Durante los cuatro años de gestión del gobierno neoliberal de Mauricio Macri, Argentina se endeudó por 129.000 millones de dólares: 85.000 millones fueron en bonos y 44.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El 10 de diciembre de 2015, cuando asumió el gobierno, las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) alcanzaban los 25.092 millones de dólares y el 9 de diciembre de 2019, cuando dejó el gobierno, las reservas internacionales sumaban apenas 45.190 millones, O sea, faltan 108.902 millones de dólares.

La pregunta es obvia: ¿A dónde fueron a parar los casi 109 mil millones de dólares de la deuda argentina? ¿En que se gastó, quienes compraron los bonos al BCRA?

Seguramente, una parte se invirtió en obras y otra parte cubrió el déficit fiscal de la administración nacional, pero no menos de 88.371 millones de dólares que el BCRA contabiliza como FAE (Formación de Activos Externos de residentes en la Argentina) fueron sacados del circuito legal del país. 

La ahora directora del Banco Central, Betina Stein, recordaba que no hubo un acto administrativo (decreto del Ejecutivo) que autorizara a algún funcionario a la firma del acuerdo con el FMI, previo análisis de la legalidad e impacto que tendría en la balanza de pagos.

Y apuntaba al antecedente del genocida Emilio Massera (almirante miembro de la Junta Militar de la dictadura de 1976-1983), quien tuvo que responder con su patrimonio por las atrocidades cometidas en ocasión y en ejercicio de su cargo público.

Stein insiste en que el Estado debe investigar las circunstancias que rodearon a la toma de la deuda en dólares de mayor envergadura en la historia del país. Y si de haber existido irregularidades en el proceso de decisión, el Estado, víctima de los perjuicios patrimoniales ocasionados por tales irregularidades debería demandar judicialmente a los funcionarios responsables de haber generado ilegítimamente esa deuda, para que se los condene a reparar esos perjuicios con su propio patrimonio.

Beneficiarios

Obviamente, quienes pueden comprar esas divisas son los sectores más ricos de la sociedad y, entre ellos, obviamente, las 50 familias residentes en la Argentina que aparecen en la Revista Forbes de EEUU entre las 2.000 personas más ricas del mundo.

Entre ellas, las 211 familias y sociedades dueñas de 2.516 establecimientos agropecuarios que  poseen11.158.368,9 hectáreas (sobre un total de 25.788.669 hectáreas cultivables) en la Provincia de Buenos Aires; o los Benetton; los Joseph Lewis; los Hiriart; los Walbrook; los Soros; entre otros grandes latifundistas extranjeros pero con residencia en este país. 

También, los dueños de los bancos, petroleras, mineras y grandes comercios que operan en el país.

Hoy, la Argentina se encuentra en plena (y larga) negociación con sus acreedores de una deuda que creció en forma sideral durante la gestión neoliberal y que empoderó a grandes fondos de cobertura o inversión financiera como Black Rock, Fidelity, Pimco, Franklin Templeton, que crecieron tras la crisis internacional del año 2008 de los bonos de securitización, reemplazando a grandes bancos por un lado y administrando aportes de capitalización de jubilaciones y pensiones privadas, por otra parte.

Como administradores de esos cuantiosos activos, los fondos de inversión vieron el negocio de prestarle a tasas de usura a países como Argentina, que financiaron su déficit fiscal que es en moneda local con préstamos en divisas. Cuando la situación cambia y en medio de devaluaciones, es difícil determinar su precio y, por ende, no se puede pagar.

Por ejemplo, BlackRock administra activos financieros por varias veces el PIB argentino (de 352.300 millones de dólares) teniendo acciones de Monsanto-Bayer, BASF, Coca Cola, Apple, Microsoft, Exxon Mobil, General Electric -entre otras trasnacionales-. y, es uno de los principales tenedores de títulos de deuda del Tesoro de EEUU, país que es el principal deudor del mundo con un pasivo de 22 billones de dólares (62,5 veces el PIB argentino).

Estos grandes fondos representan al capital financiero internacional y tiene clara influencia sobre los Estados y sus gobiernos, el Fondo Monetario Internacional, el banco Mundial y el banco Interamericano de Desarrollo entre otros organismos multilaterales, como sobre importantes palancas de producción y comercialización de la economía mundial.

El frente externo

La crisis mundial causada por el mortal coronavirus conllevó el derrape de los precios del petróleo y de los comodities por la menor demanda de China, que castigó de doble manera a la Argentina. En primer lugar, porque exporta básicamente alimentos y, en segundo término, porque se tienen fundadas expectativas en la extracción de petróleo y gas no convencional en el yacimiento de Vaca Muerta en sus 30.000 kilómetros cuadrados abarcando las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza.

Parte de la deuda externa total, de 324.300 millones de dólares, está en moneda y en jurisdicción extranjera, razón por la cual el 10 de marzo último, el gobierno publicó el Decreto para reestructurar la deuda de los bonos emitidos bajo ley extranjera existentes al 12 de febrero de 2020, que suman 68.842 millones de dólares.

