Andorra, de fiscal benevolente a cuna de ladrones
23 funcionarios y empresarios mexicanos llevaron 48 mil millones a Andorra, el micro Estado europeo que otorga un “trato especial” a los inversionistas.
- Opinión
-Estalla el escándalo de los 23 vendepatria mexicanos, que llevaron 48 mil millones a dicho país.
-Acciones inteligentes de autoridades para sacar beneficio, de la UE o del FMI
-Collado, abogado destacado con amigos en “el poder”, está detenido y es procesado en México desde 2019.
Con apenas 468 km2 de territorio, Andorra es apenas dos veces la ciudad de Mexicali (231 km2), México. Pero suficiente para encerrar cuentas de funcionarios y empresarios mexicanos de los cuales la lista es todavía parte del “secreto bancario” de los varios “paraísos fiscales” que hay en el mundo.
La totalidad de los fondos no son precisamente patrimonio de los poseedores o usurpadores —si demuestran lo contrario merecen nuestras disculpas, claro está—, como no sean recursos de procedencia o apropiación “ilícita” de las “cuentas nacionales” o fiscales de los países pertenecientes a los contribuyentes que, en lugar de convertirse en obra o bienestar social, se mudan a la cueva de Ali Babá y sus cuarenta ladrones.
La historia apenas comienza. Y famosos “potentados” mexicanos forman parte rimbombante de esta historia. Vayamos por partes, como diría el famoso Jack.
Andorra (Principado de Andorra, nombre oficial), ese micro Estado —independiente y democrático— del viejo continente enquistado en Los Pirineos, entre el sur de Francia y el noreste de España, con gobierno parlamentario (con Jefe de Estado, pero nombrado por dos coprincipados; de sus dos vecinos) e idioma catalán, surgió a la palestra mundial desde la Segunda Guerra Mundial gracias al turismo.
Aún y cuando el nombre “andorra” data del siglo I A.C., fue hasta 1278 que se fundó su capital “Andorra la Vella” y, luego de una historia azarosa de invasiones y conflictos (con romanos, franceses, españoles; hasta “rusos”, el barón Skósyrev se proclamó “rey” o “Borís I en 1934”), fue hasta las décadas de 1960 y 1970 cuando consolidó su carácter comercial gracias a su encanto rústico.
El coprincipado parlamentario aprobó su constitución apenas en 1993, y el “nuevo Parlamento de Andorra” se inauguró en 2011. Pues bien. Resulta que de la mano del cultivo de maderas —y fabricación de muebles—, del cultivo de hortalizas y el ganado bobino y equino, el comercio, el turismo (todo lo relativo al esquí, o el “negocio de la nieve”) y las finanzas son las principales actividades de los andorranos.
Fue la caída del turismo en 2011 que motivó al gobierno en 2012 a crear una ley para incentivar la inversión extranjera libre de impuestos. Sin ser miembro de la Unión Europea goza de un régimen de trato especial, igual para sus productos manufacturados y agrícolas.
Su sector financiero, compuesto por 5 entidades bancarias pertenecientes a la Asociación de Bancos Andorranos creada en 1960, que responde a la Federación Bancaria de la Unión Europea, contribuye a la economía “gracias al secreto bancario”.
Fue bajo el coprincipado de Nikolas Sarkozy (presidente francés entre 2007 y 2012), que se presionó al país para que dejara de ser “paraíso fiscal”. En 2009 Andorra firmó la “Declaración de París” con Francia para que en la cumbre del G-20 ese año en Londres, se dejara de considerar como “paraíso fiscal” por la OCDE. Sin embargo, aún no firmó el acuerdo en 2014 del “Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria”, apoyado por el G-5 y avalado por la OCDE.
Pese a que desde el año 2013 Andorra dejó de ser considerado “paraíso fiscal”, por introducir el “impuesto general directo”, el “impuesto a sociedades” y el “Impuesto de la Renta de las Personas Físicas”, hoy todavía lucha por ese lastre de los capitales “secretos” de sus “grandes inversionistas”.
El tema no es que llegue capital extranjero a ningún país, el dilema radica en las cantidades, los personajes que se involucran en buscar la “secrecía bancaria”, y en que no se indagan los orígenes de tales fondos, de millonarios de “la noche a la mañana”; principalmente de “funcionarios ejemplares”. Veremos.
Paraíso natural o fiscal
Es verdad que autoridades del pequeño país, Andorra, se quieren sacudir la jerga de “paraíso fiscal” y —en lo posible—, sacar provecho. Cuna de millonarios y practicantes del esquí, sin embargo, las facilidades fiscales otorgadas por las autoridades a inversionistas extranjeros siguen siendo muy atractivas.
