La democracia vuelve a Bolivia después de un año de usurpación, sabotaje y masacres impunes. Por su parte, la gobernante de facto, Jeanine Áñez –biblia en mano–, vuelve al anonimato de las rancias ultraderechas latinoamericanas, ese lastre por el que nadie vota ni simpatiza, pero que, de vez en cuando, igual gobierna.

La buena noticia del fin de este régimen golpista –que la OEA catapultó al gobierno acusando un fraude inexistente– nos invita a recordar cómo opera sobre nuestra región la potencia del Norte, una realidad sistemáticamente ocultada por sus agentes en la Sociedad Interamericana de Prensa.

Y es que poco cambió con el fin de la Guerra Fría: el gran enemigo de EE.UU. no era el comunismo soviético sino nuestra propia soberanía, nuestro derecho a elegir un camino de desarrollo de manera autónoma e independiente. Es por eso que este primer quinto del siglo XXI, para Latinoamérica, llegó con renovados golpes de Estado y mucho “lawfare” –el uso político del aparato judicial en contra de un candidato o partido–, la especialidad del tremendo juez Sergio Moro y el as bajo la manga de Jair Bolsonaro.

Terrorismo desde una sede diplomática

“Hay varios factores que podrían inducir al gobierno (boliviano) a asociarnos con los alegados grupos extremistas de Santa Cruz” –confesaba un cable confidencial de la embajada de Estados Unidos en Bolivia, escrito en 2009 y hecho público posteriormente por WikiLeaks–, “…la petición de asilo del presunto terrorista Hugo Achá y su esposa, la asistencia de USAID a una organización boliviana sospechosa de financiar una célula terrorista en Santa Cruz y el rol implícito (del gobierno estadounidense), basado en la aserción de que el líder de (la) célula organizó mítines y tenía contactos en Washington D.C.”.

El periodista Matt Kennard confirmó la veracidad de los hechos referidos arriba en un artículo de 2013 para OpenDemocracy.net. Su investigación, sin embargo, había sido realizada originalmente para el diario Financial Times (FT), que, llegado el momento, se negó a publicarla. Los editores de este medio londinense erraron en sus cálculos: en lugar de uno de sus propagandistas sin escrúpulos, enviaron a Bolivia a un periodista.

El correo confidencial citado arriba advertía a la Casa Blanca sobre un incidente controversial y de posibles consecuencias internacionales: el 16 de abril de 2009, un comando de élite de la policía boliviana había allanado un hotel en la provincia boliviana de Santa Cruz, matando a tres individuos y capturando a otros dos. Entre los muertos se encontraba un exguardia de seguridad irlandés, un ciudadano rumano-húngaro y, finalmente, un boliviano-húngaro llamado Eduardo Rozsa-Flores, líder del grupo.

Los dos sobrevivientes eran también de nacionalidad húngara y, hasta el día de hoy, residen en una cárcel de alta seguridad en La Paz. Luego de interrogarlos, el gobierno de Evo Morales informó sobre sus objetivos: llevar a cabo un programa de “guerra y violencia en el país, (incluyendo) un atentado contra el presidente Morales y su gabinete en el Lago Titicaca”.

El quinteto dirigido por Rozsa-Flores estaba armado hasta los dientes y ya venía siendo seguido por el comando de la policía, que se decidió a apresarlos un día después de que una bomba explotara en la casa del entonces arzobispo de Santa Cruz, Julio Terrazas, sin ocasionar víctimas.

Inmediatamente después del allanamiento, tiroteo, muertes y consiguientes arrestos, el gobierno boliviano creó un comité investigador encabezado por César Navarro, entonces viceministro de coordinación con movimientos sociales. En la computadora portátil de Rozsa-Flores, Navarro encontró correspondencia entre el muerto y otro húngaro notorio: el exmilitar Istvan Belovai. En 1985, Belovai, entonces teniente coronel del ejército húngaro, fue arrestado mientras se dirigía a un punto de encuentro designado para él por la CIA, para la que trabajaba en secreto en contra de su gobierno. Acusado de traición, el militar fue condenado a cadena perpetua solo para ser liberado unos años después, con la caída del régimen soviético y su satélite húngaro.

“Nunca fui un traidor”, explicaría Belovai, “fui el primer soldado húngaro de la OTAN”.

“Él era el cerebro detrás”, le reveló Navarro a Kennard, quien lo entrevistó en La Paz. De acuerdo con el boliviano, en los correos encontrados en la portátil de Rozsa-Flores, Belovai le preguntaba sobre potenciales rutas de escape desde el hotel posteriormente allanado, así como sobre otras cuestiones logísticas.

La investigación de Navarro también pudo revelar que la bomba estallada el día anterior al allanamiento, en casa del arzobispo de Santa Cruz, había sido plantada por el húngaro-boliviano y sus secuaces. Su próximo golpe consistiría en plantar otro explosivo en la residencia de Rubén Costas, gobernador de la misma ciudad y opositor a Morales, a quien Rozsa-Flores había dado aviso previo del ataque. Se haría ver como producido por simpatizantes del MAS, el partido que acaba de regresar al poder.

