Latinoamérica se encuentra en un momento de efervescencia política. Esto se explica por las contradicciones generadas por los modelos económicos, las políticas neoliberales, la imposición de intereses imperiales y los regímenes políticos oligárquicos que profundizan las desigualdades y reprimen la protesta social.

En Chile, la protesta emergió contra el aumento al pasaje del metro. Prontamente se convirtió en un mar de gente movilizada contra la represión y la violación de derechos humanos por parte del gobierno de Sebastián Piñera y, trascendiendo el hecho desencadenante, contra el falso milagro económico afincado en políticas neoliberales que, a través de recortes a las pensiones, a los salarios, a la educación y a la salud, han profundizado la desigualdad. Así las cosas, hoy se exige la renuncia del mandatario —que, por cierto, le declaró la guerra al pueblo movilizado—, elecciones anticipadas y el cambio de la constitución política surgida de la dictadura militar de Augusto Pinochet.

En Ecuador, la movilización masiva se originó a raíz del llamado paquetazo, constituido por medidas de orientación neoliberal devenidas de compromisos del gobierno de Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Entre otras medidas: la derogatoria del subsidio a los combustibles y la disminución salarial a trabajadores públicos, así como la eliminación, la reducción y el perdón del pago de impuestos a grandes capitales. Aun cuando se logró la derogatoria de la eliminación del subsidio a los combustibles, las demás medidas siguen vigentes, las heridas de la cruenta represión persisten y las fuerzas democráticas y populares se recomponen, lo cual augura posibles nuevas movilizaciones y la continuidad en la exigencia de renuncia del actual mandatario.

En Argentina, el rechazo popular se originó por las políticas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri. La disminución de prestaciones sociales, la quiebra de miles de empresas, la pérdida de empleos y la galopante inflación, sumadas al impacto de los acuerdos con el FMI, han generado el aumento sustancial de la desigualdad, de la miseria y del descontento social contra las políticas gubernamentales. En este contexto, la salida momentánea ha sido elegir como nuevo presidente a Alberto Fernández, político progresista que formó parte de gobiernos que superaron las afectaciones provocadas por el neoliberalismo.

Honduras experimenta un ciclo de protesta que empezó como un rechazo al golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009 y que se intensificó en determinadas coyunturas, como sucedió después de las elecciones de 2017, las cuales fueron calificadas de ilegales e ilegítimas por los movimientos sociales. Las movilizaciones actuales comenzaron en agosto y se dirigen a exigir la salida del presidente Juan Orlando Hernández, cuyo gobierno ha sido calificado de «narcodictadura». El hermano del mandatario, Juan Antonio, fue juzgado y condenado en Estados Unidos por sus actividades vinculadas con el narcotraficante Chapo Guzmán, quien financió la campaña electoral para la reelección presidencial. La respuesta represiva del Gobierno no ha logrado detener las movilizaciones sociales, que al mismo tiempo cuestionan las políticas neoliberales.

En Brasil, el gobierno derechista de Jair Bolsonaro fue rápidamente rechazado e impugnado por gigantescas movilizaciones populares a lo largo del país. Su gestión representa la continuidad de un régimen que se originó en el golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff y la infame trama judicial contra Lula da Silva, quien probablemente habría ganado la presidencia en 2018. Bolsonaro acumula también el rechazo por el aumento al transporte, el recorte de los fondos de educación y de las artes y la reforma de la seguridad social, además de que es señalado de impulsar políticas genocidas contra los pueblos indígenas, los campesinos y la naturaleza, evidenciadas en su inacción y en su complicidad en los incendios de la Amazonía.

En Colombia, Perú, Paraguay, Panamá, Costa Rica y Guatemala, las resistencias y protestas populares también avanzan a pesar de las prácticas de aniquilamiento y represión que aplican sus Gobiernos. No obstante, crecen, maduran y podrían convertirse en movilizaciones de gran envergadura.

Estas luchas indican que estamos ante una coyuntura abierta por los pueblos en rebeldía, donde clases trabajadoras, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y campesinos confrontan las políticas neoliberales, la represión estatal y la injerencia del FMI y de Estados Unidos. Exigen la dimisión de mandatarios antipopulares y la instauración de nuevas políticas. Además, empiezan a ser planteados nuevos horizontes constitucionales en seguimiento de los ensayos boliviano, venezolano y ecuatoriano.

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