La confiabilidad de las elecciones del próximo 18 de octubre en Bolivia es decisiva no solamente para ese país, también lo es para toda América Latina. El golpe de Estado que derrocó al gobierno de Evo Morales después de haber ganado las elecciones del año pasado en primera vuelta despertó el temor de toda la región a un regreso al tenebroso pasado de las dictaduras militares.  Esas elecciones, celebradas el 20 de octubre de 2019, dieron la victoria al candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) por un amplio margen del 47 % de los votos emitidos. Los primeros recuentos lo situaban un 7 % por encima del siguiente candidato, Carlos Mesa, de la derechista Coalición Ciudadana (CC). Hubo una interrupción en el cómputo de votos y el resultado final fue favorable al MAS con una diferencia de poco más del 10 % respecto de su principal opositor. Con el 40 % de los votos emitidos y una diferencia inferior al 10 % era preciso ir a segunda vuelta.

La oposición cuestionó el ajustado margen del triunfo en primera vuelta y la interrupción temporal del 'conteo rápido' que anticipa los datos y es paralelo al oficial. El principal candidato de la derecha denunció un supuesto “fraude” incluso antes de finalizar el recuento, haciendo un llamado a sus seguidores a desconocer el resultado en las calles. Este reto contó con el sorprendente apoyo del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el controvertido Luis Almagro, quien habló de irregularidades durante las elecciones y, más tarde, convalidando el golpe de Estado, emitió un informe rechazando la validez de los comicios. Al presentarlo ante el Consejo Permanente de la OEA el pasado 12 de noviembre, Almagro declaró: “En Bolivia hubo un golpe de Estado el 20 de octubre cuando Evo Morales cometió fraude electoral”. En su fantasiosa interpretación, Morales habría perpetrado un “autogolpe”. Ese mismo día Jeanine Áñez, que ocupaba la vicepresidencia segunda del Senado en representación de un partido que apenas obtuvo el 4 % de los votos, fue designada presidenta transitoria por consenso entre los golpistas. La Unión Europea se alineó con Estados Unidos y la OEA, exigió anular la primera vuelta y celebrar nuevas elecciones.[1]

Durante la jornada electoral -y en los días sucesivos- el candidato opositor Carlos Mesa alentó manifestaciones contra los tribunales electorales y ataques a representantes del gobierno del MAS que cobraron un cariz cada vez más violento. En algunas ciudades, por ejemplo en Sucre y Potosí, los partidarios de CC atacaron e incendiaron el Tribunal Electoral Departamental, forzando la suspensión del recuento de votos y complicando aun más la suma de datos a nivel nacional. Por el alto grado de coordinación que tuvieron estos ataques, se denunció que la decisión de boicotear los comicios ante un eventual triunfo del MAS ya estaba tomada con antelación a la jornada electoral.

El golpe cívico militar se impuso gracias al amotinamiento inicial de la policía y la implicación final de las fuerzas armadas. El 10 de noviembre, después de tres semanas de caos provocado por los golpistas con total inacción de la fuerza pública, el jefe del Ejército, Williams Kaliman, “sugirió” al presidente Evo Morales “que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad”. La cúpula del Ejército había sido cooptada por los golpistas. El presidente indígena comprendió que ya no obedecerían sus órdenes, con lo cual se vio obligado a dimitir y viajar al exilio.

La resistencia popular al golpe fue heroica incluso después de la salida del país de Evo Morales y de la dispersión de los miembros de su gobierno. Durante las primeras dos semanas hubo cortes de carreteras y bloqueos de ciudades y de plantas energéticas, sobre todo en el altiplano y el Trópico de Cochabamba, donde el respaldo al MAS es mayor. Una de las primeras medidas que adoptó la presidenta provisional Jeanine Áñez fue habilitar a las fuerzas armadas a cometer ejecuciones extrajudiciales, al exonerarlas por ley de cualquier responsabilidad en el ejercicio de la represión contra civiles. Con estas credenciales, el Ejército respondió con las masacres del 14 de noviembre en Sacaba (Cochabamba), donde murieron nueve campesinos en enfrentamientos con la policía y los militares y otros 120 fueron heridos; y la masacre del 19 de noviembre en Senkata (La Paz), donde hubo 11 civiles muertos y numerosos heridos. En este distrito de El Alto, los manifestantes habían cerrado el paso a una refinería y fueron tiroteados por tierra y por aire, desde helicópteros, para que depusieran su actitud.

