ofesor Castillo, sus colaboradores y militantes, convocó a un ramillete de abogados ricachones de Lima, que andan en Audis y usan terno, pagándoles más de medio millón de dólares, para que revisen todas las actas impugnadas, que al principio dijeron que eran 1,300, pero en realidad fueron menos de 802 actas, casi todas de los votantes en el exterior en donde Fuerza Popular tiene un promedio del 65% de los votos y de las zonas en las que el Profe tiene mayoría absoluta de los sufragios: entre el 80 y 90% de los sufragios.

Esto danza tomará unos días al JNE para que el Profe pase de ser “virtual presidente electo” a Presidente de la República elegido.  Sin embargo, por más que el fujimorismo patalee, ya está claro que Castillo asumirá el 28 de julio en representación de los sectores, rurales y urbanos empobrecidos por el “modelo” neoliberal capitalista-extractivista, desplazando a los representantes de los poderes fácticos y mafiosos que nos han gobernado en los últimos 35 años.

La lucha de clases

La corrupta hija del impostor parece que ve cómo se acerca paulatinamente, como un espectro acusador, su retorno a la cárcel de Santa Mónica. Al mismo tiempo, lo que ocurre confirma cómo la lucha de clases está en todo…! ¿Cuáles son los primeros votos a los que ha apuntado la ofensiva de esa millonaria comitiva de derecho de las multinacionales, los 150 abogados de la corrupta hija del criminal usurpador?: el voto popular, el voto de la "indiada ignorante” como persiste en el vocabulario del racismo estructural, el voto de los pobres. Y no es casual.

Se trata de lugares del territorio y de mesas electorales en las que muchas veces el número de votantes por la hija corrupta del esterilizador de mujeres es cero, o cercano a cero, rechazando así tajantemente la demagógica y mentirosa propuesta que hacía dicha corrupta a esos votantes, especialmente en las cuencas y zonas mineras, de pagarles un bono por muerto del coronavirus y destinarles, familiar e individualmente, un porcentaje no despreciable del impuesto minero – 40% -, tomando como ejemplo el caso de Alaska. Para estos endriagos[3] fascistas el populismo social de la izquierda es inaceptable y “comunista”, pero el populismo de derecha es saludado, como es con el fascismo típico.

Pero ocurrió simplemente que los votantes rechazaron que quisieran comprarles su dolor y su miseria y le enviaron así una respuesta, utilizando la papeleta electoral, no sólo a la candidata corrupta sino a la totalidad de los grupos financieros y políticos que la apoyaron, con el quasi-napolitano clan de los Varguitas – el de la tía Julia -, que se sumó a la comparsa fascista, luego de haber sido un acérrimo enemigo del fujimorismo, pero amiguísimo del neoliberalismo. Basta con leer su libro “La llamada de la tribu” (Alfaguara, Madrid 2018), un panegírico de los integrantes de la Sociedad Mont Pelerin, fundada en 1947 por el ultraliberal y filopinochetista profesor Friedrich Hayek.

El sociólogo argentino Atilio Borón ha dado cuenta de las principales tesis de Vargas Llosa en su libro “El hechicero de la tribu. Mario Vargas Llosa y El Liberalismo en América Latina” en donde dice del brujo que: “Pese a su elemental y tendencioso manejo de las categorías y las teorías del análisis político, o tal vez debido a la maestría con que maneja los sofismas y las ‘posverdades’, Vargas Llosa es una pieza fundamental en el masivo dispositivo de ‘lavado de cerebros’ y de propaganda conservadora que con tanto esmero practican las clases dominantes de las metrópolis y sus secuaces en la periferia”[4].

Es por ello que los abogados y aliados de la señora K, son incapaces de comprender, o fingen no entender, que cero votos para la corrupta candidata no traducen un fraude electoral sino un rechazo de clase a sus propuestas, la suya y la de los grupos dominantes que habían optado delegar a la hija del criminal usurpador y a su mafia y banda criminal, como administradora política de sus intereses. Se trata de los mismos abogados de multinacionales, que ganan en su nombre juicios contra el Estado, a los que les parece normal que, en San Isidro, Monterrico, Rinconada del Lago, allí donde se reproducen endogámicamente los mencionados grupos dominantes, haya mesas en donde justamente se registren cero votos o muy pocos, para el "profe"...

