México

Seguridad pública a largo plazo

Eduardo Ibarra Aguirre

17/10/2013

Opinión

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Antes de arribar al onceavo mes de su gestión de seis años, el titular del Ejecutivo federal tuvo un gesto de sinceridad pública y reconoció que “pueden pasar varias administraciones para lograr que la seguridad en el país mejore”, mas confió en que los esfuerzos de su gobierno contribuyan a “crear un México en paz”.

Si los discursos en materia de seguridad pública, pronunciados durante marzo-junio de 2012, fueran cotejados con los que ahora como presidente emite Enrique Peña, la diferencia resultaría sustantiva. Y es de agradecerse, porque el ejercicio de prometer conduce al engaño, éste a la decepción, parienta de la frustración auspiciadora de la apatía y la frustración ciudadanas. Además de que la demagogia, en este caso de los prohombres del otrora partido invencible, tiene menos espacio y eficacia para gobernar y también para ganar votantes.

Y no es para menos tras de que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática dio a conocer los resultados de la Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, aplicada del 4 de marzo al 26 de abril de 2013, en 95 mil 810 viviendas, que arrojó que “uno de cada tres hogares en México tuvo al menos una víctima del delito durante 2012”, año en el que se cometieron 27 millones 769 mil 447 delitos, que afectaron a 21 millones 603 mil 990 personas, un promedio de 27 mil 337 víctimas por cada 100 mil habitantes de 18 años y más, y un incremento de 12.4 por ciento en la tasa de los delitos del fuero común sobre el nivel de 2011.

Con tales cifras, el discurso oficial de la baja de los homicidios dolosos vinculados al crimen organizado descendieron significativamente, si bien puede ser cierto, pierden valor frente al hecho de que la extorsión se convirtió en el segundo delito con mayor incidencia durante el 2012 al presentarse 5 mil 653 casos y en 2013 la cifra aumentó a 7 mil 585 por cada 100 mil habitantes. Y el robo en la calle y el transporte público son los delitos que encabezan el lista con 8 mil 570 casos en 2012, en comparación con los 10 mil 37 de este año por cada 100 mil habitantes; además del robo total o parcial de automóviles.

Acaso por todo esto, el discurso presidencial empieza a volverse un poco más realista, salvo que la capacidad de convencimiento de María Elena Morera haya logrado estremecer a Peña. Circunstancia improbable pues la señora que no entregó cuentas claras a México Unido contra la Delincuencia, durante el gobierno de Felipe Calderón y lo que va del actual, se desempeña en lo oscurito y en público como interlocutora favorita en seguridad pública, junto a Isabel Miranda y Alejandro Martí. Tan en serio toma Morera el papel asignado que habla “a nombre de la sociedad civil”, porque “Los mexicanos estamos cansados de tener miedo” y exige a “las autoridades” no escudarse en encuestas y “dejar de tomarse fotografías en las reuniones”. ¿Las fotos deben reservarse sólo para el afamado trío? Estimulado como es desde el poder institucional y también desde los fácticos.

La perspectiva establecida por el mexiquense de Atlacomulco es más de mediano y largo plazos al establecer que “Lograr que el Estado de derecho prevalezca en toda la geografía nacional es un desafío mayor que seguirá exigiendo del Estado mexicano: tiempo, determinación y amplios recursos materiales y humanos”.

Prevalencia que resulta inconcebible sin colocar en un primer plano de las políticas públicas las causas económicas y educativas que alimentan a buena parte de los que delinquen, salvo que el Estado de derecho del que tanto discursos se formulan sólo sea una mampara para ocultar al de derecha.

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