Que los peruanos no saben votar –un dicho autoirónico acuñado y adoptado por los mismos peruanos- se ha probado plenamente con las elecciones del domingo 11 de abril.

Cerca de una tercera parte del electorado no ha ido a votar.  La escasísima afluencia a las urnas, inusual en un país que impone una multa de 88 soles (24 dólares) a quien no vota, no se explica sólo con el miedo al contagio, sino que denuncia también el disgusto popular hacia la clase política y las instituciones en general.

Falta decir que en esto las autoridades han hecho su parte. Ya de por sí, la sobreabundancia de candidaturas presidenciales -18 en esta ocasión- genera una tal atomización del voto que acaba trasformando la elección en una lotería, dejando el resultado inevitablemente descontento a la gran mayoría del electorado.

Además, no mucha credibilidad le confirió al árbitro electoral el haber admitido candidaturas como la de Keiko Fujimori –en espera de una sentencia en el proceso que le imputa criminalidad organizada, lavado de dinero y desvío de la justicia, y podría costarle 30 años de cárcel-; Ollanta Humala –que ha recibido decenas de millones de Odebrecht cuando era presidente y también está en espera de sentencia junto a su primera dama-; o el ex militar Daniel Urresti, acusado del asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988 y de la violación de una campesina que fue testigo ocular del hecho. Urresti, después de una primera absolución, ha sido reenviado a juicio por el Tribunal Supremo y se ha visto involucrado en la compra e intimidación de testigos.

Aunque la decisión del ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) de permitir la participación a estos tres personajes se justificara con una ley que prohíbe las candidaturas sólo a los que han recibido condenas definitivas –un regalo del último Congreso que parece ley con firma fujimorista- en estos tres casos se habían ya recogido una tal cantidad de pruebas y testigos acusatorios que le habían costado a Keiko y a Humala alrededor de un año de prisión preventiva para que no pudieran interferir con la justicia mientras se acababa de investigar. 

He aquí la hija del dictador que utilizaba el avión presidencial para transportar cocaína, heredera del autócrata y representante de la mafia más consolidada, brotar ahora, bien planchadita frente al espejo televisivo, en un tercer intento de asalto a la presidencia, preparándose al gran final de la segunda vuelta, prevista para el 6 de junio, frente al maestro izquierdista Pedro Castillo.

Castillo, quien se hizo conocer por liderar el paro de los maestros en 2017 y fundó luego un sindicato autónomo, ha podido atraer el 19 % de las preferencias, porcentaje que le aseguró el primer lugar pese a tener fama de “ultraizquierdista” -una definición que los más brutos y achorados derechistas peruanos aplicarían hasta al Papa Francisco-.

Y es que el Perú de los años 80 ha salido tan lacerado de la guerra del Estado contra Sendero Luminoso, genocidas de ambos lados con el pueblo entre dos fuegos, y con heridas nunca sanadas, que ha sido juego fácil para la derecha en estos años relacionar la sola mención de la izquierda con el terrorismo de Sendero. El trauma social ha sido tan fuerte y profundo que todavía hoy a los senderistas que salen de prisión luego de haber purgado penas de décadas y quizá de haberse arrepentido, se les sigue demonizando e impidiendo su reinserción en la sociedad, al contrario de lo que se ha hecho en otros países como Italia o Alemania.

Baste mencionar que a una organización como el Movadef (Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales), que simpatiza por Sendero y pide la liberación de sus miembros aún presos, no se le permite entrar a la arena política y transformarse en partido, opción que sería la más conveniente para una pacificación definitiva.

Un exhaustivo botón de muestra de la fobia antisenderista lo representa la destrucción del mausoleo de Comas, en la provincia de Lima, que hospedaba las tumbas de muchos senderistas muertos en la matanza del Frontón (junio 1986), en la cárcel en una isla frente a Lima, bombardeada por la Marina para terminar con una revuelta de los prisioneros.

Aquella orden genocida por la cual Alan García, entonces presidente, nunca pagó, produjo más de 300 muertos, algunas decenas de los cuales habían sido juntados en el cementerio de Comas por los familiares. El descubrimiento, en 2016, del mausoleo senderista, denunciado como un inaceptable “monumento al terrorismo” provocó una orden municipal de demolición que obedecía a un reclamo general.

Es evidente que el alcalde de Comas nunca leyó (ni leerá) la Antígona  de Sófocles. Igual de evidente es la difusión y arraigo del antisenderismo.

He sacado este episodio a colación para adelantar que, en la guerra sucia que se anuncia para los próximos 50 días –con Keiko, quien conquistó el segundo lugar con el 13% de los votos, a pesar de tener el mayor rechazo- el mayor talón de Aquiles de Pedro Castillo, pero no el único, será su declarada cercanía al Movadef. Suya y de otros neocongresistas de su partido, Perú Libre, el más votado el domingo por los peruanos.

El antifujimorismo contra el antisenderismo, una versión política, no menos emocionante, de Godzilla vs. Kong. Más allá de los chistes fáciles, el país va hacia una severa polarización, que daría ganas de simplificar como una dicotomía costa-sierra o derecha-izquierda, si no fuera el asunto demasiado esquemático.

En realidad el maestro Castillo es bastante atípico como izquierdista, considerando que está a favor de revisar los contratos con las empresas mineras, hacer del estado el regulador de la economía, bajar los sueldos de los funcionarios públicos, pero  también en contra del aborto y el matrimonio homosexual, la eutanasia y la mal llamada “ideología de género” en las escuelas, cruzada mundial de los cavernícolas religiosos.

Si los dos machos alpha de la izquierda peruana –el propio Castillo y Marco Arana, candidato del partido Frente Amplio y responsable de la escisión de la izquierda- se hubieran unido con el grupo de Verónika Mendoza, quien en las elecciones pasadas supo recoger el 19% de los votos y resultó tercera, otro gallo cantaría hoy para esta nación golpeada por una pandemia particularmente implacable.

El dique más sólido al fujimorismo que levanta nuevamente la cabeza es la reserva moral de los jóvenes llamados “la generación del Bicentenario”, los mismos que han destronado el presidente espurio Manuel Merino en noviembre con una valiente lucha de cinco días. Son ellos la fuerza principal que puede salvar al país de una caída definitiva en el abismo.