Según la Ley Orgánica de Elecciones del Perú se establece que se puede declarar la nulidad de actas y de todo el proceso por impugnaciones, que es lo que buscan los endriagos fascistas con su señora K a la cabeza, por cuatro razones: 1) demostrado fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la votación a favor de un candidato; 2) que los miembros de las mesas de sufragio hayan ejercido violencia e intimidación sobre los electores; 3) cuando la mesa de sufragio se instala en un lugar distinto que el señalado con anticipación; y, 4) cuando se comprueba que la mesa de sufragio admitió votos de ciudadanos que no figuran en la lista o rechazó votos de electores en número suficiente para alterar los resultados finales de la votación.

Pero resulta que la organización criminal y sus abogados no han presentado hasta ahora pruebas documentadas de ninguna de estas causales. Esto quiere decir, que aparte de perder el casi medio millón de dólares que les ha pagado a los abogados, perderá también los 882,200 soles (US$ 232,000 aprox) que ha tenido que pagar a la ONPE por el intento de anular las 802 actas, ya que esta institución cobra 1,100 soles por cada mesa impugnada. Mal negocio de la organización criminal y sus secuaces y el fraude que enarbolan aquellos leguleyos de las finanzas internacionales tiene un signo de clase: es el que intentan los grupos financieros, capitalistas y sus agentes políticos, contra el voto popular... ¡No pasarán!

País convulsionado y polarizado

Tal como escribe el periodista radical César Hildebrandt en su semanario, ayer viernes 11 de junio: “La derrota de Keiko Fujimori es un alivio para el Perú. Cuando estos chillidos de derrotada pasen, empezaremos a deshacernos de la maldición de los Fujimori. Y terminaremos avergonzándonos por haber vivido durante tres décadas atados, de algún modo, a esta familia políticamente depravada que secuestró al país. El objetivo de Fuerza Popular es llegar a la presidencia asaltando actas y borrando, a la mala, ventajas del rival. Pero su meta mayor, sabiendo que la vía electoral puede serle elusiva si consideramos que la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones han demostrado, hasta ahora, independencia, es manchar las elecciones. Donald Trump, la versión rupestre del conservadorismo racista americano, dijo en las últimas elecciones: “Si no gano, es que hay fraude”. La señora Fujimori, expresión carcelaria del trumpismo nacional, dice lo mismo”.[5]

Lo real e incuestionable, es que el 6 de junio se consumó el triunfo de las ojotas - también conocidos como llanques - y el sombrero típico de Cajamarca con un lápiz como símbolo, contra los tapers que el fujimontesinismo repartió con dinero y arroz en las campañas electorales, entre los empobrecidos urbanos y de los Audis de los poderosos:[6] los de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas CONFIEP, la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y energía SNMPE, la Sociedad Nacional de Pesquería SNP, que agrupan a los sectores de empresarios privados más conservadores y pro fujimoristas del país. Ello en un país con múltiples incendios sociales, que fuera representado en diciembre del 2020 por el genial caricaturista Carlos Tovar “Carlín” como se muestra a continuación.

Se trata de la confrontación de un “modelo” ideológico, económico, social y político hasta ahora inamovible y en piloto automático, representado por la Constitución mafiosa de 1993. Modelo ideológico que, durante 30 años, nos han querido vender con la idea TINA - There Is No Alternative - no hay alternativa, que la ex primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher acuñara a principios de los años ochenta del siglo pasado.

¿Qué pasará en lo inmediato?

Una vez que el profesor Castillo sea declarado Presidente Electo, consolide su elección con la movilización de la población para derrotar definitivamente a la mafia fujimorista, institucionalmente, deberá dar los siguientes pasos:

Primero, designar a los profesionales encargados de recibir las instituciones del Estado con el nombramiento de los mejores cuadros políticos y técnicos para integrar las Comisiones de Transferencia, tarea que no es nada fácil.