La versión oficial del gobierno golpista fue que el ex presidente había impartido órdenes expresas a sus seguidores de “matarse entre ellos si fuera necesario”. Este argumento sirvió para incriminar después a Evo Morales. En realidad, no hubo ninguna orden de la estructura del MAS ni de los sindicatos urbanos para resistir el golpe (aunque sí intervinieron los sindicatos agrarios), se trató de un movimiento popular espontáneo, cuando las estructuras partidarias ya estaban descabezadas. El ex presidente Álvaro García Linera asegura que las movilizaciones contra el golpe fueron “una respuesta autoorganizada de quienes se estaban dando cuenta que habían perdido el poder” y que “se movilizaban rompiendo las estructuras tradicionales”, en un momento en que “las estructuras de dirigencia política y social [habían quedado] literalmente barridas e inservibles”.[2]

La posverdad alcanzó extremos insospechables cuando el ex presidente fue acusado de “sedición” y “terrorismo” por haber alentado las manifestaciones para detener el golpe. Las causas emprendidas por los golpistas en su contra se fueron acumulando con el paso de las semanas y los meses. La persecución se extendió a sus más estrechos colaboradores, como el vicepresidente y sus ministros. Varios ministros de su gobierno permanecen asilados desde hace un año en la embajada de México en La Paz, privados de salvoconducto para salir del país.

El fraude electoral que nunca existió

Los medios de comunicación que secundaron el golpe, vale decir absolutamente todos, acabaron naturalizando el relato oficial del fraude electoral. Pero poco después de las elecciones quedó demostrado que el cómputo de los votos se había realizado correctamente. Evo Morales declaró más tarde, desde su exilio en México: “El golpe de Estado empezó el 21 de octubre, después de las elecciones, con la falsa acusación de que había fraude. Ahora me doy cuenta de que la denuncia es el verdadero fraude.”

El informe de la OEA fue objetado y demolido por renombradas instituciones internacionales. El Center for Economic and Policy Research (CEPR), con sede en Washington, publicó en noviembre de 2019 un informe  que cuestiona la metodología empleada por la Misión de Observación Electoral de la OEA y la validez de sus conclusiones. Este organismo indica que la interrupción del recuento se produjo en el 'conteo rápido' pero que no afectó al 'conteo oficial', el único legalmente vinculante y que no sufrió interrupciones significativas. Tras analizar la consistencia de los patrones geográficos de votación con los resultados alcanzados, los investigadores rechazan “las dudas sin fundamento que fueron emitidas por parte de la misión de la OEA en su primer comunicado de prensa y en su informe preliminar”, que fueron “ampliamente citadas y repetidas en los medios de comunicación”.[3]

Meses más tarde, el 7 de junio de este año, The New York Times publicaría un estudio de investigadores independientes que también desmiente las conclusiones de la OEA , basándose en datos recabados a las autoridades electorales bolivianas: “La conclusión [...] estuvo basada en datos incorrectos y técnicas estadísticas inapropiadas”. Uno de los participantes en la investigación, Francisco Rodríguez, economista de la Universidad de Tulane, declaró: “Examinamos detenidamente la evidencia estadística de la OEA y encontramos problemas con sus métodos”. “Una vez que corregimos esos problemas, los resultados de la OEA desaparecen, sin dejar evidencia estadística de fraude”.

Una parte de la prensa internacional se hizo eco de estas investigaciones, que revelaron la falsedad de las acusaciones de la OEA, pero la prensa de Bolivia mantuvo de manera unánime la ficción del fraude para justificar el golpe y deslegitimar día a día al MAS. El control de los medios de comunicación por parte de los golpistas fue total.

