Faltando pocas semanas para la realización de elecciones en el Estado Plurinacional de Bolivia, el gobierno de facto, parece haber caído en un estado de crisis institucional y política. Renuncias y destituciones de ministros, acusaciones de corrupción y viajes clandestinos al exterior, que son acompañados por una catarata de encuestas extrañas que sitúan al electorado yendo de un lado al otro con su voto, a gusto del pagador de las mismas, tratando de negar con la especulación, lo que dice la calle y lo que demuestra la magra gestión gubernamental que ha colocado al pueblo boliviano en un tobogán que lo arroja indefectiblemente, a una situación de pobreza desesperante.

Luego de la renuncia de la señora Añez a la candidatura a presidente, que fue interpretada y pregonada por los medios de la derecha como, “un acto de desprendimiento, en aras de lograr la unidad, para derrotar a las fuerzas de Evo Morales”, la realidad no dejaba margen de duda; la crisis de la dictadura entraba en fase terminal.

El colapso sanitario por la pandemia del coronavirus; la corrupción desatada en las empresas de hidrocarburos, electricidad y telecomunicaciones y el saqueo en los ministerios de Salud y Obras Públicas; con una economía devastada que había provocado un retroceso de más del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) y el incremento masivo de la pobreza; eran fenómenos irrebatibles que podían contrastar cualquier argumento que intentara desmentir el paisaje desolador, que en tan solo diez meses, se había instalado en el estado Plurinacional de Bolivia.

Como no podía ser de otra manera, a esta crisis económica, le corresponde una crisis institucional y, como bien lo señalara la Presidenta del Senado, Eva Copa, “el Gobierno transitorio de Añez se cae a pedazos”; los alejamientos de los titulares de Trabajo, Óscar Mercado, Desarrollo Productivo, José Martínez; y la destitución de Óscar Ortiz como ministro de Economía y Finanzas Públicas a pocas semanas de las elecciones, son señales inconfundibles de que los desencuentros entre los grupos de poder golpista, están a la orden del día.

El propio exministro Ortiz, admitió desavenencias con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, como también ocurriera con el procurador José María Cabrera, que tuvo que cesar en sus funciones por la presión que Murillo ejerciera hacia la presidenta para que éste dejara el cargo.

El extitular de la cartera de Economía, Oscar Ortiz, había acusado al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, de haber comprado equipos para interceptar llamadas telefónicas y otras compras directas que superaban los Bs 72 millones de Bs.

Pero en realidad, estas diferencias no son personales o de estilo, pues el pueblo boliviano sabe que, desde hace años, dos logias (Caballeros del Oriente y Toborochi), viene actuando, desde la famosa “media Luna”, como organizaciones delincuenciales insertándose en instituciones del Estado para poder construir un poder detrás de los legalmente constituidos.

Tanto el ministro de Gobierno Arturo Murillo y el ex ministro de Economía, Oscar Ortiz forman parte de esas logias.

Murillo, acusa a Ortiz de defender intereses de logias, porque se opuso a la devolución de las acciones de Elfec de Cochabamba a los accionistas y ex trabajadores, al no firmar el decreto por el cual el Gobierno devolvía las acciones de la empresa Elfec, nacionalizada en 2010 por el gobierno de Evo Morales.

"El señor Óscar Ortiz, a quien yo lo he apoyado políticamente en todo se ha opuesto a este tema y lo hizo de una manera que no es la más correcta”, manifestaba Murillo, al tiempo que, el exministro Ortiz, declaraba que no había renunciado al cargo, y que desde el Gobierno se había divulgado falsamente que lo había hecho, declarando: "Entiendo que ya han decidido designar a otra persona. Con lo cual he venido a dejar limpio mi escritorio”.

Esa otra persona, no es, ni más, ni menos, que Branko Marinkovic, un empresario millonario de Santa Cruz, que luego del Golpe de Estado, retornó a Bolivia, tras pasar más de una década prófugo en Brasil, acusado de organizar grupos terroristas que pretendían la separación de la denominada “Media Luna” del Estado Plurinacional.

Connotado fascista descendiente de la migración croata después de la segunda guerra mundial, Branko Marinkovic, en el año 2007 fue presidente del Comité Cívico Por Santa Cruz, organización que lideró junto a la élite de Santa Cruz buscando la autonomía de la "Media Luna", bajo la consigna anti-estatal y anti-colla.