Segundo, elegir en el Congreso de la República a los integrantes de la Mesa Directiva y de las comisiones en las que estará cada fuerza política. En la primera vuelta del 11 de abril se eligió un Congreso disperso en 10 bancadas y el profesor Castillo no tiene mayoría absoluta. Perú Libre eligió 37 congresistas y su aliado Juntos por el Perú tiene 5, para un total de 42 congresistas. Probablemente como producto de negociaciones muy complicadas podría llegar a 46 o 47 congresistas para un total de 130. Las fuerzas de derecha tienen la diferencia y, probablemente, querrán elegir al candidato más votado y de mayor edad, que es el conservador y pro fujimorista Almirante retirado Jorge Montoya de Avanza País, la franquicia con la que postuló Hernando de Soto. Es decir, el profesor Castillo no tendrá mayoría en el Congreso y tampoco la presidencia de este poder del Estado. Lo más probable es que el Congreso bloqueará todas las iniciativas legislativas que proponga el Ejecutivo, incluyendo la convocatoria para una Asamblea Constituyente.

Tercero, el profesor Castillo deberá designar al Presidente o Presidenta del Consejo de Ministros, con quien discutirá los ministros a ser nombrados para su primer gabinete. Como no tiene mayoría en el Congreso, le conviene designar un gabinete político-técnico plural y no sólo de Perú Libre y su aliado Juntos por el Perú. Esta es una filigrana muy difícil de construir y conciliar en un país que está altamente polarizado y con la mitad de los votantes que optaron, aterrorizados por la mafia fujimorista y sus medios de comunicación, por continuar el modelo neoliberal mafioso de gestión.

Cuarto, el Presidente Castillo deberá preparar su Mensaje a la Nación del 28 de julio, aprovechando para presentar varias iniciativas legislativas, eventualmente, la del referéndum para convocar a una Asamblea Constituyente – que los mafiosos han sostenido que no es posible, lo que no es verdad - y otras iniciativas para los primeros 100 días de gestión, principalmente en los temas sanitarios, de reactivación económica y de seguridad ciudadana.

Quinto, una vez instalado el nuevo gobierno, los diferentes sectores del Estado deberán enviar insumos al Presidente o Presidenta del Consejo de Ministros para que, en un plazo no mayor de 30 días, se presente en el Congresos para solicitar la confianza para el gabinete. Esta batalla será enormemente difícil y tratará de ser boicoteada por las fuerzas del fujimorismo y sus aliados. Para ello tienen mayoría y al quitarle la confianza al Gabinete, este tendría que renunciar.

Punto de inflexión

Estamos pues en un punto de inflexión dramático con muchas esperanzas fundadas en las que tenemos que confrontar las siguientes seis plagas y no sólo una, plagas que esperamos puedan comenzar a tratarse con liderazgo, convicción, equipo y ética democrática con el profesor Pedro Castillo a la cabeza:

Primero, el corona virus del COVID 19, sus diversas cepas y secuelas que nos enferman y matan desde marzo del 2020, que no se le ha enfrentado con una política sanitaria coherente, con criterio, lógica, sentido común, transparencia y equidad.

Segundo, el neoliberalismo extractivista salvaje, con sus impactos, ideológicos, sociales, ambientales, económicos, laborales, culturales y sobre la vida de las personas, de manera asimétrica, especialmente sobre las más pobres.

Tercero, el cambio climático, con sus secuelas ambientales sobre el agua, los mares, los bosques, la biodiversidad, la agricultura, la Amazonía, las industrias, la multiculturalidad y las gentes de nuestro país, tema descuidado por los diferentes gobiernos.

Cuarto, el crimen organizado y su persistencia en sus diversas formas, no solo drogas, directamente asociados a la corrupción pública y privada, que impacta sobre la seguridad y ética de las personas, las familias y el país, frente al cual no se ha respondido con políticas públicas preventivas, proactivas, comunitarias, sociales y de inteligencia, sino casi exclusivamente a través de medidas penal-represivas y policial-militares.

Quinto, la crisis de Estado, no solo política o de régimen, en la que nos encontramos al menos desde finales del 2017, con el persistente proceso de destrucción institucional de lo público, frente al que la única salida en el corto-mediano plazo es marchar hacia un nuevo pacto social constitucional, construido desde abajo y adentro.

Sexto, la ausencia de una política exterior que sea soberana y no adscrita a los dictados de Washington - con Trump antes y ahora con Biden -, como ha sido la creación del Grupo de Lima contra Venezuela, el apoyo irrestricto a los desatinos de la OEA frente a ese país, Bolivia y Brasil, la no defensa del Acuerdo de Escazú, la inhibición frente a los Derechos del Mar, el no pronunciamiento respecto al contagio de la cepa brasileña de Bolsonaro, la inoperancia frente a la adquisición de vacunas y el “vacunagate”, la desastrosa política de fronteras, etc.

