En la vigésima entrega de la serie, la docente universitaria y activista Ana Carrillo analiza los efectos de la pandemia enlazados a las recientes medidas económicas del gobierno centradas en la reducción del gasto público, incluido el recorte de 98 millones de dólares al presupuesto de la educación superior. Dice: «De manera sincrónica a la pandemia, nos han golpeado las medidas económicas». Afirma que los recortes al presupuesto educativo atentan no solo contra el derecho humano de los estudiantes a recibir una educación de calidad sino también contra los derechos laborales de los docentes.

Ana, ¿podría hablarnos de su trabajo como docente en una universidad pública de Guayaquil?

 Soy docente de la Universidad de las Artes, donde trabajo en el Departamento Transversal de Teorías Críticas y Prácticas experimentales. Entre las diversas tareas que hacemos en este departamento, creo que la principal es abrir una ventana para fomentar el pensamiento crítico desde una perspectiva latinoamericana. Esto incluye la práctica de una academia cuyo conocimiento y método sean pertinentes, como un capital social que debe ser democratizado y plural, no sólo en el acceso a los resultados, sino también y tal vez, sobre todo, en el proceso de construcción y de coproducción de ese conocimiento. En ese sentido tenemos una asignatura que articula a la Universidad con varias comunidades, barrios organizados, sindicatos, grupos culturales… y que nos permite reflexionar sobre las violencias, exclusiones e inequidades que se reproducen en torno a la educación y el sistema educativo. Al mismo tiempo este proceso nos permite transformar las miradas sobre las metodologías de aprendizaje y fortalecer los procesos organizativos, intelectuales de lo que llamamos cultura popular…

 A dos meses de la crisis humanitaria sufrida por miles de guayaquileños que clamaban por ayuda al gobierno nacional y municipal para dar atención médica o sepultura a sus seres queridos, ¿cómo evalúa la situación, particularmente en la comunidad universitaria?

 Han sido días ciertamente difíciles en varios sentidos. En primer lugar, creo que los traumas emocionales sufridos por la ciudad no han terminado de entenderse, menos aún de procesarse. No ha habido el lugar para el luto, sólo se nos ha ordenado seguir produciendo en condiciones adversas. Si bien es cierto la pandemia tuvo un pico estremecedor, del cual creo que nos vamos olvidando para negarnos a entender todo lo que significan las escenas que vivimos en Guayaquil, también ha develado la perversidad del sistema y ha traído una serie de efectos que necesitan ser atendidos.

En el pico de la pandemia la comunidad universitaria sufrió mucho, los casos de compañeras y compañeros cuyos familiares se convirtieron en víctimas mortales de la enfermedad, los costos que significaba el tratamiento médico, la especulación y la incertidumbre reinaron. Esto golpeó y golpea aún fuertemente las maneras en que se produce el conocimiento, nuestras reflexiones y nuestro proyecto de vida, pero al mismo tiempo son momentos de mucha empatía y búsqueda de soluciones.

¿Qué tipo de acciones solidarias surgieron desde la comunidad educativa?

Un grupo de docentes, estudiantes y trabajadores nos organizamos para conformar una Red de Apoyo que tuvo varios objetivos: contrarrestar la imposibilidad de conseguir alimentación para algunas de nuestras estudiantes y sus familias, tener información actualizada sobre los lugares y los precios de las medicinas, facilitar el acceso a servicios de contención psicológica, generar espacios virtuales de cuidado mutuo, facilitar información actualizada sobre servicios de transporte y otros; y eventualmente ayuda económica para aquellas que habían perdido familiares o estaban afrontando ellos mismos la enfermedad pues los costos de esto se hicieron insostenibles. En el pico de la pandemia cualquier cosa se convirtió en difícil de conseguir. Con el tiempo estas necesidades han ido cambiando, ahora los estudiantes están migrando hacia sus ciudades de origen así que la red se enfoca en cubrir los gastos de alimentación de algunos -pues como sabemos el nivel de desempleo y la imposibilidad de estabilizar las economías familiares es abrumador-, y buscar soluciones logísticas para otros.

Ahora, de manera sincrónica a la pandemia, nos han golpeado las medidas económicas y la descomposición de la institucionalidad estatal, las amenazas a los derechos laborales y humanos en las que nos desenvolvemos. En ese sentido los recortes a los presupuestos universitarios y la incertidumbre en términos laborales alteran el funcionamiento normal de los docentes.

