Pocos hechos sorprenden en este puerto de lo que alguna vez fue el granero del mundo, hoy llenos de indigentes y trabajadores lanzados a la miseria por las políticas económico-sociales del gobierno neoliberal de Mauricio Macri.

El miércoles 4, movimientos sociales y laborales de la capital y del conurbano bonaerense, junto con el Polo Obrero y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular reclamaron con corte de rutas y calles céntricas, la declaración de la emergencia alimentaria en el país, la apertura de programas sociales y más y mejores alimentos para los comedores populares que diariamente garantizan al menos una comida caliente a centenares de miles de niños. Instalaron una carpa frente al Congreso con la idea de permanecer en el lugar "hasta que se sancione la ley" de emergencia alimentaria, mientras se organizaban ollas populares en la céntrica avenida 9 de Julio.

El aluvión popular argentino, expresado en las elecciones primarias del 11 de agosto, modifica la gravitación de los próximos comicios presidenciales de Bolivia y Uruguay en el mes de octubre. La ratificación de Evo y la eventual continuidad del Frente Amplio asumen otro significado, en el nuevo contexto sudamericano.

El resultado de las PASO son el fiel reflejo de la situación argentina: el sesenta y ocho por ciento de los sufragantes votó contra la política del gobierno de Cambiemos. El gobierno neoliberal de Mauricio Macri recibió una economía desendeudada y la entregará en cesación de pagos. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, lo maquilló diciendo que es una reestructuración voluntaria sin quita de capital ni intereses.

El 28 de agosto de 2019 pasará a ser el día en que el gobierno de Macri reconoció que, después de liderar el más vertiginoso ciclo de endeudamiento de la historia argentina, no puede cumplir con los vencimientos de capital e intereses en las condiciones pactadas. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, informó que habrá una reestructuración amplia de los vencimientos de corto y largo plazo, incluyendo el préstamo del Fondo Monetario Internacional, lo que significa que casi toda la deuda pública está en default y sin acuerdo vigente con el FMI.

En un cambio radical de sus políticas económicas, el gobierno neoliberal de Mauricio Macri dispuso en domingo un decreto de necesidad y urgencia que impuso límites hasta fin de año a las compras y transferencias de divisas (hasta 10 mil dólares), con el fin de lograr que el Fondo Monetario Internacional (FMI) desembolse el último tramo de un préstamo que podría facilitarle llegar al 10 de diciembre, fin constitucional de su mandato. Asimismo, se prohibió a las empresas comprar dólares con fines de atesoramiento y se redujeron los plazos para que los exportadores liquiden en el mercado local las divisas que obtienen por sus operaciones. Desde 2016 muchas empresas no estaban liquidando, y para ello contaron con la anuencia del gobierno.

Las nuevas regulaciones sobre acceso al mercado cambiario que impuso el Banco Central, que no significaron cambios sustantivos en la cotización de las divisas, empezaron a regir cuando casi todos los capitales golondrina arribados al país en los últimos tres años ya emigraron. Entre enero y julio la salida neta de esas inversiones fue de 3.551 millones de dólares y desde abril de 2018, cuando comenzó el proceso devaluatorio, el egreso neto fue de 10.785 millones de dólares.

Desde el lunes 12 al jueves 22 de agosto las reservas internacionales del Banco Central pasaron del equivalente de 66.390 millones a 59.790 millones de dólares, y se infiere que las de libre disponibilidad son una quinta parte de esas reservas brutas.

Pero el camino no parece simple: Italia, Suecia y Holanda se opusieron en el directorio del organismo a un nuevo desembolso del FMI y expresaron su negativa a validar el próximo tramo del préstamo. Los tres miembros que representan a un total 29 países y suman el 12,85 por ciento de los votos en el organismo proponen postergar la evaluación del próximo desembolso hasta el recambio presidencial. Consideraron que el gobierno de Macri viola los términos del programa pactado con el organismo y exigen que se suspenda el desembolso de 5.400 millones de dólares, previsto para el 15 de setiembre, hasta el recambio presidencial.

La caída de Macri arrastra, a la figura de la ex titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) Christine Lagarde –hoy candidata a dirigir el Banco Central Europeo-, al quedar en descubierto que por pedido expreso de Estados Unidos prestó y siguió prestando dinero al gobierno de Macri a sabiendas de que no iban a poder pagar y exigiendo cada vez más ajustes, cuando se estaba llegando al límite del estallido social.

Hoy, sólo EU está dispuesto a salvar a Macri, porque lo necesita como asociado en el sur cuando incluso la figura del presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, está cayendo a pasos agigantado. El respaldo estadounidense y su poder de veto mantienen viva la esperanza en el gobierno para recibir los fondos necesarios para cerrar el programa financiero.

Lacunza había anunciado que el 90% del stock de deuda (en pesos y en divisas) que están en poder de bancos, fondos de inversión y organismos institucionales, que vence en los próximos cuatro meses (por el equivalente a unos 23.500 millones de dólares) serán cancelados 15% al vencimiento, 25% a los 90 días y el 60% restante a los 180 días, respetando las demás condiciones originales del crédito y el capital. El 10% restante está en poder de personas humanas y se le respeta las condiciones acordadas.

El gobierno de Cambiemos podrá presentar el default en que incurre como un “reperfilamiento” de la deuda, pero es una decisión arbitraria por no contar con los recursos para poder afrontar los pagos de los títulos de deuda a que irresponsablemente incurrió. El tibio apoyo del FMI solo busca condicionar al gobierno que viene para asegurar su dependencia y con ello un ajuste sobre las cuentas públicas

El capital financiero y la política de endeudamiento hace que cada siete años promedio la sociedad argentina deba vivir el derrape de su moneda (con ello el valor de su trabajo y de sus activos): con el Rodrigazo en 1975, la guerra de las Malvinas en 1982, el fin anticipado del gobierno de Raúl Alfonsín en 1989, el Efecto Tequila en 2005; y tras los 12 años de administración kirchnerista, en que no solo no se endeudó el país sino que se logró reestructurar la deuda heredada con fuerte quita y con prolongación en el tiempo de su pago, se volvió a incurrir en endeudamiento y destrucción de la moneda con la actual administración neoliberal.

¿Vacío de poder?

El mensaje de la misión del Fondo liderada por el director del Departamento del Hemisferio Occidental Alejandro Werner, cuando dejó trascender que no hay un poder político establecido para negociar, fue que en las actuales condiciones no puede haber otro desembolso del organismo, estimado en unos 5.400 millones de dólares y previsto para el mes próximo, que dependerá en última instancia de la decisión del presidente estadounidense Donald Trump.

El magnate-presidente no dijo ni una sola palabra ni envió un solo tuit sobre Argentina desde la medianoche del 11 de agosto, cuando supo que “mi amigo argentino” acababa de dilapidar la oportunidad de gobernar y acatar sus órdenes durante otros cuatro años.

El curso político de Argentina será determinante de un eventual renacimiento del ciclo progresista, siempre y cuando el nuevo gobierno, a asumir el 10 de diciembre (si nada se cruza en el camino) disponga seguir ese derrotero, y aliente el resurgimiento de los organismos regionales de integración y coordinación política y de complementación económica, que los gobiernos neoliberales congelaron y/o trataron de aniquilar.

Pero las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, más conocidas como PASO, sirven apenas de termómetro. La primera vuelta de las elecciones presidenciales serán recién el 27 de octubre y todo indica que el frente antimacristas encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner arrasará, sin necesidad de balotaje. Pero, vale la pena remarcarlo, nadie ha sido electo aún: hay una sensación dérmica de nuevo gobierno.

Lo que quedó demostrado es que la gran mayoría de la población argentina rechaza el modelo de subordinación al capital financiero y al FMI, pero la fórmula ganadora, cauta, apenas habló de una reestructuración del acuerdo y nada dijo sobre una auditoría de la deuda (como la hecha en 2003 por Néstor Kirchner) y mucho menos dejar de pagarla, que es la exigencia de los movimientos sociales.

