En las últimas semanas de abril, el poder Ejecutivo federal mexicano hizo el anuncio formal de que el regreso a la normalidad de la vida económica en el territorio nacional, luego de la implementación y mantenimiento —ya por más de un mes— de las medidas de distanciamiento social para contener y mitigar la propagación del SARS-CoV-2 en el país, se daría de manera escalonada y diferenciada de acuerdo con los niveles de transmisión que se presenten en alguno de los caso dos mil quinientos municipios que conforman la geografía política del país. Ello, en los hechos, significaba que las autoridades a cargo de hacer frente a la epidemia de Covid-19 en México ya estaban contemplando una serie de retrasos de las fechas de retorno respecto de aquellas que en semanas previas habían delineado.

En una parte importante de la población, tal anuncio fue recibido como un signo de que las autoridades sanitarias, en particular; y el gobierno federal, en general; no tienen, ellas mismas, certeza sobre su labor y sobre el despliegue del virus en la geografía nacional. Esa recepción de la noticia, sin embargo, obvio tres puntos que resultan fundamentales para comprender el porqué de dichos aplazamientos: a) que toda fecha previsible es sólo un marco de referencia para mantener en el imaginario colectivo nacional un horizonte temporal de certeza; b) que ya desde las primeras semanas se había previsto y anunciado públicamente que el momento de mayor transmisión comunitaria (eso que en los medios se terminó por vulgarizar con la denominación de Fase 3) sería en las primeras semanas de mayo, razón por la cual era improbable retornar a la vida cotidiana justo en el momento de mayor dispersión de la enfermedad; y, c) que a lo largo de tres meses la información proporcionada por el gobierno federal ha estado sujeta a la progresión misma de la enfermedad, ajustando la información que se obtiene, por lo tanto, de la observación epidemiológica y de los modelos realizados, por un lado; y a la necesaria labor de no fatigar psicoafectivamente a las masas con un exceso de información, todo el día, todos los días (en esto último, por ejemplo, la simplificación de los mensajes gubernamentales, como el ¡Quédate en casa! ha sido extraordinaria).

Paralelo a ese anuncio, no obstante lo anterior, en un espectro importante de la empresa y en el círculo empresarial más poderoso y determinante de la vida económica de este país se dio un endurecimiento de posturas y de defensas de intereses que amenazaron al poder ejecutivo mismo (con el anuncio del Consejo Coordinador Empresarial de aprovechar la situación para debilitar al titular del Ejecutivo federal y hacer valer la revocación de mandato propuesta por éste último para llevarse a cabo el siguiente año) y a la totalidad de la estrategia de contención y mitigación epidémica en el país (con Javier Alatorre, titular del principal informativo nocturno de la televisora TV Azteca, llamando a la colectividad, en su espacio noticioso, a no hacer más caso a las disposiciones emitidas por las autoridades sanitarias del Estado mexicano).

De esa situación, que es hasta hoy uno de los momentos de mayor tensión que ha tenido que atravesar el gobierno de la 4T, quizá valdría sacar algunos apuntes, un par de notas, sólo para trazar las coordenadas de las tensiones que atraviesan a la política mexicana en esto momentos de profunda inmovilidad social.

I.  Ante el anuncio de la extensión diferenciada de las medidas de distanciamiento social hasta el 30 de mayo, la primera pregunta que surge es ¿qué tanto tienen las capas más empobrecidas de la sociedad la capacidad de resistir ininterrumpidamente el confinamiento? Encontrar un equilibrio o cierto grado de estabilidad en el que, por un lado, el tiempo de retorno a la actividad productiva y de consumo en el espacio público no sea muy corto, como para mantener un alto grado de transmisión comunitaria; y por el otro, ese mismo tiempo no sea demasiado amplio, tanto que termine por afectar de manera irreversible las capacidades de subsistencia de poco menos de la mitad de la población del país; no es una tarea sencilla.