¿Cómo se está realizando la educación online en una universidad pública como la Universidad de las Artes? ¿Cuáles son los principales desafíos mientras dure esta modalidad?

Hay muchas dudas sobre cómo realizar la educación a distancia desde las universidades públicas. Si bien es cierto que se hicieron unos cursos rápidos de capacitación, la verdad es que no somos expertos en el tema. No hemos repensado principalmente la modificación de contenidos y metodologías de enseñanza, solo nos hemos concentrado en el dominio de plataformas digitales. Esto ha hecho que tratemos de cumplir con lo que hacíamos antes de la pandemia, estando en condiciones radicalmente diferentes. Creo que, en general, hay un problema sobre cómo concebimos la educación que se hace más evidente en esta temporada; por ejemplo, la homogeneidad de contenidos y la elaboración de “contenidos estables”, tan estables que no se repensaron durante esta pandemia. Es decir, pensamos que existe la obligatoriedad de saber determinados conocimientos en lugar de pensar de manera estratégica, situada y empática con las vivencias y que nos ayude a mirar la educación como un lugar para sobrellevar los evidentes problemas críticos que destapó la pandemia.

Hay varios desafíos, ¿qué significa estudiar tal o cual cosa mientras afuera el mundo ha cambiado de una manera radical?  Habría que repensar los contenidos educativos y las metodologías. Es difícil, por ejemplo, que los estudiantes asistan a clases sin poder afrontar el luto de las familias o solucionar los problemas económicos. Emocionalmente las clases son una solución, pues dan la idea de que el proyecto de vida continúa, sin embargo, se evidencia la brecha y las iniquidades. Los que mejor están en el proceso educativo son los que mejores condiciones económicas y anímicas tienen. Aquellos que han sido golpeados por esta situación están en peores condiciones al igual que los que vienen de hogares empobrecidos históricamente; en ese sentido la brecha se hace más grande. Por otro lado, el teletrabajo o las actividades de la educación a distancia generan una intromisión en la vida privada de los docentes, los límites entre trabajo y no trabajo se vuelven difíciles de establecer. Esto significa un aumento en el tiempo -que rebasa las 40 horas semanales de trabajo, el estrés, entre otras. El caso más sensible es el de profesores/as o empleados/as que son cuidadores/as, comparten su horario de trabajo con la exigencia de la casa.  Más allá de la anécdota personal, esta circunstancia empobrece y precariza a poblaciones que de por sí ya están empobrecidas o precarizadas, por ejemplo, las mujeres jefas de hogar que comparten el teletrabajo con el cuidado de les hijes y la propia educación a distancia de estos niñez.

La brecha digital pone de manifiesto el lugar colonial de nuestros países; los servicios de internet colapsan pues no abastecen la demanda. Adicionalmente, los docentes estamos pagando costos/servicios que el empleador normalmente cubre y exponiéndonos de manera pública a ser espiados, pues todo nuestro material circula en redes, así como al ataque informático, que está tan de moda y que es de fácil acceso desde las plataformas que usamos.

¿Qué efectos tiene la crisis económica en los estudiantes?

La pandemia ayudó a destapar la inequidad del mundo en que vivimos, una verdad que nos atraviesa, que no es lejana, que está dentro y fuera de nuestras vidas y que hemos naturalizado. La brecha económica de acceso diferenciado a derechos se refleja en la brecha digital. Algunos estudiantes están en la clara imposibilidad de acceder (en términos más reales que nunca) a un proceso educativo continuo. Es evidente, hay momentos en que los estudiantes no siguen el hilo de la clase y las actividades porque el servicio de internet es malo o porque piden prestada la compu a la vecina, comparten los aparatos tecnológicos en la familia, etc.

Las universidades públicas tenemos estudiantes de los quintiles más empobrecidos de la sociedad, en ese sentido la crisis económica que ha causado el gobierno central (los despidos masivos en el sector público y privado, la poca liquidez que existe en el país, retraso sistemático de los pagos en el sector público, disminución de la masa salarial en el privado, altas tasas de empleo informal o subempleo) se vuelca al sistema educativo. Los estudiantes ayudan económicamente en su hogar, en ocasiones son el sostén de sus familias, o son los repositorios de la tensión devenida de la precaria condición económica. Un tema que era ya importante para ellos y que se ha convertido en predominante ahora es pensar el futuro económico que deberán afrontar. La incertidumbre sobre el mercado de trabajo en los tiempos actuales se manifiesta en cada clase, a este respecto también hay que anotar que hay varias iniciativas que nacen en ellos para “emprender” soluciones en el campo de la cultura y la economía. Como docentes estamos comprometidos a apoyarlos.