Causas externas del golpe: la hostilidad de Washington

Los sucesivos gobiernos de Estados Unidos mantuvieron una persistente hostilidad contra Bolivia desde que asumió el primer gobierno del MAS en 2006, durante la presidencia de George W. Bush. En 2008, tras la expulsión del embajador estadounidense por intervenir en maniobras de política interna, Washington se negó a nombrar un nuevo embajador en La Paz. Desde entonces, y a pesar de un principio de entendimiento con el gobierno de Barak Obama, la relación diplomática entre los dos países se mantuvo solo a nivel de encargado de negocios.

Más allá de los grandes desacuerdos geopolíticos, de la expulsión de la DEA y de la retórica antimperialista del MAS, lo que ha determinado la hostilidad de Washington hacia el Estado Plurinacional de Bolivia fue el éxito económico de los sucesivos gobiernos de Evo Morales, en un proceso conducido por su ministro de Economía Luis Arce, el ahora candidato presidencial. Entre 2006 y 2019 el PIB boliviano se quintuplicó, pasando de unos 9.500 millones de dólares a 45.000 millones; y también se  multiplicó por cinco el salario mínimo en un contexto económico de escasa inflación. En solo 14 años de gobierno del MAS la esperanza de vida de los bolivianos se incrementó 10 años, de 63 a 73 años. Todo ello en base a un programa y a un proyecto político que nacionalizó los recursos naturales, que aspira a desarrollar su propia industria de sustitución de importaciones y que puso condiciones a la presencia de multinancionales, impidiéndoles que tuvieran participaciones de control en empresas estratégicas. Un programa emanado de las bases sindicales e indígenas inspirado en ideas e intelectuales de la izquierda marxista. La colisión con Washington tarde o temprano sería inevitable.

La presidencia de Donald Trump incrementó las acciones para expulsar al MAS del gobierno de Bolivia, al principio de forma poco visible y después sin disimulo. Una vez consumado el golpe, la presidenta provisional Jeanine Áñez agradeció al Secretario de Estado, Mike Pompeo, el respaldo recibido desde el primer día de gobierno.

Bolivia es una pieza que se ha cobrado Estados Unidos en el tablero geopolítico de América Latina, aunque más no sea momentáneamente. Con asombrosa rapidez, el gobierno golpista dio sus primeros pasos en política exterior expulsando del país a centenares de médicos cubanos y reconociendo al autoproclamado Juan Guaidó como presidente de Venezuela, tras romper relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Un giro de 180 grados en sintonía con el gobierno de Donald Trump, principal valedor internacional del golpe.

Causas internas: la alianza cívico-militar golpista

El golpe de Estado ya había empezado a consumarse dos días antes de ser legitimado por la OEA con el aval de un supuesto fraude. La policía boliviana se había amotinado, dejando el territorio 'liberado' a los comandos fascistas de ultraderecha que imponían el terror en las calles, incendiando las viviendas de dirigentes politicos del MAS, secuestrando y amenazando de muerte a las autoridades. Imposible olvidar las imágenes de humillación de la alcaldesa de Vinto, Cochabamba, Patricia Vera, a quien cortaron salvajemente el pelo y la tiñeron de rojo, le orinaron encima y le echaron gasolina, además de golpearla y obligarla a caminar descalza hasta la plaza y arrodillarse. Una imagen que deja clara la intención de esas razias: acosar a todos los miembros del gobierno para poner al MAS de rodillas.[4]

El golpe venía larvándose desde mucho tiempo atrás. Un sector de la sociedad boliviana, la derecha social y política que lo promovió, había decidido desencadenar el caos si no conseguían desplazar al MAS del gobierno por la vía electoral. Los máximos dirigentes de los comités cívicos de Santa Cruz y otros departamentos incitaron a sus juventudes paramilitares a desplazarse a La Paz y atacar las viviendas de los miembros del gobierno, que en muchos casos fueron saqueadas e incendiadas sin intervención de las fuerzas de seguridad, que permanecían “amotinadas”. En los días sucesivos y con la policía ausente, se produjeron las tropelías de las bandas fascistas, que incendiaron las casas de representantes políticos de izquierda y de sus allegados, incluida la del presidente Evo Morales y la de su hermana. El Ejército se abstuvo de intervenir.

El principal cabecilla e impulsor del golpe en las calles fue Luis Fernando Camacho, un  fundamentalista cristiano del Comité Cívico de Santa Cruz que destila fanatismo en sus enfebrecidas proclamas político-religiosas. No hay que subestimar su influencia en Santa Cruz de la Sierra, donde tiene la capacidad de congregar a decenas de miles de personas para iniciar su discurso increpando a Satanás, conminándolo a retirarse de la política boliviana.[5] Al consumarse el golpe, su mayor obsesión fue llegar con la Biblia “a Palacio”, en un gesto que pretendía exorcizar las tradiciones culturales diversas que irrumpieron por primera vez en la vida política del país durante el gobierno del presidente indígena. El gesto más representativo del contenido racista del golpe fue la quema de la wiphala por parte de la derecha “cívica”.

La adhesión de las Fuerzas Armadas a la asonada cívico-militar fue negociada en persona por el padre de Luis Fernando Camacho, un próspero empresario cruceño que antecedió a su hijo en la dirección del Comité Cívico de Santa Cruz. El ahora candidato refirió sin pudor a sus adeptos la reunión que su padre mantuvo con altos mandos militares para negociar las condiciones de su apoyo al golpe. Esta confesión de parte fue filmada y circuló ampliamente en redes sociales.[6]  Camacho y sus partidarios también tuvieron cobertura de la policía y el Ejército para moverse libremente por La Paz mientras preparaban el golpe, disfrazados con uniformes de las fuerzas armadas pasar desapercibidos.

Una vez asentados en el poder, después de haber incitado a las bandas fascistas al linchamiento de las autoridades políticas del MAS, los golpistas pititas[7] iniciaron una persecución judicial sistemática contra Evo Morales y los principales dirigentes de su partido, incluido el vicepresidente Álvaro García Linera, y bloquearon la candidatura de Morales al Senado. Las imputaciones que les hacen son manifiestamente arbitrarias, como los cargos de terrorismo por los cortes de carreteras y bloqueos realizados por las organizaciones sociales, en respuesta popular al golpe de Estado.

Por temor al triunfo del MAS, el gobierno golpista fue posponiendo la convocatoria de elecciones una y otra vez. De la fecha inicial anunciada, el 3 de mayo, se pasó después al mes de agosto, y se volvió a cambiar a septiembre. El último cambio en la fecha de las elecciones, del 6 de septiembre al 18 de octubre, provocó una conmoción política que puso en riesgo la paz social. La COB inició una marcha el 3 de agosto que bloqueó las principales carreteras de Bolivia durante dos semanas.

Al cumplirse la primera semana de bloqueos, el cívico cruceño Fernando Camacho acusó al gobierno de pasividad y convocó a sus juventudes extremistas a enfrentar violentamente a los manifestantes acudiendo a los puntos de bloqueo. La intervención de Evo Morales desde el exilio, requiriendo a la COB que pusiera fin a los bloqueos a cambio de obtener un compromiso por ley con la fecha de la convocatoria electoral, evitó un presumible baño de sangre. El objetivo de la ultraderecha al confrontar sus juventudes paramilitares con los militantes sindicales no era otro que volver a convulsionar Bolivia, y así seguir posponiendo de forma indefinida la fecha de las elecciones.

Los perfiles de los candidatos: Lucho contra todos

Muchos de los partidos que compiten por la hegemonía de la derecha presionaron varias veces al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para posponer una y otra vez la fecha de las elecciones con la excusa de la pandemia y así evitar otra victoria del MAS, que aparece como la fuerza mejor posicionada en todas las encuestas realizadas desde el golpe de Estado.

El candidato presidencial del MAS, Luis (Lucho) Arce, cuenta con el capital político de haber sido ministro de Economía durante la etapa más larga de prosperidad económica con estabilidad política que tuvo Bolivia en mucho tiempo, probablemente en toda su historia como país. El candidato a la vicepresidencia, David Choquehuanca, ex ministro de Exteriores, aporta por su parte el caudal de representación de las organizaciones indígenas, campesinas y populares que en el gobierno anterior tenían como principal referente a Evo.