Asimismo, se le confirió al Ministro de Economía, Martín Guzmán, la autoridad para efectuar la renegociación con los acreedores y reestructurar la deuda, e incluso prorrogar la jurisdicción en favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en las ciudades de Nueva York, Londres, y Tokio como fue en su emisión original.

La exigencia de parte importante de los tenedores de esos 35 bonos era que la Argentina presente junto a su reestructuración un plan de pago, que nace de los supuestos de superávit comercial y del superávit fiscal. Guzmán, ante el Congreso, se refirió a algunos escenarios que en el mejor de los casos iba poder permitir pagar el 1% o 1,2% del PIB (unos 4.000 millones de dólares) en el 2023, con lo cual estaba infiriendo que se suspenderían los pagos por los años 2020, 2021 y 2022.

Difícilmente, los grandes fondos de inversión financiera o de cobertura, tenedores de parte importante de los títulos de deuda del Decreto 250/20, estén dispuestos a esperar tres años para poder cobrar parte de los intereses, ni a esperar para cobrar la amortización del capital e incluso aceptar quitas en el capital adeudado, que son las tres variantes de la reestructuración. 

Esos fondos tuvieron reuniones con Guzmán y la prueba de que no se ha arribado a un acuerdo, es la baja sistemática del precio de esos títulos en los mercados internacionales. A ello hay que sumarle el marco internacional desfavorable y el conflicto interno con los privilegiados de siempre (terratenientes y agronegocio), que tornan la situación en sumamente difícil.

No sería extraño que ante ello, en varios títulos y en forma unilateral, la Argentina reestructure el capital adeudado, los plazos y la tasa de interés, que en el caso de los títulos comprendido en el Decreto 250/20 implicará para sus tenedores la presentación judicial y, con ello, otra vez se agiganta la sombra del juez Thomas Griesa y su fallo a favor de los “buitres” acreedores del país.

El decreto del presidente Alberto Fernández no dice nada sobre la deuda emitida en moneda extranjera bajo ley local, instancia que considera abrir sólo una vez concluida la que ahora comienza. El país está semiparalizado, condicionado a la reestructuración de la deuda externa, en espera de un plan de gobierno integral y soluciones para la generación de fondos que puedan impulsar, entre otros, planes productivos y sociales.

Auditoría y no pago

Organizaciones con larga trayectoria en la temática de la Deuda Pública como CADTM y ATTAC alertaron sobre la presentación de propuestas a “libro cerrado”  al Congreso, negociadas previamente en forma confidencial  como hecho consumado y señalaron que éstas deben partir del acceso a  información completa de  los  actores y potenciales damnificados (el pueblo), y el rechazo a la  existencia de una evidente desproporción en la capacidad  y/o los tiempos de negociación de una de las  contrapartes.

Señalaron que debe haber una  indispensable  identificación previa, mediante una auditoria pública con participación ciudadana activa, de los tenedores de títulos,  incluyendo la información completa de titularidad, fecha y precio de la secuencias de compra/venta de cada título y  agentes de intermediación, para descubrir maniobras de agiotismo, ocultamiento de activos, inside trading y otras prácticas.

La auditoría sirve también para determinar si el uso que se hizo de la deuda contratada era legítimo u odioso.

Estas organizaciones, propusieron públicamente la consideración jurídica como Deuda Odiosa, contraída –incluso en gobierno regular- contra los intereses de la Nación, a sabienda de los acreedores; desestimar una negociación contra reloj: no aceptar en el inicio de las negociaciones un “tolling agreement” (acuerdo de continuidad) que inhiba la previsión de un elemental “plan B” de fracasar las mismas en un tiempo tan acotado.

Asimismo propusieron la adopción de una ley contra los “Fondos Buitre” y consiste en plantear que éstos no puede pretender una suma de dinero superior a la suma de dinero que efectivamente pagó para adquirir un título de deuda pública y, más importante, la suspensión unilateral del pago de la deuda y rechazar durante la emisión de títulos de Deuda Pública, la delegación en una jurisdicción extranjera el poder de solucionar un litigio entre el país deudor y los tenedores de los títulos.

Argentina, como en 2001, no debería dudar en declarar una suspensión de pagos por un lapso de tiempo mínimo, con una prolongación si fuera necesaria, para permitir la posibilidad de utilizar las sumas ahorradas para reactivar el consumo y la actividad económica en beneficio de la población.

Mientras los terratenientes y dueños del agronegocio declaraban un lock out contra la medida del gobierno de gravar en un 3% más las exportaciones, desde los sectores populares se reclama al gobierno informar el estado real de situación a todo el pueblo y para ello harán oir su voz en las calles.

- Aharonian es periodista y comunicólogo uruguayo, magister en Integración, fundador de Telesur y presidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA). Rovelli es licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Universidad de Buenos Aires. Analistas senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

http://estrategia.la/2020/03/12/a-donde-fueron-a-parar-109-mil-millones-de-dolares-de-la-deuda-argentina/