Breve recuento. Para España, desde el 11 de febrero 2011 es cuando Andorra deja de ser “paraíso fiscal”, al entrar en vigor el “acuerdo de intercambio de información fiscal entre España y el Principado” (suscrito un año antes: enero 2010), lo que permite entonces el acceso a cuentas bancarias sujetas a “investigación judicial fiscal” a la Agencia Tributaria española. (La Vanguardia: https://cutt.ly/Ckcwzq9).
Un convenio que, según la propia autoridad de Andorra, ya no ser “paraíso fiscal” le “aporta muchos beneficios a la proyección internacional”, así como a la “competitividad y apertura de la economía andorrana”. Cierto. Pero no tan rápido.
Es una verdad terrena que la clave de permanecer como refugio de grandes fortunas, es por ocultar la información de sus clientes al fisco de sus respectivos países. Por ello, para la OCDE es hasta el 2012 cuando el país deja de estar en su “lista gris” de los paraísos fiscales.
Será en 2017 cuando entren en vigor “convenios de transparencia” con más de 50 países; entonces Andorra dejó el “secreto bancario” y aceptó el intercambio de información bancaria de sus clientes en sus entidades financieras, con la OCDE y la Unión Europea. Ese mismo año el país modifica su código penal introduciendo un texto que tipifica la “evasión fiscal” como delito, con sanción de 5 años de prisión.
Es al año siguiente, 2018, que la Unión Europea elimina a Andorra de la lista “negra”, pues hasta entonces tenía a su consideración un “régimen fiscal pernicioso”, en atención a sus “bonificaciones” en el impuesto de sociedades. Por ejemplo: firmas con participación en empresas extranjeras solo tributaban el 2 por ciento.
De igual modo, el sistema considera deducciones y bonificaciones que hacen de la tributación efectivamente menor. Como el impuesto al valor añadido (IVA), el más bajo de Europa. De un nivel general del 4,5 por ciento al 1 porcentual en bienes y servicios relacionados con salud, educación, cultura, alimentos y alquileres. También el impuesto a la renta de las personas, del 10 por ciento la tasa más elevada en los países europeos, al más bajo en Andorra.
Sigue el atractivo fiscal
El asunto es que, según BBC mundo (13 de enero de 2020), es ese año cuando Andorra se postula para ser miembro del FMI, lo que le daría acceso a programas de financiamiento y de “asistencia técnica”. Aparte que, de lograrlo, ganaría estabilidad para su sistema financiero, así como sacudirse el pasado como “paraíso fiscal”.
Pese a todo, hay para quienes “la salida del Principado del directorio de la OCDE en materia de paraísos fiscales, no significa que haya perdido atractivo para la inversión extranjera, en busca de optimización fiscal”. Desde 2018 los bancos tienen el deber de colaborar y contribuir con la claridad fiscal.
O a la inversa, para muchos foráneos Andorra sigue siendo considerado “paraíso fiscal” por las ventajas que ofrece. Con disposición tributaria ventajosa y una estructura fiscal para favorecer la inversión y el emprendimiento. Es decir, que aún fuera de la lista del “paraíso fiscal”, el país sigue ofertando “una fiscalidad ventajosa y unos impuestos muy interesantes para los residentes”, o los extranjeros.
Algunas ventajas: 10% como máximo de los ingresos anuales; el IVA al 4.5%, el más bajo de Europa; derecho de sucesión libre de gravamen; con hasta 3 mil euros anuales no pagan intereses bancarios; cero impuestos sobre el patrimonio; baja cotización al CASS, “seguridad social”; un 10% máximo de impuestos sobre beneficios.
Al detalle, en materia de impuesto sobre la renta para personas físicas, el principal impuesto a pagar por residentes que han establecido su residencia fiscal y perciben ingresos anuales hasta por 24.000 euros, pagan el 10%. Pero si dichos ingresos superan los 24.000 y hasta los 40.000 entonces se reduce al 5%, con residencia mayor a 182 días en el Principado. Así como el no gravamen mencionado de cesión de inmuebles, herencias o donaciones. Entre otros beneficios.
Fiscal benevolente o cuna de ladrones
Hay tiempos presentes en que el pasado asoma y no se puede ocultar. Superar sí, ¿pero el gobierno de Andorra superó ya ese pasado como señalado “paraíso fiscal”? ¿Cómo entender la postura del país y la Banca Privada de Andorra (BPA), entre ocultar el tema y conservar facilidades fiscales altamente favorables?
Claro que la BPA se vio arrasado por el Tesoro de Estados Unidos, que en 2015 señaló la “presunta captación de fondos del crimen organizado”, así como la participación en operaciones de “lavado de dinero”. Derivó en intervención de la banca por las autoridades del Principado.
