SAN JUAN, 4 de enero de 2021 (NCM) – El nuevo gobierno anexionista ha comenzado a tratar de timonear a Puerto Rico en medio de un verdadero avatar, cuando todavía no hay certeza compartida por todos sobre quién ganó los comicios de hace dos meses y muchos grupos están reclamando parcelas de poder en esta pequeña nación isleña del noreste del Caribe.

La situación es tan grave que asuntos medulares, como el plebiscito efectuado para buscar una “solución final” al problema de la condición colonial bajo Estados Unidos, no hay manera de asegurar qué bando lo ganó debido a los miles de papeletas de votación aparecidas de incierto origen.

Lo único que ha quedado claro es que Puerto Rico está profundamente dividido, pero no en dos, sino en muchos bandos. Ahora hay por lo menos seis tendencias políticas representadas en las cámaras legislativas, aunque la participación electoral es cada vez más baja.

Nada de eso, sin embargo, parece afectar el ánimo del nuevo gobernador, Pedro Pierluisi. Tan pronto juró su cargo hace varios días, comenzó a dictar decretos para apretar más el gasto público, mejorar la coordinación con el gobierno estadounidense en la lucha contra la corrupción e intentar poner orden a los esfuerzos para combatir la pandemia de COVID-19.

De manera contradictoria -al menos por el momento- el nuevo mandatario se ha iniciado con el poder político concentrado en su persona. Debido a que su Partido Nuevo Progresista no logró retener el control de la legislatura, Pierluisi no tiene que lidiar con una disidencia potente interna en su ya dividida formación política.

En las próximas semanas se verá si Pierluisi gobierna valiéndose de las facultades de tipo legislativo que tiene la junta de control fiscal impuesta por Washington, de la que fue abogado. El otro camino sería lograr una convergencia política con el Partido Popular Democrático, como la que se hizo en 1924 entre autonomistas y anexionistas para descarrilar a los independentistas, que habían logrado la mayoría en 1920.

Mirado a distancia y luego de más de 500 años de historia colonial -primero bajo España y desde 1898 regido por EEUU- el país vive los síntomas de un cambio profundo, muy profundo.

Pierluisi viene a ser el 177 gobernador de la colonia y al menos el décimo noveno nacido en Puerto Rico. El primero de estos gobernadores naturales de la Isla fue Juan Ponce de León II, quien ocupó el puesto a inicios del siglo XVI y, desde que comenzó el proceso de implantación del régimen autonómico denominado Estado Libre Asociado, los trece gobernadores también han sido puertorriqueños.

La colonia ha tenido, históricamente, tal constancia y estabilidad que el Compendio de la historia de Puerto Rico, que se enseñaba en las escuelas en 1848, cantaba loas al repudio del país “a la indigencia bajo el velo de la falsa independencia” y a que, en cambio, prefería “el porvenir más halagüeño” bajo España, cultivando el comercio y la agricultura “de un país la riqueza” sin que le inquietaran “la discordia” ni “la intriga”. Esos razonamientos se trasladarían después a la historia oficial bajo EEUU.

Esas historias oficiales no dieron mucho crédito a los alzamientos y conatos de rebelión independentista. Ahora, sin embargo, el nuevo crecimiento de los independentistas es difícil de obviar.

El Partido Independentista tiene casi el 14 por ciento del voto contado y en otros partidos hay legisladores que se presentan también como independentistas, lo que constituiría más del 18 por ciento de los votos en el Senado. A eso se suma que Pierluisi obtuvo apenas poco más del 32 por ciento de los votos certificados, lo que constituye la pluralidad más baja en la historia, y que el voto adjudicado a la propuesta de integrar a Puerto Rico como “estado” de EEUU cuenta apenas con poco más de la mitad de los sufragios.

A la dificultad de argumentar de manera creíble los resultados del plebiscito, se suma que en el Congreso en Washington está tomando forma la idea promovida desde el partido republicano de que la lucha para convertir a Puerto Rico en estado de la Unión forma parte de una “agenda” socialista de la izquierda del partido demócrata. Además, sigue viva la propuesta de las congresistas demócratas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortés para ordenar que en Puerto Rico se inicie un nuevo proceso para una asamblea constituyente que produzca -en diálogo político con el gobierno de EEUU- una alternativa viable para resolver el problema colonial de este territorio.

La solución al problema de la condición política de Puerto Rico puede tener consecuencias geopolíticas debido a su ubicación en el noreste del Caribe, en un punto equidistante entre Guantánamo y Caracas. Por la vecindad de Puerto Rico discurren los pasos marítimos del Canal de Anegada y del Canal de la Mona y la isla ha sido bastión político militar.

Mientras tanto, en Puerto Rico, el presidente del PPD, Carlos Delgado Altieri, anunció que los presidentes de las cámaras -ambos de su partido- impulsarán investigaciones legislativas sobre el posible “fraude” electoral. Insistió en que acepta los resultados certificados pero que esa pesquisa es necesaria para referir a las autoridades a quienes hayan cometido ilegalidades y hacer enmiendas prospectivas al sistema electoral.

Quien sigue sin aceptar los resultados es la candidata del precinto legislativo número tres por el partido Movimiento Victoria Ciudadana, Eva Prados, quien con su “ejército” de voluntarios ha logrado demostrar que en San Juan se produjeron muchos miles de votos sin correspondencia a las listas de electores. Las discrepancias de miles de votos en los cinco precintos de San Juan proyectan dudas sobre lo que pudo haber pasado con las votaciones en los 105 precintos restantes del resto del país, pero la Comisión Estatal de Elecciones decidió no aceptar el reclamo del MVC para auditar todas las actas y se procedió a emitir una certificación total de las elecciones generales y del plebiscito, a pesar de que se basa en números que no cuadran.