Declassified UK es un medio periodístico independiente que en setiembre de 2020 se ganó una distinción de la que pocos medios pueden jactarse: fue tachado de prensa “hostil” por el Ministerio de Defensa de Reino Unido.

Al mencionado despacho británico no le gusta nada que el historiador Mark Curtis y el periodista Matt Kennard, fundadores del medio en cuestión, vayan por ahí aireando documentos oficiales –antes secretos– de la Oficina de Relaciones Exteriores británica. No es para menos: en muchas ocasiones lo que se termina ventilando son sus trapos sucios, sus aventurillas poscoloniales y sus mañas de antiguo imperio (más sabe el diablo por viejo).

Como reza el título, en este caso nos referimos a Bolivia, donde la embajada británica colaboró con la Organización de Estados Americanos (OEA) en el derrocamiento de Evo Morales. Los británicos le suministraron a la OEA parte de la información necesaria para fabricar su truculento reporte sobre la primera vuelta –con el que se sembraría la controversia–, denunciando una supuesta irregularidad en el conteo de votos. De eso no hubo nada, tal como se comprueba en el siguiente artículo de The New York Times: “A Bitter Election. Accusations of Fraud. And Now Second Thoughts”, del 7 de junio de 2020 (denle una leidita, chicos de El Comercio, miren que es el NYT).

Ese informe trucho sería usado por la gran prensa regional y mundial –el gran aparato de comunicaciones corporativo– para atacar a otro detestado líder de izquierda, suscitando el golpe del 10 de noviembre de 2019 y la salida de Morales.

Tras el “oro blanco”

El litio, que en Bolivia se encuentra por varios millones de toneladas bajo el extenso salar de Uyuni, sirve para fabricar baterías de celulares y autos eléctricos, por lo que se ha convertido en un recurso natural de altísima demanda.

Por su parte, el gobierno británico tiene al mineral como prioridad en su “estrategia industrial”, como señala Declassified UK a partir de los documentos oficiales.  

Es indispensable entender el siguiente principio: extraer el litio también sería lucrativo para las corporaciones privadas británicas bajo un gobierno de izquierda –sin duda alguna–, pero ellas están acostumbradas a negocios extremadamente lucrativos; sueñan con enriquecerse como lo hacían en los tiempos de la Anglo-Iranian Oil Company, para lo cual necesitaron instalar antes a algún sumiso sha.

Para que las empresas de la élite lucren a manos llenas es indispensable sacar de en medio a cualquier gobierno soberano, incluso si fuera de derechas, como comprobó para su desgracia Jacobo Árbenz, presidente de Guatemala, durante la misma época.

La embajada británica en Bolivia –como la norteamericana desde aquí hasta Bangladesh–, sirve a esas corporaciones e intereses privados. Esa es su razón de ser y la vocación de sus burócratas (no es raro que acaben sus carreras en los directorios de las compañías beneficiadas). No hay exageración alguna en señalar que ciertas potencias ven los recursos naturales de la periferia empobrecida como suyos o, en el mejor de los casos, como un botín del que habrán de hacerse a través del soborno o la coacción (cuando no de la más pura y salvaje violencia). Para eso es absolutamente indispensable que la nación víctima sea precaria y corrupta y que sus líderes sean sociópatas desesperados por las migajas del poder, cuando no ladrones de siete suelas.

Lo único que el mundo desarrollado tiene para la periferia es violencia y austeridad, acompañada de la propaganda que las oculta o las hace tragables. La idea es mantenernos abajo, pateando la escalera del desarrollo para que nadie más suba, mientras se asegura la primacía de una apocada e inoperante élite local.

En la embajada británica en La Paz, el ajetreo empezó ni bien cayó el izquierdista: a una semana del golpe, el Banco Interamericano de Desarrollo ya había aprobado el borrador de un proyecto relativo al litio. La compañía Catapult, financiada en parte por el gobierno de Boris Johnson, sería la encargada de hacer las exploraciones de los depósitos del mineral por satélite; otra privada, Watchman UK (dirigida por un exmilitar británico con experiencia en África), se pondría a disposición del proyecto y sus participantes para ofrecer “soluciones creativas” ante los problemas ocasionados por los pobladores de la potencial área de influencia.

Watchman UK se especializa en acabar con la “resistencia local” contra proyectos extractivos y sus directores ganaron experiencia también en Afganistán, ocupado por EE.UU. y sus aliados británicos desde 2001. Para muestra de cómo Reino Unido y sus trasnacionales tratan a la “resistencia local” en naciones más cercanas, basta con informarse sobre el caso de Casanare, en Colombia, azotado por la British Petroleum hace no mucho.

