El estudio del segundo ciclo de la guerra sugiere una correlación entre el auge de la guerra civil colombiana, a lo largo de los años 90, y la economía de las drogas ilícitas. El narcotráfico aceleró la violencia social y política producto del flujo de grandes recursos económicos.

En la Mesa de diálogos de La Habana entre el gobierno de Santos y las Farc, dicha problemática se abordó ofreciendo otros enfoques para superar su influjo en los procesos de violencia regional. El nuevo modelo descartaba la guerra contra las drogas promovido y ejecutado por la ultraderecha uribista, mismo que implicaba enormes gastos militares, violaciones a los derechos humanos, uso masivo de las fumigaciones con glifosato y judicialización de miles de cultivadores de coca.

El Acuerdo de paz sobre los cultivos de uso ilícito se orientó a dar una solución social y de salud pública a este grave fenómeno de la actual sociedad colombiana.

Esa alternativa implicaba la sustitución voluntaria de los cultivos de coca y marihuana, mediante el acompañamiento a los cocaleros con proyectos productivos y con la organización de cadenas comerciales que garantizaran el flujo de los nuevos productos agrarios hacia los grandes centros del consumo nacional; también un enfoque de salud pública para tratar a los consumidores; y la no judicialización de los pequeños cultivadores, encarcelados y condenados por un aparato judicial punitivo con el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico.

Implicaba también, el nuevo esquema, un ataque a las mafias de la droga y a sus redes criminales infiltradas en el Estado, mediante la corrupción y el soborno a funcionarios judiciales, a banqueros y a los políticos de los partidos tradicionales.

La implementación de estas medidas mostró cierto avance en algunas regiones (Guaviare, Meta), pese a la descarada corrupción de los funcionarios (Pardo y Uribe) encargados de la ejecución de la misma en la Presidencia de Santos, los que, mediante un sistema de contratación plagado de irregularidades y zonas oscuras, del que participaba el PNUD, otorgaban a dedo gigantescos contratos para operar la erradicación voluntaria de la coca.

Pero, con el arribo de la administración uribista de Iván Duque (2018) sobrevino el desastre mayor. La destrucción de los acuerdos de paz se extendió al tema de los cultivos de coca, argumentando que los pactos de La Habana promovieron y ampliaron las hectáreas cultivadas, cuando en realidad fue la demanda mundial por cocaína la que disparó la oferta en toneladas desde Colombia.

Frente a tal situación se retornó nuevamente a la conocida estrategia de la guerra contra las drogas que ha sido la principal herramienta de los gobiernos gringos en el manejo del problema del narcotráfico, en el marco de sus operaciones contrainsurgentes focalizadas en el ataque a la soberanía de las naciones y a la emergencia popular que pugna por la transformación radical y anti oligárquica.

Desde que se instaló la administración de Iván Duque, el elemento central de su política antidrogas ha sido el ataque a los campesinos cocaleros con la erradicación forzada en manos del Ejército y la policía, el uso de la aspersión aérea, no obstante, las prohibiciones legales y la judicialización de miles de cultivadores, que han sido encarcelados después de descomunales operaciones de guerra en los territorios donde se encuentran los mayores cultivos.

La guerra contra las drogas, con la organización de poderosas brigadas militares, ha sido acompañada con señalamientos a los campesinos, estimulando así el exterminio de cientos de líderes sociales, la ejecución de masacres y el asesinato sistemático de los antiguos combatientes de las Farc.

La guerra uribista contra las drogas en el Catatumbo, Tumaco, Nariño, Cauca, Choco, Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo conlleva acciones violentas obligando a los campesinos a retomar mecanismos defensivos propios de la guerra de guerrillas en un nuevo ciclo de violencia en el que las Farc recuperan su iniciativa como parte de la resistencia popular, agraria y nacional.

El uribismo y su gobierno han montado una falaz campaña para tildar y estigmatizar a las guerrillas revolucionarias de las Farc EP como narcotraficantes (narcotalia, capos, mafias), cuando en realidad los operadores y mafiosos que se apropian de las rentas de la coca son las fichas de las elites, como el ex Embajador Sanclemente, dueño de un sofisticado laboratorio en las goteras de Bogotá, como lo puso al descubierto una reciente operación policial.

Generales, banqueros, ministros, Dea, neoparamilitares (urabeños), son en realidad el conglomerado mafioso que aprovecha el auge de la demanda de la coca para incrementar sus riquezas.

La guerrilla de las Farc EP, el Eln y los núcleos maoístas revolucionarios son un escudo defensivo de los cultivadores de coca, organizados en la Coccam. Es claramente lo que se percibe en un reciente escenario de guerra constituido en el municipio de Vistahermosa y en el Rio Guayabero, donde la contraguerrilla de la Fuerza Omega, financiada por el presupuesto del Pentágono, arremete contra centenares de cultivadores sin miramiento alguno por los derechos humanos. Mujeres, campesinos y periodistas independientes (Voces del Guayabero) han sido víctimas de los peores métodos de un militarismo que desafía la vida y la democracia en las periferias.

Cuestionar la acción de los núcleos guerrilleros en defensa de los cocaleros, como lo hace el General Raúl Hernando Florez Cuervo, es una maniobra para justificar y validar el despilfarro de miles de millones de pesos utilizados en la compra de armamento y el sostenimiento de una fuerza de ocupación parasita al servicio de poderes imperialistas multinacionales^[1].

Señalar y estigmatizar a Gentil Duarte, histórico comandante guerrillero de las Farc, es un procedimiento al modo de las falsas verdades para encubrir el ataque a los derechos humanos y el ejercicio de la violencia anticomunista que tiene como objetivo proteger los privilegios de las elites oligárquicas regionales, que como es el caso del Gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, una agresiva ficha santista del Guaviare, apalancada por los carteles de la droga^[2].

Con la guerra a las drogas estamos asistiendo a un nuevo ciclo de la guerra en Colombia que requerirá otras formas de gobierno para su superación en una negociación que supere el bache de los pactos firmados por Timochenko y su descompuesta rosca contrarevolucionaria.

Notas

^[1] Ver más información en el siguiente enlace electrónico https://verdadabierta.com/campesinos-de-vista-hermosa-bajo-la-estigmatizacion-de-la-fuerza-publica/

^[2] Ver el siguiente enlace electrónico https://pares.com.co/2019/10/27/quien-juan-guillermo-zuluaga-gobernador-del-meta/