Convocatoria de organizaciones sociales, Guayaquil, 25 de mayo de 2020. Foto cortesía de Mario Rodríguez Dávila.

¿Podría comentarnos sobre la reacción de la comunidad de docentes y estudiantes el recorte de 98 millones de dólares que quiere hacer el gobierno nacional en el presupuesto de la educación pública superior?

 El recorte de 98 millones de dólares a las universidades públicas es parte de un proceso de precarización de la educación. Al respecto hemos participado en varias reacciones a nivel nacional de parte de profesores, rectores, estudiantes y trabajadores. Ante el recorte, nos hemos movilizado en defensa de la Educación pública, tanto por la vía jurídica presentando varias demandas por incumplimiento frente a la corte constitucional, así como la herramienta jurídica denominada Amicus Curiae. La idea es que las decisiones de facto del Ministerio de Finanzas contradicen e incumplen con la constitución de la república y lo estipulado en ella referente a la educación, la misma que es un sector prioritario en el cual es inadmisible, bajo ningún pretexto, reducir presupuestos. En este sentido las acciones tanto de la Asesec (Asamblea del Sistema de Educación Superior) como de algunas asociaciones docentes y algunos rectores han interpuesto las demandas frente a la corte. Otras federaciones de profesores como la FEPUPE (Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador) han interpuesto también Amicus Curiae a fin de contribuir con pruebas que permitan determinar los fallos a favor de la protección del sistema universitario.

En la organización de estas iniciativas han estado presente con mucha fuerza los estudiantes pues entienden la importancia de acceder a los servicios públicos de educación superior, y que estos sean de calidad. En ese sentido creo que la comunidad universitaria se ha entendido como un todo en donde afectar a los profesores es afectar al estudiantado y viceversa.

Por otro lado, se han constituido algunos frentes de defensa de la educación en general y la educación superior en particular. En Guayaquil hemos conformado el Foro Universitario por la Defensa de la Educación Superior, por ejemplo.

Cicleada por mis derechos. Foro Universitario por la Defensa de la Educación Superior (Guayaquil, mayo 2020)

¿Qué actividades ha impulsado el Foro Universitario por la Defensa de la Educación Superior y los otros frentes organizativos?

Estos frentes han organizado plantones, ruedas de prensa y conversatorios que permitan entender las afectaciones [recortes] en términos tangibles e intangibles del atentado contra la educación superior. A pesar de la pandemia y tomando las medidas de seguridad hemos impulsado los procesos de protesta en la calle. Esta medida -que resulta ser a veces controversial- debe ser vista como una medida a la que estamos obligados en medio de todas las injusticias que estamos sufriendo. Me parece importante pensar también por qué se nos permite ir a comprar, pero no se nos permite protestar en la calle. Ahí se evidencia un discurso contradictorio: la ciudadanía tiene sus derechos mientras consume, pero no cuando reclama para que sus derechos constitucionales sean restituidos.

Una de las cosas importantes es pensar que la asociatividad y la toma de conciencia son herramientas que han vuelto a tener sentido, después de un letargo intencionado de los procesos sindicalistas y asociativistas; las articulaciones gremiales entre estudiantes y docentes es básica. Han participado de estas iniciativas los trabajadores de las universidades, también amenazados por el recorte, y algunos actores de las universidades privadas o cofinanciadas.

El recorte del presupuesto educativo -que se hace básicamente afectando salarios del personal docente y administrativo- atenta contra los derechos laborales. Algo importante que ha destapado este hecho es la fragilidad de los contratos docentes, existen aproximadamente 16.000 contratos ocasionales en el sistema de educación superior, lo que hace inestable la relación laboral, y lo que los convierte en la primera fila de posibles víctimas de la disminución de estos presupuestos con el correlato en el traslado de la carga horaria y los estudiantes a los pocos que quedarían trabajando, atentando así contra la calidad de la educación y contra otros principios básicos establecidos en la normativa superior: educación centrada en la educación integral del ser humano, por ejemplo.

La Corte Constitucional dio lugar a las medidas cautelares en contra de los recortes presentadas por universidades y organizaciones sociales suspendiéndolos temporalmente, pero el gobierno persiste en seguir adelante. ¿Cuál es la situación en este momento?

