Los gobernadores de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, finalmente entendieron que los disensos con el presidente Andrés Manuel son “consustanciales a la democracia” como lo explicó en Irapuato y en Zapopan, los días 15 y el 16, el tabasqueño de Tepetitán (Macupana).

Entendieron es una forma de enunciarlo porque ambos gobernadores --junto con los de Coahuila, Colima, Nuevo León y Michoacán hicieron una apuesta política de corto y mediano plazos con la vista puesta en las elecciones de julio de 2021 y la sucesión presidencial de 2024, lo que también es completamente “legítimo”.

Pero no lo es tanto, salvo su mejor opinión, cuando se trazan objetivos prelectorales y hasta la revisión del pacto fiscal de México, regateando el apoyo a la estrategia frente a covid-19 y su cara pública, Hugo López-Gatell, y menos todavía debilitando la obligatoria coordinación con la Secretaría de Salud federal, lo que es una obligación que establece la ley de leyes.

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, como vocero de los siete presumía ante los medios a los millones de mexicanos que representaban, desmentía información de las autoridades sanitarias federales, aunque el 26 de junio se desvivió ante AMLO en elogios y muestras verbales de respeto porque necesitaba un “apoyo extra” de 800 millones de pesos que, por supuesto, se los negaron y volvió a despotricar, como lo hace la dirigencia del empequeñecido y desacreditado Partido de la Revolución Democrática.

El tapatío Enrique llegó al extremo de poner a Jalisco como ejemplo para México de excelente gestión sanitaria y administrativa ante covid-19 y en un alarde de deslinde con la Federación ordenó la aplicación de pruebas masivas e invirtió millones de pesos en la compra a una empresa china que resultó patito, no obtuvo respuesta telefónica y el dinero de los jaliscienses se fue por el caño.

Y, finalmente, el asesinato de Giovanni López Ramírez, el joven obrero que fue detenido por no portar cubrebocas, torturado por agentes policiacos hasta matarlo y la ola de indignación que causó el hecho, estimulado por una clima de intransigencia de Alfaro Ramírez hasta el punto de pendejear “a los que no entienden” y la conducta represiva de policías tapatíos frente a la movilización por el crimen del trabajador de la construcción.

Movilizaciones primero vandálicas y después completamente pacíficas y numerosas, obligaron al gobernador a recular en su irresponsable acusación a López Obrador por la protesta juvenil, lo que sencillamente era hilarante. Reculamiento que, sin embargo, ahora insiste en que presentará las muy anunciadas pruebas sobre su teoría conspirativa de los “sótanos” del gobierno federal y de Morena que, según él, organizaron las movilizaciones juveniles contra sus arrebatos autoritarios.

Por los pronunciamientos de Alfaro Ramírez y Rodríguez Vallejo, del mismo AMLO, todo indica por fortuna que a este bochornoso capítulo –producto de las ansias e inmadurez políticas de Enrique y Sinhue–, se le dio la vuelta a la hoja porque no tiene futuro y menos cuenta con amplio apoyo ciudadano el desencuentro con el presidente López Obrador cuando la inseguridad pública agobia a los habitantes de una veintena de municipios de Guanajuato y Jalisco, así como a regiones de una decena de estados del país. Y la pandemia de covid-19 y la recesión económica global y mexicana atenazan al país entero, en particular a la economía popular, a la mitad de los paisanos que no comerán mañana si no trabajan hoy.

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