En pocos días se sabrá quiénes son los próximos Magistrados que integrarán el nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE), los diputados del Congreso Nacional tendrán que definir su composición escogiendo entre un listado de veinte candidatos. Es casi seguro que los ungidos no serán los mejores, ni tampoco los que alcanzaron los puntos más altos. ¿Entonces, para qué son las comisiones de postulación y la calificación de candidatos, si al final las mafias que mantienen cooptado al Estado imponen a profesionales mediocres y a los menos calificados?

De acuerdo a los artículos 123 y 141 (a) de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), 60 días antes de que venza el periodo de funciones del actual TSE, el Congreso instalará la Comisión de Postulación que, en un plazo de 30 días, definirá la nómina de candidatos a magistrados entre quienes con el voto favorable de por lo menos dos terceras partes de los diputados, deben elegir a cinco magistrados titulares y cinco suplentes, quienes ocuparán el cargo por un periodo de seis años.

Con sólo revisar el listado de los veinte escogidos, se puede deducir con facilidad que quienes obtuvieron la calificación más baja lograron el voto unánime de los comisionados, dejando con menos votos a los profesionales que obtuvieron las calificaciones más altas. Entonces, más claro no canta un gallo.

Aunque prevalezcan estos vicios en las Comisiones de Postulación, lo ideal es que los diputados deberían privilegiar méritos, independencia de criterio, integridad personal y excelencia profesional al momento de decidir quiénes serán los escogidos, pero conociendo a la clase política corrupta, les interesa más asegurar la cooptación del TSE, para garantizar que quienes lleguen a ocupar los altos cargos de magistrado, sean afines a los propósitos de favorecer los intereses de la corrupción e impunidad.

Estos juegos perversos de los corruptos y testaferros al servicio de las élites, validan la reiterada y urgente necesidad de hacer reformas a la LEPP y al sistema de justicia, debido a que las comisiones de postulación se han transformado en un medio para que mafias políticas y redes del crimen organizado, consoliden su poder con el afán de mantener la cooptación del Estado.

Analistas independientes sostienen que el interés de los diputados es reformar la LEPP, sobretodo los artículos que se relacionan con el transfuguismo, cancelación de partidos políticos y financiamiento electoral, por eso, escogerán a candidatos que se conviertan en aliados para satisfacer sus mezquinos intereses.

Por otra parte, la petición del presidente Giammattei para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio Público (MP), detengan los procesos penales contra empresarios sindicados de evadir impuestos es una interferencia de poderes, un abuso de poder. Como siempre, los gobernantes siguen dando muestras claras de que les interesa proteger a los empresarios corruptos, evasores de impuestos. A la petición del presidente Giammattei, se esperaría que la CSJ y el MP como instituciones autónomas, respondan rechazando con energía esa intromisión del Ejecutivo, que pretende obstaculizar la aplicación de la justicia.

Ante tales hechos, únicamente la ciudadanía en ejercicio del derecho de resistencia garantizado en el artículo 45 de la Constitución Política de la República (CPRG,) puede hacer fracasar los juegos perversos de la clase política corrupta y marrullera, sometida a los caprichos de las élites neoliberales y a sus oscuros intereses.

Guatemala, 13/03/2020

-Factor Méndez Doninelli es maestro e investigador, consultor en Derechos Humanos y métodos alternativos de resolución de conflictos.