Cuando un boxeador se encuentra al borde del nocaut y espera apenas que un último toque lo lance al piso, suena la campana y termina el round. Entonces se puede decir que el protagonista de la riña, fue “salvado por la campana”. Cabría preguntarse en esta circunstancia si el general Francisco Morales Bermúdez Cerruti –“El felón”, como lo llamara Jorge Basadre- fue, finalmente, salvado por la campana.

Ocurre, en efecto que el pasado martes 15 de septiembre, el Tribunal Constitucional de nuestro país, reunido sin la presencia de su titular Marianela Ledesma, decidió poner fin, y archivar, el proceso penal solicitado por la Fiscalía de Lima contra el expresidente, sustentando acusaciones por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de la Operación Cóndor. Sólo en los últimos días se ha conocido esta decisión, mantenida por la prensa grande bajo un sigiloso -y más bien cómplice- silencio.

El beneficiado con esta decisión fue -como se recuerda- Jefe de Estado en el Perú entre agosto de 1975, cuando derrocó al general Juan Velasco Alvarado, y julio de 1980, circunstancia en la que entregó el Poder a “los civiles”, representados por Fernando Belaunde Terry.

El militar en cuestión se vio involucrado en un juicio que culminó el año pasado, en los Tribunales de Roma, y que concluyó con una sentencia de cadena perpetua en perjuicio de 23 acusados, uno de los cuales fue precisamente el “Caballero de los Bares” como jocosamente lo bautizara un semanario humorístico limeño en las últimas décadas del siglo pasado.

Esta sentencia fue dictada originalmente contra reos ausentes, salvo el oficial ítalo-uruguayo Jorge Tróccoli, ex capitán de navío y poseedor de pasaporte italiano, quien asistió a la primera audiencia del juicio celebrado en febrero del 2015 y que era el único que residía en ese entonces en Italia. Más recientemente, la decisión judicial, fue confirmada

El tema de fondo en esta causa fue el siniestro esquema represivo puesto en práctica en la parte sur de nuestro continente entre 1976 y 1982, bajo el nombre de “Plan Cóndor”, ideado y ejecutado con el propósito de aniquilar a los adversarios de las dictaduras fascistas de la región en aquellos años.

La historia recuerda que la partida de nacimiento de este engendro diabólico fue suscrita el 28 de noviembre de 1975 en la sede de la Academia de Guerra Aérea de Santiago de Chile, luego de una reunión en la que participaron representes de los Servicios Secretos de cinco países: Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile. Aunque el Perú no formó parte de este núcleo inicial, si se vio comprometido con sus acciones sobre todo a partir de 1977, precisamente cuando el Jefe de Estado era el general Morales Bermúdez.

Por lo menos tres episodios marcaron la participación peruana en este salvaje programa de exterminio. Ellos estuvieron directamente vinculados al gobierno militar argentino de Jorge Rafael Videla, y se vieron favorecidos –entre otras razones- por la presencia, en el entorno del régimen peruano de entonces, del general Luis Cisneros Vizquerra, conocido como “el gaucho” por haber estudiado su carrera militar en el país del Plata, y ser afín a los uniformados que derrocaron a María Estela Martínez de Perón, en marzo de 1976

El primero de estos operativos tuvo que ver con la detención y posterior secuestro de Carlos Alberto Maguid, un argentino refugiado en el Perú. El, fue inicialmente capturado en los primeros días de marzo de 1977, cuando se anunció en el Perú la visita del Presidente Videla. Liberado algunos días más tarde, fue intervenido el 12 de abril del mismo año en el cruce de las avenidas Javier Prado y Petit Thouars. Nunca volvió a ser visto con vida. Aunque el ministro del Interior de entonces, el general Ricther Prada -otro de los condenados en Roma- reconoció la captura de Maguid y sostuvo que fue entregado con vida a la policía boliviana en la frontera para ser trasladado a su país; el intervenido jamás apareció

Independientemente del lugar, y las circunstancias de su muerte, el hecho evidencia el nivel de coordinación entre los servicios secretos del Perú y Argentina para estos efectos. Y ella, sólo tiene un nombre: Plan Cóndor.

Pero ese fue aún más evidente en mayo de 1978, cuando un grupo heterogéneo de peruanos fue capturado en nuestro país y deportado a Argentina. Javier Diez Canseco, Valentín Pacho, Ricardo Letts, a más de otros, fueron trasladados originalmente a Jujuy y luego enviados a Buenos Aires. Semanas después pudieron ser rescatados, logrando retornar, luego de confirmada violencia.

Y el tercer episodio, sucedió en junio de 1980 cuando un destacamento de militares argentinos realizó un operativo en las calles de Lima en coordinación con efectivos peruanos, y secuestró a un núcleo de ciudadanos a los que calificara de “peronistas”. Esther Gianotti de Molfino, Federico Frías y María Inés Raverta -entre otros- fueron capturados y trasladados a su país, luego de permanecer en Playa Honda, un Centro de Reclusión de los servicios secretos peruanos. La Gianotti, apareció muerta en Madrid semanas después.

Estos tres elementos fueron piezas claves para sustanciar la sentencia de los tribunales italianos. Y debieron ser acogidos por la justicia peruana y aún el Tribunal Constitucional. ¿Por qué no ocurrió? Alguien tocó la campana. y salvó a algunos reos que ya se hallaban al borde del nocaut.