II. Adyacente a esa cuestión, es decir, al imperativo de proteger tanto como sea posible a las capas más pauperizadas de México, que es la central en este momento (y no la abstracta economía nacional a la que tanto hacen referencia las grandes corporaciones nacionales y transnacionales con presencia en el país), lo segundo que hay que considerar es que cualquier intento de recuperación de las economías periféricas depende, en gran medida, por un lado, de la situación imperante en otras economías periféricas (de América, por ejemplo) habida cuenta de que una agudización generalizada de la contracción económica en curso por todo lo largo y ancho de la región tenderá a hacer presión sobre los mecanismos de cooperación y concertación política, los intercambios comerciales y ciertos fenómenos sociales, como el migratorio; y por el otro, y, sobre todo, de lo que ocurra en los días por venir en las economías centrales, toda vez que las economías periféricas, como México y los mercados del resto de América Latina y del Caribe, dependen de la demanda de mercancías y servicios de los marcados de Europa, Estados Unidos, China, etcétera.

III. Derivado de lo anterior, es un hecho que una reactivación generalizada de la actividad productiva en México, en este momento, o en las semanas por venir, cuando el resto del mundo se encuentra en similares o peores condiciones de parálisis, resulta ser un absurdo, pero también una estrategia imposible de implementar sin terminar, en el proceso, por minar aún más las capacidades de recuperación de la economía nacional (esa economía abstracta que defienden los grandes empresarios del país, por encima de la economía regional, local, en la inmensa geografía del país). Ceder, por lo anterior, ante las presiones de las grandes corporaciones nacionales y transnacionales con negocios en México, tanto en el sentido de mantener la mayor cantidad de sectores económicos activos cuanto en lo que respecta a las fechas de pronto retorno a la normalidad de la producción y el consumo no sólo sería ceder ante una fantasía de plena recuperación autocrática de México, sino que sería, asimismo, ceder ante las presiones del gran capital por encima de las economías locales (de barrios, colonias, municipios, etc., que dependen más de mercados situados, antes que de la economía nacional en su conjunto).

IV. Aplazar la duración del distanciamiento social hasta finales de mayo, de manera diferenciada, tiene sin duda muchos inconvenientes en aquellos puntos urbanos en los que las transmisiones comunitarias son proporcionalmente más y también más aceleradas. Sin embargo, es indudable que si una tendencia a la baja en los contagios comunitarios prevalece en una buena proporción de municipios a lo largo y ancho del país, y principalmente en aquellos en los que la actividad productiva principal es la alimentaria (agricultura, ganadería, etc.,) una reactivación temporalmente diferenciada en esos mismos municipios permitiría preparar el terreno del consumo nacional a través del mercado doméstico y de las economías populares, no de las industrias pertenecientes a los grandes conglomerados.

Ensayar una suerte de modelo escalonado de desarrollo económico hacia adentro en los espacios de menor riesgo y menores contagios comunitarios en actividades sustanciales para el mantenimiento de la calidad de vida de las personas (y de su supervivencia como eje rector) permitiría, en lo sucesivo, contar con algunas fortalezas para cuando los grandes centros poblaciones hayan, por fin, atravesado las fases más críticas de la epidemia.

V. Ahora bien, un tanto más preocupante que esa situación resulta ser la advertencia realizada por el gobierno federal de hace apenas unos días, relativa a proceder con la inspección, la clausura y la posible persecución judicial de las empresas que no están acatando las medidas de distanciamiento social dispuestas por las autoridades sanitarias federales. Y lo es no porque no sea lo correcto presionar desde el gobierno federal para que se garantice el cumplimiento estricto de las mismas por todo el país, y de esa manera reducir el nivel de contagios comunitarios. Lo es, antes bien, porque se corre el riesgo de forzar, asimismo, la unidad en bloque del pequeño, mediano y gran empresariado nacional, fortaleciendo su posición frente al gobierno y sus medidas.

