El decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (11-V-20) y que, salvo demostración jurídica en contrario, no es lo mismo que la grilla en la disputa política contra el presidente Andrés Manuel, es para cumplimentar el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional que entró en vigor el 26 de marzo de 2019, aprobada por los legisladores de todos los partidos, salvo un senador independiente que se abstuvo.

Dicen los que saben que el decreto se enmarca en la serie de disposiciones contenidas en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Guardia Nacional y el reglamento de la misma, todas ellas promulgadas entre mayo y junio de 2019.

Los más aguerridos y estridentes críticos son diputados, senadores y dirigentes partidistas, justo algunos de los que votaron por el paquete legislativo del que surgió la Guardia Nacional, que ahora advierten contra “los inminentes peligros de la militarización de México” y reproducen por cuenta propia y ajena una parte de las ONG en las que están enraizados los prejuicios respecto de las fuerzas armadas, sin reparar en que por primera vez en muchos años el Ejército, la Marina y la GN no reciben todavía ninguna recomendación de la CNDH por violaciones al derecho humanitario.

Menos aún registran los voceros que el comandante supremo de las fuerzas armadas no sólo es el presidente más votado en la historia electoral mexicana desde que el sufragio cuenta y se cuente más o menos bien, y que dispone de un respaldo ciudadano al 10 de mayo de 73.1%, de acuerdo con la muestra de AMLOVmetrics; o bien que a tono con Milenio el 72% de las mamás de México consideran “adecuadas” las medidas del gobierno de López Obrador para enfrentar la crisis sanitaria y económica. Enmudeció el periódico de Alejandro Junco de la Vega, presuntamente amenazado y que de ser cierto merece la repulsa unánime.

Explica Wikipedia que la militarización se puede entender de varias maneras. La primera tiene que ver con la potencialización de las fuerzas armadas; para otros, es la utilización de las fuerzas armadas en tareas no tradicionales, como el desarrollo. Otros le llaman militarización al uso de las fuerzas armadas para combatir las amenazas internas de carácter no militar o para realizar misiones que les competen a las policías. Y expertos como Raúl Benítez Manaut sostienen que la militarización “en México no es anticonstitucional. Hay quienes dicen que el proceso de militarización del país empezó en 2006-2007 con Felipe Calderón. Eso es un error completito. La militarización de México empezó en el año de 1821. En las zonas rurales es la palabra máxima de autoridad.”:

http://www.forumenlinea.com/index.php/31-revistas/forum-en-linea-376/903-lopez-obrador-esta-obligado-a-reconstruir-la-relacion-con-los-militares-benitez-manaut

Tampoco es anecdótico el procedimiento usado por el entonces presidente electo para seleccionar a los titulares de las secretarías de la Defensa y de Marina, rompió con el antiguo uso y costumbre del poder castrense, al seleccionar a los que consideró honestos y capaces, sin reparar en los primeros lugares de la lista elaborada por el grupo hegemónico con Enrique Peña.

Así que el indispensable y sano debate, más allá de la grilla para el golpeteo a AMLO, podría empezar por el concepto, por diseccionarlo para ver si enunciamos el mismo fenómeno que data de hace dos siglos.

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