La oposición a este binomio se compone de un arco de seis candidatos de muy diversa procedencia y orientación política, pero con un denominador común: impedir que el MAS vuelva a gobernar Bolivia. Carlos Mesa (CC) es la figura que aparece en segundo lugar en las encuestas, con un 10 %  de votos menos que Luis Arce. Le sigue a más distancia Luis Fernando Camacho, aliado con el cívico potosino Marco Pumari en el reciente partido Creemos,[8] y ya en cola de expectativas otros tres candidatos derechistas: el coreano evangelista Chi Hyun Chung, del FPV, que reclama la ilegalización del MAS; Jorge Tuto Quiroga, ex vicepresidente del general Hugo Banzer y presidente a su renuncia por motivos de salud, que se presenta por la alianza Libre 21; y la reciente presidenta del partido fundado por Banzer, ADN, la cochabambina Maricruz Bayá. El sexto contendiente enfrentado al MAS, Feliciano Mamani (PAM-BOL), no podría incluirse como candidato de derecha porque procede del sindicato de cooperativas mineras, que tomó distancia del gobierno del MAS en 2018, tras haber sido acusado (y sobreseído por falta de pruebas) de presunta participación en el asesinato de un viceministro cuando este acudió a dialogar con los cooperativistas en medio de un conflicto. A excepción de este último, que busca atraer una parte del voto indígena, los demás candidatos presidenciales solo tienen como finalidad y programa que el MAS nunca vuelva al gobierno.

La confrontación no solo viene espoleada desde la derecha política por el temor a perder las elecciones, también es azuzada desde la totalidad de los medios de comunicación que reproducen las falsedades del discurso de la derecha. Tejen sus manipulaciones a partir de declaraciones no menos fantasiosas de las fuerzas armadas y expanden su alcance, llegando a titular sin ningún fundamento que “Grupos narcoterroristas buscan convulsionar el país” cuando se refieren a  “Movilizaciones de afines al MAS” (eldiario.com.bo, 11/08/2020).

Intrigas palaciegas y corrupción en la gestión de la pandemia

El régimen instalado en el poder por la fuerza iba a ser transitorio, con una duración de pocos meses hasta convocar nuevas elecciones. La autoproclamada presidenta Áñez era la figura de compromiso que llevaría a buen puerto unos comicios que por fin, tal como soñaba la derecha, no inclinarían la balanza electoral a favor del MAS. Pero a medio camino, la señora Áñez se desdijo de sus compromisos previos y presentó su candidatura a la presidencia, con el consiguiente revuelo de los candidatos de la derecha, en particular de Mesa y Camacho, quienes ya estaban en disputa por liderar ese bloque de votantes. El resultado fue que su presidencia transcurrió en un esfuerzo por proyectar su  imagen posando ante las cámaras, en medio de broncas disputas en el bloque de poder y tratando de ocultar la muy deficiente gestión de la pandemia.

Mientras el país se debate en pugnas políticas, la gestión de la emergencia sanitaria no pudo ser más desastrosa. Un informe publicado el 22 de agosto por el New York Times, que cotejó los datos oficiales con los de fallecimientos en el  Registro Civil de Bolivia, concluía que “el número real de muertes durante el brote es casi cinco veces mayor que la cifra oficial, lo que indica que Bolivia ha sufrido una de las peores epidemias del mundo”.[9] El periódico estadounidense concluye, basado en sus propios estudios: “El extraordinario aumento de la mortalidad, ajustado en función de su población, es más del doble que el de Estados Unidos”.

La compra de respiradores por parte del gobierno de Áñez a una empresa española se convirtió en el mejor ejemplo de corrupción y a la vez de inoperancia. Corrupción por las comisiones percibidas por funcionarios bolivianos, como el ahora encausado -con prisión domiciliaria- ministro de Salud, Marcelo Navajas; e inoperancia porque los respiradores adquiridos por cifras millonarias son completamente inútiles para tratar a pacientes de covid19.[10]

Por otra parte, el gobierno pitita fue incapaz de llevar adelante las clases y decretó la clausura del año escolar. Tampoco ha podido hasta ahora sofocar los incendios que están arrasando el país, con infinidad de focos en el departamento de Santa Cruz.