Recién el 10 de diciembre asumirá el nuevo gobierno, que saldrá de las elecciones del 27 de octubre (y 24 de noviembre si hubiera segunda vuelta). Resta mucho tiempo, el gobierno está noqueado, la alianza neoliberal Cambiemos seguramente desaparezca para ese entonces y la sensación de vacío de poder obligó al FMI a proponer un “menage a trois”: negocia con el eventual próximo gobierno el tramo de un préstamo acordado con el macrismo.

A pesar de que el Banco Central vendió reservas por 9.326 millones de dólares entre el lunes 12 y el miércoles 28 de agosto de 2019, el dólar subió a mitad de semana un 3% más, se hundieron las acciones y el derrumbe de los bonos llevó el riesgo país a los 2.346 puntos. El FMI prefería comenzar a negociar con Alberto Fernández las condiciones del nuevo desembolso, esto no fue posible: el candidato es precisamente eso, candidato.

El equipo económico de Fernández manifestó a la delegación del FMI su disposición “a reformular los acuerdos sin exigirle más esfuerzos a nuestro pueblo”, sin metas ni reformas, y dejando en claro ninguno de los cuatro principales objetivos del acuerdo fue alcanzado, y que en realidad todo empeoró desde su celebración: la economía cayó -1,7%, la deuda pública subió 29 puntos porcentuales del PBI, el desempleo aumentó al 10,1%, la pobreza creció a más del 32% y la inflación se disparó al 53,9%.

Y esos dólares que el FMI proporcionó con numerosos desembolsos tuvieron como destino la fuga de capitales argentinos unos y por reversión de inversiones extranjeras especulativas otros, algo que el propio FMI tiene prohibido por estatuto. Desde el 1 de enero de 2016 al 31 de julio de 2019 se fugaron capitales por 73.170 millones de dólares.

Los eventuales triunfantes tampoco han indicado hasta el momento cómo se retomará el camino del crecimiento y la mejora en la redistribución del ingreso, máxime cuando se depende de recursos y de refinanciar la deuda del FMI.

Los perdedores

Y en puertas está el Tratado de Libre Comercio del Mercosur con la Unión Europea, que Macri anunciara con bombos y platillos como la demostración de haber conquistado un lugar en el mundo, y que hoy está muy cerca del naufragio. ¿Habrá que barajar y dar de nuevo o ponerse a la derecha del naciente nuevo subimperialismo brasileño, protegido por EU? Porque lo de las PASO no fue solamente la derrota del neoliberalismo populista-burgués argentino, sino también de las recetas del Fondo Monetario Internacional y del mismo presidente Donald Trump, que no logró tuitear un triunfo de quien tan bien defendió sus intereses durante tres años y medios

Trump fue quien impuso al FMI el auxilio financiero de la Argentina, para contar con un fiel subordinado en el Cono Sur, decidido a abrazar las agresiones contra Venezuela e Irán, blancos de las estrategias geopolíticas de Washington. Satisfaciendo las necesidades de EU e Israel, Macri ya había cumplido con la tipificación de Hezbollah como grupo terrorista y preparaba definiciones proisraelíes más contundentes cuando se la derrota electoral.

Si algo hay para rescatar es que Argentina lleva casi 36 años desde la recuperación de las instituciones y en ese período, apegados prácticamente sin fisuras a las formalidades de esta democracia.

En sus últimos discursos esquizofrénicos, el vapuleado Mauricio Macri trata de sembrar el miedo, haciendo responsable al kirchnerismo del caos existente, y un ratito después busca su ayuda, procurando establecer un pacto de cogobernabilidad con Alberto Fernández. Para aclarar: éste, si bien ganó holgadamente las elecciones internas, aún no fue electo para ningún cargo.

La votación aluvional se produjo gracias a la plataforma ofrecida por la más lúcida dirigenta política del país, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien sacrificó su candidatura presidencial para lograr la unidad antimacrista. Por su parte, el gobierno incentivó el odio, el resentimiento de clase contra los pobres y alentó el miedo; intentó demonizar los gobiernos kirchneristas y logró el rechazo popular a las elites gobernantes, al llamado círculo rojo, el poder fáctico de los grandes empresarios y testaferros.

Mauricio Macri no aprendió de la madrasta de Blancanieves y su espejito. El problema mayor es cuando uno se nutre de sus propios cuentos y queda cegado por sus propias fantasías y mentiras, fake-news, microencuestas, trolls y focus grups. El tsunami de votos también afectó a otros candidatos derechistas que especularon con el malestar popular pero no lograron convencer a la gente; el problema es el modelo y también quien lo ejecuta.

La única verdad es la realidad

En lo económico social la situación se ha seguido deteriorando lo que se refleja en una creciente desigualdad social, producto de una duplicación de los niveles de pobreza e indigencia, junto a una mayor concentración de la riqueza. Los trabajadores han perdido más del 30% de su capacidad adquisitiva y la deuda externa se multiplicó por más de seis veces.

Fue con los Kirchner que el país volvió a crecer en base al mercado interno, a lo que le sumó los estratégicos acuerdos del Mercosur, de la Unasur y de la CELAC, los organismos de integración y complementación regional, que con tanto furor trató de aniquilar Macri.

Con los dos gobiernos anteriores, se acrecentaron las exportaciones y sobre todo las de manufacturas de origen industrial, se redistribuyó el ingreso a favor de los trabajadores, pero obviamente los principales capitales estaban y están en poder de la minoría beneficiada por la dictadura de Videla-Martínez de Hoz (1976-1983), asociada al capital extranjero, fundamentalmente de EU.

La prioridad para los peronistas-kirchneristas es ganar las elecciones del 27 de octubre, aún sin plantear públicamente ningún plan de gobierno, aunque desde sus filas dirigentes parecieran concordar con el plan de 14 puntos presentado por el empresariado industrial.

Todo ello constituye el marco de esta tercera gran crisis que debe atravesar el país desde la recuperación institucional (1983). La primera fue la hiperinflación alfonsinista (1989) sucedida por el gobierno de tinte neoliberal de Carlos Saúl Menem; le siguió la crisis financiera (2001) durante el gobierno de Fernando de la Rúa, que abrió las puertas a un período de transición del que emergió el progresismo de la mano de Néstor Kirchner.

Argentina vive la actual estanflación (inflación con estancamiento). En todas las situaciones anteriores la “solución política” fue volver a restablecer el “equilibrio del viejo sistema” caracterizado por un capitalismo decadente y una democracia insuficiente. De no mediar circunstancias excepcionales, es muy probable que esta situación derive en un gobierno que esté a mitad de camino entre el liberalismo menemista y el progresismo kirchnerista.

Esa burguesía rentística y parasitaria del Estado que soporta Argentina, es hija de esa matanza contra lo mejor del pueblo, durante la genocida dictadura cívico-militar. La hazaña de los Kirchner fue hacerla menos parásita, menos rentística y más productiva, tratando de demostrar que ganaban más y aseguraban esa ganancia con la producción, con la generación de valor agregado.

Las cifras hablan por sí solas. Según los fabricantes de automotores, en el 2013 se producían 791.007 unidades y en 2018 apenas 466.649. De acuerdo con los productores de heladeras, en 2013 se fabricaron en el país un millón 50 mil unidades y en el 2018 solo 417.200. Y, mientras en 2013 se despachaban 12.550 toneladas de cemento, el año pasado la cifra alcanzó a solo 9.870. Se trabajaba con casi pleno uso de la capacidad instalada y con altos niveles de empleo y de salarios.

El proceso inflacionario se genera porque la burguesía argentina, con mercados muy “cartelizados”, donde pocas -y a veces una sola- grandes empresas son las que producen determinado bien (acero, aluminio, petroquímica, laboratorios, azúcar, yerba, leche y derivados, harina, aceite, entre otros) prefirió ante una demanda interna sostenida, aumentar los precios en lugar de aumentar la producción.