 Vivimos en la incertidumbre, por un lado, la presión frente a la Corte Constitucional, que aún no llega a un fallo definitivo, y por el otro, las noticias a diario sobre la “flexibilización laboral” que no es otra cosa que un atraco a los derechos de los trabajadores en beneficio de las empresas y en detrimento de la calidad de vida. La mal llamada “Ley humanitaria” pretende unas transformaciones que dejan vulnerables a las/os trabajadoras/es, a esto se suman decretos que permiten la eliminación de nombramientos en las instituciones públicas, etc. Es decir, las/os profesoras/es, y a pesar de la autonomía universitaria, como trabajadoras/es del sector público estamos ejerciendo nuestras actividades en un ámbito de ataque a las garantías de estabilidad laboral y económica.

Además de nuestro salario, hay también un problema con los fondos que normalmente las universidades deberían invertir en procesos de investigación o vinculación, nuestras actividades están reducidas al mínimo posible que es la docencia y se está fomentando la cultura de una educación subsidiaria de procesos extranjeros, sumida en la falta de inversión en calidad, investigación y procesos de extensión o vinculación.

También se ha fomentado la opinión pública en contra de la docencia, desprestigiando la capacidad de gestión de las universidades y justificando la decadencia de lo público, atentando contra la dignidad de los usuarios del sistema.

Se podría decir que la escuela gratuita -como la Universidad de las Artes- es uno de los canales para redistribuir la riqueza del país formando a jóvenes que de otra manera no tendrían acceso a la educación. Sin embargo, desde el gobierno y desde la prensa se hacen críticas insidiosas contra la educación pública, ¿cree que ese intento de deslegitimarla ha logrado algún consenso en la población guayaquileña?

La educación pública es un proceso de redistribución de la riqueza en varios sentidos: además de ser parte de un proyecto de vida de las clases populares que ven en el estudio y la profesionalización una palanca para conseguir una mejor posición social, también está el hecho de que es una inversión para crear conocimiento -que se transforma en un tipo de capital especialmente ahora- y que puede por lo tanto generar debates, soluciones, representaciones que permitan considerar un futuro no dependiente de epistemologías hegemónicas. 

Respondiendo a la pregunta en sí: estamos viviendo una contienda explícita por la opinión pública, lo que se dice en canales oficiales se desdice por facebook o por medios alternativos; la disputa por el consenso sobre la educación superior pública está también envuelta en esta trama. Me parece que pudo haber sido efectiva la campaña de deslegitimación; sin embargo, hay que considerar que hay una historia de derechos ganados, de fortalecimiento de la importancia de la educación y de una población nacional bastante numerosa que está vinculada a este sistema -aproximadamente más de 500.000 estudiantes y 32.000 docentes-, para la cual no hay alternativa de vincularse a las universidades privadas, me refiero a profesores, estudiantes y trabajadores. Además de un ecosistema (alimentación, ventas informales, servicios, entretenimiento) que giran en torno al funcionamiento de este sistema… por lo que es poco probable que ese discurso [contra la educación pública] surta un efecto masivo… pero hay que estar atentos y contrarrestar esta información constantemente con datos y cifras reales… 

La propaganda contra la educación pública, ¿ha sido una constante desde que ejerce la docencia o se ha intensificado en los últimos años? ¿Cómo?

Yo me gradué en la Universidad Central del Ecuador en el año 2002. Al respecto creo que los ecuatorianos podemos recordar la deficiencia de los sistemas públicos en general. En mi universidad no había puertas en los baños, ni agua… habíamos naturalizado que así es lo público…un sistema que en realidad vulnera el derecho a la dignidad. al respecto se pueden decir muchas cosas... por ejemplo, que estos servicios públicos de mala calidad, sin soluciones, representan también las formas en que un Estado clasista y racista se manifiesta. Es cómo si por ser pobres nos mereciéramos una mala atención, una mala educación, etc. Eso cambió sustancialmente en la década del 2008 en adelante, un pensamiento diferente sobre el lugar del Estado es evidente…. aunque con muchas deficiencias claro, pero sí una transformación del papel del Estado y por lo tanto de una relación digna con la población materializada en las maneras en que brinda sus servicios. Por otro lado, está la discusión sobre la modernización del Estado, un viejo ideal para América Latina… Creo que en el pensamiento de algunas élites que llegan al poder se sigue pensando en brindar servicios malos que corresponden al lugar que «el pueblo» ocupa en sus preocupaciones y sistemas: el último. Hay muchos ejemplos de esto, el exalcalde de Guayaquil [Jaime Nebot] en una entrevista difundida en febrero de 2019 justificaba el hecho de que en la Metrovía -el sistema de transporte público de Guayaquil- las y los usuarias seamos transportadas con un alto índice de hacinamiento y que no tuviera aire acondicionado (con los 32-34 grados centígrados de temperatura promedio) , la entrevista comienza explicando que este tipo de buses: «están hechos en beneficio del pobre, para que el pobre llegue rápido a su casa». 

