Recientemente, la Facultad de Derecho de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca organizó la Primera Jornada ONG y gremios jurídicos en la formación legal, actividad en la que se destacó el papel que cumplen las organizaciones no gubernamentales en al menos tres aspectos relacionados con la enseñanza del derecho: (i) la posibilidad de brindar un espacio para las prácticas estudiantiles y el aprendizaje del ejercicio profesional no orientado por la relación cliente – abogado ni bajo la lógica de asesoría jurídica de beneficencia o gratuita; (ii) sus aportes a la legislación, doctrina y la jurisprudencia sobre derechos humanos, estado social de derecho y políticas públicas mediante, entre otras, la incidencia política y la exigibilidad jurídico-política; y (iii) su contribución a los estudios sociojurídicos y las miradas interdisciplinarias del derecho. Este último aspecto, es el que aborda esta columna.

Se tiende a señalar el final de la década de 1980 y el principio de los noventa como el periodo en el que se da comienzo a los estudios sociojurídicos en el país. No obstante, El problema teórico en la investigación socio-jurídica de Víctor Manuel Moncayo y Fernando Rojas, publicado en 1976, se presenta como un referente importante (tal vez fundacional) de éstos en Colombia. En éste, Moncayo y Rojas abordan desde la teoría crítica marxista la necesidad que surgió en el marco de un proceso investigativo sociojurídico de brindar mayor solidez teórica a un estudio sobre la forma de entender el derecho en una sociedad concreta y de las expresiones temáticas y temporales de éste.

Ahora bien, los estudios sociojurídicos fueron definidos por Germán Palacio, como aquellos que analizan “la dimensión legal normativa en su relación con consideraciones o análisis que provienen de otras disciplinas sociales o naturales”. A partir de ello, presenta lo que son dieciséis áreas claves del campo que, para Rosembert Ariza, a pesar de ser de principios de los noventa, reflejan “múltiples elementos de análisis sobre la manera como se consolida este campo de conocimiento en el tiempo y que en esencia se mantiene hasta nuestros días”. Algunas de éstas son: administración de justicia y Derechos Humanos; sociología de la profesión; movimientos sociales y movilización del Derecho para el cambio social; Medio Ambiente, Derecho y Política; y relaciones de género, Derecho y poder.

Hoy en día el saber sociojurídico colombiano, siguiendo a Ariza, se produce en cuatro escenarios: 1. Organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil; 2. Universidades; 3. Entidades estatales; y 4. Organismos Internacionales; y se orienta principalmente al análisis sociológico del derecho (investigaciones y estudios sociojurídicos) y a la sistematización de experiencias en asesoría jurídica popular o de litigio estratégico, desde un soporte interdisciplinar y empírico.

Más allá de lo que puede considerarse, en palabras de Germán Burgos, los extravíos de la pregunta por lo político en las ONG, estas fueron espacios pioneros y aun hoy contribuyen a los estudios sociojurídicos desde lecturas críticas. Si bien no todas tienen la investigación como parte de su accionar, en Colombia entidades como el Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos – CESJUL, el Centro de Investigación y Educación Popular - CINEP, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; la Comisión Colombiana de Juristas, la corporación Región, Dejusticia, el Instituto Popular de Capacitación - IPC, y el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSA, entre otras, presentan contribuciones importantes a los estudios sociojurídicos y han consolidado líneas editoriales de difusión. Por ejemplo, Dejusticia cuenta con más de 70 publicaciones y en el 2017 compiló sus principales investigaciones en Democracia, Justicia y Sociedad. Diez años de investigación en Dejusticia. Un referente obligado lo constituye El Otro Derecho de ILSA, cuya circulación comienza en 1988, cuenta con más de 30 años de existencia ininterrumpida y pasa los 55 números editados. Esta revista inicia como una propuesta de órgano regional de los servicios legales alternativos, en el que se presentaran las reflexiones críticas del derecho e impulsara paralelamente la definición del perfil del movimiento a partir de las experiencias propias de los grupos y ha sido descrita por Jorge Carvajal como “un acompañamiento efectivo al desarrollo de la sociología jurídica colombiana”.

La gran variedad temática y el amplio marco de posibilidades para desplegar estudios sociojurídicos debe llevar a un enfoque crítico de la relación social dominante y, especialmente, de su forma jurídica, así como a ir más allá de ejercicios de simple descripción contemplativa, en este horizonte han contribuido las organizaciones no gubernamentales a la formación legal. También permiten pensar y ejercer una sociología jurídica, desbordada del papel residual de “ciencia auxiliar del Derecho”, esto es, pensar y ejercer una sociología jurídica alternativa, crítica y militante.

-Freddy Ordóñez Gómez es miembro de ILSA y de Historia, Ambiente y Política (Grupo A1 Colciencias)

@Freddy_Ordonez