Ante el notorio desgaste de su gobierno, el resquebrajamiento del voto derechista y la imposibilidad de encabezar este bloque, Jeanine Áñez decidió en septiembre retirar su candidatura a la presidencia. Y no obstante, cuando apenas faltaban tres semanas para las elecciones, la presidenta provisional se vio abocada a remodelar por enésima vez su gabinete tras la renuncia de cuatro ministros, por discrepancias con la privatización por decreto de la empresa pública de electricidad. El ministro de Economía, Óscar Ortiz, denunció que se vio forzado a dimitir y declaró que renunciaba porque no iba a “firmar ningún decreto que vaya contra el ordenamiento jurídico o que no tenga suficiente respaldo legal". Previamente a este escandaloso negocio, la presidenta provisional ya autorizó las operaciones de Monsanto para introducir cultivos transgénicos en Bolivia en favor de los agroexportadores, burlando la larga historia de oposición frontal de los campesinos bolivianos.

Persecución política en campaña electoral

La amenaza de ilegalizar al MAS sigue latente pocos días antes de las elecciones. Además, la fiscalía llamó a declarar a Evo Morales y a otros miembros de su gobierno en un fantasioso proceso por “sedición” e “incitación al terrorismo” en el que se lo acusa de los crímenes cometidos por la policía y el Ejército. El viceministro del Interior, Javier Issa, declaró el 2 de octubre que existen informes de inteligencia sobre “movimientos de personas radicales que supuestamente indican que no van a permitir que ningún otro partido que no sea el MAS se quede en el Gobierno”. La maquinaria propagandística golpista machaca a la ciudadanía un día tras otro en todos los medios de comunicación que lo consienten, reescribiendo completamente la historia y desnaturalizando así el debate político. Entre otros organismos de derechos humanos, la CIDH condenó “el recurso, desde el Estado, a la persecución penal de los opositores políticos, a quienes se señala de cometer los delitos de sedición, terrorismo e incitación a la violencia”.[11]

El acoso de las organizaciones juveniles fascistas prosigue a una semana de las elecciones. La Resistencia Juvenil Cochala y la Resistencia Chuquisaqueña, vinculadas a los respectivos comités cívicos departamentales, realizan en estos dias acciones de intimidación ante la sede de la Fiscalía General, en Sucre, a cuyo fiscal jefe Juan Lanchipa reprochan su posición contrarria a ilegalizar la candidatura del MAS. Todo ello con la permisividad de la policía.

Este es el clima de la campaña electoral. Para complicar más las cosas, el ministro de Gobierno de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, viajó en los primeros días de octubre a Estados Unidos para reunirse con Luis Almagro y Mike Pompeo, en un momento que nadie puede desvincular de las elecciones. La OEA puede volver a desempeñar un papel sustancial en la adulteración del resultado electoral, aunque esta vez favoreciendo al gobierno de facto, incluso si para ello tuviera que cerrar los ojos a un verdadero fraude. Después del paso de Murillo por Washington, la prensa boliviana reprodujo una noticia del diario británico The Morning Star denunciando que la extrema derecha boliviana prepararía atentados terroristas contra los hoteles en los que se alojarán los observadores internacionales, para atribuirlos al MAS e impedir su victoria electoral.  Aunque no se indica la fuente de la información, impresiona la precisión con la que se anticipa el plan. El informe asegura que estos “grupos violentos están ligados a oficiales del Ejército en retiro y actividad y proyectan atentados de ‘banda falsa’ para atribuirlos al MAS y usarlos como pretexto para anular los comicios del 18 de octubre”.

Sea o no cierta, la sola enunciación de esta amenaza trastoca por sí misma todo el proceso electoral boliviano, por las posibles repercusiones que pudiera tener este anuncio en la asistencia de observadores internacionales que garanticen la integridad de los comicios. Todo es posible en la lógica de esa derecha despótica que secuestró la democracia, llegó a saborear durante unos meses la proximidad del poder y que se resiste con uñas y dientes al veredicto contrario de las urnas.