La recaptura de Gustavo Adolfo Alejos Cámbara por violar las condiciones de prisión preventiva, ocurrido el 18 de febrero, constituye un hecho que vuelve a desnudar la reconfiguración cooptada del Estado como un continuo operado por elites y redes de poder.

Gustavo Alejos es miembro de la clase dominante guatemalteca, operador de negocios y transacciones ilícitas, vinculado a partidos políticos del statu quo. Fue capturado inicialmente en 2017 y está procesado por participar en una serie de casos de corrupción y cooptación del Estado, los cuales son denominados: 1) Negociantes de la salud, 2) Cooptación del Estado, 3) Transurbano, 4) Financiamiento ilícito al partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), 5) Red de poder, corrupción y lavado.

La investigación preliminar que lleva a la recaptura de Alejos evidencia un conjunto de hechos de trascendencia política y judicial. 1) Una jueza señalada de beneficiar a poderosos, aprobó el traslado del reo a un hospital privado, lugar donde tenía a disposición licores, comida y otras bebidas, donde mantenía reuniones indebidas y de cuyas instalaciones salía sin ninguna custodia. 2) En dicho hospital Alejos concertó con jueces, diputadas (incluida la primera vicepresidenta de la Junta Directiva del Congreso), abogados, aspirantes a magistrados de cortes y un representante de universidad privada, quienes intervienen o tienen familiares y amigos que participan en el proceso de selección de altos funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones y el Tribunal Supremo Electoral. 3) La inexistencia de justificación sanitaria y carencia de custodia del reo, implica a funcionarios con altos cargos en el sistema judicial y penitenciario, al decidir y crear condiciones para su permaneciera en el lugar y en esas circunstancias. 4) En el mismo hospital también fue recluida meses atrás, por decisión de la misma jueza, la ex candidata presidencial, Sandra Torres, acusada de financiamiento electoral ilícito, correligionaria de Alejos y señalada por miembros de su propio partido de estar participando en la negociación de elección de magistrados.

La información disponible evidencia que Gustavo Alejos estaba urdiendo transacciones para determinar de forma anómala, la calificación y selección de magistrados a las cortes del país. Este hecho, sumado a las denuncias sobre influencias y presiones hacia la Comisión de Postulaciones, muestra la continuidad de redes que operan la cooptación del Estado. Su propósito, como resulta claro, es controlar las cortes en función de los réditos económicos, políticos y judiciales que esto significa, así como entorpecer y revertir procesos judiciales para liberar de la cárcel a personajes poderosos, retrotraer procesos de investigación y enjuiciamiento, y reproducir condiciones de impunidad.

Un sistema de justicia efectivo, que garantice los derechos, procesos, sanciones, reparaciones y correctivos para construir una sociedad democrática y justa, es inexistente. Lo demostró la indagación coordinada realizada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) entre 2015 y 2019, entidades que evidenciaron y procedieron a señalar, capturar, procesar a elites por su participación en diversos delitos de alto impacto. Estas elites de poder económico, político, militar y criminal, lograron finalmente que dicha comisión fuera expulsada del país.

La recaptura de Gustavo Alejos en estas andanzas ilegales y el injustificado retraso en la selección de los magistrados de las altas cortes, producto de impugnaciones y otros vericuetos políticos, ponen en entredicho tal proceso y la idoneidad de los postulantes que han avanzado a la siguiente etapa. Las prácticas de cooptación que nuevamente son reveladas públicamente, confirman la continuidad de alianzas entre elites de poder “fuera” y “dentro” del aparato institucional para beneficiarse mutuamente. Esto implica, en términos conceptuales, la reconfiguración cooptada del Estado, que se orienta, mediante práctica ilegales, a subvertir las reglas y garantizar que en las instituciones se intermedie e impongan los intereses de tales elites, por sobre el interés común y la búsqueda de justicia y democracia.

En este marco y siendo el carácter intacto del régimen político, solo podemos esperar que el sistema de justicia –como el resto de los principales aparatos del Estado- opere en función de intereses de redes y elites de poder. Así las cosas, surge la pregunta: ¿Qué condiciones son necesarias para subvertir la captura y la reconfiguración cooptada del Estado?