La institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) ha constituido uno de los principales pilares en la búsqueda de garantizar un Estado que respete los derechos de toda la ciudadanía guatemalteca.

Fue instituida constitucionalmente con el objeto de defender los derechos humanos establecidos en la Carta Magna y, por consiguiente, en el ordenamiento internacional correspondiente. A partir de 1986 se convirtió en un factor fundamental que contribuyó a mermar las políticas violatorias de derechos humanos que desde el Estado se implementaron durante el conflicto armado. Siendo que las violaciones de los derechos humanos persisten, es una institución vigente y necesaria.

La investigación, el seguimiento y la sanción ética del PDH han sido fundamentales para lograr mayores garantías sociales y políticas, en especial tratándose de sectores sociales vulnerables que, en busca de resolver problemas históricamente postergados y de frenar la persecución y los crímenes políticos, recurren a la organización, protesta y participación propositiva. En ese sentido, en el cumplimiento de sus funciones, la institución del PDH ha enfrentado a grupos de poder político, económico y militar comprometidos con violaciones de derechos humanos. Esa ha sido la causa por la cual instituciones y funcionarios pertenecientes a tales grupos comprometidos con violaciones en el pasado y en el presente o controlados por estos mantienen una política constante de desprestigio, ataque y bloqueo hacia dicha institución y sus funcionarios.

El caso más grave ha sido protagonizado por el Congreso de la República. En el afán de defenderse de señalamientos certeros sobre prácticas reñidas con los parámetros democráticos y de probidad —así como sobre casos de investigación que fundamentó la Cicig—, quienes han dirigido dicho organismo en los últimos años han llegado al extremo de bloquear asignaciones presupuestarias al PDH, con lo cual han atentado contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que allí laboran. Contrario a la búsqueda de fortalecer el ente constitucional, quienes han dirigido el Congreso han llevado al organismo a desplegar una política atentatoria de las funciones del PDH, incluso desobedeciendo resoluciones de la Corte de Constitucionalidad al respecto.

Durante el gobierno de Jimmy Morales, el ataque y bloqueo al PDH constituyó parte de la estrategia de la extrema derecha, que, en su afán de mantenerse en el poder y de evitar la investigación y el procesamiento judicial de corruptos y mafiosos, ha pretendido copar toda institución estatal y ciudadana que le resulte contraria a sus intereses y a su imaginario conservador in extremis. Su capacidad para controlar organismos del Estado, medios de comunicación masiva, etcétera, ha sido esencial para el crecimiento de una corriente de pensamiento simple y maniqueo que considera a la institución del PDH como defensora de delincuentes.

Sin duda, la idea que se expresa en la fórmula derechos humanos es igual a defensa de delincuentes procede de grupos de poder y se reproduce en segmentos ciudadanos que evidencian su vulnerabilidad ante la manipulación de estos, en su ignorancia sobre el carácter de la institución del PDH y en el significado de los derechos humanos mismos. Son segmentos que carecen de consideración sobre su calidad de sujetos de derechos humanos y sobre cómo sus ataques discursivos o institucionales contra el PDH contribuyen a vulnerar sus propios derechos como ciudadanos y ciudadanas.

En el peor de los casos, la difusión de esa idea errónea sobre el PDH es muestra de demagogia y de un compromiso con grupos que en el pasado y en la actualidad han estado y están comprometidos con violaciones de derechos humanos, que se sienten evidenciados por la sanción ética del PDH en el ejercicio de sus cargos como servidores públicos o que están vinculados a casos de corrupción e impunidad.

Está por verse si el nuevo gobierno y la nueva dirección legislativa garantizarán la función de una institución tan necesaria en nuestro país, dada la continuidad en la violación de los derechos humanos o su falta de vigencia, o si, contrariamente, darán continuidad a la política retrógrada que impulsaron las anteriores autoridades de tales organismos.

En cualquier caso, es menester que la ciudadanía informada, crítica y democrática defienda los derechos humanos y la institución encargada de su defensa, ya que esto significa defender nuestros derechos, los derechos comunes, los derechos de todos los guatemaltecos.

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