Cambio de modelo partiendo de lo concreto

Para cambiar el modelo económico y otros aspectos, el profesor Castillo y la mayoría del pueblo del Perú, plantea formular una nueva Constitución Política, que dote al Estado de un activo rol empresarial y regulador del mercado, cambio del modelo económico conocido como Economía Social de Mercado como está en la Constitución fujimorista de 1993, hacia otro denominado Economía Popular con Mercados, delineado en el Plan de Gobierno. Perú al Bicentenario sin corrupción[7].

Este plan, que en realidad son las medidas urgentes para los primeros 100 días del Gobierno del Pueblo que se instalará el próximo 28 de julio, tiene los siguientes ejes prioritarios: 1) Programa nacional Perú libre de pandemia; 2) relanzamiento del empleo y la economía popular: 3) inicio del proceso de segunda reforma agraria; 4) aporte justo de empresas; 5) gas para todos; 6) retorno seguro y oportuno a la educación presencial; y, 7) convocatoria a referéndum constituyente con gran diálogo nacional y popular.

Todas estas medidas tendrán que ser sometidas a debate en el Congreso de la República en el que, como hemos informado la izquierda y los sectores populares – básicamente Perú Libre y Juntos por el Perú - no tienen mayoría. El tema más polémico será el punto 7 del referéndum constituyente, para el que Perú Libre con sus 37 congresistas, en coincidencia con los de Juntos por el Perú que son 5 y quizás algunos más de otras bancadas, para no más de 45 o 47 congresistas sobre 130, tendrá que dar una batalla épica que la deberá complementar con la movilización social.

Los principales puntos a abordar en la propuesta de la Constitución de la democracia en reemplazo de la de la dictadura, serán: 1) que se reconozca expresamente y garantice los derechos a la salud y la educación, a la alimentación, a la vivienda, y el acceso al internet; 2) el reconocimiento a los pueblos originarios y a nuestra diversidad cultural; 3) el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y el buen vivir; 4) el rediseño del Estado que garantice la toma de decisiones transparente con participación activa de la ciudadanía; y 5) un Estado que practique la planificación estratégica, regule e invierta; donde el interés público, el de todos los ciudadanos, prime sobre el privado.

La propuesta del profesor Castillo concluye con lo siguiente: “En esta segunda vuelta se está viendo no un proceso electoral entre dos candidatos, sino es un ataque racista, discriminador, excluyente. Jamás pensé que un profesor de escuela rural, rondero y campesino sea objeto de un ataque encarnizado solo por llevar un mensaje de esperanza y de recuperar la patria y hacerla soberana para el bien de todas y todos mis hermanos peruanos. El 28 de julio con la confianza que ustedes me darán, estaremos poniendo la primera piedra de una patria soberana con seguridad jurídica, donde todas y todos podremos vivir en paz, con libertad y justicia social. Solo así podremos ver a nuestros descendientes a la cara sin vergüenza, y con el orgullo de haber dejado los cimientos de una patria limpia, segura, y sin corrupción. No más pobres en un país rico. ¡Palabra de Maestro!”

Medidas de corto plazo

Complementando las propuestas en el plano económico, el profesor Pedro Francke, asesor del Presidente Castillo, ha planteado en una reunión virtual realizada el viernes 11 de junio, organizada por el CitiBank Perú, en la que participó junto con Oscar Dancourt, expresidente del Banco Central de Reserva (2005-2006), para exponer durante más de 2 horas a 1,000 empresarios extranjeros y nacionales, clientes de ese Banco. Francke ratificó que: “Se impulsará el Plan Bicentenario que se presentó para la 2da vuelta electoral, con los principales ejes centrados en el control de la pandemia, el incremento del empleo y la mitigación de la pobreza”. Desarrolló los siguientes puntos[8]:

