Las revelaciones inicialmente publicadas por el periodista Edison Bolaños del diario El Espectador sobre la existencia de 24 mil audios de interceptaciones en el expediente judicial que la fiscalía general de la Nación le abrió a Jesús Santrich, por supuestamente complotarse para enviar un alijo de 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos, sigue trayendo sorpresas en la medida en que se van conociendo el contenido de los mismos. En un muy bien documentado debate de control político promovido por los senadores Gustavo Petro, Roy Barreras, Iván Cepeda y Antonio Sanguino, queda claro que conjuntamente entre la fiscalía dirigida en ese momento por Néstor Humberto Martínez y la DEA, pusieron en marcha un proceso de entrampamiento donde se utilizaron a dos agentes de la DEA que se hicieron pasar por miembros del Cartel méxicano de Sinaloa, para tenderle una trampa a Jesús Santrich y tratar de comprometerlo en el envío de cocaína a los Estados Unidos.

De manera clara los senadores que citaron el debate, fueron desmontando y desvelando la trama del complot en contra del proceso de Paz. No hay ninguna prueba solida que demuestre que Santrich realmente estaba negociando ese alijo de droga. Los cinco kilos de cocaína, no se sabe finalmente por quién fueron suministrados si por los agentes de la DEA o por la fiscalía pues Néstor Humberto Martínez ha incurrido en contradicciones que fueron documentadas en el debate, pues, inicialmente en entrevista concedida a la periodista Yolanda Ruíz de RCN radio señaló que habían sido suministradas por la fiscalía (16 de mayo 2019) y ahora en el debate que se realizó este jueves 26 de noviembre señaló que la Fiscalía no había suministrado esos cinco kilos de cocaína. Así que ahora no se sabe quiénes fueron los que pusieron esa cantidad de droga o si fue el turbio sobrino de Iván Márquez, Marlon Marín, quien los compró. Esa cantidad, es la mínima exigida para que se pueda solicitar la extradición de una persona como lo hizo ver el senador Gustavo Petro. La estrategia de Néstor Humberto Martínez es ahora negar lo que había reconocido en mayo de 2019.

Martínez no solo cae en contradicciones como ahora al negar que estaba al tanto del operativo de entrampamiento cuando antes lo había reconocido y ahora, además, se declara, sorprendido por la existencia de los 24 mil audios algunos de los cuales fueron presentados por los senadores citantes del debate. Hay suplantación de personas, imitación de sus voces, por ejemplo, de Piedad Córdoba y hasta de Iván Márquez.  En los audios se plantea que quien iría a almacenar y proteger las 10 toneladas de cocaína iría a ser el entonces vicepresidente de la República, Oscar Naranjo, general (r). Un verdadero disparate urdido para hacer explotar el proceso de paz que recién se había firmado el 24 de noviembre de 2016. La detención de Santrich con fines de extradición ocurrió el 9 de abril de 2018. Toda la trama buscaba además comprometer a Iván Márquez, pero no hay ninguna prueba que muestre que Márquez estaba en la supuesta negociación.

Queda claro que además el operativo de entrampamiento buscaba desprestigiar a la recién creada Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, debe recordarse que la fiscalía promovió un allanamiento a sus instalaciones y así mismo promovió otro entrampamiento en que utilizó a un funcionario de la Unidad de Investigaciones de la JEP, Carlos Bermeo, para tratar de demostrar hechos de corrupción dentro de la JEP en el proceso de solicitud de extradición en el caso de Santrich. Lo concreto es que se buscaba mostrar que Bermeo estaba en condiciones de incidir en la Sección del Tribunal encargado de resolver la solicitud de extradición. Martínez Neira debería ser juzgado por el delito de provocación e incitación a la comisión de delitos, que está penalizado en Colombia.

Pero nada de eso ocurrirá pues Duque pese a la evidencia que muestra claramente un entrampamiento al proceso de Paz reafirmo sin ninguna prueba, como suele hacerlo, que Santrich era un criminal narcotraficante y a Martínez Neira lo protege un fuero especial como Fiscal General que era cuando sucedieron los hechos. Su juez natural es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes donde el expresidente Uribe tiene más de 200 denuncias y nada ha pasado, como no pasara nada con la denuncia que anunciaron al final del debate los senadores Sanguino y Cepeda que interpondrían ante ese organismo por los delitos de traición a la patria y perfidia.

Queda claro de este episodio que Martínez utilizó su poder por una parte para hacer fracasar el proceso de Paz con todos estos hechos mencionados, pero, además con otros 16 procesos que se han ido cayendo en la propia fiscalía donde acuso y además logro poner presos a ciudadanos propietarios de negocios a quienes acuso de ser testaferros de las FARC-EP. La mayor parte de estas personas han tenido que ser dejadas en libertad porque no hay pruebas contra ellas. Pero todo esto debo insistir formaba parte de un proceso duro para desviar la atención de la investigación que por corrupción compromete al grupo Aval del primer banquero del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, por la corrupción realizada conjuntamente con Odebrecht para que les concedieran la construcción de la Ruta del Sol 2.   Martínez era uno de los abogados del grupo Aval y aparece seriamente comprometido en hechos de corrupción ligados a ese contrato.

Finalmente hay que señalar que en los 24 mil audios aparece claramente qué hasta el propio presidente de la República de entonces, Juan Manuel Santos estaba siendo interceptado por Martínez Neira. El Portal La Nueva Prensa señaló en su más reciente edición que “Bajo la administración de Néstor Humberto Martínez, la Fiscalía General de la Nación interceptó al menos un teléfono del entonces presidente, Juan Manuel Santos (identificado como “alias Santo”) de acuerdo con documentación judicial y versiones de fuentes cercanas al caso”.

Las escuchas fueron hechas -continúan los periodistas Gonzalo Guillen y Julián Martínez- en el confuso proceso de investigación contra Marlon Marín que trató de involucrar a Jesús Santrich y a Iván Márquez con la supuesta exportación de las 10 toneladas de cocaína. Y la orden de interceptación contra el teléfono de Santos habría sido ordenada el 14 de noviembre de 2017 por Luz Marina Tapia fiscal 03 de la Dirección de Fiscalías, Antinarcóticos y Lavado de Activos Especializada. Queda claro que bajo la fiscalía de Martínez Neira se desarrollo toda una estrategia para hacer fracasar el proceso de Paz y también queda claro que en el caso de Santrich, el presidente Santos pudiendo intervenir no lo hizo y por el contrario le dio plena credibilidad al complot que había urdido y puesto en marcha Martínez Neira.

Como ya se dijo y pese a la existencia de suficiente material probatorio de este entrampamiento al proceso de paz el gobierno de Uribe-Duque siguen en su labor de desprestigio del acuerdo, de confrontación para minar la credibilidad de los organismos judiciales y de verdad surgidos del acuerdo y al incumplimiento del mismo acuerdo en temas tan sensibles como la seguridad de los excombatientes y el cumplimiento de los compromisos en materia de reforma rural integral y de sustitución de los cultivos de uso ilícito. Nada se podrá esperar en los 20 meses que le quedan a este gobierno. Seguirán los ataques y los esfuerzos por hacerlo fracasar.

Bogotá 3 de diciembre de 2020                            

- Pedro Santana Rodríguez. Director Revista Sur