La advertencia directa, después de todo, apuntó —como bien lo señaló en su momento el Dr. Hugo López-Gatell— a evidenciar que no son las micro, pequeñas y medianas empresas las que no están acatando las medidas de distanciamiento social, sino que son, como cabía esperar dadas sus resistencias y su combativa postura en medios de comunicación a modo, las grandes empresas y corporaciones nacionales y transnacionales las que no han cumplido con las disposiciones de las autoridades sanitarias, obligando, en algunos casos (como el de TV Azteca) a su personal a seguir laborando sin medidas rigurosas de distanciamiento y de higiene en espacios cerrados. No habría que perder de vista, además, que en ese mismo momento de tensión por el anuncio estaba ya en la agenda pública la discusión en torno de esas grandes empresas que le deben al erario alrededor de cincuenta mil millones de pesos (dinero que, de acuerdo con el titular del Ejecutivo federal, permitiría, de ser saldada la deuda empresarial, triplicar el número de créditos que se planea otorgar a micro, pequeñas y medianas empresas para acelerar la recuperación de la economía nacional).

VI. En un contexto en el que la desmovilización, el encierro y la percepción generalizada de que la vida de todos y todas corre peligro, esa unidad en bloque del empresariado tendría todo el potencial de sacar provecho del descontento popular, acicatearlo y hacerlo operar en su favor para minar las fortalezas y la legitimidad del gobierno federal en turno —en un momento, además, tan próximo a las elecciones de medio turno el año que entra y a la propia consulta sobre revocación de mandato propuesta por el presidente de la república. En un escenario así, la fortaleza, la legitimidad y la popularidad del gobierno federal bien podría no tener lo que se necesita para resistir durante tanto tiempo el golpeteo. Menos aún cuando el control de la información por parte de la prensa escrita y de las televisoras se está haciendo cada vez más firme.

Basta con sumar a ese escenario el cumulo de sentimientos y percepciones (enojo, estrés, irritabilidad, angustia, depresión, etc.) que el confinamiento social provoca en una porción mayoritaria de la población para prever que lo que se avecina bien podría ser un momento de ascenso en el descontento social respecto del gobierno en turno, aun si su gestión de la crisis sanitaria ha sido, hasta ahora, una de las mejor realizadas en toda América.

VII. Una de esas medidas de presión sobre el gobierno de la 4T será, sin duda, la de aceptar el endeudamiento público como medida de contención de los daños al capital. Como bien ya lo han hecho saber varios intelectuales y comentócratas adalides del estatus quo (recurriendo, incluso, a cartas abiertas firmadas por alrededor de cuatro centenares de figuras públicas: personal de las revistas Nexos y Letras Libres, editorialistas de los periódicos Reforma, Excélsior o El Universal, exfuncionarios de los gobiernos del PAN y el PRI; personal del ITAM, o simplemente familiares de esas personas), esa idea será empujada en el colectivo para ser aceptada como sentido común generalizado, ocultando que toda deuda pública se paga con los impuestos de las capas que menos ingresos tienen y que salvar a las grandes corporaciones no se traduce de manera automática o mecánica en un incremento del empleo, de la producción y del consumo en donde más importa: en las economías locales y los mercados populares.

VIII. Es un hecho que el mayor riesgo que corre el gobierno federal (pero también el resto de la población) en este momento, es que se empuje por la aceptación colectiva de la opción que pugna por dejar la gestión de la crisis sanitaria en manos de la economía neoliberal; ese mismo sistema económico que se encargó, desde los años ochenta, de avanzar en la tarea de desmantelar los servicios públicos de seguridad social y de salubridad para hacer crecer la riqueza de un cúmulo muy reducido de intereses empresariales (los banqueros en primera línea), a costa del deterioro generalizado de los servicios que rebe el grueso de la población (sin tomar en cuenta, ya, a aquellas numerosas masas que ni siquiera se pueden permitir hacer gastos significativos en su salud, porque alimentarse es prioridad en su cotidianidad).