Además de sus actividades terrorista, Marinkovic, se destacó en crear sociedades offshores (millonarias cuentas en paraísos fiscales) en Panamá, con familiares y políticos bolivianos, según denuncia el periódico alemán Suddeutsche Zeitung, junto al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (1).

Por lo menos 10 miembros de la familia Marinkovic figuraron en las 14 sociedades offshore que conformó el ex ministro de Planificación y actual jefe de la cartera de economía. Según la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, tenía todavía, una offshore activa en Panamá, la South Américan Trucks Holding Corp, junto a su hermana Yasminka Marinkovic de Jakuvek.

Toda esta actividad criminal de los Marinkovic y asociados, fue patrocinada por el bufete de abogados “Indacochea y Asociados”, con sede en Santa Cruz, dirigida por Ricardo Indacochea, asesor y representante de las empresas trasnacionales que demandaron al Estado boliviano, por las nacionalizaciones en el sector hidrocarburifero.

Arturo Murillo Prijic y Branko Marinkovic, son dos delincuentes del mismo clan croata, ligados al manejo mafioso de la política gubernamental de la dictadura y al tráfico de influencias; la designación de la hermana de Murillo Prijic, como cónsul de Bolivia en Miami (EEUU) es solo una muestra del nepotismo, denunciado en su momento por el MAS.

Como reflexionara el diputado Franklin Flores, del MAS “algunas personas a nombre de un partido político se encaramaron en el Gobierno para asaltar las arcas del Estado” … “El que sufre de este robo y saqueo es el pueblo boliviano que no tiene el pan del día, el desempleo, la crisis económica, gente que ha sido despedida, cada tres bolivianos no tienen nada que comer, seis de cada 10 bolivianos están en el comercio informal, 200.000 trabajadores han sido despedidos del sector construcción, porque este Gobierno políticamente ha decido paralizar obras, de caminos, obras de hospitales, de colegios y otros que ya estaban con presupuesto”.

En diez meses, Jeanine Áñez, juramentó a 36 ministros, algunos juraron dos veces como Marinkovic, porque se cambiaron de cartera, en este tiempo, se descubrieron al menos, 24 casos de corrupción, destacándose, la compra irregular de respiradores, gases lacrimógenos, venta de cargos, cobros ilegales, irregularidades en YPFB, Entel, Ende y la DGAC, entre otros; de los 24 casos, 18 son investigados en el Ministerio Público, ninguno llegó aún a la etapa de juicio oral.

Realmente, lo que hace, que le cueste la cabeza al ex ministro de Economía, Óscar Ortiz, es que, además negarse a firmar el decreto referido a la empresa nacionalizada, existía una desesperada intención, por parte de Murillo, de apresurar algunas adjudicaciones o la compra de camionetas por 35 millones de bolivianos, cuando solo restan dos meses de gestión de Gobierno.

Este desespero de los asaltantes del poder y de sus promotores “demócratas y militares”, los ha llevado a construir distintas estrategias para evitar lo inevitable, una de ellas ha sido, además de la suspensión del acto electoral, buscar que prospere el recurso de anular jurídicamente a la sigla del partido de Luis Arce, el MAS, con la demanda de proscripción ante el TSE.

De no ser así tratarán de acudir al recurso del “fraude”, cosa que ya ha sido denunciada por la dupla electoral Arce-Choquehuanca, alertando a los otros candidatos, porque, más allá, de las especulaciones, la diferencia que existe entre los candidatos del pacto golpista y los de la revolución, se palpan en la calle y en la alegría de la gente, que no oculta su deseo de salir de estos “falsos profetas” del bienestar.

La dictadura, sabrá para que manda a Murillo a reunirse con el lacayo imperial Almagro, o a la Canciller del gobierno de facto, Karen Longaric, a Bélgica para mantener reuniones en el Parlamento Europeo; pero al calor de la realidad y de las enseñanzas que dejaron las masivas movilizaciones de julio y agosto de este año y por las cuales el gobierno tuvo que confirmar a regañadientes la realización del acto electoral, la derecha boliviana, debería reflexionar, si decide actuar en política inteligentemente, sobre este precepto, sencillo y contundente; “derrota avisada no genera muertos”.

Nota

1. https://corruptosbol.blogspot.com/2016/05/panama-papers-capitulo-bolivia.html

Oscar Rotundo. https://www.facebook.com/rotundo.rotundo.12