La teoría política sobre los partidos políticos plantea que este tipo de instituciones, propias de la democracia representativa, tienen funciones de primer orden que trascienden su papel en la competencia por espacios de poder en el Estado. Estas funciones principales son las de representar, agregar e intermediar intereses de la ciudadanía.

En contextos como el guatemalteco, en el cual ha sido configurado un sistema de partidos políticos de orientación conservadora, tales funciones han sido plenamente cumplidas en favor de grupos de poder económico y social. Los principales partidos en cada coyuntura o período de gobierno han legislado y dirigido las políticas públicas con el propósito de beneficiar los intereses de grupos corporativos, grandes empresas de capital local y transnacionales. Esto se expresa en ejemplos como la Ley de Minería; la política económica, financiera y crediticia, y la Ley Tigo, entre muchos otros.

Los partidos políticos han sido orientados, asimismo, a tratar de que sus dirigencias se consoliden como intermediaciones principales de grupos de poder y se beneficien personalmente del manejo de instituciones y presupuestos, lo que ha quedado claro con su involucramiento en redes y estructuras de corrupción y crimen organizado, así como para satisfacer las visiones del mundo y de la vida de fuerzas poderosas en lo económico, social, político y religioso garantizando la reproducción del statu quo, promoviendo un Estado cada vez menos laico, que se niega a reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas, las mujeres y los grupos de la diversidad sexual, y retrotrayendo los pocos avances en materia de interculturalidad.

Investigaciones académicas y judiciales han desvelado a los partidos políticos como instrumentos que operan en la reproducción de la captura del Estado. Y lo son en tanto funcionan como propiedad de sus dueños y financistas, siendo estos grandes empresarios, militares en retiro de alto rango, líderes religiosos e incluso jefes de redes criminales de distinto tipo y escala.

Sin duda, excepciones las hay, pero lo predominante en el sistema de partidos políticos es lo antes dicho. En este sentido, el problema esencial no es la falta de institucionalización de tales instituciones, sino una institucionalización de las relaciones de poder, de los intereses, de las visiones y de las prácticas que los determinan en su carácter, que tienden a excluir de sus funciones de representación e intermediación a mayorías sociales, con lo cual mantienen y reproducen exclusiones de larga data. De ahí que su orientación no sea la búsqueda de soluciones a los problemas históricos y estructurales.

Investigaciones académicas y judiciales han desvelado a los partidos políticos como instrumentos que operan en la reproducción de la captura del Estado.

Quienes controlan el sistema de partidos políticos desde afuera y desde adentro acuden a las elecciones con múltiples factores de ventaja: articulan y accionan para sí las fuentes de financiamiento, el aparato del Estado, los medios de comunicación masiva, las Iglesias, los poderes regionales y locales y las instituciones electorales y judiciales para dirimir sus recurrentes contradicciones y garantizar, al final de cada proceso electoral, el control de los organismos públicos y de las políticas, a los que acceden a través de los partidos y de aquellas otras instituciones que mantienen capturadas a través de otros mecanismos de representación y selección.

En este marco, la intermediación que logran segmentos sociales excluidos es de carácter débil porque sus expresiones partidarias actúan de forma desarticulada y, por consiguiente, reproducen su marginalidad. Asimismo, dichos segmentos sociales son de carácter contingente, en especial cuando activan formas de movilización y de protesta social con las cuales presionan la apertura de espacios de diálogo y gestión pública cuyos resultados, no obstante, son insuficientes.

Modificar el carácter y la problemática compleja del sistema de partidos políticos será complicado si no se crean condiciones de distinto orden como una democratización del financiamiento electoral, del acceso a los medios de comunicación masiva y de la representación indígena y de mujeres en las instancias de decisión partidaria y en los listados de participación electoral, así como el establecimiento y fortalecimiento de los mecanismos de control de los financiamientos ilícitos y de las coimas para la aprobación de leyes, políticas y obras, entre otras.

En un momento en el cual se abrirá la discusión sobre nuevas reformas a la Ley Electoral de Partidos Políticos, será esencial trascender los enfoques institucionalistas y replantear las estrategias para lograr cambios que permitan configurar un sistema de partidos políticos menos capturado.

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