¿En dónde entra, entonces, la disputa por los medios de comunicación y la información entre todo este amasijo de contradicciones de la política actual en México?

IX. En los días de la campaña, una de las alianzas más benéficas para la victoria de López Obrador la tuvo el ahora presidente con la persona y las empresas de Salinas Pliego. Esto, por dos razones: a) por parte de Salinas, el reconocimiento de que los candidatos tradicionales a los que sus intereses suelen apoyar ya no contaban con la fuerza electoral y política para remontar a Obrador en los días previos a los comicios; b) por parte de López Obrador, estuvo el reconocimiento (basado en sus dos campañas anteriores) de que los medios de comunicación son determinantes en la definición de las preferencias electorales: si no iba a tener a las grandes televisoras de su parte, promoviendo su imagen como lo hacían con Meade, por lo menos necesitaba la neutralidad amistosa de una de ellas.

X. Resultado de esa neutralidad amistosa fue el pago de favores (el pago de la tregua), por parte del gobierno de la 4T, colocando a personas afines y muy allegadas a Salinas Pliego en algunas posiciones fuertes del gobierno federal (como sucedió con la Secretaria de Educación, a través de Esteban Moctezuma). Algunos privilegios como contratos gubernamentales con Banco Azteca (por alrededor de 969 millones de pesos) han sido parte de ese pago de favores. A cambio, las empresas de comunicación de Salinas Pliego moderaron su discurso reaccionario en ciertos temas y para ciertas agendas de la política del gobierno federal, en momentos en los que es regla general la carnicería mediática (en la mayor parte de la prensa escrita, pero sobre todo en Reforma, Milenio, El Universal; y por supuesto en Televisa y Multimedios, Grupo Imagen, etc.).

XI. La neutralidad amistosa de Salinas Pliego comenzó a desmoronarse cuando, en el contexto de la aplicación de medidas de distanciamiento social, el empresario decidió no acatarlas y mantener en actividades normales (con medidas mínimas de seguridad e higiene) a la totalidad de sus negocios, Banco Azteca, TV Azteca, Elektra, etc.). Cómo muchas otras grandes corporaciones nacionales y transnacionales, decidió hacer caso omiso de las recomendaciones del gobierno, desafiándolo abiertamente.

XII. Ante ese desafío (al que se sumaron varias empresas), el gobierno federal reaccionó visibilizando que son esas mismas grandes corporaciones rebeldes, ansiosas de ser rescatadas con deuda pública, y que se han cubierto con el velo discursivo del «hay que salvar a las MIPYMES», las que no están cumpliendo con el distanciamiento social, y las que tienen, además, las peores condiciones de trabajo y las mayores deudas con el erario. Aunque el mensaje fue corto y no con tanta efusión como se han dado mensajes para otros temas, lo trascendente de ese momento fue el instante en el que esas revelaciones mostraron en toda su amplitud la hipocresía del discurso empresarial, que tanto le ha costado al empresariado mexicano construir a través de eslóganes sobre responsabilidad social empresarial y campañas de filantropía y de promoción de la meritocracia individualista.

XIII. En un segundo momento de reacción, y ante una embestida más fuerte por parte de las empresas (a través del Consejo Coordinador Empresarial, en un caso, y de las grandes cadenas de prensa, radio y televisión, en el otro), el gobierno federal decidió avanzar y amenazó con empezar revisiones para levantar sanciones administrativas, clausurar negocios que incumplan las medidas de sana distancia y comenzar procesos penales por atentar contra la salud.

La amenaza se sintió al interior del círculo cercano de Salinas Pliego. Secundado por gobernadores panistas, ha comenzado una campaña de abierta desacreditación de la autoridad sanitaria federal, llamando a no hacer caso a sus conferencias y medidas. ¿El argumento? La falsedad de sus cifras. ¿La prueba de ese argumento? Un número mayor de muertes registradas en Baja California (gobernada por el panista Jaime Bonilla), que falsearían el total del gobierno federal, presentado cada día en sus conferencias vespertinas. Los mensajeros fueron: Jaime Bonilla y Javier Alatorre (éste de Tv Azteca).