Creo por ejemplo que hacia allá va esta campaña de desprestigio de lo público, justifica que un docente universitario gane poco, que las clases sean de mala calidad y multitudinarias, que usemos malos servicios, que nos olvidemos de una atención buena en salud, porque lo público está hecho para los pobres, y los pobres se merecen ser maltratados, o por lo menos no están en posibilidades de exigir buenos tratos, de calidad, de tener una buena vida. Es ciertamente un error pensar eso, pero es una noción construida. Al respecto es necesario pensar como estas costumbres transmitidas a través del Estado construyen la privatización del Estado o la construcción de la dignidad vinculada al poder económico… Los recortes a la educación que se ven reflejados en la disminución de sueldos de los profesores de educación básica y bachillerato, en el despido de profesores universitarios, en la extirpación de procesos de investigación precarizan la educación pública afectando su calidad.

A nivel personal, ¿cómo está viviendo esta crisis humanitaria?

Este ha sido un proceso intenso de aprendizaje, de repensar el sentido de algunas cosas, de entender lo prioritario. Vivo sola, pero me ha sido importante mantener las redes de cercanía con mis seres queridos, a pesar de la distancia. Mi preocupación principal ha sido encontrarnos como sociedad en un momento de indolencia en donde nuestros derechos han sido vulnerados por completo… Me gustaría que en el regreso a la normalidad se logre aprovechar esta oportunidad para transformarnos y transformar nuestras relaciones…

He decidido usar de la manera más reducida posible los sistemas que nos oprimen: las grandes cadenas de consumo, los grandes sistemas de entretenimiento, los grandes bancos y medios de comunicación. Y en su lugar, fomentar los procesos asociativos y el pensamiento autónomo. Creo que hay varios lugares donde se deposita el poder y que debemos desarrollar nuestro pensamiento y prácticas críticas para confrontar la obscenidad de este sistema empobrecedor y embrutecedor.

Quisiera agregar que algunos de mis esfuerzos personales se han enfocado en ayudar a otros… Hay bastante desempleo, en mi familia, por ejemplo, la mitad de los hermanos tenemos trabajo y la otra mitad, no. Esto nos afecta mucho a todos pues nos movemos en una ambiente de incertidumbre donde contemplamos la desesperación de los otros, de nuestros cercanos y lejanos. Así que la fortaleza de ánimo y saber trasmitir esta fortaleza también ha sido crucial.

«Voces de Guayaquil, epicentro de la pandemia en Ecuador» consiste en una serie de entrevistas a residentes días posteriores a que su ciudad estuvo en la primera plana de los noticieros internacionales por los muertos sin sepultura y sus familiares clamando por ayuda a un Estado aparentemente inexistente. Trabajadores, artistas, estudiantes, docentes comparten sus vivencias desde la ciudad que es el centro económico y financiero del país y que paradójicamente también es la ciudad con mayor concentración de pobreza. Se estima que un 17% de los 2.700.000 habitantes de la urbe viven en condiciones de pobreza. Recostada sobre las aguas terrosas del río Guayas, con un clima muy cálido y húmedo que no hace mella en la actividad intensa y el carácter hospitalario y amable de sus habitantes, Guayaquil tiene la mayor densidad de población del país y el sistema de transporte público con más usuarios. Estos elementos junto a las profundas deficiencias del sistema de salud pública nacional cuyo presupuesto fue reducido un 36% en el último año y la desorganización del gobierno municipal son factores que ayudarían a explicar por qué la ciudad concentró el 70% de los casos de COVID-19 en Ecuador y la mayor cantidad de contagios per cápita en toda América Latina. Libertad Gills coordinó la realización de todas las entrevistas de esta serie.