 el territorio se hallaba habitado por poblaciones que, aunque nómadas, estaban social y políticamente organizadas y colocadas bajo la autoridad de jefes competentes para representarlas. Además falló que no existía ningún vínculo de soberanía territorial entre el Sahara Occidental y Marruecos, ni tampoco con el conjunto mauritano. La posición del Tribunal Internacional animó al Polisario a proclamar la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) el 28 de febrero de 1976.

La guerra se abrió paso. Mauritania sufrió reveses a manos de las tropas saharauis y se retiró del conflicto. Por su parte, derrotada las tesis de Marruecos ante el Tribunal Internacional, Hasán II ordenó la construcción de hasta seis muros defensivos del territorio ocupado por su ejército y colonizado por miles de hombres y mujeres llevados desde todos los rincones del reino. Se inició entonces la batalla que dura hasta hoy, alrededor del referéndum de autodeterminación y en la que se despliega la segunda línea defensiva marroquí, que consiste en abultar significativamente el número de personas con derecho a voto. Mientras el Polisario y la ONU hacían valer inicialmente el censo realizado por los españoles en 1974, integrado por 75.000 personas, tras la intervención de la MINURSO (misión de la ONU en el Sahara Occidental), bajo la dirección de James Baker (enviado especial de Kofi Annan para el conflicto), la ONU publicó el listado de votantes, que contenía 82.249 personas. Frente a estas cifras, Marruecos elaboró su censo de 240.000 personas, en las que incluía los colonos colocados en el territorio a partir de su dominio del territorio a principios de 1976.

El bloqueo perpetuo

La guerra de cifras continúa hasta hoy y constituye la causa de un bloqueo perpetuo. El objetivo marroquí no es otro que provocar una fatiga en Naciones Unidas e incluso en la población saharaui, de manera que cedan ante lo que es ahora su propuesta final: conceder al Sáhara Occidental una autonomía limitada como territorio indivisible del reino de Marruecos.

Naturalmente, el Polisario rechazó la propuesta marroquí, reclamando la autodeterminación y el derecho a la independencia. Baker se resintió del golpe y en 2003 propuso un nuevo acuerdo que partía de un proceso previo de elecciones autonómicas, dejando el referéndum de autodeterminación para cuatro o cinco años después. La respuesta del Polisario mostró una disposición a explorar esa vía, pero Marruecos lanzó una negativa categórica: en primer lugar, porque no podía caer en el riesgo de que otras regiones del reino reclamaran algo parecido, como por ejemplo la siempre inquieta región del Rif, al norte de Marruecos. En segundo lugar, porque los colonos asentados en el territorio ocupado a partir de 1976 podían preferir la independencia ante un horizonte económico más atractivo.

Lo cierto es que el paso de los años ha ido cansando a unas Naciones Unidas sin eficacia. De este modo, desde que el Consejo de Seguridad recomendara que sean las dos partes las que negocien, la labor del organismo internacional ha sido cada vez más irrelevante. Por supuesto, en un escenario de negociación entre saharauis y marroquíes, la ventaja la tienen estos últimos. El bloqueo continuará si la comunidad internacional no lo remedia (es una vergüenza que la UE siga negociando acuerdos pesqueros con Marruecos que afectan a aguas saharauis). Marruecos lo sabe y juega con el tiempo, controlando el 85% del territorio saharaui, incluyendo las zonas económicamente más productivas, donde los derechos humanos están suspendidos por Mohamed VI, quien ha incrementado la represión sobre la población saharaui que quiso quedarse en la zona ocupada. Sería un fiasco que la ONU, cansada de su propia ineficacia, terminara aceptando las condiciones marroquíes. Ello desvelaría, de nuevo, que el mundo es un lugar gobernado por matones.

Escenarios posibles

El hecho de que la causa saharaui no mueva una ceja de los gobiernos occidentales ni constituya una prioridad en las agendas políticas, es una mala noticia. La única alternativa, moral y políticamente posible, reside en la presión social que en un momento dado pueda emerger y que es por la que luchan desde hace años las múltiples Asociaciones de Amigos del Sáhara repartidas por toda Europa.

Esa presión debe mantener que la solución justa, pacífica y duradera, no es otra que el libre ejercicio del derecho de autodeterminación. Mediante el ejercicio de este derecho, Namibia, Timor Oriental y el Sur de Sudán fueron admitidos como estados libres. Es a lo que aspira el pueblo saharaui, al que se le ha robado el territorio y su desarrollo como nación. Hoy la mayoría del pueblo saharaui vive en campamentos de refugiados en el desierto argelino. A su modo resisten.

Bukele lo que ha hecho ahora es votar por la injusticia, por la ocupación y colonización de la RADS, colocarse fuera del derecho internacional y desobedecer al Tribual de la Haya. Claro que el tío Sam estará contento. Ya tiene un sirviente en Centroamérica.