Ante la escalada de precios minoristas y a menos de un mes de las elecciones legislativas de medio término, el gobierno dispuso controles de precios por 90 días sobre un conjunto de casi 1500 productos. Se trata de una medida que se suma a otros controles o regulaciones sobre el mercado, tal el caso de las divisas y el mercado cambiario, el llamado “cepo”.

Todas estas medidas de control económico habilitan un debate sobre aspectos de interés múltiples en la vida cotidiana. ¿A quién benefician o perjudican? Claro que existe mucha opinión interesada e ideológicamente fundada.

Entre otros interrogantes se escucha la polémica sobre el alcance, la validez o viabilidad de los controles. Nosotros agregamos más interrogantes. ¿Es posible tranquilizar la economía como sostiene el ministro Martín Guzmán? ¿Pueden pensarse mecanismos para el logro de un economía eficiente, eficaz o sana? Son formas de razonar desde la duda y, admitamos, con visiones alternativas sobre propósitos y logros potenciales.

Martín Guzmán alude habitualmente a la expresión “tranquilizar la economía”, y resulta interesante interrogarse al respecto, sobre el alcance y el sentido del dicho. Del mismo modo, es de utilidad pensar sobre la posibilidad de una “economía eficaz, eficiente o sana”. Más aún, en ese marco, pensar el papel de los controles gubernamentales, su efectividad y potencial alcance.

Todos interrogantes y posibles respuestas que requieren ciertas consideraciones previas. En principio, debe considerarse la contradicción de intereses en el orden económico, entre vendedores y compradores, entre productores e intermediarios, entre trabajadores/as y empresarios/as. La suba de precios o inflación no perjudica a todos por igual.

Es más, existen beneficiarios con la suba de precios, sean alimentos, la energía o las divisas, especialmente el dólar. Los informes de organismos internacionales especializados llaman la atención la suba de alimentos y energía, que en la base suponen la recuperación de la rentabilidad perdida de las corporaciones trasnacionales en la recesión del 2020.

Tranquilizar la economía supone “estabilizar” el orden económico, pero tras cartón viene el interrogante: ¿en favor de quién?

No todos aceptan los controles de precios, y ya vemos como ciertos empresarios, dirigentes empresarios, anuncian posibles desabastecimientos ante la voluntad de “congelamiento”, lo que lleva a “intranquilizar a la economía”, a contramano de los dichos del funcionario gubernamental.

Tranquilizar o estabilizar supone alejar el conflicto, a contramano de intereses que son por definición contrapuestos. Estabilizar la relación entre el capital y el trabajo supone cristalizar la distribución del ingreso en función de la propiedad de los medios de producción. El INDEC destaca información relativa a la pérdida de los ingresos salariales respecto de los de los propietarios/as de medios de producción.[1]

El desabastecimiento constituye una dificultad para los consumidores, quitando eficacia y eficiencia a la producción y circulación económica, retroalimentando una lógica recesiva, no justificada ante el rebote económico y la capacidad ociosa existente en el ámbito fabril.

Eficacia o eficiencia económica

Para muchos, el tema se juega en el crecimiento económico, la libertad de mercado o la seguridad jurídica de los inversores, pero pueden hacerse lecturas alternativas, que coloquen en el centro otros parámetros para medir la eficiencia o eficacia del orden económico. Puede pensarse de modo diferente, por ejemplo, en:

a) satisfacer la necesidad básica del conjunto de la población;

b) expandir las actividades económicas para incluir a toda la población en un proceso de reproducción de la vida y en armonía con la naturaleza,

c) estimular una inserción virtuosa del país con la región y con el mundo.

Si observamos con atención, para el primer punto se debe concentrar el accionar de la política económica, sobre la base de un inmenso consenso social, en eliminar el 45% de pobreza, que se eleva al 60% entre los menores y en algunas zonas rebasa el 70%. Todos los recursos disponibles para elevar condiciones de vida desde los sectores sociales más empobrecidos.

Para el segundo aspecto se debe planificar la promoción de políticas activas para resolver empleo y medios de producción suficientes, lo que supone redistribuir adecuadamente recursos públicos, no solo dinero, sino también herramientas, máquinas, tierras, infraestructura, en la promoción de ciertas iniciativas orientadas para ese fin. Reorientar recursos supone decir cuales no se afrontarán, caso de los pagos de la deuda pública, especialmente con el FMI, por ejemplo. De nuevo, se necesita gran consenso de la sociedad.

Respecto de lo tercero, el problema es en qué mundo se quiere vivir y, por ende, que relaciones económicas privilegiar, si con inversores interesados en potenciar la apropiación de excedentes, caso de la explotación de bienes comunes (gas y petróleo, litio, complejo sojero, etc.), u orientar una producción global que confronte con el modelo productivo y de desarrollo que nos trajo la crisis del cambio climático, saqueo de bienes comunes mediante. Articular regionalmente la satisfacción de las necesidades básicas debiera ser el mecanismo de la integración a promover.

Como vemos, no es sencillo “tranquilizar” a la economía, ni fácil definir qué se puede considerar eficaz, eficiente o sano en el proceso económico, contradictorio por definición. Lo que importa es definir qué problemas se pretenden resolver y con ello, más allá de cualquier disposición gubernamental, considerar o construir los consensos sociales, políticos y culturales necesarios para hacer realidad los objetivos a resolver.

Nota:

[1] INDEC. Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra. Segundo trimestre de 2021; en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/cgi_10_211AD177162C.pdf

Julio C. Gambina. Doctor en Ciencias Sociales, UBA. Profesor Titular de Economía Política, UNR. Integra la Junta Directiva de la Sociedad Latinoamericana y caribeña de Economía Política y Pensamiento Crítico, SEPLA.