Finalmente, y en tándem con el Ministerio de Minería de Bolivia del gobierno de facto, la misma embajada organizó, a cuatro meses del golpe (marzo, 2020), un “seminario internacional” para 300 ejecutivos del sector extractivo privado.

Nada de eso sería un problema si la misma embajada no hubiera participado del golpe de Estado que luego facilitaría la entrada de sus empresas.

Como informa también Declassified UK, un año antes del golpe, los británicos llevaron a Bolivia a la compañía Darktrace, una firma de ciberseguridad creada por el MI-5 –la agencia de inteligencia doméstica del gobierno británico (el MI-6 se encarga de todo lo foráneo)– y vinculada, además, a la comunidad de inteligencia estadounidense y a algunos de sus veteranos, como Alan Wade, con 35 años de experiencia en la CIA. De hecho, Darktrace reclutó empleados directamente de esa agencia y la National Security Agency (NSA).

Gracias a la promoción de la embajada británica, varias de esas compañías privadas –pero repletas de agentes de inteligencia “retirados”–, ahora están dando servicios de ciberseguridad a algunas empresas bolivianas, incluyendo bancos. Por supuesto, la información confidencial que pueden obtener de todas esas empresas es mucho más valiosa que cualquier tarifa cobrada por servicios de seguridad, cibernética o tradicional.

Finalmente –y aquí está la carne–, la embajada británica invirtió una pequeña suma de dinero en organizar a asociaciones civiles bolivianas para observar las elecciones de 2019, realizando también una encuesta de intención de voto que, presumiblemente, mostraría a la oposición a Morales con muy buenas –por no decir muy infladas– opciones de ganar.

Los documentos oficiales del ministerio de exteriores británico, hechos públicos por Declassified UK, señalan que la información así producida fue suministrada a la OEA, constituyendo “importante materia prima para (su) reporte, que identificó irregularidades en el proceso”.

Malas juntas    

Resulta que la mayoría de países “no libres” son gobernados por regímenes apoyados por Reino Unido. Y el ranquin de libertad usado por Declassified UK para llegar a esa conclusión fue el de Freedom House, una reputada organización conservadora estadounidense.

El gobierno de Boris Johnson –aunque el títere de turno es lo de menos– apoya a varios regímenes sátrapas con armas y entrenamiento para sus fuerzas del orden, o bien posee bases o destacamentos militares en sus territorios. El viejo imperio se siente como en casa en las monarquías absolutistas de Medio Oriente y es invadido por la nostalgia cuando trata con regímenes africanos de presidentes eternos y violentamente autoritarios, como Museveni de Uganda o Kagame de Ruanda.

La revelación de Declassified UK sobre este apoyo británico debería recordarnos que la tortura es una práctica imperialista de larguísima data que se aplica sobre todo en provincias. Lo que vemos hoy y en tiempos recientes en Abu Ghraib o Guantánamo es un recrudecimiento de la práctica causado por la “Guerra contra el Terror”. Pero la base de esa lógica era muy visible en la Latinoamérica del siglo pasado, con regímenes entrenados en tortura y guerra sucia por los boinas verdes estadounidenses.

Como ha señalado el periodista Allan Nairn: “Lo que logró la prohibición de la tortura de (Barack) Obama fue acabar con una pequeña porción de (ella), la realizada por estadounidenses, conservando el grueso del sistema de tortura, que es llevada a cabo por extranjeros bajo el patronazgo de Estados Unidos. Obama pudo quitarle su apoyo a las fuerzas foráneas que torturan, pero prefirió no hacerlo”.

En un estudio de 1980, el latinoamericanista Lars Schoultz notó que la “ayuda” norteamericana: “ha tendido a fluir desproporcionadamente hacia gobiernos latinoamericanos que torturan a sus ciudadanos… a los más notorios violadores de derechos humanos del hemisferio”.

Como señala Noam Chomsky al respecto: “…la ayuda estadounidense suele asociarse a un clima de negocios favorable, lo que muchas veces se consigue asesinando a líderes sociales y sindicalistas, a activistas de derechos humanos…”. 

La humanidad nunca se civilizará, pues ha caído en el engaño de que ya es civilizada, moderna y democrática. El elogio constante de nuestra “modernidad” nos invita a bajar la guardia, a olvidarnos de la cosa pública. En realidad, cada nueva generación debe renovar el esfuerzo por salir de las cavernas: la libertad no se puede heredar ni recibir de regalo, por lo que jamás debería darse por sentada.

-Publicado en Hildebrandt en sus trece (Perú)  el  2 de abril de 2021