La renuncia del ahora exMinistro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, ha comenzado a decantar el nuevo escenario que se instala en la política brasileña. Primeramente, vale destacar que dicha renuncia no es producto de una frustración de última hora, provocada por la destitución -sin consulta- del Superintendente de la Policía Federal (PF), Mauricio Valeixo. Sería una ingenuidad pensar que una decisión de este calibre fue tomada por Sergio Moro únicamente por el disgusto que le produjo la pretendida intromisión del mandatario en las investigaciones realizadas por la PF, especialmente aquellas que están focalizadas en las actividades de sus hijos y de políticos aliados del presidente. En rigor, esta renuncia no es apenas una expresión del hecho de que el excapitán desea convertir a la Policía Federal en una especie de aparato de seguridad personal o blindaje frente a los procesos que se comienzan a acumular en contra de su familia y de los amigos del clan Bolsonaro.

No es el caso. De hecho, la salida del ex juez de la Operación Lava Jato y símbolo de la lucha contra la corrupción parece haber sido planificada con mucha antelación. En este último periodo, el ministro Moro -muy ausente y con escasas apariciones públicas- se había reunido con representantes de entidades empresariales, con altos ejecutivos de la banca y del sistema financiero, así como con miembros de la prensa y políticos de la centroderecha tradicional. Por lo mismo, lo que se puede percibir de su salida del gobierno es que este supone un movimiento más global de rearticulación de una centroderecha que apuesta en Sergio Moro como una figura respetada, moderada y, por lo tanto, una carta de consenso para superar el conturbado momento sanitario, económico y político que devasta al país.

Si bien la centroderecha apostó con cierta aprehensión en el candidato de la ultraderecha para derrotar a los “izquierdistas” del Partido de los Trabajadores en las elecciones de 2018, transcurrido algunos meses, ella observa con preocupación el rápido deterioro que viene experimentando el gobierno y el malestar creciente que se apodera de la población en medio del caos sanitario provocado por el Covid-19 y de la caída estrepitosa de todos los indicadores de la economía brasileña.

Precisamente, para enfrentar la crisis económica, el Jefe de la Casa Civil, General Braga Netto, ha presentado recientemente un ambicioso programa de recuperación con intervención del Estado, lo cual implica un contrapelo de las políticas que viene tratando de implementar el titular de la cartera, Paulo Guedes. Por lo mismo, no resultó tan extraño que el Ministro de Economía no estuviera presente en el lanzamiento de este Plan de Recuperación Nacional. Si las discrepancias con el Ministro Guedes se hacen constantes o se profundizan, es muy probable que sea el próximo secretario en solicitar su salida del gabinete.

Con un Bolsonaro cada vez más aislado, intentando aumentar su base de apoyo en el Congreso en base a un fisiologismo de compra de apoyo dirigido hacia los partidos del bajo clero llamado “Centrão”, la centroderecha ha comenzado a distanciarse definitivamente de un gobierno que ya no le sirve para continuar protegiendo sus intereses y sus negocios. El presidente en ejercicio puede ser descartado por este espectro político y por los empresarios, a pesar de que todavía no concluye el “trabajo sucio” para el cual fue instalado en el Ejecutivo. Todavía quedan pendientes algunas reformas de la agenda neoliberal propuesta por su equipo económico, a saber: privatización de empresas públicas (especialmente Petrobras), disminución de impuestos para las empresas, desregulación total de los contratos laborales, relajación o extinción de las agencias de fiscalización de la explotación predatoria que afecta la región amazónica y de otras actividades extractivistas.

Pero a pesar de la tarea inconclusa, la centroderecha y el empresariado se encuentran actualmente convencidos que el comportamiento desequilibrado y beligerante de Bolsonaro está colocando en serio riesgo la estabilidad de las instituciones y la viabilidad de los “emprendimientos”, todo lo cual se ve potenciado por el contexto de pandemia que aflige al país. Para este bloque político, es ineludible distanciarse o directamente enfrentarse a un gobierno en descomposición, que pierde diariamente la legitimidad y el apoyo popular y que demuestra total incapacidad de establecer pactos con el resto de los poderes y con la clase política en su conjunto, incluidos congresistas, gobernadores y alcaldes. El excapitán tampoco cuenta con el apoyo incondicional de las Fuerza Armadas, las cuales ya han expresado su malestar por las manifestaciones convocadas a favor de una intervención golpista que tendría por objetivo salvar al gobierno de sus enemigos invisibles, como ya resulta habitual en el discurso delirante del presidente y de sus fanáticos seguidores.

En ese contexto de irracionalidad persecutoria, la persona del exjuez simboliza una imagen de semblante ponderado y dialogante, todavía investido de honores y legitimado por su papel emblemático como la persona que combatió la corrupción endémica de Brasil, como quien renunció a su sosegada vida familiar para emprender una cruzada contra el crimen y la delincuencia. Esta es la narrativa que en este momento construyen los medios de prensa y los sectores que apoyan una opción de centroderecha para salir del atolladero en que se encuentra el país, sin perder el control sobre las instituciones y sobre las reformas económicas en curso. En tal sentido, Sergio Moro se perfila como aquel líder que le podría dar una continuidad al proyecto neoliberal, el que se encuentra comprometido con la profundización de la crisis y con el programa intervencionista elaborado entre cuatro paredes por la Casa Civil.

Entonces, partiendo de este escenario surgen algunas interrogantes: ¿Cómo posibilitar que las fuerzas de centroderecha recuperen su protagonismo y cuál es el papel que puede desempeñar Moro en ese entramado? ¿Cuáles son los plazos necesarios para lograr este cometido? ¿Qué puede suceder con los otros líderes de la centroderecha, como el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia o el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria? En efecto, ambos se insinúan como posibles candidatos para asumir el desafío de restaurar el proyecto de este sector político.

¿Y los plazos? De acuerdo con la Constitución, si prospera una destitución antes de que el presidente concluya su segundo año de gestión, se debe convocar a nuevas elecciones. Faltan poco más de 8 meses para que ello ocurra, por lo tanto, el proceso de impeachment tiene que ser abierto inmediatamente y su tramitación tiene que ser ejecutiva. Este escenario resulta incierto, debido a que actualmente no están dadas las condiciones para terminar de manera rápida y expedita con el mandato de Bolsonaro. Según los últimos balances, no existiría en la Cámara de Diputados la correlación de fuerzas suficiente para obtener los votos que permitan encausar y acelerar la destitución del presidente.

Mientras tanto, los infectados por el Covid-19 aumentan exponencialmente y las víctimas fatales ya superan los 4 mil casos. En medio del debate sobre la transición política y el desprecio de las autoridades por la vida de las personas -que insisten en priorizar el impacto económico del Coronavirus- Brasil continúa desangrándose internamente.

Fernando de la Cuadra

Doctor en Ciencias Sociales. Editor del Blog Socialismo y Democracia.