1. Reiterar que no habrá estatizaciones ni confiscación de ahorros, ni control de cambios, se mantendrá la autonomía del BCRP - como sostiene la actual Constitución -, el directorio no será removido, a menos que sea por falta grave, y se respetará la prohibición de que el BCR financie gasto fiscal, estando de acuerdo con el trabajo que ha realizado esta institución en las metas de inflación y las medidas implementadas durante la pandemia
2. Las medidas se centrarán en la reactivación económica, una mayor presión tributaria y gasto social enfocado en salud y educación, para lo que habrá aumento de inversión pública y, la mayor presión tributaria, se conseguirá con una menor evasión y elusión - actualmente se recauda menos de la mitad de lo que se debería debido a la evasión -, aumento de impuestos y regalías a la minería ya que la riqueza adicional por precios altos de los minerales debe compartirse con los peruanos.
3. La renegociación de contratos con mineras que enfocada en mejorar las condiciones sociales y ambientales: las mineras deben tener ganancias razonables y se mantendrán los contratos de estabilidad tributaria.
4. No existe aún una propuesta concreta sobre AFPs, ya que una reforma demandará consensos con el Congreso, donde no se tiene mayoría, pero se requiere que haya un sistema nacional previsional porque la ONP no funciona bien.
5. Se mantiene la intención de proponer un referéndum para decidir si se convoca a Asamblea Constituyente y, según Dancourt, aún hay espacio fiscal porque el país tiene capacidad para endeudarse más y se tienen ahorros fiscales que son 10% de PBI.
6. Sobre la nota del Scotiabank, Francke recalcó que la inversión privada es muy importante porque genera crecimiento y empleo, y no solo porque es una fuente de recaudación como dice la nota y van a impulsar la inversión privada, pero controlando que no haya corrupción.
7. La propiedad de inversionistas no será estatizada, que no habrá control de cambios y que pueden llevarse sus utilidades si así lo desean.

En resumen, la prioridad del gobierno de Pedro Castillo será la vacunación y la reactivación económica, con el objetivo final de la creación de empleos, sobre todo en agro y MYPES. Según varios observadores, esta exposición tranquilizó a los participantes en la reunión, así como las principales variables del mercado: básicamente la tasa de cambio que bajó un poco desde el pico de 4 soles por dólar, gracias a la intervención del BCRP, las cotizaciones de la bolsa de valores de Lima que subieron un poco, la opinión expectante de las empresas de riesgo, en medio de una continuada alza de los precios de los minerales.

A su turno el economista Germán Alarco entró a tallar en estos temas indicando que: “El candidato de Perú Libre ha repetido hasta el cansancio y más aun recientemente en esta semana que en un eventual gobierno se respetará la autonomía del BCRP; y se reiteró que en su plan económico no habrá estatizaciones, expropiaciones, confiscaciones de ahorros, controles de cambios, controles de precios o prohibición de importaciones. Asimismo, se anotó que para atender las necesidades de gasto se ampliará la recaudación tributaria en el marco de una política de sostenibilidad fiscal, con reducción paulatina del déficit público y respetando todos los compromisos de pago de la deuda pública peruana”. Y, con relación a la tasa de cambio, informó que: “Para frenar la volatilidad cambiaria o sus fluctuaciones bruscas el BCRP ha subastado al sistema bancario divisas en efectivo por US$ 3,823 millones en lo que va del año hasta la primera semana de junio de 2021, respecto de US$ 159 millones en todo 2020” [9]

Tan importante como los balances macroeconómicos en el corto plazo, son los temas ambientales, de los que he dado cuenta en una nota anterior señalando que:[10] “La agenda ambiental del profesor Castillo propone incorporar como Políticas de Estado una gestión sostenible del país teniendo como paradigma el Buen Vivir o Sumac Kawsay basado en los conocimientos ancestrales y cosmovisión de los pueblos andinos y amazónicos”. Algunas de estas políticas que se impulsarían son:

