El presidente Laurentino Cortizo anunció que a los empleados públicos con salarios superiores a mil balboas, con algunas excepciones, se les descontará una proporción indeterminada para que aporten al Fondo Solidario con las víctimas económicas del capitalismo y el COVID, es decir, los que se quedaron sin ingresos por despido o cierre de la economía.

Conviene tener presente que: los asalariados sostenemos con nuestros impuestos al Estado, mientras que la burguesía parasita de panamá con exoneraciones o con la evasión fiscal.

Seguramente la mayoría de los empleados públicos en condiciones de aportar no tendrán inconvenientes en ser solidarios con quienes más lo necesitan, pues esa ha sido una virtud humana de los asalariados: la solidaridad. Pero la oligarquía panameña y extranjera que le chupa la sangre cada día a Panamá para sacarle toda la plusvalía que pueda NO ES SOLIDARIA. Entre un docente y un empresario, el primero aporta al fisco proporcionalmente más que el segundo.

Si se conoce algo de este país, se sabe que aquí hay sectores empresariales que históricamente han hecho parte del llamado “Club de los Exonerados”. Por ejemplo, la industria marítima, que representa el 33.5% del producto interno bruto (PIB), unos 25 mil 780 millones de dólares anuales, su tributación totaliza $603.4 millones, apenas un 2.3% de todo el capital que mueven.

Por el contrario, un docente universitario paga en promedio de impuesto sobre la renta el 7.35% de su salario y el 8.6% si se incluye el seguro educativo.

En 2015, el gobierno de Varela alegó un déficit, según el cual el “impuesto sobre la renta de las empresas” había bajado 27.3% de lo presupuestado y 15.3% respecto al año anterior, la suma total que se debió recaudar era B/. 884.2 millones, esto significa que, respecto a una economía estimada en B/. 76 mil 925 millones para ese año, las empresas solo pagan de impuesto sobre la renta empresarial apenas el 1.1% del PIB.

Un experto como el Sr. Publio Cortés afirma que “ciertos contribuyentes de alto nivel económico, se benefician de la opacidad de los refugios fiscales…”, además que utilizan gastos ficticios para declarar mucho menos de lo que se debe pagar en impuestos (La Estrella, 3/5/16). Donde quiera que se mire, los mejores negocios del país, o están exonerados o tributan muy poco.

Así que debemos exigir que el gobierno deje de atacar fiscalmente, con recortes o impuestos, a los asalariados y a los más pobres, que se deje de recortar los servicios y programas sociales. A quienes hay que dejar de subsidiar son a las grandes empresas extranjeras y nacionales que se benefician de nuestra posición geográfica.

Exijamos una reforma fiscal progresiva en la que los que más ganan paguen más, y no al revés, que es lo que está pasando en Panamá.

Panamá, 1 de abril de 2020.