En la mañana del pasado martes 18, tras la irrupción de varias camionetas con hombres armados dirigidos por el coronel Assimi Goita en la base militar de Soundiata en cercanías de la ciudad de Kati, en el distrito de Kulikoró, a unos doce kilómetros al norte de la ciudad de Bamako, capital de Mali, se inició un breve intercambio de disparos, entre la guardia y los incursores que se reconocían como miembros del Comité Nacional para la Salvación del Pueblo (CNSP), también hombres del ejército. Rápidamente la confusión se aclaró, se abrieron los arsenales, se armó a la tropa, y la columna invasora volvió a salir rumbo a la capital, con diez camionetas más, cargadas de efectivos fuertemente armados.

El hecho daba inició a un nuevo golpe de estado en el país africano, el último se había producido en 2012, ahora esa nación, acosado en el norte, por la violencia wahabita, de distintas organizaciones vinculadas a al-Qaeda y el Daesh, en el centro, la siempre latente, guerra tribal entre pastores nómades fulanis, también conocido como peuls y agricultores dogones a lo que hay que sumarle la inestabilidad política, generada por las constantes protestas populares, que desde hace meses pusieron al gobierno, del ahora destituido presidente Ibrahim Boubacar Keïta o IBK, como se lo conoce popularmente, al borde del abismo, al que acaba de caer junto sus 20 millones de compatriotas, a pesar de que en varias oportunidades había sido señalado como el modelo de democracia en la región.

Para la noche del martes IBK, anunció que su renuncia al cargo, que había asumido en 2013, con una victoria cercana al 77 por ciento de los votos y reelegido para otros cinco años en 2018. El presidente depuesto ya había sido detenido, junto al primer ministro, Boubou Cissé, el ministro de Finanzas, Abdoulaye Daffe y su hijo y también diputado Karim Keïta en su casa de Sebenikoro, el distrito “distinguido” de la capital.

El presidente depuesto fue obligado también a anunciar la disolución de la Asamblea Nacional con el fin de evitar que el mando pudiera ser pretendido por Moussa Timbiné, el presidente de ese organismo legislativo.

La noticia de la detención del presidente hizo que las calles de la capital se llenaran de manifestantes que salieron a festejar la caída de un gobierno, que ya carecía de todo tipo de respaldo, por las fuertes sospechas de corrupción, los desaciertos económicos y el pésimo manejo de la guerra contra el terrorismo fundamentalista, que desde 2012, no deja de expandirse en todo el norte del país, desbordando las fronteras de Burkina Faso y Níger. Durante 2019, el ejército malí, sufrió importantes bajas, los ataques del Jamāʿat nuṣrat al-islām wal-muslimīn (Frente de Apoyo para el Islam y los Musulmanes) o JNIM, tributarios de al-Qaeda y los signatarios del Daesh o Daesh en el Gran Sáhara (ISGS) que obligó al alto mando malí a abandonar varios puestos en el norte del país. Las bajas de 2019, unas 4 mil, se quintuplicaron desde 2016, y la proyección por lo que va del 2020, ya amenaza en superar en mucho el último record.

A este amplio espectro de conflictos que hay que sumarle la crítica situación de los empleados estatales y docentes, que, dadas las restricciones tomadas por la Pandemia, el gobierno decidió el cierre de muchos organismos y escuelas, ensanchando en mucho, lo que hasta hace poco era el 43% por ciento de la población, que, según el Banco Mundial, vivía con menos de dos dólares al día.

Las protestas sociales se iniciaron tras las acusaciones de fraude después de las legislativas de marzo y abril pasado, azuzadas por el imán integrista Mahmoud Dicko, conocido como el “imán de la gente”, es un veterano jugador en la política malí, antiguo aliado de IBK, que ha presidido el Alto Consejo Islámico desde 2008 a 2019 y que junio pasado, se ha puesto a la cabeza de las masivas movilizaciones antigubernamentales.

El golpe de estado, pareció (?) “sorprender”, a muchos aliados occidentales del país saheliano, pero particularmente al Eliseo, ya que Francia, la antigua metrópoli, con quien mantiene muy estrechos lazos, económicos, militares y políticos, tiene fluidos contactos en todos los estamentos de ese país, particularmente en el militar. Francia desde 2012, sostiene unos 5 mil militares, junto a otros 3 mil de Reino Unido, España, Estonia, Dinamarca y República Checa, como parte de la Operación Barkhane, que lucha contra los terroristas en el norte del país y es muy difícil creer que la inteligencia francesa que opera libremente en todo el país, no haya podido detectar nada acerca del golpe que se aproximaba, por lo que habría que sospechar, que solo dejó hacer y que sus actuales declaraciones son solo pour la galerie. Se había conocido la información que El presidente francés, Emanuel Macron, había tenido una larga entrevista telefónica con el ahora destituido IBK, para evaluar la situación al tiempo que también se había comunicado con otros jefes de estado de la región como Alassane Ouattara de Costa de marfil, Macky Sall de Senegal y el nigeriano Mahamadou Issoufou. También en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se discutió a puerta cerrada la situación, en vista de que UN mantiene una misión militar en Mali, de casi 16 mil hombres. Además, el alzamiento fue condenado por la Unión Africana, los Estados Unidos y La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS) un bloque en el que participan unas quince naciones de la región.

“Un plazo razonable”

La falta de una resolución inmediata en el golpe contra el presidente Amadou Touré en 2012, que también se inició Kati, posibilitó el alzamiento reivindicatorio del pueblo tuareg, en procura de su ancestral territorio Azawad. Aquella rebelión, que no fue la primera y seguramente no será la última, habilitó la llegada al norte de Mali de varias organizaciones armadas wahabitas, que operaban fundamentalmente en Argelia y Mauritania, que con la reciente caída de su gran enemigo el coronel Mohammad Gadaffi, se sintieron liberados para iniciar la escalada de una guerra, que a ocho años vista siguen ganando, al tiempo que las reivindicaciones tuareg, siguieron y siguen postergadas.

Hoy la situación, más allá de alguna coincidencia no parece ser la misma que en 2012, los golpistas ya tienen un líder, el coronel Goita, que miércoles se dirigió a la población llamando a unirse bajo las banderas del CNSP, la organización que intenta darle estructura política al golpe, a los partidos políticos y la sociedad civil, para unirse en un movimiento que estima ser de transición en vista de unas futuras elecciones que serán, según el militar en “un plazo razonable”. Raudamente la organización opositora al ex presidente IBK, M5-RPF saludo el golpe y se declaró dispuesta a trabajar junto a los golpistas por una transición política. Nada se ha dicho de la suerte de una importante cantidad de efectivos militares que esperan ser juzgados por su responsabilidad en tortura y desapariciones forzadas en el marco de la guerra contra el terrorismo, quizás un elemento que se tendrá muy en cuenta a la hora de catalogar las intenciones del nuevo gobierno.

Es muy impórtate a partir de ahora observar la actitud de las organizaciones armadas integristas, que sin duda intentaran permear en el ánimo de los nuevos líderes militares, aunque se ignora con que animosidad llegan los jóvenes coronel frente a la guerra con el terrorismo.

Al tiempo que más allá de las fronteras de Mali, en países como Senegal, Costa de Marfil y Guinea, sus gobiernos están viviendo crisis similares a la que antecedió al golpe del martes el en la base militar de Soundiata, no se convierta en un incontenible y sangriento efecto domino, que arrastraría a otras naciones del continente a un proceso que se creía ya superado y el golpe, no sea más que otra postal africana

*Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC