Como si no fuese suficiente con la desolación por el confinamiento, el desasosiego por los nuevos contagios y el duelo por quienes volaron a otro plano a causa de la pandemia, sentimos también una profunda indignación cuando se pone de relieve uno de los más inhumanos antivalores del capitalismo: hacer de la vida y de la salud un negocio.

EEUU, la Unión Europea y el Reino Unido se oponen a la propuesta de exención de los derechos de propiedad intelectual y patentes de la vacuna contra el covid-19. Dicha propuesta fue presentada ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en octubre de 2020 por Sudáfrica y la India, a la cual ya se han sumado más de 100 países. Consiste en eliminar las barreras de la propiedad intelectual de manera que las empresas transfieran su tecnología y conocimiento a otras plantas productoras para fabricar masivamente todas las dosis que se requieren y así inmunizar lo más rápido posible a la población mundial. Capacidad de producción con la que se cuenta según Tedros Adhanom, director de la OMS.

El Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual y del Comercio (ADPIC) suscrito por los países miembros de la OMC no es otra cosa sino la creación legal de monopolios en la medida en que conceden a los capitales la exclusividad, por años, de la producción y comercialización de un bien. El argumento que esgrimen es que las patentes son la única garantía para incentivar la inversión en investigación y desarrollo.

Con el chantaje del incentivo, lo que realmente otorgan a las empresas farmacéuticas es el poder de decidir quién vive y quién muere, además de decidir de qué viviremos y de qué moriremos. Son estas las que elaboran la agenda de las investigaciones siguiendo el criterio de lo que le es más rentable, no por casualidad cronifican las enfermedades.

Es el caso que, el financiamiento para la investigación ni siquiera proviene de la propia industria privada farmacéutica. Son los gobiernos los que históricamente han facilitado los recursos financieros y es en las universidades e instituciones principalmente públicas que se han desarrollado las investigaciones que luego han sido apropiadas por las farmacéuticas.

De los US$ 13.900 millones que se han destinado a la investigación de la vacuna contra el Covid-19, los gobiernos han proporcionado US$8.600 millones, las organizaciones sin fines de lucro US$ 1.900 millones, mientras que solo US$3.400 millones los han puesto las empresas farmacéuticas privadas, apenas el 25% (Airfinity). A esto debemos sumar el mercado seguro que tiene la vacuna, de hecho, para diciembre de 2020 los gobiernos de los países llamados desarrollados habían pre encargado 10.380 millones de dosis.

La empresa farmacéutica estadounidense Moderna desarrolló la vacuna contra el covid-19 con financiamiento 100% público, recibió US$ 562 millones. Le fueron pre encargadas 780 millones de dosis a un precio que ronda en promedio los US$ 31/dosis, lo que le genera ingresos por el orden de US$ 24.000 millones. Saquen ustedes las cuentas de la ganancia de esta empresa.

Pfizer/BioNtech, también estadounidense recibió US$ 268 millones del gobierno, alrededor del 66% de lo que destinó a la investigación. Le fueron pre encargadas 1.280 millones de dosis que a un precio promedio de 18,5 US$/dosis equivalen a ingresos por el orden de US$ 23.680 millones. A Astrazeneca/Oxford de capital inglés, le pre encargaron 3.290 millones de dosis, las cuales vende a un precio de 6 US$/dosis, obtendrá US$ 19.740 millones por ingresos, pero el 67% de los US$ 2.200 millones que dedicó a la investigación fueron públicos. A Jhonson&Jhonson le encargaron 1.270 millones de vacunas que vende a US$ 10/dosis lo que le generará un ingreso de US$ 12.700 millones habiendo realizado una inversión de US$ 819 millones con financiamiento 100% público.

Los precios de las vacunas oscilan entre 4 y 37 US$/dosis: Sputnik-V 10 US$/dosis; Sanofi/GSK entre 10 y 21; Novavax 16; Moderna entre 25 y 37; Sinovac entre 13 y 29 US$/dosis, además de las ya mencionadas.

La vacuna contra el covid-19 es un negocio redondo, al parecer es el mejor de estos tiempos: la inversión para la investigación la asumieron los gobiernos que dieron los recursos a las empresas farmacéuticas privadas; tienen el mercado garantizado porque los mismos gobiernos pre encargaron las vacunas a las empresas que financiaron; toda la ganancia va a parar a las empresas farmacéuticas en su mayoría privadas que además son las que, gracias al monopolio otorgado por los mismos gobiernos a través del ADPIC, tienen la exclusividad de producción y comercialización por años.

Esta restricción del acceso a la vacuna, consecuencia de las patentes, ocurre mientras 500 mil personas se contagian y 8.000 fallecen a diario a causa de esta enfermedad. ¿Es ésta, o no, la muestra más inhumana del capitalismo?

Hoy, mientras los países con mayores ingresos vacunan a una persona por segundo, la mayoría de los países aún no han puesto ni una sola dosis (Oxfam). De los 128 millones de dosis de vacunas administradas hasta la fecha, más de tres cuartas partes se han aplicado en tan solo 10 países que representan el 60% del PIB mundial. Casi 130 países, con 2500 millones de habitantes, todavía no han iniciado la vacunación (OMS). Se estima que, a mediados de año, tan solo se habrá vacunado a un 3 % de la población de los países con menores recursos, y en el mejor de los casos, a una quinta parte, para finales de 2021 (Oxfam) lo que a su vez retardaría la recuperación no solo económica de esos países, sino de las condiciones de vida de su población. EEUU ha recibido el 25% de todas las vacunas disponibles a nivel mundial y la Unión Europea el 12,6%.

Es tan grande la desfachatez de EEUU, la Unión Europea y el Reino Unido que para privilegiar a sus capitales farmacéuticos se niegan a la exención de las patentes a pesar de que, en el propio seno de la OMC, en 2001 acordaron flexibilizar los derechos de propiedad intelectual en caso de emergencias de salud pública: “Convenimos en que el Acuerdo sobre los ADPIC no impide ni deberá impedir que los miembros adopten medidas para proteger la salud pública. En consecuencia, al tiempo que reiteramos nuestro compromiso con el Acuerdo sobre los ADPIC, afirmamos que dicho Acuerdo puede y deberá ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de los miembros de la OMC de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos.”

¿Qué mayor emergencia de salud pública que una pandemia, que es mundial y disculpen la redundancia, ocasionada por un virus altamente contagioso y letal?

Como si no fuese suficiente con todo lo anterior, irrita saber que, a un precio promedio de 15 US$/dosis y suponiendo que se apliquen 2 dosis de la vacuna a los 7.700 millones de habitantes, se necesitarían US$ 231 mil millones para inmunizar a toda la población mundial, monto que no representa ni siquiera el 5% de todo lo que en pandemia ganaron los 2.000 multimillonarios del Planeta gracias al dinero que los gobiernos inyectaron en el mercado bursátil mientras 500 millones de personas se sumaban a la lista de pobres que ya va por los 4.000 millones.

Decía Alí Primera, “Ayúdenla, ayúdenla que sea humana, la humanidad”.