El departamento de Quiche en Guatemala, después de décadas de olvido se convierte en la noticia obligada de los medios de comunicación a nivel internacional. La sentencia condenatoria al dictador Ríos Montt por el genocidio contra el pueblo Ixil, completa un rompecabezas en América Latina de procesos judiciales contra la desmemoria;  iniciativas que promueven la justicia para los sobrevivientes  de las miles de víctimas que sufrieron la tortura, la desaparición y las ejecución sumaria como métodos de represión política. La causa contra Ríos Montt aún puede ser apelada y, quizás la presión política interna surta algún efecto para continuar la dilación. Un largo proceso legal, que ha puesto en evidencia los compromisos de sectores políticos y militares guatemaltecos con la dictadura que temen ser arrastrados en la caída del dictador.

 

Los pueblos indígenas de Guatemala, aún sufren las consecuencias del desplazamiento forzado de sus tierras, por los intereses corporativos de la United Fruit Company; motivo de la tristemente célebre expresión “Repúblicas Bananeras”. Al estar en la ruta del narcotráfico, el problema ya tradicional del latifundio que suscitó el intento de  reforma agraria de Jacobo Árbenz (derrocado por la CIA) en el 1952, se suma en la actualidad con la violencia creciente de los carteles de la droga, que intentan controlar las rutas para el  tráfico de narcóticos con México.

 

Ríos Montt, es parte de la oficialidad latinoamericana que cursó estudios en la Escuela de las Américas con sede en Panamá. El brazo de reclutamiento de la inteligencia estadounidense en el sector castrense y, vientre de las más férreas dictaduras que institucionalizaron el manual de tortura (Kurbark) en su lucha anti-comunista. Se hostigó sin distingos a combatientes guerrilleros y,  la población civil acusada de colaboración; en casos femeninos implicó violaciones múltiples de tipo sexual. Del Western Hemisphere Institute for Security Cooperation, egresaron dictadores como Hugo Banzer de Bolivia, Galtieri de Argentina, Noriega de Panamá y, un importante número de oficiales que en más de cinco décadas derrocaron a los gobiernos progresistas de la Región, el último de ellos Romeo Vázquez en Honduras en pleno siglo XXI contra Manuel Zelaya.

 

El actual presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, estuvo bajo las órdenes militares directas de Ríos Montt, adicional fue alumno de la Escuela de las Américas. Ha sido señalado por testigos en el juicio, como ejecutor de algunas órdenes de tortura. Esta relación, explicaría las presiones que por parte de sectores de la derecha (involucrado el Partido Patriota, oficialista), se ejercen para desechar la tesis del genocidio, banalizando la acción del Tribunal en los distintos medios y con movilizaciones de calle para promover la absolución al dictador.

 

Gobiernos neoliberales como el de Menem en Argentina, impulsaron iniciativas de amnistía para los militares vinculados a delitos de lesa humanidad. Una estrategia para la protección de los sectores que colaboraron con la dictadura, amenazados por el activismo de organizaciones como las Madres de Plaza de Mayo. Otra  de las forma de eludir la protección de los derechos humanos, fue aplicada por Uribe en Colombia, al ampliar el fuero militar que técnicamente deja de manos atadas a la justicia civil, frente a la violación de las garantías básicas por parte de los militares; bajo la excusa del combate a la guerrilla, ya se han presentado experiencias como las de los falsos positivos sin condenas efectivas del Estado.

 

El “gorilismo” latinoamericano ha sufrido duros reveces en la última década, con numerosos expedientes abiertos en Argentina y Brasil, en casos como Venezuela,  se investigan las masacres de Yumare y Cantaura, ejecutadas en el período de la democracia representativa. Ríos Montt se ha convertido en foco mediático por su rango, el primer dictador que es procesado vivo en América Latina, a diferencia de Pinochet de Chile o  Stroessner de Paraguay, que murieron en el exilio o disfrutando de la amnistía en sus países. Queda esperar el efecto que genere la presión internacional y, la de los movimientos sociales de Guatemala para que la decisión que ha tomado el Tribunal sea irreversible, permitiendo extenderse a todos los esbirros de la dictadura como un símbolo de justicia en un país asolado por los espectros del régimen del terror que aún siguen impunes.

 

@jfortique