Despinochetizar la ley migratoria
17/07/2013
- Opinión
“…expulsar a un extranjero puede ser una empresa difícil, incluso aunque la culpabilidad del mismo esté debidamente probada, o si se constató que ingresó en forma clandestina. Se requiere la firma del Ministro del Interior y Seguridad Pública para el caso de los residentes, y no existe un mandato para la entrega de información por parte de los órganos de la Administración del Estado. Un régimen abierto a las oportunidades de la migración sólo cobra sentido si es posible expulsar, en forma expedita, a quienes se haya acreditado que atenten contra el bien común”.
Estas son palabras textuales del actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, y son parte del “marco normativo” (punto 3, párrafo 10) de la presentación de su nuevo proyecto de ley de migración y extranjería a la Cámara de Diputados, el 20 de mayo de 2013. En ellas se queja de que la actual ley de migraciones, para decirlo en palabras sencillas, es muy blanda a la hora de expulsar extranjeros en irregularidad.
Aunque usted no lo crea, está hablando de la ley migratoria elaborada bajo la dictadura de Augusto Pinochet, no sólo la ley migratoria “más antigua de Suramérica” y una de las más antiguas del mundo, sino absolutamente restrictiva, basada en un criterio trasnochado de seguridad nacional, con plena discrecionalidad del estado y contraria a los estándares internacionales de derechos adoptados legalmente por Chile en las últimas décadas.
Era tanta la arbitrariedad de este cuerpo legal, que los posteriores gobiernos concertacionistas, incapaces de despinochetizar este ámbito, hicieron algunas reformas menores de procedimientos administrativos y varios desusos de hecho de sus aspectos más impresentables. A pesar de ello, las denuncias de arbitrariedades y abusos a los extranjeros en Chile, desde que pisan una frontera o un aeropuerto, han sido permanentes y han alcanzado en los últimos años notoriedad pública. Numerosas denuncias legales han llevado incluso al poder judicial a fallar a favor de la protección de los migrantes, por ejemplo, frente a detenciones y encarcelamientos ilegales y violatorios de los derechos humanos.
Sin embargo, al señor Piñera le parece poco y reclama todavía más discrecionalidad e incumplimiento de obligaciones para poder expulsar extranjeros y criminalizar la irregularidad. En la antiutopía migratoria de su proyecto de ley, sólo el interés de mano de obra barata empresarial, que supone identificado con el nacional, dictará buenamente cuántos, dónde y por cuánto tiempo, algunos migrantes recibirán la graciosa concesión de residir en Chile.
Mientras el país necesita despinochetizar la ley migratoria para entrar democráticamente al siglo XXI en este ámbito, a Piñera le parece blanda la xenofobia pinochetista y la exacerba a estándares del siglo XIX. Sería cómico, sino fuera trágico.
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