XIV. ¿Entonces son falsos los conteos de Baja California? En diferentes momentos, antes y después del amasiato entre Bonilla y Alatorre, el Dr. López-Gatell precisó que las discrepancias se debían o bien a errores cometidos en la cadena de transmisión de la información desde las entidades federativas o bien a los escalonamientos en el tiempo en la medición y registro de los datos. Lo que es un hecho, y lo que resulta aún más trascendental del asunto es que, al tenerse la percepción popular de que el gobierno federal es el responsable del sistema de salud público en los tres niveles de gobierno (federal, local y municipal) y de encabezar las medidas de mitigación de la epidemia en México, si los decesos se incrementan en las entidades federativas, las muertes, al final, son cargadas a las cuentas y las medidas de la federación, no de las entidades y sus gobernadores, o de los municipios y sus presidentes municipales o alcaldes. Eso contribuye a la percepción de que es el gobierno federal el que está fallando. Y si esto es así, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el combate armado al narcotráfico, en donde la población sí identifica que son los gobiernos municipales y estatales los que son ineficientes en materia de seguridad, acá, en la disputa de gobernadores contra el gobierno federal en el marco de la epidemia por Covid-19, más muertes no significan más errores de autoridades locales, sino más ineficiencia de autoridades federales.

XV. Al final, en la penúltima semana de abril, la tensión terminó por calibrarse un poco debido a la reacción de la Secretaría de Gobernación, que por medio de un Apercibimiento hizo saber a TV Azteca las implicaciones que su llamado a no acatar las medidas de protección sanitaria del gobierno federal podrían acarrear no sólo para el vocero en cuestión (Alatorre), sino para la compañía televisiva en general. Al gobierno de López Obrador, por otro lado, le tembló la mano y no avanzó más allá de eso. Recurrió a la conciliación con Alatorre sin hacer siquiera mención de Salinas Pliego y su rol determinante en el suceso. Además, Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) optó simplemente (y de manera tardía) por realizar un encadenamiento de las señales de las empresas públicas de radio y televisión en México para transmitir a las 19:00hrs. las conferencias diarias de Hugo López-Gatell relativas al reporte del Covid.19 en el país.

Sigue siendo un fallo enorme de la estrategia de comunicación del gobierno federal el no recurrir, en principio, a la transmisión en cadena nacional, todos los días, del reporte diario del Covid-19 en México. Sigue siendo un error aún mayor el no haber previsto que los ataques a la información en una coyuntura como ésta se harían más virales que en otros momentos; razón por la cual era importante transmitir diario, por todos los medios públicos a disposición del gobierno, las conferencias de seguimiento encabezadas por López-Gatell.

Acostumbradas a pensar, como lo están, en cortinas de humo para todo evento de la política nacional que se les escapa a su comprensión, las masas recibieron todos estos sucesos como una simple cortina de humo que pretendía ocultar la realidad de la epidemia en el país, las negociaciones con la OPEP+ por los precios internacionales del petróleo y hasta las votaciones en el congreso sobre la Ley de Amnistía a presos. No alcanzan a comprender que todo Estado es una construcción relacional, y que no hay un solo gobierno en todo el mundo ni un solo estado en todo el orbe, que sea monolítico, que pueda ser pensado en blancos y negros, y como entidades políticas libres de contradicciones, de tensiones y luchas de fuerzas y posiciones al interior.

XVI. Todo golpe de Estado, no hay que olvidarlo, se comienza a gestar conquistando la conciencia y la percepción pública de las masas.

Ricardo Orozco, Consejero Ejecutivo del Centro Latinoamericano de Estudios Interdisciplinarios

@r_zco