Y los principales empresarios, creyéndose capaces de reordenar la economía argentina aún más a su favor, conspiraron contra el gobierno nacional y popular y, si bien es cierto que primero lograron dividirlo y apoyaron a la autodenominada “ancha franja del medio”, luego, atentos a que la publicidad y el apoyo de la embajada de Estados Unidos se dirigió hacia el hijo de uno de esos empresarios para que emprendiera el asalto a la presidencia en 2015, decidieron apoyar abiertamente a Mauricio Macri.

Ese hijo (no pródigo, por cierto), lo único que hizo fue generar negocios para los amigos y para el capital financiero internacional, endeudando al país en dólares y a corto plazo para pagar jubilaciones y pensiones, sueldos de la policía y del ejército, obra pública y contratos estatales que son realizados en pesos.

El resultado no podía ser otro que el derrape cambiario del 25 de abril de 2018 por la compra en el mercado de cambio local de 1.225 millones de dólares a un precio promedio de 20,20 pesos (16 meses después la cotización del dólar supera los 60 pesos), realizado básicamente por las mismas entidades que propiciaban la colocación de títulos de deuda argentinos en el exterior (JP Morgan, Morgan Stanley, HSBC, Deutsche Bank, Merill Lynch, entre otros).

Es ahí donde la burguesía argentina, encabezada por los grupos Techint y Arcor. los principales referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), propiciaron un plan de 14 puntos difundido el 4 de julio de 2018, donde se impulsa el crecimiento industrial y la protección del mercado interno, pero donde los salarios, medidos en dólares, debían ser menores que los de Brasil, que obviamente ni se aproximan a los de Alemania o Estados Unidos.

La respuesta inmediata del gobierno fue difundir unas fotocopias de un cuaderno de un chofer, de nombre Oscar Centeno, que trabajaba en la Secretaría de Obras Públicas, que como un calco del caso Odebrecht de Brasil, inculpaba de pago de comisiones a los principales contratistas del Estado, incluido al primo del presidente Macri, Ángelo Calcaterra.

Los empresarios locales terminaron de darse cuenta que ya no tenían espacio en lo escenario diseñado por el capital internacional para la Argentina. Aún conservan un pequeño espacio –en el yacimiento hidrocarburífero de Vaca Muerta o en la producción de granos y su industrialización- pero esos negocios también les interesan a las trasnacionales.

El gobierno de Mauricio Macri termina trastabillando, sujetándose al FMI, que ya le soltó (al menos) una mano, intentando no caer. Los resultados económicos, sociales y políticos demuestran que desde el 1 de enero de 2016 se fugaron capitales por 73.170 millones de dólares; que los niveles de desinversión son alarmantes, más allá del 13% del PIB (el país no alcanza a generar fondos para la amortización de las máquinas y equipos) y que el consumo desciende, fruto de la desocupación y los bajos salarios.

El gobierno macrista dependía de recibir el demorado tramo de septiembre de 2019 del préstamo del FMI por unos 5.421 millones, para poder pagar los vencimientos de las Letes (Letras del Tesoro) y no incurrir en default de hecho. Pero el préstamo no llegará.

El fin del deslegitimado y casi sin apoyo, el gobierno de Cambiemos se desbarranca sin poder controlar las variables económicas internas y externas y con niveles de desocupación y de pobreza que se asemeja al desenlace del gobierno de Raúl Alfonsín en 1989 o de Fernando de la Rúa en 2001. Lo que espera es que el FMI (y detrás, Estados Unidos) no lo abandonen del todo. El tibio apoyo del FMI solo busca condicionar al gobierno que viene para asegurar su dependencia.

El “vacío de poder” hace estéril cualquier medida y más las tomadas por el gobierno macrista luego de las PASO, que significan un default encubierto de consecuencias severas para la sociedad y condicionamientos para el próximo gobierno en un país quebrado. Pero, ¿llegará este gobierno al 10 de diciembre?

Aram Aharonian

Horacio Rovelli

Analistas del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)