1. Reconocimiento constitucional del derecho de la naturaleza y el derecho humano al agua e impulsar ciudades sostenibles y seguras, así como promulgar una Ley Ordenamiento Territorial OT que sea vinculante, priorizando los servicios eco sistémicos y definiendo actividades productivas e industriales, del agro, la pesca y la minería de acuerdo a criterios sociales, económicos, ecológicos y técnicos.
2. Lo anterior permitirá una mayor regulación y evitará conflictos en el otorgamiento de concesiones, contratos y determinación de derechos sobre áreas de alta biodiversidad, como ANPs y territorios con derechos adquiridos con antelación, lo que implica revisar y aprobar el reglamento sobre criterios de delimitación de cabeceras de cuencas asignando su intangibilidad por ser incompatibles con otros usos.
3. Respeto al convenio 169 de la OIT y aplicación de la ley de consulta previa ante actividades extractivas en territorios de PPII o PIACI y aprobación de proyectos que alteren sus medios de vida, consulta previa que debe ser vinculante y extendida, antes de las concesiones, a las comunidades campesinas y costeras ante cualquier proyecto de inversión.
4. Ratificar el Acuerdo de Escazú que contempla cuatro procesos centrales para una gestión ambiental inclusiva y democrática: acceso a la información, participación ciudadana vinculante, justicia ambiental y protección de defensores ambientales, así como reconocer la Región Andino-Amazónica como espacio de desarrollo sostenible basado en el reconocimiento de los saberes y cosmovisión de los PPII en el manejo de su territorio.
5. Respeto a la intangibilidad de las ANPs y sus Zonas de Amortiguamiento, el retiro gradual de actividades extractivas mineras, petroleras, tala de bosques primarios y carreteras, respetando su categorización y promover e impulsar soberanía y seguridad alimentaria mediante fuerte apoyo a la agricultura familiar para abastecer la canasta básica, tan necesaria en un escenario de pandemia.
6. Aprovechar nuestra ventaja comparativa de país con reserva genética, estableciendo parámetros con un enfoque de agricultura orgánica y declarar la moratoria de ingreso de transgénicos y su progresiva sustitución del uso de fertilizantes químicos y pesticidas que agravan la calidad de suelos, clima y salud de los consumidores, en donde los beneficios tributarios deben orientarse a la agricultura familiar en primer orden, antes que al financiamiento y exoneraciones tributarias que se otorgan a la agro exportación.

Consecuente con estas políticas, el Ministerio del Ambiente debe concentrar las competencias ambientales de los demás sectores y establecer sistemas de coordinación, no como ocurre en la actualidad a favor de las mineras, pesqueras y petroleras. Ello supone, en coherencia con la Política de Estado 19 y liderada desde el Ejecutivo, incorporar al MINAM a organismos desconcentrados como ANA, IMARPE y SERFOR. Asimismo, la ley marco de Cambio Climático debe ser un paraguas para un cambio constitucional, en el que cualquier tipo de acción o inversión a realizar debe tomar en cuenta este escenario con enfoque de gestión de riesgo

Tal como sostenemos en un escrito con el profesor Jürgen Schuldt publicado recientemente en Quito[11]: “en el Perú y Nuestra América existen al menos tres virus que hay que combatir, una pandemia reciente y ocho mitos que debemos disolver, a1 menos en Perú. Lo mencionado, en camino hacia un nuevo pacto socio-ambiental, económico-productivo-energético, político-institucional, cultural-plurinacional y ético-moral. Desechamos la tesis que busca hacerse sentido común de que, desde la izquierda y el progresismo, no tenemos propuestas sino solo protestas, declaraciones sin sustento técnico y que los llamados “gobiernos progresistas” fueron más de lo mismo. Finalmente, desechamos la tesis del “crecimiento o desarrollo sostenible” y sus variantes de “economía verde”, “economía circular” y otras, así como de la “nueva normalidad” y el “gran reinicio” en la pospandemia y, más bien, nos adscribimos al controvertido planteamiento del Decrecimiento Sostenible Asimétrico, poniendo por delante la defensa de los bienes comunes (agua, mares, ríos, bosques, tierras y aire) y el paradigma del Desarrollo a Escala Humana y de la Naturaleza, en el debate resucitado entre el valor de uso y el valor de cambio que busca mercantilizar todo”(Pág. 365).

El Perú del pueblo de las ojotas y el sombrero, de los indígenas de la sierra y la Amazonía, de los agricultores y ronderos, de los pobladores de los cerros en las ciudades, movilizados organizadamente, ya no será - como señalaba hace 80 años don Jorge Basadre -, una charca, un páramo y una enorme fogata, sino una posibilidad de Buen Vivir, tal como sucedió en Bolivia con el MAS, en Brasil con el PT, en Uruguay con Frente Amplio, en Ecuador con la Revolución Ciudadana, en Venezuela con el PSUV de Chávez, en México con Morena, etc.