En un contexto como el guatemalteco es hegemónica la idea de democracia en la cual, supuestamente, todo ciudadano puede elegir y ser elegido, para lo cual se procede a elecciones periódicas para el relevo de autoridades y se recurre a la figura del partido político como instrumento al que se le atribuyen funciones de representación, intermediación y agregación de intereses de la ciudadanía.

Esta idea hegemónica pone de ejemplos las llamadas democracias del mundo occidental y ubica como paradigma la cuestionable experiencia estadounidense. Mientras tanto, se niegan otros modelos, en especial cuando estos avanzan en dotar de mayor capacidad y protagonismo al sujeto de la soberanía: el pueblo. De hecho, en retrospectiva, cuando esa idea hegemónica es rebasada, como sucedió en Guatemala entre 1944 y 1954, quienes mantienen el poder estratégico recurren a dictaduras militares y políticas represivas para impedir su relevo real.

Lo cierto es que, en democracias como la guatemalteca, en las cuales el Estado se encuentra históricamente capturado por grupos económicos, políticos y criminales emergentes, la elección de nuevas autoridades no deja de ser un simple ritual que no produce nuevos gobernantes con capacidad de decisión en las políticas de Estado, pues estas son decididas por los actores de dicha captura, incluidos los poderes empresariales, financieros e imperiales.

Con relación a la falsa idea de igualdad ante la ley, que se traduciría en que todo ciudadano tiene el derecho de elegir y de ser elegido, es evidente que no opera en la realidad concreta. Esto, porque sistemas democráticos como el nuestro parten de considerar a ese ciudadano en un sentido exclusivamente individual, sin reconocer que su concreción también se expresa en la existencia de sujetos colectivos que, como los pueblos indígenas, reivindican sus propias formas de gobierno y sus propios sistemas normativos y de representación política, que no son reconocidos y, por el contrario, son objeto de marginación, cuando no de represión cuando atentan contra esa norma e idea hegemónica de democracia.

Más allá, el sistema de partidos políticos está configurado para que, por la vía de las relaciones de poder prestablecidas y de facto, la mayoría de estos representen los intereses de las élites de poder económico, político y militar y sometan a sujetos como los campesinos, los obreros y los pueblos originarios a dinámicas de individualización a través de las cuales, en tanto sujetos colectivos, resultan desagregados y aniquilados. Además, cuando emerge alguna fuerza que pudiera catalogarse de alternativa al statu quo, se extienden e intensifican los mecanismos y dispositivos para que la competencia electoral resulte en una relación más desigual. Esto es lo que sucede cuando se constata la desigual capacidad financiera y el acceso a medios de difusión masiva que enfrentan fuerzas anti-establishment.

Lo anterior resulta más grave cuando los procesos electorales presentan un conjunto de signos de carácter fraudulento, como ha sucedido en las elecciones de 2019. Algunos de estos signos son a) el registro de candidaturas no idóneas; b) el retardo en la inscripción y entrega de credenciales a candidaturas a las cuales se les impidió iniciar sus campañas oportunamente; c) impedimentos a determinados partidos para que abran cuentas bancarias, con lo cual encontraron dificultades para su financiamiento; d) la falta de asignación de fondos y espacios publicitarios para que puedan dar a conocer sus propuestas; e) las prácticas de coacción, acarreo y compra de votos, y f) la alteración de actas o datos no coincidentes con las actas digitalizadas. Está por determinarse, además, la magnitud de un posible fallo del software utilizado en la elección.

Con el análisis crítico anterior no se pretende abonar a las fuerzas de derecha que con la afirmación de fraude electoral pretenden generar desestabilización, repetición de elecciones, e incluso hacernos retroceder en las ya enclenques institucionalidad y garantías democráticas. El propósito, eso sí, es cuestionar las elecciones, que para nada son procedimientos de competencia en igualdad de condiciones y por consiguiente democráticas. Contrariamente, las normas y el desarrollo concreto de dicha competencia son controlados por los actores que mantienen capturado el Estado, lo cual convierte el sistema de partidos en instrumental y el procedimiento eleccionario en el ritual para que unos pocos mantengan el secuestro de una democracia que, en estas condiciones, resulta falsa.

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