Pero negar las transacciones desde empresas fantasma —de las que al mundo se quedó atónito con los Panama Papers, infiltración de documentos del grupo de abogados Mossack Fonseca, revelada en 2016, los llamados off shore—, no es tan sencillo.
Menos teniendo entre sus clientes a personalidades del México “oscuro” o “negro” —mejor dicho, de la política y empresarial del periodo neoliberal del PRI, desde Carlos Salinas a Peña Nieto (no se sabe, por secreto bancario y las pesquisas, quiénes son los “beneficiados” de tamaña secrecía), cuando se “institucionalizó” la ratería desde el poder—, como el abogado Juan Ramón Collado, atendiendo a las revelaciones del diario español El País (¡desde julio 2019!).
El llamado “abogado del poder” habría movido, entre 2006 y 2015 un total de 120 millones de dólares (107 millones de euros), en el país mencionado con un total de 24 cuentas cuyos titulares corresponden a sociedades radicadas en las “Antillas Holandesas”, el abogado como el beneficiario último de tales documentos.
Entre los “clientes” de Collado, destacan personajes como el expresidente Enrique Peña Nieto, el hermano del expresidente Salinas Raúl Salinas, el líder petrolero Carlos Romero Deschamps, el exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva. Aunque no queda claro que ellos estén entre los “dueños” de las cuentas manejadas en el BPA.
Esto último, porque involucró a una ex directiva del BPA, Cristina Lozano, quien en 2010 apareció como representante de cuatro empresas de su país, y cuyo beneficiario último era Collado. A dichas empresas andorranas ingresaron en 2010 40 millones de dólares. Lozano fue procesada en 2016 junto a otras 27 personas, además, por ocultar el botín de BPA en la causa sobre el saqueo de la petrolera venezolana PDVSA.
Para resguardar el patrimonio
Collado resumió en 2016 el motivo de mover los fondos millonarios a Andorra: “Nuestra preocupación era resguardar la confidencialidad del patrimonio”. Ante una juez andorrana, el abogado agregaría —siempre conforme a El País—que en su cartera de clientes tenía a 10 autonomías, así como al sindicato de Pemex.
Que en 14 años habría “generado ingresos personales exclusivamente como honorarios aproximadamente 45 millones de dólares”. Hasta que el empleado del banco Joan March Masson le llamó en 2010 para informarle del “gran problema” que suponía una posible fuga de información y la consiguiente divulgación de los nombres de los clientes.
A lo anterior Collado decidió reestructurar en Andorra con sociedades holandesas. “No fue una idea de ocultación para ser el último beneficiario, fue la negligencia del bando de perder los datos y todavía me cobraron 16.000 euros por las nuevas estructuras”.
Las transferencias a Andorra, según Collado, fueron “únicamente para diferir el pago del impuesto sobre el dividendo”. Solo con eso, ya era suficiente motivo para ser indagado en México. Sin embargo, en su momento la PGR lo habría exonerado.
El documento de la autoridad federal en México, con la carpeta de investigación FED/SEIF/UNAI-EXT/0001901/2016, suscrito por la agente del MP de la federación, Lic. Anahí Marcela Mendoza Alcalá, el siguiente resolutivo: “Se decreta el no ejercicio de la acción penal… de Juan Ramón Collado Mocelo, con actividad profesional y empresarial en México, al desempañarse como abogado en el despacho “Collado y Asociados”, SC.
Pidiendo, la autoridad mexicana, “hacer girar copia certificada de la presente resolución al “Fiscal General del Principado de Andorra y la Juez de la Sección de instrucción especializada 1, Canolic Mingorance Cairat, de la Administración de justicia del citado Principado, según las diligencias previas: 8000042/2016.
Queda saber quiénes son los 24 empresarios o políticos beneficiarios o “representados” por Collado, un abogado para quien las relaciones políticas de sus “amigos del poder”, no le alcanzó para no ser detenido en julio de 2019 en la Ciudad de México, acusado de delitos relacionados con “lavado de dinero y crimen organizado”. Al menos en tanto las indagatorias en su contra no concluyan.
Mientras tanto Andorra, si bien no es uno de los grandes “paraísos fiscales” del mundo (no aparece en la lista de Oxfam de 2016), a donde se anidan o esconden grandes fortunas de “exitosos políticos y empresarios” —dizque para eludir el “pago de impuestos”—, está entre las sospechas de “lavado de dinero”, conforme a la Red de Control de los Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN), que señala al BPA por “lavar miles de millones de dólares de organizaciones criminales de Rusia, China y Venezuela, así como del Cártel de Sinaloa”.
3-7 de febrero de 2021
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