El terrorista húngaro-boliviano también fue vinculado al millonario Branko Marinkovic, oligarca boliviano de raíces croatas y expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz (una suerte de pequeña CONFIEP). Su mano derecha, Juan Kudelka, le dijo a la fiscalía boliviana, en marzo de 2010, que Marinkovic lo había mandado a entregarle sobres de dinero a Rozsa-Flores. Tres años antes, en 2007, el New York Times había informado sobre una investigación realizada por periodistas croatas, quienes indagaban en alegatos de que Marinkovic estaría “reclutando una fuerza paramilitar con mercenarios de Montenegro, donde nació su madre”.

Kudelka, mano derecha de Marinkovic, debió coordinar con Hugo Achá –mencionado bajo el anterior subtítulo–, entonces esposo de una congresista boliviana de oposición quien, de acuerdo con recibos de tarjetas de crédito obtenidos por sus acusadores en la fiscalía boliviana, pagó los pasajes aéreos de Rozsa-Flores y sus sicarios. La asociación de Achá con la célula terrorista también se ve confirmada en los cables de la embajada revelados por WikiLeaks.

Achá, a salvo de la justicia boliviana gracias a un asilo otorgado por Estados Unidos –al igual que Marinkovic–, es el fundador de la sucursal boliviana de “Human Rights Foundation”, una oenegé neoyorquina usada como fachada por intereses de derecha para atacar a gobiernos de izquierda en Latinoamérica. En 2010, su creador, Thor Halverssen, hijo de un conocido empresario venezolano, le dijo a The Economist que, rompiendo con el rol tradicional de las oenegés, la suya se enfocaría “sobre todo, en los pecados de los regímenes de izquierda latinoamericanos”.

De acuerdo con Michael Bassett, veterano del ejército estadounidense que sirvió en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas, Human Rights Foundation es un “contratista” del gobierno de su país dedicado a la “guerra de la información” (“Modern warfare Korea: the weaponization of human rights”, Fairobserver.com, 11/09/15).

Sin el “tío” no hay nada

Kennard también menciona que el tal Hugo Achá, opositor a Morales y fundador del anexo boliviano de HRF, “contratista” del gobierno estadounidense, también llevó cursos en 2008 en el “Center for Hemispheric Defense Studies” (CHDS), institución subordinada al Departamento de Defensa de Estados Unidos con sede en Washington, D.C.

Esta “escuelita” está íntimamente relacionada con la bastante más conspicua “School of the Americas”, el alma mater de varios dictadores latinoamericanos y decenas de sus torturadores. Ambas instituciones “educativas” han compartido directores y ambas tienen sus miras puestas en Latinoamérica, el patio trasero. Una de las misiones del CHDS es formar “vínculos duraderos” con líderes de opinión, políticos, académicos, personajes influyentes y (naturalmente) militares latinoamericanos. Entre sus exalumnos y becarios encontramos incluso a fantoches como el joven Agustín Laje, “influencer” de redes sociales de tendencia conservadora, muy popular entre los adolescentes de habla hispana ajenos a la lectura.

En años recientes, los principios rectores del CHDS han sido puestos en tela de juicio. Entre sus profesores se encontró a militares latinoamericanos con historial de crímenes de lesa humanidad, como el colombiano Carlos Alberto Ospina Ovalle, involucrado en la masacre paramilitar de El Aro, ocurrida en 1997. No es el único asesino con cátedra, pues entre sus colegas encontramos también al chileno Jaime García Covarrubias, acusado formalmente en 2013 por el asesinato y desaparición de siete prisioneros políticos en 1973, luego del golpe contra Allende (Publicintegrity.org, 11/03/15).

Los “profes” Ospina y García son, al mismo tiempo, exalumnos de la “School of the Americas”, que hace unos años cambió de nombre intentando sacudirse de sus crímenes y bien ganado desprestigio.

Finalmente, el CHDS también fue asociado –cómo no– con el bastante más reciente golpe de Estado contra el hondureño Manuel Zelaya. Así lo reveló un “whistleblower” (delator) de la misma institución, Martin Edwin Andersen, quien señaló que un decano del centro de estudios militar, el General John Thompson, arregló reuniones entre ciertos congresistas del Partido Republicano y dos coroneles hondureños, específicamente para discutir su apoyo al golpe de julio de 2009.

Andersen contó que, luego del golpe, en el “Center for Hemispheric Defense Studies”, sus superiores le ordenaban abandonar las reuniones cuando el tema de conversación cambiaba a “formas de encubrir el apoyo del equipo al derrocamiento ilegal de un gobierno (democráticamente) elegido”.

¿Cuántos peruanos habrán pasado por esta tramposa institución?

-Publicado en Hildebrandt en sus trece (Perú) el 23 de octubre de 2020